dijous, 7 d’abril de 2016

El CAC investiga la TV independentista mimada por Mas por saltarse la ley

Rubén Arranz


El Punt Avui TV inició sus emisiones en 2014 con el beneplácito del Govern y gracias a la polémica autorización que obtuvo del Consejo Audiovisual de Cataluña para alquilar varias licencias de TDT. Su compromiso era emitir 60 horas de programación local en cada una de las demarcaciones, pero lo ha incumplido claramente. En su lugar, ha constituido una televisión autonómica de línea editorial independentista que llega al 80% de los habitantes de esta comunidad autónoma.

Pocas semanas después del cambio en la presidencia de la Generalitat, elConsejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha amenazado con fuertes multas a El Punt Avui TV, la televisión de línea editorial independentista que surgió durante la anterior legislatura bajo la protección del Ejecutivo de Artur Mas y que, hasta el momento, había sido intocable. El organismo regulador catalán ha iniciado una investigación contra esta empresa por el supuesto incumplimiento de la ley con las licencias de TDT que explota en régimen de alquiler desde mediados de 2014. La normativa catalana obliga a esta televisión a emitir 60 horas semanales de programación local, pero el CAC ha comprobado que se encuentra muy lejos de alcanzar ese objetivo, pues ofrece en todas las demarcaciones una mayoría de contenidos comunes, de ámbito autonómico. Esto le ha llevado a iniciar un procedimiento que podría desembocar en duras sanciones económicas.
La televisión a la que investiga el CAC pertenece a Hermes Comunicacions, propietaria del diario El Punt Avui y una de las compañías que más han contribuido a difundir los postulados del proceso soberanista tutelado hasta el pasado enero por Artur Mas. De la estrecha relación que ha mantenido con el Gobierno autonómico dan cuenta los12,3 millones de euros en subvenciones que recibió entre 2008 y 2014, según los datos que figuran en el Diario Oficial de la Generalitat. A esto se une el que, pocos meses antes de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, fue premiada con una ayuda de 584.700 euros por difundir sus noticias en catalán dentro de su web y su edición impresa.
Su incumplimiento de la normativa era un secreto a voces. De hecho, Societat Civil Catalana había denunciado ante el Consejo -sin éxito, hasta el momento- que El Punt Avui TV emite los mismos contenidos en las frecuencias de Barcelona, Blanes, Granollers, Lérida, Sabadell, Tarragona y Vic, lo que vulnera la ley audiovisual, que obliga a retransmitir 60 horas de programación de proximidad con estas licencias y prohíbe ofrecer más de un 25% de contenidos en cadena dentro de la TDT local. De facto, Hermes Comunicacions ha establecido una televisión autonómica privada, alineada con los intereses de Convergencia.
Una polémica concesión a una empresa pro secesión
Esta compañía obtuvo en 2014 la autorización del CAC para alquilar las licencias que hasta ese momento se explotaban bajo la marca Canal Catalán. La decisión estuvo acompañada de una fuerte polémica, puesto que los consejeros Daniel Sirera (PP), Elisenda Malaret y Carme Figueras (PSC) la apostillaron con un voto particular, al considerar que se había realizado "sin exigir al operador arrendatario que justifique la programación que prevé emitir en cada una de las televisiones objeto de arrendamiento".
Los tres miembros del organismo también consideraron ilegal esta concesión, toda vez que se realizó por mayoría simple en el Consejo, algo que consideraban contrario a la ley, que obliga a que las decisiones sobre las licencias de radio y televisión se adopten por mayoría absoluta.
En su voto, avisaban de que "estas siete licencias podrían transformarse en una televisión de ámbito catalán", algo que posteriormente ha ocurrido. De hecho, en un análisis realizado por los técnicos del CAC entre el 21 y el 27 de abril de 2015, se ha constatado que la programación local que emite El Punt Avui TV en la demarcación de Barcelona es 15 veces inferior a lo que le exige la ley, lo que podría suponerle una sanción de hasta 90.000 euros por cometer una infracción grave, según detalla el organismo.
Durante los últimos años, este organismo -que, por definición, debe ser independiente- ha sido escrupulosamente respetuoso con los intereses políticos del expresidente de la Generalitat y la inmensa mayoría de sus decisiones han respaldado a sus medios afines. Su último gran reparto de licencias audiovisuales lo acometió en septiembre de 2014. De las 22 que adjudicó, 6 fueron a parar al Grupo Flaixdirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714. Y un total de 9 recayeron en el Grupo Godó, el principal beneficiado de este proceso.