diumenge, 25 de juny de 2017

La labor destructiva del PP paso a paso

Un viaje desde el empobrecimiento y robo a los ciudadanos hasta la ocupación y destrozo de las principales instituciones
Los asuntos complejos se entienden por pasos, porque crecen paso a paso. Las agresiones avanzan a pasos, al principio temerosos, de tentativa, y después ya a zancadas. La destrucción, también.
En el caso de la destrucción institucional que está llevando a cabo –y con notable éxito– el Partido Popular, recorrer algunos pasos evidentes deslía la sensación general de que todo aquello que parecía sólido se está desmoronando de forma espontánea, fruto de una “crisis” que llegó como aparece una seta en la esquina húmeda de la casa sucia. Nada más lejos de la realidad.
A grandes trazos –no tenemos todo un libro para extendernos–, los pasos son los siguientes:
Paso 1: Empobrecimiento de la población.
Paso 2: Control de los ciudadanos: Ley Mordaza.
Paso 3: Control del Aparato Judicial.
Paso 4: Abuso de Interior y descrédito de los investigadores.
Vamos allá.
Paso 1. Empobrecimiento de la población.
Dado que el paso está más que sabido por cualquiera que acceda a este texto, baste recordar que el empobrecimiento de la población –en este caso española–, también llamado “crisis”, se puede reducir a tres patas básicas:
Pata A: Corrupción. El robo perpetrado por partidos políticos y sus empresas afines desde el Gobierno central, los autonómicos y los locales, o sea la corrupción, supone a los españoles 90.000 millones de euros al año, según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia(CNMC). De los atropellos de corrupción más sonados en la última época, todos perpetrados por el PP, cabe destacar Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas, Noos, Aquamed, Taula, Guateque, Imelsa, Naseiro, Palma Arena o Auditorio, por no extendernos en varias decenas más. En la inmensa mayoría de ellos son partícipes necesarias las grandes empresas españolas.
El dinero que se han repartido entre unas y otros sale de los fondos públicos que estaban destinados a sectores como Educación, Sanidad o Asuntos sociales, precisamente los que han sufrido los mayores recortes con la “crisis”. La pobreza es hija directa de la corrupción y algunos ayuntamientos ya están demostrando que eliminar los procedimientos corruptos elimina también la deuda.
Para ampliar el número de casos de corrupción, y mucho, entre aquí.
TODO EL DINERO PRESTADO AL “SISTEMA FINANCIERO” ESPAÑOL PROCEDÍA DE FONDOS PÚBLICOS, DE MODO QUE LA ACTUACIÓN PODRÍA DESCRIBIRSE COMO UNA PRIVATIZACIÓN DE LOS CAUDALES DE LOS CIUDADANOS
Pata B: Fiscalidad. El pasado 9 de junio, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, en un mazazo considerable a Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Constitucional afirmaba que dicha amnistía supone una perversión que afecta “a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”. Sin embargo, más allá del varapalo, dicha sentencia no tendrá ningún efecto práctico.
La fiscalidad llevada a cabo por el PP, que castiga a las rentas del trabajo y premia las rentas del capital, empobrece y exprime a los trabajadores en lo que podríamos llamar Efecto sheriff de Nottingham, en honor del malo de Robin Hood y sus recaudaciones a los pobres, o sea a la mayoría de los ciudadanos españoles a día de hoy.
Pata C: Privatización de dinero público. El pasado viernes 16 de junio, el Banco de España hizo público un informe en el que admitía que el Estado –o sea, los ciudadanos– no va a poder recuperar al menos 60.000 de los 76.410 millones de euros en ayudas concedidas para “salvar” al sistema financiero. Los especialistas en la materia ya han denunciado que serán más.
Todo el dinero prestado al “sistema financiero” español procedía de fondos públicos –o sea, los ciudadanos–, de modo que la actuación podría describirse como una privatización de los caudales de los ciudadanos. Escribir en sencillo, como el sheriff de Nottingham, también ayuda a entender. Y eso sin necesidad de remontarnos a otras privatizaciones, ampliamente tratadas en CTXT para las que también habría que hacer mención del PSOE.
Cierto que, para completar este resumen del empobrecimiento de los ciudadanos, deberíamos detenernos también en las puertas giratorias y las conexiones de los gestores de lo público con empresas implicadas en el saqueo. Aquí está minuciosamente detallado.
Paso 2. Control de los ciudadanos: Ley Mordaza.
La llamada Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, supone –y así ha sido denunciado por varias organizaciones internacionales de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional– convertir en delito algunas libertades fundamentales, como las de expresión, información o manifestación. Sin embargo, lo más perverso de dicha legislación se encuentra en las multas.
El castigo al ejercicio de dichas libertades se aplica directamente por la policía, sin pasar por los juzgados, y depende del arbitrio de los agentes. Las multas que conlleva incluyen, entre otras: de 30.000 a 600.000 euros por manifestarse junto al Congreso o al Senado, por fotografiar policías –con lo que ello supone de merma de pruebas en los casos de abusos– o por el ejercicio de resistencia pacífica y “sentadas”. Con multas de entre 600 y 30.000 euros se castiga lo que un agente considere “desobediencia o resistencia a la autoridad”, perturbación de la paz ciudadana y desórdenes en la calle.