ELS ACUDITS GRÀFICS DEL DIA 22-01-2017

De Ferreres al Periódico. 

De Vergara a eldiario.es. 

LA TIRA DE VERGARA SOBRE LA GÜRTEL (21-01-2018)

ELS ACUDITS GRÀFICS DEL DIA 19-01-2018

De Vergara a eldiario.es.

De Ferreres al Periódico. 

La izquierda no está tan mal

Es la historia de siempre. La derecha le reclama autocrítica y la izquierda corre a hacerla y a darle la razón sobre lo mal que está y lo mal que lo hace todo

La izquierda debería seguir sin complejos la estela del 'marianismo': menos autocrítica y menos palabrería y más que alguien haga lo que todos sabemos que hay que hacer para ganar unas elecciones

ANTÓN LOSADA

La izquierda española debería seguir el ejemplo de Mariano Rajoy y no ponerse nerviosa antes de tiempo. Cuando faltan dos años para las elecciones, las encuestas significan muy poco y deciden nada y la agenda política dista bastante de conformar ya la agenda electoral. Pero lejos de mantener la calma parece que empieza a dar síntomas de un inminente ataque de pánico.

Es la historia de siempre. La derecha le reclama autocrítica y la izquierda corre a hacerla y a darle la razón sobre lo mal que está y lo mal que lo hace todo; no vaya a ser que quede algún votante o militante que se resista a dejarse encerrar en esa realidad virtual donde la derecha gobierna siempre bien, los problemas son culpa de los demás y están más unidos que la familia Campos, mientras que la izquierda no ha nacido para mandar, todo cuanto sucede es culpa de Manuela Carmena o de Ada Colau y la Boda Roja de Juego de Tronos es lo más unida que sabe estar. Al habitual asedio por tierra, mar y aire de la derecha y el liberal progresismo emergente, se han sumado rápidamente los analistas e intelectuales de la izquierda, siempre dispuestos a demostrar que ellos son los más listos formulando una critica sobre la situación de la izquierda aún más feroz y descorazonadora que cualquiera publicada por el ABC o La Razón. El PSOE ha corrido a proclamarse segundo por enésima vez y reclamar autocrítica a Podemos, Alberto Garzón ha corrido a reclamar autocrítica a Podemos y Pablo Iglesias ha sabido estar callado hasta que no ha podido resistirse más y le ha reclamado autocrítica al PSOE y a Pedro Sánchez.

Si a estas alturas aún no han aprendido que la autocrítica es lo que hace la izquierda cuando le conviene a la derecha, entonces sí que andan en apuros. La izquierda está como estaba y está desde junio de 2016: mal pero no tan mal. Sigue pagando el precio por no haber aprovechado la oportunidad de desplazar al PP y a Rajoy cuando la tuvieron y siguen castigando a su electorado con el desanimo de intuir que si volvieran a tenerla, volverían a desaprovecharla. Todo lo demás es ruido. 
Si alguien en la izquierda esperaba un buen resultado en Catalunya en unos comicios dominados por el eje nacional y tras partirse para aplicar el 155 es que no sabe dónde vive. El ascenso milagroso de Ciudadanos supone un problema, pero para el PP no para la izquierda. El problema de la izquierda ahora mismo no reside en movilizar a los votantes de centro o centro izquierda que se hayan ido a Cs. Su problema continúa siendo movilizar primero a los votantes de izquierda que empezaron a quedarse en su casa el 20J. En cuanto a la división interna presenta sin duda un gran problema, aunque únicamente para quienes se pasan el día reclamando debate interno en los partidos pero luego critican la división de la izquierda, mientras aplauden como muestras de enorme liderazgo las leyes del silencio y la adulación al líder que rigen en el PP y en Ciudadanos.

La izquierda está tan mal como la derecha, como lo está el resto del país. Le faltan las ideas que no le sobran a la derecha para salir de una crisis que se ha convertido en normalidad. Sus respuestas frente a la cuestión de la identidad nacional parecen tan malas y tan inviables como las ofrecidas por el PP, que nos han metido en este atolladero, y las que emite Cs, de quienes lo único que sabemos es que en Catalunya ni gobiernan ni dejan gobernar y todo se arreglará cuando ganen ellos las elecciones y además puedan gobernar cómodamente. A dos años de las Generales, en un país donde el votante medio aún se sitúa orientado a la izquierda (en el 4.6 según el CIS) pese al empacho de banderas y “A por ellos, oe”, la izquierda ha sobrevivido al potencial desastre del 21D, gobierna las grandes capitales y la mayoría del poder autonómico con un desgaste muy por debajo del anunciado por la derecha al día siguiente de formarse esos gobiernos y las encuestas la dejan donde lleva meses, lejos de la mayoría que suman PP y Cs, pero con un electorado que vuelve a centrar sus preocupaciones en la crisis, el empleo y el bienestar, la corrupción y la regeneración política.

La izquierda debería seguir sin complejos la estela del 'marianismo'. Menos autocrítica y menos palabrería y más que alguien haga lo que todos sabemos que hay que hacer para ganar unas elecciones.

ELS ACUDITS GRÀFICS DEL DIA 16-01-2018

De Ferreres al Periódico de Catalunya. 

De Manel Fontdevila a eldiario.es. 

GENIAL MANEL FONTDEVILA A ELDIARIO.ES

ELS ACUDITS GRÀFICS DEL DIA 13-01-2018

De Faro a Diari de Tarragona.

De napi a Diari de Tarragona.

De Manel Fontdevila a eldiario.es.

De Ferreres al Periódico de Catalunya. 

No queda margen para más astucia

La estrategia de la astucia ha conducido a Catalunya a un callejón sin salida y ha acabado teniendo graves consecuencias políticas y mucho me temo que penales

Se generó la ficción de que un referéndum pactado no era factible y en cambio una declaración unilateral de independencia sí

JOAN COSCUBIELA

La anterior legislatura del Parlament de Catalunya se caracterizó por el uso y abuso de la astucia como estrategia política por parte de la mayoría independentista. Hasta el punto de que la astucia se convirtió en engaño –un gran autoengaño colectivo – y la ilusión –legítima – en una gran ficción. 

La astucia sirvió a la mayoría para sostener una gran ilusión, construida durante muchos años de movilización masiva y sostenida, e impedir que ese río de ilusión se convirtiera en frustración. Se generó la ficción de que un referéndum pactado no era factible y en cambio una declaración unilateral de independencia sí. Y que la astucia permitiría eludir las actuaciones del Gobierno español y las resoluciones de los Tribunales. 

Gracias a un buen acompañamiento mediático consiguieron que una buena parte de la ciudadanía compartiera, hiciera suya y diera por buena esta estrategia. Los meses de setiembre y octubre vieron cómo la astucia se convertía en la gran protagonista de las sesiones parlamentarias y en la virtud política más apreciada entre el independentismo. Reforma exprés del Reglamento, aprobaciones de las Leyes del referéndum y de Transitoriedad con una “astuta” vulneración de la legalidad, catalana y española. Negación “astuta” de los derechos de los grupos parlamentarios. 

Así hasta el desenlace final del 27 de octubre, en el que la astucia alcanzó su cenit con una declaración unilateral de independencia que se presentó ante la ciudadanía, que estaba en las puertas del Parlament y en las plazas de ciudades y pueblos, como una decisión jurídica y políticamente vinculante, que daba paso a la creación de la República catalana. Mientras, en ese mismo momento, los miembros independentistas de la Mesa advertían, en el acta de la reunión que la admitió a trámite, que esa resolución no tenía ningún efecto jurídico.

Era tal la adicción de la mayoría parlamentaria a la astucia que alguien pensó que se podía engañar astutamente a todo el mundo al mismo tiempo. 

Ese no era un juego nuevo, el Parlament de Catalunya llevaba años jugando al gato y al ratón con el Tribunal Constitucional, al menos desde el año 2013. La misma resolución 1/XI de 9 de noviembre del 2015 fue defendida por el Parlament ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que solo tenía efectos declarativos, mientras al mismo tiempo los independentistas se paseaban por toda Catalunya presentándola como la resolución que abría las puertas a la independencia y a la república catalana. 

Al final la estrategia de la astucia ha conducido a Catalunya a un callejón sin salida y ha acabado teniendo graves consecuencias políticas y mucho me temo que penales. He expresado desde el principio mi opinión contraria a que se tipifiquen como rebelión los hechos que se imputan a los Consellers y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Entre otras cosas porque ello nos llevaría al absurdo (reductio ad absurdum) de dar la misma tipificación penal a los actos imputados a los dirigentes independentistas que al golpe de estado del 23-F o al golpe fascista de Franco. También he expresado mi opinión jurídica contraria a que en este caso quepa la prisión provisional sin fianza. 

Pero no debería perderse de vista algo que ha destacado el reciente Auto del Tribunal Supremo, en el que se ratifica la prisión de Oriol Junqueras. Durante dos años se han estado aprobando resoluciones y tomando decisiones que no solo son ilegales, sino que tienen relevancia penal. Estos días me he preguntado si es posible que en ese doble juego de la astucia, ni sus propios protagonistas fueran conscientes de las consecuencias que ello podía conllevar. Eso es lo que parece desprenderse de sus declaraciones judiciales. 

Este recordatorio, de hechos muy recientes pero que parece algunos quieren olvidar, viene a cuento porque después de las elecciones del 21D y de la renovación de la mayoría independentista hay quien cree, especialmente Puigdemont y quienes le siguen de manera ciega, que la astucia puede continuar siendo una buena estrategia. 

Actúan como si consideraran que la ciudadanía con su voto ha avalado su “astuta” estrategia y les impulsa a continuar usándola. Solo así se entiende que pretendan repetir miméticamente el comportamiento de la anterior legislatura. Filtrar a los medios afines las “astutas” actuaciones que tiene previstas para evitar las dificultades legales y políticas de sus actuaciones. Y normalizarlas entre sus partidarios, para que parezcan razonables y viables. 

Pensar, a estas alturas, que se puede impedir la constitución del Parlament por la vía de ausentarse el día previsto para la sesión constitutiva o que la sesión de investidura se puede celebrar sin la presencia física del candidato y la presentación personal de su programa supone reincidir peligrosamente en la astucia como gran estrategia. Algunos pueden pensar que están en condiciones de repetir sus “astutas” jugadas, pero solo es una apariencia, porque la realidad hoy es muy distinta. Lo es en el terreno legal, político y penal. 

Es imposible defender legalmente la no constitución del Parlament y su bloqueo por la vía de la ausencia, en base al artículo 89 del Reglamento –el que exige el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara para la adopción de acuerdos –. Entre otras cosas porque este artículo se refiere a las sesiones ordinarias y la de Constitución del Parlament tiene una reglas específicas que permiten incluso elegir a los Miembros de la Mesa por mayoría simple. Segundo porque, volviendo a la “reductio ad absurdum”, esa interpretación supondría legitimar que una parte de la cámara pudiera bloquear la constitución del Parlament. 

Sobre la investidura vía plasma, no existe ninguna interpretación del Reglamento que permita al candidato no comparecer y defender personalmente su programa de gobierno. No solo porque las ausencias justificadas están muy tasadas en el Reglamento, incluso para las sesiones ordinarias, mucho más para la investidura. Sino porque el propio Reglamento regula las dos únicas maneras en las que los diputados pueden dirigirse al Pleno, desde la Tribuna o desde su escaño, en ningún caso desde su casa o un hotel. No sé de dónde ha salido el peregrino argumento de que todo lo que no está expresamente prohibido esta permitido. Les sugiero que vuelvan a aplicar el sentido común de la reducción al absurdo a esta interpretación y verán la cantidad de cosas que podrían hacerse por no estar expresamente prohibidas. Es un argumento que no se aguanta ni un segundo, especialmente en el ámbito del Derecho Público. 

Tampoco es idéntica la situación en términos políticos. Parece que ERC esta saturada de astucia en el menú independentista. Así parece desprenderse de su llamada a tomar en consideración la opinión de los Letrados del Parlament sobre lo que puede o no hacerse. Me permitirán que no me sonría ante esta repentina conversión de ERC en relación a los Letrados, pero me limitaré a constatar que la astucia parece tener menos adeptos en esta nueva legislatura. Y eso es políticamente relevante. 

Hay un tercer argumento en el orden penal que espero que quienes impulsan esta estrategia no ignoren, después de lo que esta sucediendo en los Tribunales. Si cuando llueve sobre mojado hay mas riesgos de inundación, cuando la astucia riega los campos astutamente regados se corren riesgos penales importantes. Simplemente me limito a constatar que entre los delitos contra el orden público incluidos en el Titulo XXII del Código Penal se tipifican las actuaciones –no necesariamente violentas – que tengan como objetivo impedir el funcionamiento de las instituciones alzándose fuera de las vías legales. 

Esperemos que alguien le haga ver a Puigdemont que la astucia ya no da para más y que Catalunya no aguanta una nueva sobredosis de su pócima mágica.

España en estado de temporal

Lo único excepcional se halla en el nivel de ineptitud de un Gobierno que sólo sabe decretar el estado de temporal ante los problemas

ANTÓN LOSADA

Qué cruel ironía. Todo estaba dispuesto para otra vibrante demostración de orgullo español y poderío del aparato gubernativo en el marco incomparable de la Pascua Militar. La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, iniciaba los juegos de la patria recordándonos que el Ejército está preparado para actuar ante cualquier eventualidad en Catalunya; por desgracia nada nos desvelaba sobre su preparación frente a una eventualidad en Murcia o Lugo, o una nevada en Segovia.

Inconmensurable en su papel de diosa guerrera, con mantilla en vez de espada, aprovechó la jornada  para desvelarnos que el verdadero enemigo habita en las noticias falsas -sin ir más lejos, sobre su emprendedor marido- y ensalzar el compromiso del Ejército con esa nación española cohesionada, abierta, vertebrada y plural; como si aún estuviéramos enterrando a Franco y a un Ejército de la UE le quedara otra opción que acatar la legalidad democrática.

A esa hora de éxtasis siguió otro momento para la historia protagonizado por Felipe VI, errante en su vagar de penitencia y enmienda. Tras tener que gastar el mensaje de navidad en intentar salir del pantano en que se metió con su disparatada alocución sobre Catalunya, ahora debe buscar la sombra de su padre y  ponerse a la cabeza del relanzamiento de la figura de Juan Carlos I como sapientísima majestad y pater amantísimo de la democracia; tras meses de mandarlo a la semiclandestinidad convencido de publique legitimidad y recibir el aplauso de la corte de los milagros o salir bien en los publireportajes eran lo mismo.

Estaba previsto que los juegos de la patria concluyeran con la habitual sesión de escarnio y exorcismo del nacionalismo catalán cuando irrumpió un temporal anónimo para recordarnos y recordarles que gobernar es que los turnos estén completos y los funcionarios estén todos en su turno, las máquinas en su sitio y funcionando, las carreteras transitables, los dispositivos desplegados y preparados antes del desastre y los ciudadanos informados y avisados como Dios manda.

La  primera nevada del año ha cogido al Gobierno Rajoy tan ocupado en la tarea extraordinaria de salvar la unidad de esa España, que no había tenido tiempo de hacer su trabajo más ordinario. Al final, nos hizo falta el Ejército, pero no para sofocar el desafío independentista sino para rescatar a conductores y familias de la nieve, el frío y la noche. Que nos les cuenten otra vez la milonga de la excepcionalidad. Se trataba de una nevada y un temporal tan previsible que no le habían puesto ni nombre. Lo único excepcional se halla en el nivel de ineptitud de un Gobierno que sólo sabe decretar el estado de temporal ante los problemas.

2018 y el reto contra la “uberización” del empleo

MARIA JOSÉ LANDABURU 

Bajo el engañoso nombre de “economía colaborativa” grandes multinacionales y otras plataformas de nueva configuración están promoviendo un modelo de precarización del trabajo que ahonda aún más en la penosa situación que ya sufría el trabajo autónomo y los trabajadores que lo desempeñan

El fraude de los falsos autónomos ha crecido en estos últimos años debido a empresas denominadas de “economía colaborativa” que emplean autónomos para ocupaciones propias de asalariados.

El marco regulatorio de los autónomos tiene serias carencias a las que se debe hacer frente de inmediato: configurar un sistema de cotización justa, fiscalidad adecuada y responsable, y derechos laborales

Bajo el engañoso nombre de “economía colaborativa” grandes multinacionales y otras plataformas de nueva configuración están promoviendo un modelo de precarización del trabajo que ahonda aún más en la penosa situación que ya sufría el trabajo autónomo y los trabajadores que lo desempeñan. Al margen de las consideraciones al respecto del fraude que estas situaciones pueden amparar en términos de burlar a los trabajadores los derechos que les corresponden, lo cierto es que pone de manifiesto de manera descarnada la enorme precariedad que sufre el colectivo. Las formas de organización empresarial recurren a la fórmula del autoempleo porque les compensa, porque somos el “chollo” del sistema: trabajadores que pagan su propia cotización a la seguridad social, que no tienen vacaciones, y de los que puedes prescindir a conveniencia. En este contexto, la implementación de políticas de incentivos a modo de “tarifas planas”, pueden ser un estímulo para ser aprovechadas por terceros en la cadena de precarización y de dumping social.

La conclusión es que los autónomos tenemos un serio problema, seguimos siendo actores secundarios de las relaciones laborales, trabajadores sin derechos. Útiles para disminuir las cifras del paro, útiles para incrementar el PIB, útiles para generar empleo, pero alejados de las grandes estrategias de mejoras colectivas y de un mínimo marco regulatorio protector: los esclavos del siglo XXI.

Es urgente por tanto invertir el ciclo, reflexionar en profundidad sobre un nuevo modelo productivo en el que las personas autónomas y emprendedoras jueguen en términos económicos el papel central que les corresponde, pero que lo hagan con un reconocimiento claro de la consideración social que merecen. Ello supone cambiar la consideración pública sobre el colectivo, y en consecuencia transformar una legislación obsoleta que no obedece a la realidad social a la que debe afectar.

Los autónomos debemos incorporarnos plenamente al estado del bienestar. Que nuestra aspiración como colectivo es alcanzar objetivos tan básicos, pero también habla por sí misma de la deficitaria situación en que nos encontramos, y de las dificultades que previsiblemente encontraremos en el camino.

Necesitamos medidas que no por ser urgentes, pueden dejar de ser transformadoras. Por eso, desde la Unión de Autónomos UATAE, apelamos a la “política” con mayúsculas, a la reflexión colectiva, al consenso suficiente que permita que los cambios que se produzcan sienten una base estable de futuro, y se alejen del corto plazo y de la coyuntura.

Sabemos que no estamos solos, que muchos y muchas en el conjunto de la sociedad comparten nuestras aspiraciones y se solidarizan con nosotros. Sabemos que lo podemos conseguir, que no podemos permitir que se dilaten los procesos por más tiempo, que es el momento de estar unidos para dignificar nuestro colectivo. Trabajamos mucho, y lo vamos a seguir haciendo, pero también por nuestros derechos.

Falacias y sesgos políticos sobre Catalunya

IMMA AGUILAR NÀCHER

El independentismo ha destacado prácticamente solo el hecho de la “guerra con España” como rasgo principal del producto electoral

Los independentistas creen que todo el mundo piensa como ellos o debería hacerlo: de ahí la generalización constante y el tomar la parte por el todo

Nos puedo imaginar el número de conversaciones, preguntas y debates que usted, lector, lectora, habrá tenido sobre el porqué del independentismo, la razón separatista o Tabarnia y su grado de realidad. Da la impresión de que los ciudadanos están cansados de defender posiciones y escuchar razones de unos u otros pero con la interior convicción de que no acaban de entender ni saber responder. En esas conversaciones hemos estado también como usted, lector, lectora. Hemos recibido un sinfín de preguntas por parte de personas de diferentes países, que se acercaban a nosotros pensando que podríamos explicar el caso por dedicarnos a esto de la comunicación o por ser españoles, pero sepa que hemos respondido las más de las veces como usted, lector, lectora. De forma intuitiva y rápida. Argumentando que esto iba de sentimientos identitarios y de emociones bien gestionadas.

Nuestro entorno político imprevisible, complejo, sin precedentes, incierto y volátil hace que nuestra capacidad de decidir entre una respuesta emocional y rápida y una respuesta analizada, fría y racional nos lleve a preferir la primera de ellas. En el famoso texto de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, el Nobel de economía afirma que hay dos sistemas en el pensamiento humano: el sistema 1, rápido, instintivo, emocional; y el sistema 2, lento, deliberativo y lógico. En el primero de ellos, se producen atajos lógicos que tiene el cerebro: los sesgos cognitivos, un efecto psicológico que desvía el proceso mental para distorsionar las interpretaciones llevándolas a juicios inexactos, conclusiones ilógicas e irracionales. En nuestras acciones y toma de decisiones, los sesgos cognitivos corresponden en la intuición a sesgos de percepción conocidos como falacias. 

En la conformación de las interpretaciones por parte de las diversas partes en el debate catalán han actuado algunos sesgos sociales que podrían explicar, en parte, la situación sostenida de polarización entre dos tipos de pensamiento no anclados en el rigor de los datos, es decir, que el dato económico, grave, potente, frío y racional, no pesase tanto como una frase emotiva, una historia personal o una fotografía bien pensada. El sesgo cognitivo que más ha influido en el lado independentista es el del falso consenso, o el que hace que la mayoría de la gente sobreestime el grado de acuerdo que los demás tienen con ellos. Así pues, los independentistas creen que todo el mundo piensa como ellos o debería hacerlo. De ahí la generalización constante y el tomar la parte por el todo, o esas frases que generalizan una opinión de parte, “los catalanes quieren…”

Otro sesgo social es el de confirmación, por el cual se tiende a recordar y favorecer aquella información que alimenta las propias creencias. Este mecanismo que ha estado presente en cualquiera de las comunidades políticas, independentistas y unionistas, de izquierda y de derecha, es el que hace que consumamos medios de comunicación afines a nuestras creencias. Es un sesgo con el que colabora la endogamia de los grupos de whatsapp o las redes sociales cuyo algoritmo realimenta aquellas comunidades que son las que más frecuentamos. Esta falacia del debate abierto, también rebaja la importancia de la información alternativa a la que manejamos. También alimenta el frontismo y la polarización. Los medios de comunicación juegan en este caso como falso anclaje haciendo creer a los “consumidores políticos” que están bien informados a la hora de tomar decisiones. También explica, además, la perseverancia de las creencias: éstas persisten aunque se haya demostrado su falsedad. Cabe en este sesgo incluir la explicación al extendido tema de la “posverdad”.

Otra de las actitudes colectivas que se observa en el caso catalán es el anchoring o anclaje, que consiste en destacar un solo rasgo como importante a la hora de tomar decisiones, desestimando todos los demás. En la compra sería como fijarse solo en el precio sin atender a las demás características del producto. En este caso, el independentismo ha destacado prácticamente solo el hecho de la “guerra con España” como rasgo principal del producto electoral. Frente a ello, el lado unionista ha apelado a más temas como determinante de las decisiones. El sesgo de considerar solo un dato evita que los demás elementos, como la economía, pierdan su valor a la hora de escoger.

El efecto arrastre o bandwagon es la tendencia a pensar que algo está bien si muchas personas lo piensan. Ocurre cuando se opta por un comportamiento gregario y sin criterio, cuando no se asume la responsabilidad de la decisión como propia, sino como hecho colectivo. Se trata de la imitación y la negación de la discrepancia. Esto explica lo largo y sostenible de la movilización en Catalunya. El marco o foco de las cosas funciona como un sesgo de efecto encuadre. Las interpretaciones se toman según como sea presentada la información. En este caso es muy interesante lo ocurrido con Tabarnia, la ilusoria campaña de independencia de Barcelona y Tarragona del resto de Catalunya, suponiendo que ésta se independizara de España. Este relato irónico funciona porque se encuadra en el marco argumental del propio independentismo. Si hay razones para la independencia de Catalunya, también las hay y son las mismas que las de la independencia de Tabarnia.

Podríamos señalar muchos más sesgos cognitivos que han funcionado en el pensamiento rápido de los electores catalanes, pero destaquemos por último el de atención, aquel por el cual los estímulos que son emocionalmente relevantes en un entorno hacen que se mantenga de manera preferencial ese tema sobre todos los demás. Sería lo que Inés Arrimadas llamaba siempre “el monotema”. Otras tendencias que han funcionado como mecanismos de distorsión de la percepción son los que nos hacen vernos a nosotros menos sesgados que los demás, el de que los individuos tienden a anteponer la importancia de pertenencia a un grupo, incluso por encima de argumentos sólidamente racionales.

L'ACUDIT DEL DIA 30-12-2017

De Manel Fontdevila a Eldiario.es

Tres sensaciones que recorren hoy Catalunya

La biología juega a favor del independentismo. Entre los que mueren cada día hay una mayoría de constitucionalistas, y entre los que nacen otra de futuros secesionistas

ANTONIO FRANCO

1) Catalunya está tan profundamente partida en dos como reflejan los resultados electorales del jueves. Y posiblemente es una fractura mucho más definitiva e irreversible de lo que se puede sospechar desde el resto de España. En realidad, los catalanes sabemos que vamos a tener que convivir así, en esa dualidad, desazonados por la hondura del desencuentro, aunque con la esperanza puesta en que sea posible que todo acabe simplemente en eso. Con todo, la biología juega a favor del independentismo. Entre los que mueren cada día hay una mayoría de constitucionalistas, y entre los que nacen otra de futuros secesionistas. Es muy poco probable que desde dentro de Catalunya pueda gestarse una reconciliación en torno a un posible proyecto común de tipo federalista porque la mitad independentista psicológicamente ya está fuera de España y únicamente espera a que eso, más pronto o más tarde, pueda oficializarse.

2) Hay tres diferencias importantes entre este momento y el de la abortada declaración unilateral. La primera es que el independentismo sabe que se equivocó con el procedimiento y con las prisas. La segunda es que ya no le será posible continuar la impostura de hablar como si tuviese la representación de todos los catalanes. La tercera es que ya ha quedado constancia de que España sabe utilizar con eficacia su fuerza legal para imponer el cumplimiento de la Constitución. Todo eso apunta hacia una etapa autonómica especial, en abierta pero no delictiva disidencia con la Administración central y las demás instituciones de Estado, que para el consumo interno del mundo soberanista se justificará como un ganar tiempo mientras madura la situación.  La Catalunya constitucionalista ahora es consciente de su fuerza y dimensión, pero previsiblemente regresará a un papel preferentemente discreto mientras confía en que el Estado continuará defendiéndola.

3) ¿Que hará España? Es la gran pregunta que se hace hoy Catalunya. Cualquier abuso de fuerza tendría el mismo efecto bumerán que las violencias policiales gratuitas del 1 de octubre, y cualquier sobreactuación manifiesta en las decisiones judiciales reavivaría la emotividad frontalmente antiespañola que se ha vivido en media Catalunya durante la campaña electoral. Rajoy se equivocó convocando para tan pronto las elecciones, celebrándolas antes de la digestión de lo que había sucedido y antes de la llegada real de sus efectos negativos a la vida cotidiana de la población. Ahora la figura de Rajoy queda convertida en la gran prueba de fuego sobre la buena voluntad de España porque hay absoluta conciencia de su responsabilidad esencial, pasada y presente, sobre el crecimiento de la desafección catalana. Si España decide que continúe Rajoy el conjunto del Estado quedará todavía más alejado de lo que siente la gran mayoría de la población de Catalunya.

Mariano, ¿ahora qué?

Los catalanes han dado una lección a la política. Y han vuelto a hacer historia: han vuelto a votar contra la ineficacia, la torpeza, el ridículo, la inacción, el radicalismo secesionista o españolista

IMMA AGUILAR NÀCHER

Justamente ahora que se anuncia la salida de Jorge Moragas del equipo del presidente del Gobierno, su fiel escudero, su cerebro gris, su hombre fuerte, es cuando más se le necesita. Sirva este artículo de pequeño homenaje a un gran ¨spindoctor¨, un tipo brillante y con talento. Jorge Moragas se va a la ONU, que es como ir al cielo de los políticos. Merecido.

Sería más fácil si fuera una partida de ajedrez, con dos jugadores. Ahora le tocaría mover a Rajoy. Pero fue el presidente del Gobierno el que dejó en manos de un tercer jugador el resultado de la partida. Este tercer jugador ha hecho ya su juego. Los catalanes han dado una lección a la política. Y han vuelto a hacer historia. Si Jordi Amat concluye en su lúcido ensayo ¨La conjura de los irresponsables¨ que asistimos a un fracaso de la política, los ciudadanos se han acostumbrado a que son ellos los encargados de enmendarles sus errores a los políticos. De curar la enfermedad. El voto de estas elecciones ha sido un voto solucionador, paliativo, medicinal. Y han vuelto a votar a la contra. Contra la ineficacia, la torpeza, el ridículo, la inacción, el radicalismo secesionista o españolista. Media Catalunya ha votado contra la otra media.

Rajoy ha dicho que ofrece diálogo, pero rechaza la oferta de un encuentro fuera de España con Puigdemont. Y todo lo demás que ha expresado en su comparecencia no permite sospechar que vaya a mover ninguna ficha, ni la de las propuestas, ni la de las elecciones anticipadas, ni nada. Lo que ocurre, Mariano, es que eso ya no vale.

La jugada que culminó el 21D consistía para el Gobierno de España en un movimiento que desarticulase al rival por sus contradicciones internas y el contexto problemático. La profunda fractura social, la amenaza económica y las batallas por el liderazgo independentista debían ser lo que catapultase la reacción de los ciudadanos. Oigan, catalanes, no se equivoquen al escoger. En sus manos está el futuro de Catalunya. Hasta aquí todo bien, pero el problema me temo que es la falta de previsión. No se han dibujado los escenarios posibles del después. Y el escenario que ha quedado dibujado era más que previsible. Que volviera a sumar el bloque independentista.

Mariano, déjate ayudar. Es tiempo de estrategas.

La primera de las estrategias es afrontar de cara el problema, asumiendo los riesgos, esto es, verte con Puigdemont y ser tú quien lideres la ruta política a seguir. Los riesgos son grandes, el fracaso de esta estrategia podría suponer un grave problema para ti entre los tuyos. Y también haría peligrar la legislatura. Ante esos riesgos te conviene rodearte de aliados.

La segunda estrategia es buscar artimañas para conseguir tu fin, como el caballo de Troya con el que los griegos hicieron creer a los troyanos que habían logrado la victoria. Durante la noche saca del caballo a tus guerreros que abran la puerta para que tu ejército entre en la ciudad de Troya. Si te decides por esta estrategia, cuida bien de escoger a tus guerreros, los que desembarquen en el interior de Troya. Parece que Xavier García Albiol no era soldado para esta guerra.

La tercera estrategia es huir, pero te la desaconsejo y la descarto. Ni peligra tu vida, ni has perdido a tu ejército, ni las condiciones se han vuelto adversas.

La cuarta estrategia es no hacer nada. Tengo que decirte que los estrategas llamamos a ésta la ¨estrategia Rajoy¨, así que qué te voy a contar yo sobre esta estrategia. Confieso que no me desagrada, que he aprendido de ti y que te ha ido bien en muchas ocasiones. Sin embargo, creo que esta vez te toca mover a ti y no puedes renunciar a tu tirada. Te aconsejo que muevas ficha con una de las dos primeras estrategias y que dejes la resiliencia para más adelante, cuando los propios errores de Puigdemont y los suyos te conviertan en espectador del problema. Ahora todavía eres el causante del mismo. 

El Gobierno del PP sigue recortando las pensiones

La verdad sobre la política de pensiones del Gobierno del PP desde el año 2012 es la verdad del recorte permanente y sistemático

Me temo que la derecha busca un sistema de pensiones ajustado (recortado) a la medida de su modelo económico, fiscal y laboral

RAFAEL SIMANCAS

Durante estos días se han conocido dos noticias que demuestran hasta qué punto el Gobierno del PP mantiene su política de recorte de las pensiones, aún en un contexto de crecimiento de la economía española por encima del 3%. Se confirma, por tanto, que la derecha financia el crecimiento del PIB con el aumento de la desigualdad y la pobreza.

Efectivamente, los datos de la subida interanual de los precios a mes de noviembre llegaron hasta el 1,6%, mientras que el Gobierno sigue limitando la subida de las pensiones al 0,25%. Por tanto, los pensionistas españoles van a ver recortado el poder adquisitivo de sus prestaciones en más de un punto durante este año y en cerca de tres puntos si contabilizamos los dos últimos ejercicios.

A la vez, el Gobierno ha sometido a información pública un decreto mediante el que recorta de facto las pensiones de las viudas mayores de 65 años con menos ingresos. La ley de las pensiones de 2011 establecía una mejora progresiva para sus prestaciones, que debían pasar del 52% de la base reguladora en 2012 hasta el 60% en 2019, a razón de un punto por año. Pero el Gobierno del PP se ha negado a aplicar esta medida hasta ahora.

En este ejercicio 2017, las pensiones más reducidas de viudedad debían calcularse ya con el 58% de la base reguladora, lo que supondría más de un 10% de subida respecto a 2011, cerca de 90 euros mensuales extras para más de 600.000 viudos y, sobre todo, viudas. Pero el decreto del Gobierno niega esta actualización, plantea la subida de un solo punto (hasta el 53%) para 2018, y retrasa hasta 2019 el aumento legalmente establecido.

La suspensión de esta mejora de las pensiones de viudedad durante los años de la recesión económica, en 2012 y en 2013, fue un error, porque había otras partidas más prescindibles donde recortar. La suspensión durante los años 2014, 2015 y 2016, ya en etapa de crecimiento, fue una injusticia. Pero negar la subida legal de las pensiones mínimas en este año de crecimiento del PIB por encima del 3%, constituye sencillamente una inmoralidad.

El Gobierno engaña, además. Porque el martes 12 de diciembre el Pleno del Congreso mandató al ejecutivo para que mejorara las pensiones de nuestras viudas, conforme a lo establecido en la ley de 2011 y a propuesta del Grupo Socialista. Pero el miércoles día 13 el Gobierno dio a conocer un decreto que supuestamente cumple tal mandato, pero que en realidad niega la subida legal durante el presente año y demora su efectividad plena durante dos ejercicios más.

La verdad sobre la política de pensiones del Gobierno del PP desde el año 2012 es la verdad del recorte permanente y sistemático. Porque subir las prestaciones por debajo de lo que aumenta el coste de la vida, es recortar las pensiones. Porque subir las pensiones un 0,25% mientras se aumentan los copagos farmacéuticos y se retiran hasta 400 medicamentos del sistema nacional de salud, es recortar las pensiones. Y porque subir un 0,25% las pensiones mientras se hace crecer abusivamente la factura de los suministros básicos en la electricidad, el gas o el agua, es recortar las pensiones. Se recortan las pensiones cuando se niega una revisión racional de los ingresos de la Seguridad Social, al tiempo que se permite crecer el déficit anual hasta los 18.000 millones, se endeuda el sistema y se vacía irresponsablemente el fondo de reserva, que el Gobierno socialista elevó hasta los 68.000 millones de euros.

En consecuencia, exigimos que se retire el decreto que regula los cambios en las pensiones de viudedad, para cumplir el mandato del Pleno del Congreso del pasado 12 de diciembre. Las pensiones de más de 600.000 viudas mayores de 65 años han de mejorarse para este año 2017 hasta el 58% de la base reguladora (desde el 1 de enero, con carácter retroactivo), hasta el 59% en 2018 y hasta el 60% en 2019. 
Por justicia social, porque las viudas necesitan y merecen esta subida. Porque está en la ley, y las leyes tienen que cumplirse, para el autogobierno en Cataluña, y para las viudas pobres de toda España también. Y porque hay que dignificar nuestras Cortes Generales, haciendo cumplir al Gobierno los mandatos de la mayoría de quienes allí representamos la soberanía popular.

Y reclamamos que, de una vez, el Gobierno se avenga a acordar en el Pacto de Toledo un futuro digno y viable para las pensiones de los españoles. Este Pacto ha de pasar necesariamente por derogar la reforma unilateral impuesta por el PP en el año 2013, con aquel índice de revalorización injusto (el límite del 0,25%) y con el aún más injusto factor de sostenibilidad, que castiga con recortes extras a los españoles en función de su esperanza de vida.

El Gobierno debe reconocer que el auténtico problema de nuestras pensiones no está en el crecimiento exiguo de sus prestaciones, ni en el peso del sistema de Seguridad Social sobre el conjunto del PIB, que se sitúa apenas por encima del 10% y muy por debajo de otros países europeos. Sino en sus ingresos insuficientes. El nuevo Pacto de Toledo tiene que pasar, pues, por una revisión a fondo y en paralelo de los gastos del sistema y, sobre todo, de sus ingresos. Unas prestaciones dignas y unos ingresos suficientes. Este es el reto.

Y ¿dónde está la dificultad para el acuerdo? Me temo que la derecha busca un sistema de pensiones ajustado (recortado) a la medida de su modelo económico, fiscal y laboral, mientras que el PSOE apuesta por ajustar el modelo económico, fiscal y laboral a la medida de un sistema digno de pensiones al que no estamos dispuestos a renunciar.

ELS ACUDITS DEL DIA 22-12-2017

De Ferreres al Periódico de Catalunya.

De Vergara a Eldiario.es. 

El problema no es el 21D, sino el 22D

Tras las elecciones habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que supone la aplicación del 155 o no

JAVIER PÉREZ ROYO

No cabe duda de que el auto del juez Pablo Llanera dictado ayer, que el lector con seguridad conoce, va a tener un impacto en la campaña electoral que comenzó apenas doce horas después de que dicho auto se hiciera público.

Pero, en mi opinión, el impacto va a ser mayor a partir del 22D. Una campaña electoral es una suerte de paréntesis, en el que se hace política de una manera completamente distinta a como se hace el resto del tiempo. Durante los días de campaña no se gobierna ni se hace oposición. El enfrentamiento es puramente dialéctico. El impacto de la prolongación de la prisión provisional de los dos exconsejeros y de los presidentes de ANC y OMNIUM hará que la carga emocional de los discursos, de la de todos y no solamente de la de los nacionalistas, sea mayor, pero de ahí no pasará. La liturgia electoral se desarrollará según lo previsto y el derecho de sufragio se ejercerá con normalidad.

Pero el 21 al caer la tarde se cierra el paréntesis y hay que volver a hacer política a partir de la interpretación de la decisión del cuerpo electoral. Ese es el momento de la verdad. En ese momento habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que supone la aplicación del 155 o no.

Porque hasta que no haya investidura del presidente de la Generalitat, se mantendrá la aplicación del art. 155 CE, es decir, será el Presidente del Gobierno de la Nación el responsable de la dirección de la Administración catalana. El tiempo que se tarde para hacer la investidura no es irrelevante. Es tiempo de prolongación de la suspensión de la autonomía y de la ocupación de Catalunya desde el exterior.

Hacer una investidura en estas circunstancias no va a ser fácil. Ya no lo está siendo en estos últimos años. Ahí están las últimas elecciones catalanas o las dos últimas españolas, por no hablar de las últimas alemanas. Y sin autos de prisión ni querellas por delitos de rebelión ni embargos vengativos.

Constituir gobierno y salir del 155 CE es de una urgencia extraordinaria para recobrar una cierta normalidad que permita vislumbrar un encaje de Catalunya en el Estado, que resulte aceptable para todos. Cuanto más se prolongue el “estado de excepción” más difícil va ser encontrar una salida.

Y negociar la formación de un gobierno con políticos en prisión y bajo amenazas de querellas por rebelión, si los resultados electorales son los que pronostican las encuestas, no va a resultar nada fácil. La aplicación del art. 155 CE es lo que ha conducido a que los miembros del Govern hayan perdido el fuero y a que, como consecuencia de ello, el Fiscal General del Estado pudiera soslayar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la hora de residenciar las querellas por rebelión. ¿Habría admitido a trámite el TSJC una querella por rebelión como la que han admitido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? ¿Habría adoptado las medidas cautelares que han adoptado estos últimos?

Sé que es profundamente injusto para Miquel Iceta, pero esto es lo que ha supuesto el recurso al 155 CE. Antes de apoyar el recurso al art. 155 CE, la dirección del PSOE debería haber exigido al presidente del Gobierno que diera orden al Fiscal General de que no activara querellas contra los miembros del Govern y de la mesa del Parlament y menos cuando se pone en marcha un proceso electoral. La calificación de las conductas como delito de rebelión y las decisiones de admitirlas a trámite como tales y de ordenar la prisión provisional han sido del Fiscal General y de la AN y TS, pero han sido Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera los que las han hecho posible.

El Fiscal General y los magistrados de la AN o del TS no tienen que participar en la negociación de la investidura del president de la Generalitat. Pero el PP, el PSOE y Ciudadanos sí. Al haber posibilitado la persecución judicial de sus adversarios políticos se han inhabilitado para entablar una negociación con ellos.

El auto del lunes, en la medida en que reafirma la calificación como rebelión de las conductas de los exconsejeros y de los presidentes de la ANC y de Omnium, uno de los cuales es candidato en la lista de Puigdemont, consolida y profundiza la fractura que se ha producido a lo largo de estos años en la sociedad catalana.

Es lo que suele ocurrir con las decisiones judiciales. Una vez que se han producido, no hay manera de negociar, de hacer política. Y hay problemas que solo se pueden resolver haciendo política.

10 artículos de la Constitución que se incumplen sin que casi nadie se alarme

En las casi cuatro décadas que la Carta Magna lleva en vigor, se ha debatido y vigilado más sobre el cumplimiento de lo que dice de las instituciones que de lo que dispone para los ciudadanos

ARSENIO ESCOLAR

La Constitución cumple esta semana 39 años y, como en cada aniversario, lo hace entre sus muchas luces -que las tiene, pues nos ha dado uno de los periodos más largos de democracia, estabilidad y progreso de nuestra historia- y algunas sombras. También, como cada año, entre algunas polémicas concretas. Una de las más recientes es la que se refiere a si la voluntad de reformarla por parte del PP y de Mariano Rajoy es volátil o firme, coyuntural o estructural. Otra, relacionada con el anterior, sobre la aplicación del artículo 155 en la crisis catalana.

El conflicto catalán ha dividido incluso a las fuerzas políticas entre independentistas y constitucionalistas, y es curioso ver que entre las primeras hay algunas que hace 39 años apoyaron firmemente la Carta Magna, como la entonces Convergència y hoy llamada PDeCAT, y entre las segundas, las llamadas constitucionalistas, se autoincluye el PP, que en su día, cuando se llamaba AP, la apoyó solo a medias, pues parte de sus dirigentes se opusieron a la ley de leyes de la democracia.

Durante estas cuatro décadas, muchos de los debates públicos sobre el cumplimiento y eficacia de la Constitución han girado sobre las instituciones: la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial, las Corporaciones Locales, las Comunidades Autónomas, el propio Tribunal Constitucional… Y muy pocos de esos debates, sobre las personas, sobre los ciudadanos; sobre los deberes y especialmente los derechos que la Carta Magna consagra para los españoles. Una lectura atenta del texto arroja la conclusión de que unos cuantos artículos se cumplen poco. Parecen papel mojado, retórica, brindis al sol. Por ejemplo, estos 10:

1- Dice el artículo 1 de la Carta Magna: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y dicen infinidad de estudios y estadísticas que la igualdad es hoy un valor muy deteriorado y a la baja entre nosotros. La Comisión Europea, hace dos semanas, anunció que España es hoy –con Bulgaria, Grecia y Lituania- uno de los países de la UE con mayor desigualdad de renta. La OCDE, hace tres meses, certificó que España es el séptimo país de los 33 de la organización donde más creció la desigualdad entre 2010 y 2014.

2. Dice el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y dicen multitud de indicadores que, 39 años después, la mujer sigue claramente discriminada respecto al hombre y en multitud de campos. Por ejemplo, con datos de la última EPA. Tasa de actividad: hombres, 65,04%; mujeres, 53,13%. Tasa de paro: hombres 14,80%; mujeres 18,21%. Con datos de los Servicios Púbicos de Empleo de este noviembre: hombres parados, 1.465.663; mujeres paradas, 2.008.618. Con datos de Fedea: las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres. Las mujeres dedican al día 2,5 horas más de media que los hombres a las tareas del hogar, y una hora menos al ocio y el tiempo libre. Sólo el 17% de los miembros de consejos de administración de las grandes empresas son mujeres. Con un artículo, el 57, de la propia Constitución: en la sucesión al trono, es preferido “el varón a la mujer”.

3. Dice el artículo 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos (…) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Pero dicen los datos públicos recogidos por Europa Laica que mediante asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, este mismo Estado aconfesional de la Carta Magna aporta a la Iglesia unos 11.000 millones de euros al año. La Iglesia, según esta organización, es en España “un paraíso fiscal”.

4. Dice el artículo 20 que “se reconocen y protegen los derechos” a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros. Pero dicen los informes de diversas entidades independientes e instituciones internacionales –desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información hasta un grupo de relatores de la ONU – que esos derechos y libertades están en retroceso y en peligro en España por normativas como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza) o las recientes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. Dice el artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Pero la progresividad fiscal, que está en las leyes españolas desde la Pepa, la Constitución de Cádiz de 1812 – “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”, decía en su artículo 339-, se incumple de modo sistemático según multitud de evidencias: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas.

6. Dice el artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”. Pero 1.193.900 hogares tienen a todos sus miembros en paro, según la última EPA; 3.474.281 personas están inscritas como paradas en los Servicios Públicos de Empleo (y de ellas, 1.665.286 no cobran ninguna prestación), según los últimos datos de paro registrado; y la crisis ha traído un fenómeno nuevo: trabajadores con empleo, pero con una remuneración tan insuficiente para satisfacer sus necesidades que ya son considerados técnicamente “pobres”. Fijándonos solo en los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada cuatro, según datos de Eurostat recogidos por Oxfam.

7. Dice el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Pero los datos son también aquí contundentes y numerosos. Sobre lo primero, aún quedan en España infraviviendas: unos 10.600 gitanos vivían en ellas según un informe de 2016 de la Fundación Secretariado Gitano. Sobre lo segundo: la burbuja inmobiliaria y su estallido ha hecho que cientos de miles de españoles (unos 580.000 en 2014, según un estudio del comparador Kelisto) estén atrapados en hipotecas que valen más que sus casas. Un dato más: en el segundo trimestre de este año se han producido en España 16.859 desahucios, unos 187 de media al día.

8. Dice el artículo 48: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Las estadísticas dicen, sin embargo, que los jóvenes son uno de los grandes perdedores de la crisis: la renta mediana de los españoles de 18 a 24 años cayó un 20% de 2011 a 2014, según Eurostat; la tasa de paro entre los jóvenes de hasta 20 años es del 50,5%, según la última EPA.

9. Dice el artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Pero las dos reformas recientes del sistema de pensiones, la del Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2011 y la del Gobierno de Rajoy (PP) en 2013 han reducido los derechos de los pensionistas o su poder adquisitivo o ambas cosas.

10. Dice el artículo 51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Multitud de casos de abusos o fraudes al consumidor –de la colza al dieselgate, de las cláusulas suelo a las preferentes- o de restricciones al libre mercado o a la libre competencia por parte de algunos oligopolios –la luz, los carburantes, la telefonía…- indican que los poderes públicos tampoco han estado en este punto lo diligentes que deberían haber estado.

El repaso crítico de la Carta Magna podría seguir con muchos otros artículos. Con el 24, sobre el derecho de las personas a la tutela efectiva de los jueces. Con el 27, el del derecho a la educación. Con el 40, que habla de políticas dirigidas “al pleno empleo” y a “una distribución de la renta regional y personal más equitativa”.

O con el sorprendente 128.1, que dice así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. En agosto de 2012, el entonces diputado de IU Alberto Garzón lo reprodujo en su cuenta de Twitter como si fuera idea suya, sin decirles a sus lectores que se trataba de un artículo de la Constitución. Le llovieron descalificativos: “extremista”, “radical”, “comunista irredento”.

El 128 está vigente. Y se aplica, sobre todo para expropiar bienes –una finca, una casa… – a la hora de hacer obras públicas. ¿Sea cual fuere su titularidad, como dice el artículo, o aquí nos remitimos al 1, al de la igualdad y la desigualdad? Eso, para otro repaso.