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dimecres, 13 d’abril del 2016

Las grandes mentiras del PP sobre el déficit público

JUAN RAMÓN RALLO 
El déficit público de 2015 terminó en el 5,2% del PIB: un punto —10.000 millones de euros— por encima de nuestro compromiso con Bruselas. Se trata del enésimo incumplimiento del Partido Popular a lo largo de una legislatura que debía ser la del rigor presupuestario y que ha sido la del fiasco presupuestario. Con tal de contrarrestar su negligente fracaso, los dirigentes populares han puesto en marcha la maquinaria de las falaces consignas, tratando de justificar lo que a estas alturas debería ser injustificable. Repasemos sus mayores tergiversaciones.
Rajoy ha contribuido a reducir el déficit mucho más que Zapatero
El déficit público español cerró 2009 con la insostenible cifra del 11% del PIB. Dos años después, Zapatero lo había rebajado al 9,1% del PIB: es decir, en dos años lo redujo 1,9 puntos (una media de 0,95 puntos anuales). En cambio, Rajoy ha dejado el déficit de 2015 en el 5,2%, esto es, una reducción de casi 4 puntos del PIB (una media de 1 punto anual). En otras palabras, el austerísimo Rajoy redujo el déficit público un punto del PIB por año; el manirrotísimo Zapatero lo redujo en 0,95 puntos del PIB por año. Tamaña diferencia, sin duda.
 
En suma: no es cierto que Rajoy haya supuesto un revulsivo de austeridad frente al descontrol presupuestario zapateril: el auténtico revulsivo lo supusieron las presiones de la Eurozona desde mediados de 2010 para reconducir el déficit. Es cierto que Zapatero apenas recortó el agujero de las cuentas públicas durante el electoral año 2011, pero Rajoy tampoco lo ha recortado significativamente durante el electoral año 2015 y durante los no electorales años de 2013 y 2014. Tal para cual.
El déficit público se ha reducido gracias a la contención del gasto
Rajoy se comprometió con sus votantes a practicar la austeridad por el lado de los gastos, a saber, a cuadrar las cuentan recortando los desembolsos de las Administraciones Públicas en lugar de machacando a impuestos a los ciudadanos. Y, sin embargo, el gasto público apenas se han reducido durante la legislatura de Rajoy: menos de 16.000 millones de euros en cuatro años.
Acaso se afirme que los escasos recortes del gasto público total durante el Gobierno de Mariano Rajoy se deben al incremento de los gastos financieros y de las prestaciones de desempleo experimentados durante la legislatura. Pues bien, si eliminamos las partidas de prestaciones de desempleo y de intereses de la deuda, la evolución del gasto sigue una evolución análoga a la anterior: el gasto público (sin prestaciones de desempleo y sin intereses) todavía se reduce menos durante la legislatura de Rajoy… apenas 11.300 millones de euros en cuatro años. Austericidio insufrible.
En todo caso, de los 42.000 millones de euros en los que se ha reducido el déficit durante la legislatura de Rajoy, 26.000 millones de euros han sido imputables a aumentos de ingresos y, como decíamos, sólo 16.000 millones a recortes del gasto total.
En el siguiente gráfico podemos observar la contribución del aumento de los ingresos y del recorte de los gastos totales a la reducción del déficit (ingresos negativos en el gráfico significan aumentos de recaudación e ingresos positivos reducciones de la recaudación). En él podemos contemplar cómo el gobierno de Rajoy concentra absolutamente todoslos recortes del gasto en el primer año de legislatura, cesando los ajustes desde entonces e incluso revirtiéndolos significativamente en el año 2015.
Si algo ha faltado verdaderamente durante la legislatura de Rajoy, ello ha sido una profunda austeridad por el lado de los gastos. Lo mismo que en la de Zapatero.
El incumplimiento del déficit público se ha debido a las ‘autonomías del cambio’
La excusa oficial del gobierno de Rajoy para justificar la desviación de 10.000 millones de euros con respecto a nuestros compromisos de déficit en 2015 ha sido responsabilizar a las llamadas autonomías del cambio. En concreto, en mayo de 2015, el PP perdió los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cantabria y Navarra. Entre junio y diciembre de 2015, estas siete autonomías aumentaron su déficit en 3.525 millones de euros, de manera que difícilmente puede imputárseles a ellas un exceso de déficit de 10.000 millones. Para hacernos una idea, durante ese mismo período de 2014, bajo el ejemplar mandato del PP, el déficit de esas siete autonomías aumentó en 3.765 millones de euros (es decir, más que con los manirrotos ‘gobiernos del cambio’).
No, no han sido las autonomías del cambio las que han disparado el déficit.
El incumplimiento del déficit público se ha debido a la totalidad de las autonomías
Pero si no han sido los gobiernos del cambio, acaso los responsables sean el conjunto de las autonomías (nunca Rajoy, claro). Y, en efecto, si nos fijamos estrictamente en la evolución del déficit público durante 2015, la desviación de 10.000 millones de euros se debe en gran medida a las autonomías, las cuales han acumulado un déficit de casi 18.000 millones de euros, unos 10.400 millones más de lo comprometido. En cambio, la Administración Central ha cerrado con un déficit 1.500 millones inferior al comprometido.
Sin embargo, la imagen que está queriendo transmitir el PP —gobierno central austero y responsable; gobiernos autonómicos manirrotos e irresponsables— no es en absoluto justa. A lo largo de la legislatura, la austeridad se ha concentrado esencialmente entre las autonomías, no en la administración central: el déficit público autonómico ha pasado desde 55.000 millones de euros en 2011 a 18.000 millones de euros en 2015 (minoración de 27.000 millones de euros), mientras que el déficit de la administración central apenas ha caído desde 33.000 millones a 29.000 (minoración de 4.000 millones). Además, si tenemos en cuenta que la gestión de la Seguridad Social le corresponde al gobierno central, habrá que imputarle a éste el incremento del déficit en esta administración desde los 1.000 millones de 2011 a los 13.500 de 2015.
¿En qué sentido las autonomías han sido las manirrotas administraciones que han descuadrado las cuentas cuando son las que más han contribuido a cuadrarlas desde 2011? Uno podría ciertamente alegar que esta imagen tampoco es del todo justa: una partida muy importante del gasto de la Administración Central son las transferencias a otras administraciones, entre ellas las autonomías. Dicho de otro modo, si las transferencias entre la Administración Central y la autonómica se incrementan, el déficit de la primera aumentará a costa de que se reduzca el de la segunda (esto fue lo que sucedió en 2012: por eso el déficit del gobierno central crece tanto y el de las autonomías se contrae tanto).
Acaso podamos hacernos una idea más precisa sobre qué nivel administrativo ha sido más austero durante estos últimos cuatro años si medimos la evolución anual de su gasto público deduciendo del mismo las transferencias que efectúan a otras administraciones. En tal caso, comprobaremos que, en contra del discurso del PP, los grandes recortes del gasto se vivieron en 2012, pero se concentraron marcadamente entre las autonomías. De hecho, la administración central revirtió todo su recorte del gasto un año después y, desde entonces, lo ha congelado. Las autonomías, por su parte, sí han incrementado el gasto público en 2015, pero a la vista de los ajustes que hicieron en 2012 y 2013, no deja de ser tergiversador imputarles el incumplimiento de los objetivos de déficit durante la legislatura… cuando han sido el nivel administrativo que más ha contribuido a ello.
Es, pues, la administración central la que no ha hecho nada para reducir el déficit público por el lado de los gastos. Y si no me creen y siguen pensando que los escasos recortes del gasto por parte del gobierno central se deben a que los intereses de la deuda y las prestaciones de desempleo han crecido durante la legislatura de Rajoy, representemos ahora la variación del gasto público del gobierno central sin transferencias a otras administraciones, sin intereses y sin prestaciones por desempleo. Es fácil comprobar que Rajoy no ha reducido en nada el gasto público del gobierno central una vez excluimos estas tres partidas: Zapatero le legó a Rajoy un gasto de 56.000 millones de euros en la Administración Central y Rajoy lo ha incrementado hasta 60.000 a finales de 2015.
Por consiguiente, quien no ha hecho los deberes y quien no ha ajustado ennada el gasto propio ha sido el manirroto, mendaz e incumplidor Gobierno de Rajoy, de la mano de ese negligente e incompetente ministro de Hacienda llamado Cristóbal Montoro.
Conclusión
Que España haya incumplido sus compromisos de déficit en 2015 no es fruto de la casualidad o de la mala suerte: es fruto de una pésima gestión hacendística durante cuatro años. El Gobierno del PP confió en cuadrar las cuentas saqueando a impuestos a los españoles y colocándole una vela a la recuperación económica. Siempre aspiraron a más ingresos, no a menos gastos. Por eso, la única austeridad parcial por el lado del gasto se vivió en 2012 y se concentró entre las autonomías: desde entonces, el gasto ha vuelto a crecer, especialmente en la administración central.
La responsabilidad de tamaña dejación de funciones podría imputarse al nefasto equipo económico del Gobierno, con el tándem Montoro-Nadal a la cabeza del sobreincumplimiento, sobreendeudamiento y sobresaqueo de los españoles. Pero no apuntemos a los alfiles cuando la verdadera responsabilidad está concentrada en el Rey que los colocó en sus puestos: Mariano Rajoy. Ni siquiera creciendo a un ritmo superior al 3% y con los tipos de interés en mínimos históricos ha sido capaz el gallego de cumplir con la palabra dada a sus socios europeos y al conjunto de los españoles.Hora de marcharse.

dijous, 7 d’abril del 2016

El CAC investiga la TV independentista mimada por Mas por saltarse la ley

Rubén Arranz


El Punt Avui TV inició sus emisiones en 2014 con el beneplácito del Govern y gracias a la polémica autorización que obtuvo del Consejo Audiovisual de Cataluña para alquilar varias licencias de TDT. Su compromiso era emitir 60 horas de programación local en cada una de las demarcaciones, pero lo ha incumplido claramente. En su lugar, ha constituido una televisión autonómica de línea editorial independentista que llega al 80% de los habitantes de esta comunidad autónoma.

Pocas semanas después del cambio en la presidencia de la Generalitat, elConsejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha amenazado con fuertes multas a El Punt Avui TV, la televisión de línea editorial independentista que surgió durante la anterior legislatura bajo la protección del Ejecutivo de Artur Mas y que, hasta el momento, había sido intocable. El organismo regulador catalán ha iniciado una investigación contra esta empresa por el supuesto incumplimiento de la ley con las licencias de TDT que explota en régimen de alquiler desde mediados de 2014. La normativa catalana obliga a esta televisión a emitir 60 horas semanales de programación local, pero el CAC ha comprobado que se encuentra muy lejos de alcanzar ese objetivo, pues ofrece en todas las demarcaciones una mayoría de contenidos comunes, de ámbito autonómico. Esto le ha llevado a iniciar un procedimiento que podría desembocar en duras sanciones económicas.
La televisión a la que investiga el CAC pertenece a Hermes Comunicacions, propietaria del diario El Punt Avui y una de las compañías que más han contribuido a difundir los postulados del proceso soberanista tutelado hasta el pasado enero por Artur Mas. De la estrecha relación que ha mantenido con el Gobierno autonómico dan cuenta los12,3 millones de euros en subvenciones que recibió entre 2008 y 2014, según los datos que figuran en el Diario Oficial de la Generalitat. A esto se une el que, pocos meses antes de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, fue premiada con una ayuda de 584.700 euros por difundir sus noticias en catalán dentro de su web y su edición impresa.
Su incumplimiento de la normativa era un secreto a voces. De hecho, Societat Civil Catalana había denunciado ante el Consejo -sin éxito, hasta el momento- que El Punt Avui TV emite los mismos contenidos en las frecuencias de Barcelona, Blanes, Granollers, Lérida, Sabadell, Tarragona y Vic, lo que vulnera la ley audiovisual, que obliga a retransmitir 60 horas de programación de proximidad con estas licencias y prohíbe ofrecer más de un 25% de contenidos en cadena dentro de la TDT local. De facto, Hermes Comunicacions ha establecido una televisión autonómica privada, alineada con los intereses de Convergencia.
Una polémica concesión a una empresa pro secesión
Esta compañía obtuvo en 2014 la autorización del CAC para alquilar las licencias que hasta ese momento se explotaban bajo la marca Canal Catalán. La decisión estuvo acompañada de una fuerte polémica, puesto que los consejeros Daniel Sirera (PP), Elisenda Malaret y Carme Figueras (PSC) la apostillaron con un voto particular, al considerar que se había realizado "sin exigir al operador arrendatario que justifique la programación que prevé emitir en cada una de las televisiones objeto de arrendamiento".
Los tres miembros del organismo también consideraron ilegal esta concesión, toda vez que se realizó por mayoría simple en el Consejo, algo que consideraban contrario a la ley, que obliga a que las decisiones sobre las licencias de radio y televisión se adopten por mayoría absoluta.
En su voto, avisaban de que "estas siete licencias podrían transformarse en una televisión de ámbito catalán", algo que posteriormente ha ocurrido. De hecho, en un análisis realizado por los técnicos del CAC entre el 21 y el 27 de abril de 2015, se ha constatado que la programación local que emite El Punt Avui TV en la demarcación de Barcelona es 15 veces inferior a lo que le exige la ley, lo que podría suponerle una sanción de hasta 90.000 euros por cometer una infracción grave, según detalla el organismo.
Durante los últimos años, este organismo -que, por definición, debe ser independiente- ha sido escrupulosamente respetuoso con los intereses políticos del expresidente de la Generalitat y la inmensa mayoría de sus decisiones han respaldado a sus medios afines. Su último gran reparto de licencias audiovisuales lo acometió en septiembre de 2014. De las 22 que adjudicó, 6 fueron a parar al Grupo Flaixdirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714. Y un total de 9 recayeron en el Grupo Godó, el principal beneficiado de este proceso.