diumenge, 30 de juny del 2013

FACIN JOC, SENYORS…

Més enllà de la política, Madrid i Catalunya, Catalunya i Madrid competeixen per veure qui serà el primer en construir el complex lúdic on s’ubicaran diversos casinos. És una prova més d’allò que tan agrada els polítics: a veure qui la té més llarga...
Espanya sempre ha estat un país eminentment turístic. El quart sector ha estat sovint la locomotora que ha tirar de l’economia del país. És l’excusa per a justificar la creació de Eurovegas (Madrid) i Barcelona Word (Tarragona) és l’arribada de turistes d’alt poder adquisitiu. Sembla ser que el turisme del golf ja està saturat.
Però l’empresa del magnat Shelton Adelson no arribarà a Madrid a qualsevol preu. Les exigències de l’empresari són directament proporcionals a la inversió que farà. A part dels beneficis fiscals que espera obtenir, també vol que es pugui fumar als casinos, encara que per això s’hagi de canviar la llei. Poderoso don dinero...  
Com la ministra del ram no està per canviar-la, s’està buscant un fórmula imaginativa per a que el vici pugui estar present a les sales de joc. La solució que s’apunta seria transferir les competències de la prohibició de fumar a les comunitats autònomes, així, la de Madrid, podria autoritzar pels seu compte poder fumar als casinos, la qual cosa no deixaria de ser un greuge comparatiu per a d’altres empreses del sector no vinculades amb Eurovegas.
Però posats a autoritzar, em venen al cap d’altres prohibicions o limitacions que també es podrien adaptar a les especials característiques que sembla que té un complex així: es podria fer els ulls grossos amb les senyoretes de companyia; la taxa d’alcohol en sang es podria augmentar per a que així és pogués beure més als locals; la limitació de velocitat a les autopistes i autovies també es podria elevar per a permetre els conductors cotxes de gama alta poder gaudir de totes les prestacions dels seu vehicle...
Com segur que sabrà el lector, fa uns dies que el Comitè Olímpic Internacional ha donat el vist i plau al projecte de Madrid (capital i cort) per a que pugui ser aspirant a organitzar els Jocs Olímpics del 2020. Entre les candidates (les altres dos són Istanbul i Tokio), és la que millor nota va obtenir. La tempera a la capital es va desbordar. Només és comparable als desitjos anuals per guanyar la décima després de l’enèsim projecte de Florentino.
Com els JJ.OO. són un esdeveniment mundial sense punt de comparació amb qualsevol altre, sé m’acut que també aquí podrien ser permissius i deixar fer tot allò que abans sé li haurà permès a Eurovegas. Si es deixés fumar i veure alcohol sense mesura i fins i tot el consum d’altres substàncies prohibides. Així es garantiria un èxit que, encara que es doni per segur, sempre es pot arribar a millorar.
Serien els millors jocs de la història, al menys en disbauxa i desenfrenament.      

Los niños que construyan castillos de arena tendrán que pagar el IBI

CIENTOS DE INSPECTORES PATRULLAN LAS COSTAS DESTROZANDO CASTILLOS ILEGALES

Xavi Puig

Varios inspectores de Hacienda han empezado hoy a patrullar la costa española en busca de castillos de arena sin los papeles en regla. “Estaba tomando el sol en la playa y ha venido mi hijo llorando porque un señor con traje le había destrozado el castillo. Me parece muy fuerte que no le mandaran antes una circular”, se queja Laura G., una ciudadana de Almería.
Decenas de niños ya hacen cola para obtener permisos de edificación
Como Laura, miles de padres han tenido que consolar a sus retoños y recomendarles otras actividades de ocio veraniego.
“Llevo días haciendo cola en el Ayuntamiento para obtener el permiso de edificación. Nadie me dijo que, además, tendría que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Ya compré el cubo y la pala. ¿Quién me devuelve la inversión?”, pregunta Alvarito Bosch, un niño de diez años que lleva todo el año pensando “en este proyecto de castillo de estilo almohade en primera línea de mar”.
Muchos critican también el modo en el que actúan los inspectores: “Chafan los castillos con los pies, apagando colillas en ellos, regocijándose, haciendo llorar a los niños. ¿Por qué no van a molestar a los ricachones que tienen apartamentos de lujo unos metros más atrás?”, insiste Laura G.
El Ministerio de Hacienda asegura que el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) nunca excluyó a los castillos de arena aunque hasta ahora se hiciera la vista gorda. “Los tiempos nos obligan a ser implacables con todo el mundo, no puede haber excepciones. Hacienda somos todos. También los más pequeños”, explica la institución en un comunicado.
Los castillos de arena propiedad de la Iglesia quedan exentos
Algunos niños espabilados han encontrado una posible salida a esta situación: “Mi hijo, que es monaguillo, fue a hablar con el cura del pueblo y le convenció para que dirigiera las obras del castillo de arena que está preparando. Muy amablemente, el cura le ha firmado unas escrituras. Ahora el castillo se considera bien eclesiástico y, por lo tanto, no paga un duro”, declara un veraneante de la Costa Brava.

FOTOS DE L'ASSAIG AL JARDÍ DEL BOU VIII

















El fracaso de las reformas promovidas por la Comisión Europea (incluido el comisario Joaquín Almunia)

Vicenç Navarro

Se está desarrollando una concienciación entre algunas instituciones internacionales que habían promovido las políticas de austeridad, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), de que las políticas de austeridad y de recortes de gasto público que han estado promoviendo e imponiendo no han alcanzado sus objetivos. Un reciente informe del FMI incluso reconoce que, en el caso de Grecia, tales políticas han sido más perjudiciales que beneficiosas para aquel desgraciado país. No han reconocido, sin embargo, que tales políticas han sido también perjudiciales para Portugal, España e Irlanda, y ello a pesar de que la evidencia de que estas políticas están dañando a estos países es también abrumadora. Lo máximo que el FMI ha llegado a admitir es que estas políticas de austeridad se han aplicado demasiado deprisa en los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España). Todavía no han aparecido dudas, sin embargo, sobre la bondad de las reformas laborales, a pesar de que tales reformas –propuestas por el FMI- han tenido un impacto muy negativo sobre el empleo. En realidad, en el último informe del FMI sobre España continúan exigiendo mayores reformas que, sin lugar a dudas crearán todavía mayor desempleo. Les llevará todavía uno o dos años más para llegar a la conclusión de que también estas reformas laborales que han ido imponiendo han fracasado en todos estos países, como fracasaron antes en Asia y en América Latina cuando se impusieron en aquellos continentes.
La supuesta incompetencia del establishment europeo, es decir, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Frente a esta situación, la reacción del establishment europeo es más que decepcionante. A lo máximo que ha llegado a admitir es que las políticas de austeridad por sí solas son insuficientes. Tienen que complementarse –se nos dice– con políticas de estímulo que deben alcanzase a base de reformas. Y cuando se analizan estas reformas se ve que, como bien ha dicho Dani Rodrik, son las mismas reformas que han hecho tanto daño, recicladas en un nuevo envase. Así, las supuestas medidas para estimular el crecimiento económico son profundizar las reformas del mercado de trabajo que en realidad significa eliminar cualquier tipo de protección social al empleado y trabajador. Las últimas declaraciones del Comisario Joaquín Almunia subrayando la necesidad de no parar las reformas del mercado laboral (y de las pensiones) ahora y continuar profundizándolas a fin de aumentar la competitividad, es un ejemplo de ello.
Lo que el Comisario Joaquín Almunia y la sabiduría convencional que él reproduce ignoran es que estas reformas –que tienen como objetivo disminuir los salarios- están agudizando más y más la crisis, obstaculizando la recuperación económica de los países del sur de Europa e Irlanda. Por lo visto Joaquín Almunia y los otros comisarios (como el finlandés Olli Rehn, Vicepresidente de la Comisión, y el propio Presidente Barroso) no han entendido nada de la situación en Grecia. Su fe en un dogma, impermeable a los datos, está llevando a la ruina a Grecia y a todos estos países. Y utilizo esta expresión de dogma porque escuchando a Joaquín Almunia me da la impresión de que se cree lo que dice, lo cual es sorprendente para un personaje que está donde está debido al apoyo que le ha dado y continúa dándole un partido socialista, el PSOE.
Dudo, sin embargo, de que el Sr. Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, se lo crea. Draghi está imponiendo estas políticas a fin de conseguir el desmantelamiento del Modelo Social Europeo, tal y como ha explicado y reconocido en varias ocasiones. Este banquero ha dicho lo que la comunidad de banqueros cree: el modelo social europeo es un obstáculo para el desarrollo de sus intereses, que asumen son los intereses generales de la Eurozona, y ello a pesar de que toda la evidencia muestra precisamente lo contrario. Uno de los mayores problemas que tiene la Eurozona, causa de su recesión, es el excesivo poder de las instituciones financieras en la Eurozona, comenzando por las alemanas. De nuevo, la evidencia es sustancial.
Por esta razón, aún cuando la incompetencia es generalizada en la Comisión Europea, su mayor problema no es esta incompetencia, sino los hilos que la mueven y que no son otros que los del capital financiero. Su constante referencia a que los gobiernos acepten los recortes y las reformas laborales (a lo cual añaden ahora la privatización de las pensiones) para calmar los mercados financieros es un ejemplo de ello. Cuando el Comité de Expertos sobre las pensiones, compuesto de profesionales próximos a la banca y a las compañías de seguros, propuso el recorte más brutal de las pensiones en España que un país haya conocido en la Eurozona (ver  mi artículo “Los errores y falacias del llamado Comité de Expertos sobre las Pensiones Públicas” Público 17.06.13), la Comisión, incluido el supuesto socialista, el Comisario Almunia, lo aplaudió, y la Agencia Moody’s también. Y así vamos. Está claro que ningún país de los PIGS podrá salir de la crisis continuando dentro de esta zona monetaria controlada por el capital financiero. Aquellos que se oponen a que estos países dejen la Eurozona tendrían que explicar cómo creen que van a salir de este estancamiento. Sólo algunas voces patológicamente optimistas están indicando que el establishment de la Eurozona está cambiando. Les pregunto, ¿cómo?

dissabte, 29 de juny del 2013

EL ‘RÈGIM’ DE LES ADMINISTRACIONS

El passat dissabte, el Consell de Ministres va aprovar un projecte per a la reforma de les administracions, la qual cosa, a la pràctica, significa aprimar-les de contingut, es a dir, els hi tocarà fer règim...
Sóc dels qui penso que per a portar a terme mesures de tal magnitud, fa falta un ampli consens entre el govern de l’Estat i la resta de comunitats autònomes, i més encara, si com s’ha filtrat, acaba per afectar a aquestes darreres més que a la pròpia administració de l’Estat.
Fa anys que s’apuntaven les següents mesures:
-Supressió del Senat.
El Senat, tal i com està concebut ara, a la pràctica no serveix per a res, ja que si aprova modificar el text d’alguna llei, posteriorment haurà de passar pel Congrés dels Diputats per a ratificar-lo o rebutjar-lo, segons sigui la configuració de les majories.
-Supressió del Ministeri de Cultura.
Segons sembla, el Ministeri de Cultura no té cap competència (zero) Per tant, no és gens lògic que sé segueixi mantenint tota la infraestructura. Com a molt sabem de la seva existència perquè ha recuperat una obra d’art d’algun artista espanyol que s’ha subhastat en alguna galeria especialitzada.
-Supressió de les Diputacions Provincials.
Tradicionalment, les Diputacions provincials han estat el gran suport dels ajuntaments i, al mateix temps, han canalitzat bona part de les ajudes que venen de l’Estat. Però realment fan falta? No podria fer-se igualment des de la Generalitat?
-Supressió dels Consells Comarcals.  
La creació dels Consells Comarcals va significar la gran menjadora de CiU. Allí es van col·locar familiars i amics amb l’única condició d’estar afiliats al partit en qüestió.
Però sembla ser que els trets no van per aquí. Les prioritats del govern de Rajoy són unes altres ben diferents i quasi totes encaminades a suprimir departaments i oficines de competència exclusiva de les diferents comunitats autònomes.
De confirmar-se, aquesta mesura xocaria frontalment amb les aspiracions de la Generalitat. Fa temps que des de els sector més independentistes es demana tenir estructures d’estat (encara que per a mi aquestes estructures ja existeixen i el que potser caldria fer és dotar-les de més competències) Estic parlant de les oficines de representació que té la Generalitat per diverses capitals del món (conegudes com les ambaixades catalanes), el Síndic de Greuges (l’equivalent al Defensor del Poble) o la Sindicatura de  Comptes (que supervisa els comptes públics dels diferents organismes), el Servei Meteorològic de Catalunya (gràcies a les seves previsions s’elaboren els plans d’mergència) o el Centre d’Estudis d’Opinió (equival al CIS)
És lògic que des de les autonomies tot això és vegi com una intromissió en l’autogovern. Fa dècades, l’arribada al poder des diferents governs de l’Estat solia significar una negociació sobre els traspassos de competències sovint bloquejades i cada cop, des de els autonomies, s’assolien quotes més altes d’autogovern.
És lícit i lògic que una autonomia que tingui una vocació clara de convertir-se en nacionalitat i fins i tot nació, vulgui disposar de tots aquells mecanismes que li permetin al màxim deixar de dependre de Madrid.
Si el govern del PP assumís aquest rol  i fos una mica més obert en qüestions autonòmiques, començarien a actuar per tots aquells departaments ministerials amb nul·les o escasses competències. Una bona mesura seria reunificar ministeris similars.
Penso que hi ha molta feina a fer i només espero que s’acabi fent bé, però dubto que el resultat final pugui ser del grat de tothom.
El titular del Periódico de dissabte, amb una paraula ho defineix a la perfecció: Recentralització.





FOTOS DE L'ASSAIG AL JARDÍ DEL BOU VII


















La mala educación de Wert

Es toda una revolución ideológica la que el ministro Wert ha emprendido. Todas las decisiones del Gobierno en materia educativa caminan en una misma dirección: una enseñanza pública deteriorada a base de recortes, convertida en una fábrica de mano de obra; y un sector privado en auge, consagrado a la formación de los ricos. La educación como instrumento de perpetuación de las clases. 
Texto: Juan Luis Gallego.

En octubre de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 1,8 millones de euros en la campaña “Respetemos y apoyemos a nuestros profesores” para frenar, dijo entonces la consejera de Educación, Lucía Figar, la “creciente indisciplina” en las aulas, que obliga a los docentes a “emplear entre el 30 y el 50% de su tiempo de clase en poner orden, en mandar callar”. Un año después, el curso comenzó en esa Comunidad con unos 3.000 profesores interinos menos en el sector público; con los titulares obligados a impartir dos horas lectivas más a la semana (de 18 a 20) y con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, encabezando un maquiavélico ataque contra el colectivo por su rechazo a los recortes: “20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños”, llegó a decir con tanta demagogia que se vio obligada a rectificar.
Convertida una vez más en avanzadilla de las políticas neoliberales del PP, Madrid comenzaba a dibujar entonces el futuro de la enseñanza pública en España. El curso 2012-2013 ha transcurrido en todo el país con unos 50.000 profesores menos (los ‘sobrantes’ tras obligar a los docentes a aumentar sus horas de clase detrayéndolas de otras tareas); con aulas abarrotadas (tras subir el máximo a hasta 36 alumnos en la secundaria); sin ayudas a la escolarización de 0 a 3 años (tras la eliminación de los 100 millones de euros que, desde 2008, el Plan Educa 3 invertía anualmente en la creación de plazas); y con bajas de profesores sin cubrir (hasta que cumplan dos semanas).
Además, el precio de las matrículas universitarias se ha disparado (un 16% de media en las distintas Comunidades, con picos de hasta el 50%); las condiciones para acceder a becas se han endurecido (a base de aumentar la nota media o el porcentaje de asignaturas aprobadas en el año anterior) y el material escolar es de repente un 17% más caro (tras la subida del IVA del 4 al 21% en todos los productos, salvo en libros de texto, mapas, partituras y álbumes).
En ese contexto, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el mismo que a pesar de la supuesta soberbia y altivez que sus interlocutores le reprochan se ha avenido a gestionar una rebaja del 21,2% en su presupuesto –unos 900 millones- frente al 16,9 de media de los otros departamentos e incluso a ofrecer luego un recorte adicional de otros 3.000 millones, impone una reforma de la Ley Educativa que plaga de reválidas ya desde el inicio el camino de los escolares; relega y desprecia la enseñanza de las Artes y las Humanidades y adelanta hasta los 14 años el momento de segregar a los alumnos entre los que valen y los que no valen, entre los que pueden seguir estudiando y los que deben ponerse a aprender cuanto antes un oficio.
LA IGUALDAD, EN PELIGRO
Esta es la situación, los datos objetivos que dibujan la realidad. El Gobierno afirma, por un lado, que los recortes no irán en detrimento de la calidad de la enseñanza pública; y, por otro, que la ley educativa es la herramienta adecuada para reducir el abandono escolar, dar una salida al 26% de alumnos que no acaba la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, “mejorar su empleabilidad”, es decir, prepararlos para el mercado de trabajo. La comunidad educativa, sin embargo, vive convulsionada, volcada mayoritariamente, sobre todo en el sector público, en una campaña de movilizaciones y protestas que desembocó, el pasado 22 de mayo, en la primera huelga general convocada en todas las etapas del sistema educativo y que, según todos los augurios, continuará este curso.
Los argumentos para tanto enfado, muchos, pero, en un ejercicio de síntesis de los testimonios recabados por Números Rojos, agrupables en dos: 1. Que el abandono de la enseñanza pública no solo se está llevando por delante los derechos laborales de sus trabajadores -recortes de sueldo a los funcionarios incluidos-, sino que amenaza con convertirla en el refugio de quien no se puede pagar algo mejor. 2. Que la ley educativa en proyecto recupera lo peor del pasado, en la medida en que segrega prematuramente a buenos y malos estudiantes renunciando a incidir en las causas socioeconómicas de los más desfavorecidos para condenarles a convertirse, cuanto antes, en mano de obra barata al servicio de los que, ya desde la cuna, tuvieron mejor suerte.
En definitiva, que está a punto de caer uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el que garantiza, o garantizaba, que el origen socioeconómico de cada niño y de cada niña no será un impedimento para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones.
“La reforma aniquila el concepto mismo de educación, supone la voladura de un modelo basado en la justicia social, para poner la enseñanza al servicio de los mercados”, dice a Números Rojos Guadalupe Jover, profesora de Secundaria y socia de yoestudieenlapublica.org. “Es tan neoliberal que se erizan los cabellos -añade Caridad García, diputada y portavoz de Educación de Izquierda Unida-. La reforma pretende garantizar la existencia de una clase dirigente que pueda disponer de mano de obra en condiciones cada vez más duras e incluso cercanas a la esclavitud. Es la pata que faltaba en la reorganización del sistema capitalista que, desde los años 80, pretende acabar con el Estado del Bienestar”. “Son dos caras de la misma moneda -resume Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes-. Tras las agresiones a la enseñanza pública en forma de recortes, llega una contrarreforma educativa segregadora y clasista que busca expulsar cuanto antes del sistema educativo a los hijos de las clases más humildes”.
Efectivamente, el proyecto de Ley de Calidad Educativa, ya en su primer borrador, presentaba la mejora del nivel educativo de los ciudadanos como una “apuesta por el crecimiento económico y la competitividad” e incluía la “mejora de la empleabilidad” del alumnado y su incorporación al “mercado de trabajo” como uno de los principales objetivos de la reforma. “Ni una sola vez -escribió la profesora Guadalupe Jover (El País, 27 de julio) – se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: ‘democracia’, ‘ciudadanía’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘pensamiento crítico’. ‘Cultura”. Y añade a Números Rojos: “En vez de poner el acento en el niño o la niña, con el tipo de sociedad que se quiere construir en el horizonte, se pone en el centro de todo el proyecto a los mercados. Se dibuja una educación al servicio de intereses privados, que trata de segregar lo más tempranamente posible para que cada uno ocupe la jerarquía personal que le corresponde por cuna”.
Para Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León, gobernada por el PP, comunidad que ha encabezado en alguna ocasión rankings internacionales por su eficacia para sacar provecho a los recursos invertidos en educación, hablar de enseñanza de ricos y pobres “es un análisis reduccionista”. A su juicio, la “endogamia de clase”, que condena a los hijos a ocupar la posición socioeconómica de sus padres, “hace tiempo que ha pasado a mejor vida”, así como “la correlación clase social-nivel académico”. “Ahora mismo -añade-, tu límite académico está en tu inteligencia y en tu capacidad de esfuerzo, salvo los casos de quienes no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a mantener a la familia, que no creo que sean representativos, porque si no no tendríamos el nivel de estudiantes universitarios que tenemos, por encima de la UE”.
Pero, como escribe el profesor de Sociología José Saturnino García, “los datos son tozudos y no se creen que la clase no sea importante” en el fracaso escolar. Y demuestran, según los expuestos en su artículo Fracaso escolar, clase social y política educativa, referidos a 2007, que solo el 5,8% de los hijos de clase alta no completa la enseñanza obligatoria, mientras ese porcentaje alcanzaba el 17,9 en las clases intermedias, el 24,4 en la obrera, y el 31,4 entre agricultores y jornaleros. Un cuarto de siglo antes, según el mismo informe, eran cuantitativamente muchos más en todos los estamentos, pero las diferencias entre unos y otros eran igualmente abismales. El mismo profesor sostiene en ‘Crisis de la educación’ (2008), que el fracaso escolar entre los hijos de universitarios es del 2%, mientras que entre los hijos de quienes no tienen estudios el del 40%.
El propio informe PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el controvertido examen que cada tres años realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sostiene que el 50% del rendimiento educativo de los jóvenes se explica por la posición social de las familias.
EL DINERO DE LA PRIVADA
Con cada vez menos dinero para la enseñanza pública, las cifras de la privada, sin embargo, parecen gozar de mejor salud. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado julio los resultados de una encuesta según la cual la enseñanza privada en España, contando la que se imparte en centros concertados -cuyas nóminas y costes de funcionamiento corresponden al Estado-, tuvo en el curso 2009-2010 unos beneficios de 674 millones de euros, un 13% más que cinco años antes. Así dicho, un negocio suculento y próspero como cualquier otro. Pero con una diferencia: recibió de las administraciones públicas miles de millones de euros de ayuda. En concreto, de los 10.038 millones que ingresó (en bruto) la enseñanza no universitaria privada o concertada, un 58,8 fue dinero público, es decir, 5.900; y de los 1.371 millones (también en bruto) que ingresó la enseñanza universitaria, casi 80 fueron en subvenciones. Obviamente, la enseñanza concertada, que acoge al 80% del alumnado de los centros privados, absorbió la mayor parte de las subvenciones, pero aun así los colegios no universitarios cien por cien privados tuvieron suficiente ayuda pública, más de 450 millones, como para pagar el 10% de su funcionamiento. A eso hay que añadir iniciativas imposibles de cuantificar como la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos a colegios concertados o privados o decisiones, como la del Gobierno de Esperanza de Aguirre, de permitir que los gastos de escolaridad desgraven en familias con ingresos de hasta 30.000 euros por persona, incluyendo los descendientes: es decir, un matrimonio con 60.000 euros de sueldo cada uno y dos hijos que estudien en colegios no públicos puede desgravar hasta 900 euros por cada uno de ellos, dinero que dejan de ingresar las arcas públicas.
Recortes, abandono de lo público en beneficio de la iniciativa privada, medidas educativas segregadoras, el mercado como referencia… Todas las decisiones en materia de educación adoptadas por los gobiernos del PP -el central y los autonómicos- caminan en una misma dirección. No parece casualidad. “Es pura ideología -dice Caridad García (IU)-. La derecha tiene muy claro que el sector público tiene que tender a desaparecer, para que tome las riendas la iniciativa privada”. “El PP cree en una educación elitista, que no ejerce una labor de progreso social y que carece de una visión integral e integradora”, añade Mar Villafranca, responsable de Educación y Cultura del PSOE.
Al fin y al cabo, si de ideologías hablamos, no hay que olvidar que el Gobierno que promueve esta reforma es el mismo que, nada más llegar al poder, cambió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación Cívica y Constitucional porque consideraba “adoctrinar” hablar a los estudiantes de una realidad legalmente reconocida como el matrimonio entre homosexuales. O el que ahora se muestra dispuesto a cambiar la ley para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza subvencionar con dinero público a los colegios que dividen al alumnado por sexos (unos 70 en España, la mayoría vinculados al Opus Dei).
¿DISTRAE LA MÚSICA?
Pero el cariz ideológico de las reformas trasciende lo que parecen gestos para contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Afecta de lleno al temario al que día a día se tendrán que enfrentar los estudiantes y entronca con una concepción tradicionalista de la educación al considerar “materias prioritarias” las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias y proponer un “aumento de la carga lectiva” en estos casos para todas las fases de la educación obligatoria. Las otras, dijo el ministro Wert, son asignaturas que “distraen”; estas, viene a decir el anteproyecto, son las “instrumentales”, es decir, las que valen para ganarse la vida.
Fernando Sánchez Pascuala, de la Junta de Castilla y León, ofrece una explicación al respecto. “Es verdad que antes no se había puesto sobre la mesa esa vinculación entre educación y economía, pero es una realidad que ahora existe una preocupación sobre qué va a pasar después, dónde vas a trabajar cuando acabes los estudios. Y materias como las Matemáticas, la Lengua, la Física… son las que te permitirán seguir estudiando para obtener una determinada cualificación profesional”.
Contesta la profesora Guadalupe Jover (de yoestudieenlapublica.org), quien está convencida de que la propuesta del Gobierno “se carga las Artes”. “La educación debiera dar respuesta a la diversidad del alumnado, con proyectos más abiertos y que fomenten la creatividad para que quien tenga dificultades en algunas materias aproveche su talento en otras. La idea es que no hay techo para quien quiera seguir desarrollándose, sea por un camino o por otro”. Y Caridad García (IU) añade: “Las Humanidades quedan completamente relegadas, pese al peso que tienen en la formación del individuo. Potenciar las técnicas no debe ir en su detrimento, a no ser que, más que personas, pretendas formar mano de obra al servicio del mercado”.
Pero resulta que esas asignaturas “prioritarias” son sobre las que PISA centra su evaluación y, al parecer, para el Gobierno, lo que dice este organismo es sagrado. De hecho, su anteproyecto, al tratar de identificar las “debilidades” del sistema, cita en primer lugar los malos resultados, habitualmente por debajo de la media, que España obtiene en estos exámenes en Lecturas, Matemáticas y Ciencias e incluye entre los objetivos prioritarios mejorar el rendimiento de los alumnos en la “comparativa internacional”.
“PISA -afirma Mar Villafranca (PSOE)- tiene cosas buenas, pero está tan orientado a las estadísticas que pierde muchos matices. Además, cuando comparas datos sin tener en cuenta trayectorias te olvidas, por ejemplo, de que España ha hecho más progresos que todos los países de su entorno”. La profesora Guadalupe Jover coincide en que PISA es un sistema “incompleto”, puesto que convierte la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias en la única herramienta para valorar el sistema educativo, a base de rankings que no tienen en cuenta, por ejemplo, conceptos como la “equidad”, en los que España está a la cabeza. La profesora propone que los estándares de calidad sean diseñados por la UNESCO, “no por la OCDE, que sirve a intereses concretos que, probablemente, no son los de los individuos”.
El malestar contra la política educativa del Gobierno crece, pero viene de lejos. En Madrid cristalizó en el nacimiento del movimiento Marea verde, identificable por las camisetas de ese color que los profesores comenzaron a exhibir en sus protestas. “Fue la reacción a más de tres años de agresiones contra la enseñanza pública y nuestras condiciones de trabajo”, cuenta a Números Rojos, en nombre del movimiento, Claudia Sandra Villa, quien cree que la ley educativa que propone el Gobierno “pretende convertir a los estudiantes en clientes, de forma que tengan educación quienes puedan pagarla”. En los pocos meses transcurridos desde su nacimiento, la marea verde ha comenzado a extenderse por toda España, después de que algunas comunidades decidieran adoptar el color para sus protestas, y el movimiento se plantea ahora articular su organización a nivel estatal.
No es solo una batalla política la que se dirime. De cómo acabe dependerá la formación de, probablemente, varias generaciones. Quizás, también, la sociedad del futuro. ¿Cómo queremos que sea? “Yo tengo cuatro hijos –dice Caridad García, de IU-, diferentes entre sí. Unos mejores estudiantes que otros, unos con un talento para unas cosas y otros para otras, pero todos son buenas personas. Eso es lo que me importa”.
www.revistanumerosrojos.com

divendres, 28 de juny del 2013

RICS I POBRES

Feia moltes dècades que no es donava com ara una diferència de classes tan gran com la que ara s’està produint.
La distància entre rics i pobres és més gran cada dia que passa. Només un exemple: mentre cada vegada hi ha més ciutadans en risc d’exclusió social, la venda de cotxes de gama alta va en augment.
Aquesta diferència de classes també es dóna a la Universitat i després de la pretesa reforma del Ministre Wert, la diferència encara creixerà més. El Ministre pretenia que l’accés a les beques s’establís en un 6,5, un punt més que ara. Després del malestar i les queixes tan del professorat con dels alumnes com dels seus propis companys de partit, sembla ser que han acabat per fer reflexionar al ministre que, ara, està disposat a rebaixar la nota mitjana. Personalment pensava que s’acabarà per establir-se en un 6 (ni un ni els altres), però sembla que Wert no vol baixar del burro (al menys en la part principal del tema) Algú ha dit que Wert i el burro són germans? Si us plau, no falteu al pobre pollí. 
Sense beques seran molts els joves que hauran d’abandonar la Universitat. Abans tenien la possibilitat de treballar, però ara, amb la poca feina que hi ha, quina sortida tenen?
Per tant, ens podem trobar amb un bon estudiant que fregui el 6 de mitjana i que hagi d’abandonar els estudis per que els seus pares no puguin fer front a tota la despesa que comporta l’haver d’estudiar fora. En canvi, per a una família benestant, l’obtenció de una beca no significarà cap impediment per a que continuï estudiant.
Mon fill ha acabat els estudis de 4t de carrera. No té cap possibilitat de demanar beca, perquè entre sa mare i jo sobrepassem el límit per a obtenir-ne. Per nota, a mon fill li podrien donar la beca, tal i com demostra que a partir de febrer de l’any vinent se’n ha d’anar a Croàcia a fer un Erasmus i que de tant en tant treballa de becari a la seva facultat. Però la normativa està feta així... Creieu-me si us dic que entre la residència (pis compartit), matrícula, crèdits de lliure designació, treballs, desplaçament, etc. en suposa una càrrega molt difícil d’assumir.
Una vegada explicada la meva situació, en plantejaré una altra. Una família que guanya una mica menys que nosaltres (no cregueu que tant) i que pot accedir a l’ajut. Son fill (o filla) estudien en una universitat privada (la qual cosa significa un increment notable de costos) Cóm s’ho fa per a costejar totes les despeses?
A mi em sembla una mica increïble que cobrant menys que nosaltres i encara que obtinguin l’ajut puguin seguir a la Universitat. Només se’m acudeixen dos o tres maneres i una d’elles és que els avis hi col·laborin (i això ja passa en el cas de mon fill)...  

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