Lameculos y cobardes

Pablo Iglesias

Jorge Moruno me mandó ayer una reflexión del anarquista Errico Malatesta para que la usara en el debate de La Sexta Noche sobre la educación. Decía Malatesta que los que no han trabajado nunca hablan siempre en nombre del trabajo, del mismo modo que los que no se han esforzado nunca, hablan siempre en nombre del esfuerzo. Es difícil encontrar una caracterización mejor de los defensores de las reformas educativas de Wert. Mienten hasta la saciedad y jamás han predicado con ejemplo.

Dicen que no se han recortado las becas y la realidad es que en los últimos dos años la partida destinada a becas se ha reducido en más de 200 millones de euros y que el próximo curso casi 100.000 estudiantes tendrán que dejar de serlo. Apelan a Europa y llaman a los jóvenes a ser “aventureros” y a emigrar a ese “extrarradio” de España (no lo olviden, Europa no es el extranjero) al tiempo que las becas erasmus se han reducido un 40% y el próximo curso lo harán en un 70% (de 60 a 17 millones). Si ya era difícil irse de erasmus sin ayuda familiar ¿Quién se podrá ir ahora de erasmus? Sólo los afortunados que puedan pagárselo.

Al tiempo que alientan que se subvencione la educación privada, acusan a las infrafinanciadas universidades públicas de derrochar, cuando la realidad es que la subida de tasas obligará a millares de estudiantes a abandonar sus estudios. Con un 60% de paro juvenil, 6 millones de parados y el sistema Bolonia que dificulta que los estudiantes compatibilicen trabajo y estudios ¿Cómo demonios van a pagarse la carrera?.

Aluden, sin habérselo leído, a los datos del informe Pisa sobre el fracaso escolar, ignorando que el mismo informe reconoce los logros de la educación en España a pesar de su escasa financiación; casi a la par con Francia en resultados de conocimiento y por encima de Italia. Ignoran que el informe Pisa de 2009 señalaba que los resultados escolares de los estudiantes españoles de bajos ingresos superaba la media de países de la OCDE y que, en el último medio siglo, sólo Corea del Sur e Irlanda superan la evolución educativa española que tuvo que remontar el desastre que representó el Franquismo. Para que se hagan una idea, el 65% de los jóvenes andaluces superan en titulación a sus padres. ¿Por qué hay entonces tanto fracaso escolar en España? Básicamente por dos razones; unos altos niveles de exigencia inexistentes en los demás países (en España no se puede seguir estudiando sin el título de ESO) y por la estafa del boom inmobiliario que empujó a muchos jóvenes a dejar de estudiar para ponerse a trabajar en la construcción.

Pero ¿Quiénes son los defensores de las reformas de Wert? Desde luego nadie de la comunidad educativa, unida como un puño (estudiantes, personal administrativo y de servicios, madres y padres, docentes y hasta los rectores) para enfrentarse a un gobierno que está desmantelando la educación pública. No olvidemos que al tiempo que los licenciados más brillantes de nuestro país negaban el saludo al ministro Wert y el alumno con mejor nota de selectividad lucía la camiseta verde de los defensores de la educación pública, la casta gobernante contrata como asesores a los jefes de sus juventudes, como Juan Carlos Caballero, con sueldos de escándalo o premia la prudencia al volante de Ángel Carromero con un nombramiento como asesor en el Ayuntamiento de Madrid. Esos son los defensores de Wert. Ni Carromero ni Caballero recibirán una distinción por su rendimiento académico pero cobran sueldazos al tiempo que exigen a los jóvenes que apechuguen y que asuman que es mejor cobrar 500 euros que no cobrar nada. El caso del más famoso defensor de la política educativa del gobierno, el señor Francisco Marhuenda, es más que llamativo; docente en una universidad pública es materialmente imposible conocer los datos de su rendimiento académico cuando era estudiante. En lo que se refiere a sus tareas investigadoras, nada se dice en la web de su departamento y el portal dialnet aporta magros resultados; todo lo contrario que una mayoría de profesores malpagados que sólo cobran de su actividad docente e investigadora y que se ven obligados a mantener (y a publicar) currículos de excelencia para tener alguna opción de permanecer en la Universidad.

Lo diré llanamente, el modelo educativo de esta derecha convertirá las universidades en un coto privado de aquellos que puedan pagar y destruirá el mérito para favorecer a una casta de cobardes acríticos y lameculos. No es nada nuevo; así se prosperaba en el Franquismo.

Manifiesto por la profesionalidad de los trabajadores de la Agencia Tributaria

SIAT, UGT-FSP, Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)    
En la Agencia Estatal de la Administración Tributaría (AEAT) desempeñan sus funciones 27.000 empleados públicos, trabajando para que en este país los impuestos se recauden conforme a la ley.
Con una economía sumergida que diversas fuentes sitúan en torno al 20 % del PIB, un fraude fiscal que incluso la supera, y un nivel creciente de morosidad empresarial frente a la Hacienda Pública, que también alcanza cifras espeluznantes, los trabajadores de la Agencia Tributaria somos conscientes de que nuestra labor de aplicación del sistema tributario, ya sea a través de las funciones de gestión, inspección o recaudación, es esencial para el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
Ese Estado del Bienestar se encuentra en grave riesgo tras los recortes de gasto público acaecidos en los últimos tiempos. Recortes a los que se ha recurrido, junto a subidas impositivas de diversa índole, sin acometer otro tipo de reformas de mayor calado, entre las que se encontrarían la de nuestro sistema fiscal y la de los procedimientos administrativos y tributarios que permiten la lucha contra el fraude fiscal. Y, lo que es más grave, que siendo conscientes del problema, no se haya reaccionado con urgencia para incrementar los ingresos públicos mediante la inmediata puesta en marcha de medidas de lucha decidida y eficiente contra esa lacra. Más al contrario, se han reducido las ofertas de empleo público en un escenario, a medio plazo, de numerosas jubilaciones en la
Administración Tributaria, y no se ha implementado el tantas veces solicitado plan especial de lucha contra el fraude.
Pues bien, pese a esa falta de respuesta, esos trabajadores públicos, que han superado duros procesos selectivos mediante el sistema de oposición, demuestran cada día su valía, ya sea en las actuaciones tributarias cotidianas, ya en el trato con el contribuyente, o ya en las más visibles actuaciones de comprobación e investigación, destapando casos de tramas de fraude y corrupción a veces muy sonados. Y, sin embargo, se nos sigue crucificando, con declaraciones como las del Presidente de la CEOE que ve Inspectores de Hacienda hasta en el desayuno. Quizás el problema sea que no los vea con más frecuencia.
Lejos de desanimarnos, declaraciones como las aludidas nos llevan a pensar que hacemos bien nuestro trabajo, y que por eso molestamos a aquellos que defraudan a la Hacienda Pública y, por tanto, a toda la sociedad española.
Ello refuerza la convicción existente sobre la necesidad de dotar de más medios a la AEAT.
Y es que vivimos tiempos revueltos, en los que, quienes se llevan su dinero fuera de nuestras fronteras, quienes constituyen sedes en países de reducida o nula tributación para no pagar por sus beneficios, quienes defraudan impuestos en general, quienes adeudan cuantías relevantes a la Hacienda Pública y, en fin, quienes se han beneficiado de la eufemísticamente llamada Declaración Especial -en realidad, una Amnistía Fiscal-, son precisamente los mismos que reclaman a nuestros gobernantes la reducción de la Administración Pública. Y todo ello, siendo España el país de nuestro entorno con menos empleados públicos por habitante destinados a la lucha contra el fraude.
Que quienes adeudan y defraudan a la Hacienda Pública realicen declaraciones como esas, lleva a mucha gente a plantearse si los Inspectores, la Agencia Tributaria y los funcionarios en general, suponemos un estorbo para sus prácticas. Como también tendrá otras finalidades el enconado ataque hacia la Administración, pues conseguir la privatización de servicios públicos supondría un pingüe beneficio, a costa, evidentemente, de los ciudadanos que pagarán dichos servicios. Porque no se diferencia la verdadera Administración de aquella otra parte del Sector
Público creada artificiosamente con la finalidad de eludir las normas administrativas, ni se señalan las duplicidades a eliminar entre Estado, Autonomías o Entidades Locales y, por supuesto, no se mencionan todos aquellos servicios esenciales en los que es pública y notoria la falta de personal y medios. No, lo importante es aprovecharse de la situación en beneficio propio.

Manifiesto por la profesionalidad de los trabajadores de la Agencia Tributaria
No cabe duda que, en ese contexto, la lucha contra el fraude y los éxitos que en ese campo se alcanzan con el trabajo de los empleados públicos de la AEAT, ponen en peligro los argumentos para la implantación de las políticas de austeridad que tanto beneficio están dando a la oligarquía económica de este país. Cuanto mayores sean los ingresos del Estado, cuanto más reducida sea la bolsa de fraude (y en este aspecto la AEAT es su columna vertebral), menor justificación tendrá una política que nos está haciendo retroceder 30 años en derechos cívicos ysociales. No es casualidad que recientes estadísticas constaten el aumento de millonarios en nuestro país, mientrassufre una buena parte de su población.
En otro orden de cosas, no podemos dejar de recordar a nuestra ciudadanía, que los trabajadores de la Agencia Tributaria no dictamos la normativa tributaria, los supuestos de infracción, las sanciones, los procedimientos para exigir responsabilidades. No, sólo nos limitamos a aplicarla, tratando de llegar, en nuestro afán porque se cumpla la
Ley, hasta donde sea necesario en los casos de fraudes o impagos. Pero las limitaciones, normativas, materiales y humanas son grandes. Por ello se ha reiterado la necesidad de reformas impositivas, procedimentales, cambios organizativos e incremento de medios, en lugar de aprobar leyes injustas que sólo favorecen a una minoría privilegiada, como es el caso de la Amnistía Fiscal, verdadero insulto a los trabajadores de la AEAT y a todos los ciudadanos –afortunadamente la mayoría- que pagan religiosamente sus impuestos. ¿Cómo explicar a esos contribuyentes que a los defraudadores de este país se les permite lavar su dinero con el módico coste medio del 3% de los capitales aflorados?. ¿No es ésta una invitación al fraude?
No podemos estar de acuerdo con un Sistema Tributario que cada vez se aleja más de los principios constitucionales de igualdad y progresividad. Actualmente, las rentas del trabajo soportan una elevada presión fiscal, mientras que la imposición sobre el capital y la riqueza se ha reducido ostensiblemente. Nuestro actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava con un tipo máximo del 47% a las rentas del trabajo, mientras que el tipo máximo de gravamen de las rentas del ahorro es del 21%.
Y, si hablamos de la tributación de las sociedades, la situación es lamentable, con un impuesto cuya recaudación ha caído en picado, mucho más allá que la caída en la actividad, por mor de la deslocalización de operaciones y el elevado nivel de fraude, con un diseño inadecuado en el cual, encontramos un tipo impositivo máximo del 30% que, con la aplicación de unos beneficios fiscales diseñados para los grandes grupos consolidados (que representan el 0,2% de las empresas pero acaparan el 60% de las deducciones), determina que haya sociedades que tributen menos del 10% por sus beneficios.
Pero hay más, porque no es consciente el ciudadano, pagador también de impuestos indirectos al consumo, de que buena parte de los mismos no llega nunca a las arcas públicas debido al elevado nivel de fraude en el IVA y en los Impuestos Especiales. Mucho se ha hablado de la injusta normativa que obliga a adelantar el pago del IVA a empresas y autónomos que no lo han cobrado, pero poco del gran número de aquéllas que no lo están ingresando realmente. Como tampoco son conscientes muchos empleados de esas empresas de que sus impuestos -el IRPF retenido de sus nóminas-, no llegan en muchos casos a la Hacienda Pública y de que, a pesar de ello, reciben devoluciones en sus declaraciones anuales, sin que sus retenciones hayan sido previamente ingresadas.
Obviamente, con este panorama, difícil parece mantener un Estado social como el que se ha ido construyendo, con mucho esfuerzo, en las últimas décadas. Son necesarias muchas reformas, sí, pero sin dinero no hay servicios, no hay infraestructuras, no hay pensiones… Es ya hora de que nuestros partidos políticos se pongan de acuerdo en lo esencial, de que se instrumenten verdaderas reformas y, en lo que los trabajadores de la AEAT atañe, se ponga verdadero interés en luchar contra el fraude y la evasión fiscal.
Los Empleados Públicos de la AEAT, a través de nuestro papel en la consecución de los ingresos públicos, debemos y queremos ser la columna y la base de un Estado del Bienestar que es el motor del progreso de nuestra sociedad.
Lo haremos con profesionalidad e independencia en nuestras actuaciones, como aval que distribuya las cargas tributarias de forma justa entre nuestra sociedad. Pero lo haremos mejor con las normas y medios adecuados, con una organización en la que se prime el mérito y la experiencia y, sobre todo, con la comprensión hacia nuestra función por parte de los ciudadanos a los que servimos, porque somos conscientes de que, pese a resultar ingrata, nuestra función es esencial.

LA PERSEVERANÇA DEL "SINYÓ ANCALDE"

De vegades hi ha virtuts que s’acaben convertint en vicis. La perseverança és una virtut, però aplicada en excés, sobre tot, quan ho fas per a buscar el benefici propi, s’acaba convertint en un vici difícil d’eradicar.  

Després de gastar-se uns 500.000 euros en una tanca que, suposadament limita el terreny on s’hauria de construir la nova residència de la tercera edat i, a sobre, fer-ho en un solar que ara per ara no és propietat de l’Ajuntament d’Amposta, el sinyó ancalde insisteix que la residència s’acabarà fent.

Com em deien no fa gaire, abans de dos anys, quan les municipals a Amposta estiguin a la volta del cantó, s’hi faran moviments de terres per a simular que la construcció va endavant. Els polítics solen usar aquestes estratagemes per aconseguir el grapat de vots necessaris que els hi permeti seguir gaudint del privilegi que significa el poder.

Però molt em temo que la realitat serà molt diferent. Sembla ser que en aquests país només hi ha diners per a l’alta velocitat i per acabar algunes de les obres començades i abandonades durant diversos anys, com per exemple la variant de l’Aldea.

Segons l’equip de govern a Amposta hi ha 3 prioritats: l’esmentada residència de la tercera edat, un nou centre assistencial i una estació d’autobusos. Tot el que no es faci durant aquesta legislatura significarà un fracàs per als nostres mandataris municipals.

El nou ambulatori que s’hauria de construir al costat de la plaça de la Castellania, va ser anunciat en plena campanya electoral i es va col·locar una tanca per a que la gent cregués que anava de debò. Finalment, l’estació d’autobusos, després de anys i panys governant CiU a la Generalitat, l’Ajuntament ampostí el va reclamar persistentment durant els governs del Tripartit. Fins i tot semblava que la construcció de l’estació de busos fos una obligació que tenia el govern català. Com sé que la memòria és mol efímer, vull recorda que fins no fa gaires anys, al centre de la població, quasi al davant d’on es troba la seu social de la Lira, hi havia una parada de bus (fixeu-vos bé que no dic  estació) La parada gaudia de marquesines i bancs per acomodar els viatgers i mentre va estar una agència de viatges propietat de l’empresa que té el monopoli del transport de viatgers a la zona, fins i tot es van vendre bitllets. No sé de qui va ser la idea de fer allí la parada, però l’error va ser monumental. Com només hi cabien dos autobusos, en hores punta,  es podia col·lapsar i amb els sistema de circulació que hi havia per aquella època, de vegades es produïa un tap.

Posteriorment es van buscar nous emplaçaments. Des de la provisionalitat que va significar la parada a la plaça de la Pau, prop del riu, a la provisionalitat que torna a ser la que hi ha a l’avinguda de Catalunya, al davant del supermercat Suma. Va haver una idea de fer un abaixador a la mateixa avinguda de Catalunya, al costat de la botiga de Festa. Aquest abaixador hauria donat servei a diferents centres socio-sanitaris de la nostra ciutat com són el Centre de Rehabilitació, el CAP I, la Unitat Polivalent del Pere Mata i, fins i tot, l’Hospital Comarcal. El motiu pel qual no s’ha arribat a fer aquesta parada, l’ignoro, però em dóna a pensar que no aportaria vots...

Al final arribem allí on jo vaig sovint: bona part del dèficit públic de les administracions es com a conseqüència de les exigències dels governant locals.  

FOTOS DE L'ASSAIG AL JARDÍ DEL BOU III