Tras sobrevivir a los recortes y a la precarización de los docentes, la escuela pública soporta una nueva oleada de acoso y abuso por parte de la vieja y la nueva derecha
El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta
ANTÓN LOSADA
El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta
ANTÓN LOSADA
Como es tradición cuando gobierna la derecha en España, continúa el bullying contra la escuela pública. Tras sobrevivir a los recortes indiscriminados y al bulto, a la pérdida de más de cien mil profesionales, a la precarización de los nuevos docentes y el no reemplazo de cuantos se jubilaron, a una estrategia sostenida de deterioro, descapitalización y desmantelamiento del sistema público y a un ministro ignorante e incompetente como lo fue José Ignacio Wert, hoy felizmente retirado en Paris a su costa y la mía, la escuela pública soporta de nuevo otra oleada de acoso y abuso por parte de la vieja y la nueva derecha; seguramente muy indignadas al constatar que, pese a su empeño, los niños de la pública siguen saliendo bastante mejor formados que en sus carísimos colegios privados.
Tras semanas de poner en duda la calidad y la competencia de nuestros maestros con la milonga del MIR para docentes el ministro Méndez de Vigo, un lamentable ejemplo de las limitaciones de nuestro sistema educativo para conseguir que un alumno se desenvuelva con naturalidad en todas las lenguas oficiales y sepa decir algo tan básico e institucional como “Generalitat” o “Xunta de Galicia”, ha lanzado la enésima disputa sobre la enseñanza en castellano.
El gobierno sabe de sobra que no existe el supuesto derecho de los padres a elegir el idioma en que se escolariza a sus hijos. Igual que no se existe, afortunadamente, el derecho a elegir qué se les enseña en ciencias o en historia; para eso están los profesionales y la administración. Las leyes y las sentencias solo amparan el derecho a aprender y dominar todas las lenguas oficiales. Por eso el gobierno no toma medida alguna para amparar un derecho que sabe que no existe, porque sabe que no puede. Se limita a usar la lengua para cuestionar por enésima vez el modelo de escuela pública, su calidad y su capacidad; pese a que no existe un solo dato veraz que acredite ni los problemas de los alumnos para manejarse en castellano, ni el supuesto adoctrinamiento que sufren. Al contrario, Catalunya se sitúa claramente por encima de la media en todos los indicadores.
Al debate se han sumado rápidamente Ciudadanos, siempre listos para recordarnos como nuestras madres que ellos ya nos lo habían avisado, y la derecha del PSOE, siempre lista para acudir en defensa de la unidad de España. Barones como los presidentes de Aragón, La Mancha o Extremadura han mostrado su preocupación por los niños en las escuelas catalanas, aunque seguramente les deba preocupar aún más que, tras décadas de gobiernos socialistas, sus administraciones no hayan logrado que sus indicadores educativos sigan por debajo de la media estatal.
Nuestros resultados educativos están muy por encima de lo que invertimos, siete de cada diez padres eligen educación pública o concertada antes que privada, en Europa se disputan a nuestros graduados. El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta. En eso tiene razón Mariano Rajoy cuando habla de volver al pasado. Al decirlo le ha debido traicionar subconsciente.
