Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
El Gobierno del PP prepara una reforma profunda y regresiva del
sistema público de pensiones. El efecto de las medidas fundamentales
propuestas en el Informe de ‘su’ comité de expertos es una rebaja
drástica, inmediata y generalizada de las pensiones públicas.
El pretexto utilizado es el su ‘insostenibilidad’, cosa que como
veremos es falsa. La solución del Informe es la reducción del gasto
social previsto en pensiones públicas con un recorte sustancial de los
derechos adquiridos de trabajadores y pensionistas. La consecuencia
sería menor distribución pública de la renta global con mayor
empobrecimiento, inseguridad y desigualdad para la mayoría de la
sociedad: pensionistas presentes y futuros. Sí existen algunos
desequilibrios entre los ingresos y los gastos, pero al contrario que la
opinión del Informe, son resolubles por el incremento de los recursos a
medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos y, si es
preciso, transferencias presupuestarias puntuales. Y a corto plazo se
puede utilizar el fondo de reserva.
La propuesta de reforma es insolidaria y no tiene base objetiva
Su justificación es la actual política neoliberal de austeridad, sin
impulso a la creación de empleo, con la apuesta por la disminución de
costes laborales y la referencia principal del pago de la deuda a los
acreedores financieros, consolidada en la reforma constitucional. Por
ello, deja al margen y no es capaz de contemplar la alternativa de
incrementar los ingresos del sistema para garantizar la suficiencia
financiera del sistema público de pensiones. Pero ello es una opción
política unilateral en beneficio del poder económico y financiero y
frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y
pensionistas. Por tanto, es una opción que por su trascendencia e
impacto debe ser sometida a debate público y decisión democrática.
Lejos de la apariencia técnica, el citado Informe parte de un
diagnóstico interesado: el sistema público de pensiones es insostenible.
En ese sentido, dramatiza y amplifica el previsible aumento del gasto
en pensiones, particularmente a través del incremento de la esperanza de
vida.
Al contrario, no considera que las pensiones en España son bajas: la
pensión contributiva media a fin de 2012 no llega a mil euros -955
euros-, solo algo más de la mitad (56%) del salario medio bruto -1.700
euros-. Además, en España, el porcentaje de gasto público respecto del
PIB (10,1% en 2010), dedicado a pensiones públicas, es menor que en los
principales países de la eurozona (15,3% de Italia, 14,6% de Francia,
12,5% de Portugal y 10,8% de Alemania, e inferior a la media de la UE-27
-11,3%-).
Tal como se detalla en otro libro (ver Antonio Antón –coord.-
La reforma del sistema de pensiones,
ed. Talasa), en España no hay un ‘exceso’ de gasto en pensiones, su
importe no es ‘generoso’, su evolución tampoco es ‘insostenible’ y, por
tanto, la actual reforma de las pensiones no tiene fundamento científico
y es regresiva. Los planes de reforma impulsados desde la UE
constituyen un paso relevante en la reestructuración regresiva del
Estado de bienestar y el debilitamiento del modelo social europeo. Sus
fundamentos son los intereses de los inversores privados, a costa de la
calidad de vida de la población, las prestaciones sociales y las
garantías públicas de las ‘personas’. Veámoslo detenidamente.
El ‘factor de sostenibilidad’ como justificación del recorte
Para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social el
Informe propone el llamado ‘factor de sostenibilidad’ con dos medidas
principales: 1) la no revalorización anual de las pensiones actuales
respecto del IPC sino sobre un nuevo índice menor que la inflación,
disminuyendo su poder adquisitivo (FRA-Factor de Revalorización Anual);
2) rebajar la pensión media al asociarla a variables demográficas más
restrictivas, como la esperanza de vida (FEI-Factor de Equidad
Intergeneracional).
Como reconoce el Informe “la aplicación del Factor de Equidad
Intergeneracional da lugar a una pensión inicial que irá disminuyendo
respecto a su base reguladora” (p. 12). Analicemos brevemente esta
variable demográfica. Según el INE-2012, con datos que también recoge el
Informe, la esperanza de vida a los 65 años es la siguiente: en el año
2014 es de 20,17 años; en el 2020, 21,14; en el 2030, 22,52; en el 2040,
23,80, y en el 2050, 24,97. Ello supone un incremento porcentual, en
cada periodo respectivo, de 4,3%, 6,5%, 5,7% y 4,9%; en total casi cinco
años, más de un 20% adicional de la esperanza de vida media que tenemos
a los 65 años. Así, según el índice utilizado por el Informe, el
resultado de esta última medida es una reducción acumulada y progresiva
de aproximadamente un 5% cada década. En concreto, para el año 2030 el
recorte de las pensiones sería del 10% y en el año 2050 cerca del 20%,
lo que supone en torno a 20.000 millones de euros –de hoy- (2 puntos del
PIB).
Respecto del otro factor (revalorización anual) no se concreta, pero
alude a tener en cuenta un periodo anterior y posterior al año de
referencia (para evitar cambios coyunturales muy pronunciados). También
se consideran las previsiones de ingresos y gastos del sistema. Todo
ello lleva abandonar la referencia del IPC como garantía de
mantenimiento del poder adquisitivo, aunque la tendencia actual ya era
su distanciamiento progresivo respecto de la evolución del salario medio
que incorporaba, salvo en estos años, una pequeña parte del aumento de
productividad. Con el nuevo índice, el resultado posible es, al menos,
una pérdida de un punto anual de poder adquisitivo; es decir, en un
periodo medio de cobro de 20 años la pensión final terminaría perdiendo
un 20% del poder adquisitivo de la pensión inicial, con una reducción
media del 10% en el conjunto del periodo.
Sumando el impacto de las dos variables tenemos que la rebaja de la
pensión para el año 2050 puede rondar el 30% respecto de los derechos
actuales; es decir, en torno a unos 30.000 millones de euros –de hoy-,
cerca del 3% del PIB. Pero, además, según los datos del anterior
Gobierno socialista, el impacto de su reforma de las pensiones, aprobada
en el año 2011 y aplicada desde primeros de este año 2013, cuando se
desarrolle totalmente para el año 2050, supondrá una reducción de unos
3,5 puntos de PIB, es decir, se retraerán del sistema unos 35.000
millones de euros, respecto del gasto previsto con los derechos
anteriores. Si le añadimos la repercusión presupuestaria de la reciente
restricción de la jubilación parcial y anticipada (calculada
oficialmente en unos 5.000 millones, el 0,5% del PIB), tenemos que el
conjunto de estas reformas, cuando se apliquen totalmente, van a detraer
al sistema público de pensiones unos 70.000 millones de euros.
Frente a la pérdida de derechos, incremento de los ingresos
No es de extrañar esta cifra, de recorte de gasto público del 7% del
PIB. En algunas previsiones oficiales (por ejemplo, de la Comisión
Europea) el gasto estimado en pensiones en España, para el año 2060,
antes de la reforma del año 2011, se situaba en el 17,7% del PIB y
ahora, deduciendo el impacto de la reforma en vigor, lo cifra en el
13,7%. Pues bien, el objetivo institucional de gasto público en
pensiones parece que se sitúa entre el 9% y el 10% del PIB, similar al
de de estos últimos años. Es decir, que este gasto, el mayor de todos
los gastos sociales, se pretende contener y reducir los derechos de los
trabajadores y jubilados para que encajen en ese nivel distributivo.
Así, aunque haya más pensionistas, vivan más tiempo y la cuantía de las
pensiones que se dan de alta en el sistema sean mayores que las que se
dan de baja, el total de la tarta a repartir sería el mismo; o sea,
mensualmente tocaríamos a menos.
Los objetivos económicos y políticos de la derecha son la contención
del gasto público social en detrimento de la seguridad de los jubilados,
la prioridad a los compromisos de pago de la deuda a los acreedores
financieros (la confianza de los mercados) y el impulso de una nueva
oportunidad de negocio para el sector financiero al estimular los fondos
privados de pensiones. Pretende imponer la pérdida de derechos y
calidad de vida de la mayoría social, para defender los privilegios
distributivos privados. Sus resultados son el empobrecimiento de los
pensionistas y la subordinación de la mayoría de la sociedad, el
retraimiento del consumo de la población y la consolidación de la
desigualdad distributiva y el poder empresarial. Todo ello favorece el
estancamiento económico y del empleo y la prolongación de la crisis
socioeconómica.
Pero la alternativa, particularmente para los sectores progresistas,
debiera ser la clásica protección social suficiente a la vejez. Existen
recursos para ello y la justificación social y económica es clara. Si
aumenta la esperanza de vida (un logro civilizatorio) es normal que la
sociedad aumente los recursos necesarios para evitar el deterioro de la
calidad de vida de los ancianos. Si el nivel de riqueza y rentas del
conjunto de la sociedad se incrementa, al igual que los beneficios de la
productividad del trabajo y, por tanto, la suficiencia presupuestaria y
de impuestos, sería lógico que se arbitrara un nuevo acuerdo
intergeneracional, con un amplio debate social, que beneficie a toda la
sociedad jóvenes, adultos y ancianos. Es un principio básico para
garantizar la cohesión social. El obstáculo es que la mayor parte de la
tarta, y cada vez más y de forma insaciable, la quiere para sí las capas
ricas y el sistema financiero. El resultado es que se somete al
deterioro económico y la subordinación e inseguridad a la mayoría de la
sociedad cuestionando los pilares de la solidaridad social y su
bienestar.
En definitiva, para consolidar el sistema público de pensiones y
para remontar también la crisis económica hay que incrementar el empleo
decente (cotizantes), las rentas salariales (bases de cotización) y la
suficiencia presupuestaria con una reforma fiscal progresiva para
ampliar nuestro débil Estado de bienestar y mejorar nuestra democracia.
Estamos ante una pugna distributiva y democrática: las opciones están
entre si la prioridad son los mercados financieros o es el bienestar
público y la seguridad social. Lejos de una discusión técnica estamos
ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y
democrática de nuestra sociedad.
