Hacia el gobierno soberanista

El resultado de las elecciones del pasado 25-N ha dejado, sin duda, un panorama mucho más complejo y difícil para la gobernación estable de Cataluña. Aquella “mayoría excepcional” reiteradamente reclamada por Artur Mas durante toda la campaña electoral para CiU se ha convertido en algo así como una minoría excepcional, en la que la federación nacionalista cuenta, sobre un total de 135 escaños, tan solo con 50, 12 menos de los que contaba durante la legislatura pasada. De ahí que en la cúpula directiva de CiU se haya abierto un debate interno, por ahora mantenido todavía en secreto, sobre las responsabilidades de quien o quienes acortaron tan precipitadamente una legislatura para encontrarse a la postre con un resultado tan poco favorable para sus intereses políticos. También en política la avaricia rompe el saco.
Está claro que CiU fue la formación vencedora el pasado 25-N y que lo hizo, además, con una mayoría amplia. Por consiguiente, ahora le corresponde la responsabilidad de encabezar una vez más el Gobierno de la Generalitat. Pero debe hacerlo desde una posición mucho más débil. Descartada por completo la posibilidad de rehacer su entendimiento con el PP, al menos a corto e incluso a medio plazo, la federación nacionalista ha optado por apostar por ERC, un partido de nítido perfil independentista y de posiciones muy distantes con los postulados de centro-derecha que caracterizan a CiU. El PSC no se ha prestado a apostar por un Gobierno de este tipo y ha propuesto, por el contrario, un Gobierno de unidad o de concentración nacional, cuyo objetivo principal fuese la superación de la grave crisis económica, social y política que Cataluña padece.
Pero CiU sigue con su opción preferente, que es la del acuerdo con ERC, aunque esta formación no parece dispuesta a formar parte del Gobierno resultante de su apoyo, un apoyo que condiciona a una serie de condiciones económicas y sociales, por ahora no del todo precisas, y sobre todo al compromiso de la celebración, en un plazo a determinar pero durante esta nueva legislatura, de la tan traída y llevada consulta sobre el derecho a decidir de Cataluña, esto es una consulta en la que la ciudadanía catalana se pronuncie sobre la independencia.
El nuevo Gobierno de la Generalitat será, pues, el primer Gobierno abiertamente soberanista que habrá habido en la historia de Cataluña. Nada hay que objetar a ello, ya que es una opción legítima, resultante del veredicto surgido de las urnas. Pero parece claro que en una situación como la actual, con un PP que desde el Gobierno de España parece apostar por el choque de trenes, en Cataluña estamos a punto de iniciar una deriva política preocupante. Y no porque ponga en cuestión la unidad de España, sino porque puede provocar la desunión en Cataluña y, por encima de todo, porque todo apunta a que va a poner la apuesta soberanista o independentista por encima de la resolución de los muy graves y urgentes problemas que el conjunto de la sociedad catalana tiene planteados en la actualidad.
Problemas como el paro y la precariedad laboral, los recortes en sanidad, educación y todo tipo de prestaciones sociales, los desahucios y el imparable número de personas y familias que quedan al margen de la sociedad, pueden quedar de nuevo en segundo plano mientras se prolonga el debate soberanista.

Jordi García-Soler es periodista y analista político