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dissabte, 17 de juny del 2017

El Gobierno debe asumir responsabilidades por la insconstitucionalidad de la amnistía fiscal

UGT denunció reiteradamente la injusticia de esta medida

UGT | viernes, 9 de junio de 2017

La Unión General de Trabajadores considera que el fallo del Tribunal Constitucional conocido ayer, por el que se declara la inconstitucional de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en el año 2012, con argumentos tan graves como que "supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos", no puede pasar por la vida política de nuestro país sin consecuencias. El Gobierno debe asumir responsabilidades. El Gobierno adoptó de forma libre y consciente la decisión de aprobar aquella amnistía, una opción política voluntaria que dejo traslucir de forma meridiana su planteamiento ideológico en materia tributaria, que es profundamente regresivo, a pesar de advertencias como las de la propia UGT, a la que el TC da ahora la razón.  
El Gobierno denominó eufemísticamente a esta amnistía fiscal como "Programa especial de regulación de activos ocultos" para permitir a aquellos que declarasen rentas que hubieran estado ocultando a Hacienda blanquearan su situación sin pena ni castigo alguno, con el único peaje de pagar un 10% de los valores o de los saldos aflorados (un 8% si se trataba de rentas procedentes de paraísos fiscales).
Fue una iniciativa profundamente injusta, como ya denunció reiteradamente UGT tras su aprobación, que genera agravios comparativos porque se da ventajas a los defraudadores en perjuicio de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales. El mensaje a los contribuyentes honrados, al conjunto de los ciudadanos, es nefasto, y asesta un duro golpe a la conciencia tributaria colectiva. La amnistía fiscal fue, además, una irresponsabilidad en un país en el que –según los últimos datos del CIS- el 87% de la población ya cree que los impuestos no se cobran con justicia, el 67% piensa que existe mucho fraude (y otro 28% que existe bastante fraude), y el 44% considera que la Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra el fraude.
Las políticas fiscales de este Gobierno han estado orientadas a proteger a las élites y a los poderosos, ya que junto a los regalos fiscales que se han dado a los defraudadores se han aumentado los impuestos a los trabajadores y trabajadoras y a los consumidores, al tiempo que se acometían fuertes recortes en derechos laborales, políticas sociales, y servicios públicos.
La Sentencia del Tribunal Constitucional no puede caer en saco roto, debe producir consecuencias. UGT considera, además, que es el momento de tomar decisiones encaminadas a fortalecer los entes públicos que tienen encomendadas las funciones de investigar y atajar el fraude fiscal, dotándolos de recursos humanos, técnicos y económicos que les permitan llevar a cabo su cometido de manera eficaz.
Finalmente, lamentamos que los cinco años transcurridos desde la aprobación de la amnistía fiscal hasta que el Tribunal Constitucional ha determinado su inconstitucionalidad haya permitido la prescripción de los delitos fiscales que podrían haberse perseguido.

dijous, 15 de juny del 2017

NOTA DE PRENSA SINDICATS AEAT

EL GOBIERNO DEL ESTADO HA RENUNCIADO A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL BLANQUEO Y FUGA DE CAPITALES

En los últimos años la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha perdido alrededor de 4.000 efectivos, poniéndose con ello en riesgo la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, el blanqueo y fuga de capitales.
A pesar de ello el Gobierno del Estado, no muestra interés en solventar esta situación, y con falsas promesas de potenciar la lucha contra el fraude, hemos comprobado, como en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2017 el Gobierno, se niega a reponer estos efectivos perdidos, con lo que los objetivos de recaudación y rebaja del déficit público exigidos por Bruselas no podrán cumplirse y serán, de nuevo, los ciudadanos, quienes sufran las consecuencias negativas al rebajarse la prestación de servicios públicos, como educación, sanidad y seguridad, ante la falta de ingresos.
Vemos con sorpresa como el Gobierno en su discurso dice poner todos los medios para combatir el fraude fiscal, la economía sumergida, el blanqueo y fuga de capitales y, sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, con los presupuestos generales, estos no recogen ninguna medida que fomente o potencie la lucha contra el fraude impidiendo que la AEAT tengan más medios, tanto humanos como materiales, dedicados a tal fin.
Los Sindicatos en la AEAT (SIAT, CCOO, UGT y CSI-F) queremos trasladar a la opinión pública la urgencia de reponer, no solo las jubilaciones de empleados públicos que se han producido -y las que se llevarán a cabo este año 2017-, que supondrán una pérdida de empleados públicos dedicados a la lucha contra el fraude de otros 1.500 efectivos.
Por ello entendemos que se hace necesario y urgente aprobar un incremento adicional de plazas en la oferta de empleo público, para alcanzar una tasa de reposición razonable que permita llevar a cabo una lucha contra el fraude fiscal eficaz y que en ningún caso supondría un desequilibrio presupuestario en la ley de presupuestos para el año 2017; y el Gobierno lo sabe –por cada euro invertido en el personal de la Agencia Tributaria revierten al Estado más de 20 euros- potenciándose así la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal.
Los Sindicatos solicitamos además la actualización de la carrera profesional de los empleados públicos de la AEAT bloqueada desde el año 2012, bloqueo que impide renovar y potenciar la estructura organizativa y de reparto de competencias y funciones que existe en la actualidad, que de llevarse a cabo permitiría que los trabajadores de la AEAT pudieran asumir mayores niveles de responsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal realizando su trabajo con mayor eficacia.
 Los Sindicatos en la AEAT denunciamos esta situación ante la opinión pública y anunciamos el inicio de movilizaciones dirigidas a conseguir que el Gobierno cumpla con el compromiso adquirido de reforzar la lucha contra el fraude mediante las convocatorias extraordinarias de puestos para la AEAT en la oferta de empleo público y el desbloqueo de la carrera profesional de los empleados de la AEAT.
Las organizaciones sindicales, Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) estamos manteniendo reuniones para concretar las medidas a tomar para exigirle al Gobierno que ponga los medios necesarios para dotar a la Agencia Tributaria de los medios humanos y materiales que permitan luchar contra el fraude fiscal, la economía sumergida, el blanqueo y fuga de capitales.

Para más información: SIAT (Teléfono: 91 583 12 45) - CCOO (Teléfono: 91 583 11 98)
UGT (Teléfono: 91 583 11 96) - CSI-F (Teléfono: 91 583 11 95)

 En Madrid, a 6 de junio de 2017.