dijous, 27 d’abril de 2017

¿Qué pasa en el Canal de Isabel II? ¿Qué pasa en Madrid?

Eduardo Gutiérrez y José Manuel López

Diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz y presidente de la Comisión de estudio del Endeudamiento.
La Comunidad de Madrid lleva veintidós años seguidos de gobierno del Partido Popular. Es mucho tiempo para cualquier partido, pero mucho más si el proyecto que hay detrás tiene una cultura política y económica en la que se mezclan permanentemente el despilfarro y la corrupción. Lo que estamos viendo en el Canal de Isabel II se comprende perfectamente en este contexto.
La historia reciente del Canal corre en paralelo a la de Caja Madrid; porque ambas eran las instituciones de referencia de la región, las más valoradas; porque eran las de mayor peso económico –mayor número de trabajadores y más recursos financieros-; y ahora porque han terminado de la misma manera.
En el año 2010, Ignacio González, siendo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, solicita presidir la Caja. Pero el PP opta por Rodrigo Rato y nombra a González Presidente del Canal como compensación. Quería un banco y hace del Canal su banco particular en el que todos los meses entra una cantidad de dinero estable. A partir de ese momento comienza su proceso de privatización mediante la generación de múltiples empresas dentro y de la compra de muchas más en Latinoamérica. Privatizar fue la forma de saltar los controles públicos. El resultado es un entramado de intereses, compras, ventas y recompras de empresas por valor de quinientos millones de euros en Brasil, Colombia, Ecuador o Haití de las que no se sabe qué valen o para qué sirven. Un sistema de “matrioskas” empresariales que hacen muy difícil su seguimiento.
Desde hace unos meses, el juez investiga este sistema de compras de las que la adquisición de EMISSAO en Brasil es el ejemplo más claro. En 2001 el Canal crea una empresa que se llama Canal Extensia, que compra la mayoría de acciones de otra que se llama INASSA, que compra otra que se llama Soluciones Andinas de Agua de Uruguay, que compra otra que se llama EMISSAO. Es decir, el Canal compra EMISSAO a través de una cadena de compras en las que se va quedando dinero. La compra de EMISSAO se hace en noviembre de 2013, y por un valor de  21,5 millones de euros. Un mes después, cuando se pone en el balance del Canal, sólo vale 10. Y en el balance del año siguiente (2014) sólo 5 y en el del 2015 aparece con valor negativo de 2 millones ¿Qué se compra por más de veintiún millones de euros que dos años después no vale nada? Es una de las cuestiones que investiga el juez Eloy Velasco. Sólo en esta operación se han perdido 23 millones de euros ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿En qué se han gastado?
El Consejo de Administración del Canal pidió un informe a la auditora KMPG sobre la compra de EMISSAO y ésta dijo que no valía lo que se iba a pagar por ella. A pesar de este informe negativo, el Consejo de Administración decidió comprar. En este Consejo estaba Cristina Cifuentes.
Las detenciones que se han hecho tienen su origen en una investigación de la fiscalía anticorrupción abierta en 2015. En 2016, la fiscalía judicializó sus diligencias de investigación.  En todo este proceso ha tenido peso la puesta en marcha en la Asamblea de Madrid de la Comisión de Estudio del Endeudamiento por iniciativa de Podemos, con el apoyo de la oposición y la negativa frontal del Partido Popular. En los últimos meses se ha llamado a comparecer a distintos altos cargos del Canal de Isabel II para que explicasen algunas operaciones comerciales y datos presupuestarios que no cuadraban. Entre esta Comisión y la prensa se marcan las reacciones del Gobierno de Cifuentes ante los escándalo: se abre el tema de EMISSAO y, dos semanas después, el Gobierno lo lleva a la fiscalía; se señala a los responsables y, también dos semanas después, son sustituidos la Directora Financiera y el Director General -premiados con sueldos vitalicios del 80% de las retribuciones de los cargos de los son cesados-. Los resultados de la investigación sobre el Canal fueron llevados por la Comisión de Estudio del Endeudamiento  de la Asamblea a la fiscalía, apenas hace un mes. Es tan obvio el  atraco al Canal que desde la Fiscalía y la Asamblea se ha llegado al mismo sitio.
En torno al Canal hay abiertas investigaciones referentes a posible financiación irregular de algunas campañas electorales del PP, apropiación indebida y ahora ésta. Con la detención de Ignacio González, todos los secretarios generales del PP de la Comunidad de Madrid de los últimos veintidós años están imputados, detenidos, condenados o encarcelados. Excepción hecha de Ángel Garrido, elegido en el último Congreso del Partido Popular y que, precisamente, es el Presidente del Canal desde hace casi dos años.
El PP de Cifuentes reacciona como el PP de Aguirre. Si ésta última “destapó” la Gürtel, la primera “destapa” ahora el caso del Canal. Cristina Cifuentes lleva 26 años como cargo institucional y orgánico de su partido; se ha  paseado por todas las plantas de Génova arregladas con dinero negro por las que ahora se pasea la guardia civil, se ha subido en las campañas electorales a los escenarios pagados por la Púnica y la Gürtel y mantiene el mismo equipo de los últimos años. Sirva como ejemplo Carlos Izquierdo, que es Consejero de Políticas sociales, miembro de la nueva Ejecutiva y que ha sido el Tesorero de su partido los ocho años que la Audiencia Nacional está investigando. Era el tesorero regional mientras Bárcenas lo era nacional. No hay nuevo o viejo. El PP reacciona como el PP.
Han hecho con el Canal lo mismo que con el país: derrochar el dinero,  inundarlo de corrupción y endeudarlo. Incluso como ha reconocido la Cámara de Cuentas, este modelo “puede afectar negativamente al objetivo inicial y único de su creación: garantizar un servicio público de agua a los madrileños”.
Han hecho con el Canal lo mismo que con la macro obra de la Ciudad de la Justicia -125 millones que nadie sabe dónde han ido a parar- que fue la anterior parada de la Comisión de Endeudamiento.
Han hecho con el Canal  lo mismo que con la construcción de los seis hospitales de Aguirre que van a costar 3.000 millones de euros aunque el precio real de su construcción fue de 640. Esta es la siguiente parada. Allí nos volveremos a ver.