Preguntas para Junqueras

Escuchando a Évole leer el mensaje que el líder de ERC ha enviado a Felipe González me vino a la cabeza la escritora y activista Elena Poniatowska cuando recuerda que para poder olvidar, primero hay que recordar

NEUS TOMÀS

Ninguno de los políticos y activistas independentistas que están encarcelados debería estar privado de libertad por un delito que no cometieron. Incluso Felipe González reconoce que la prisión preventiva dictada por el juez Pablo Llarena es excesiva. En su entrevista en Salvados, Jordi Évole leyó un mensaje que Oriol Junqueras hizo llegar al expresidente del Gobierno para que fuese leído en el programa. Un mensaje cordial y conciliador.

Escuchando a Évole leer esa misiva de Junqueras, enviada desde la cárcel de Estremera, me vino a la cabeza la escritora y activista Elena Poniatowska cuando recuerda que para poder olvidar, primero hay que recordar. En el caso del líder de ERC se acumulan en la memoria muchas preguntas sin respuesta que necesitarían ser contestadas para ayudar a olvidar qué pasó en Catalunya.

¿Por qué Junqueras dejó solo a Carles Puigdemont cuando quería convocar las elecciones? ¿Por qué tras haber comprometido su respeto a la decisión de ir a unos comicios anunció que su partido saldría del Govern? ¿Por qué se había pasado meses diciendo a los interlocutores económicos que estuviesen tranquilos porque no había motivos para preocuparse? ¿Por qué en las reuniones previas a la aprobación de la declaración unilateral de independencia fue el único miembro del Govern que en el Consell Executiu no dijo qué pensaba? ¿Por qué una vez proclamada la nonata república catalana no acudió al encuentro en el que participaron todos los consellers para decidir qué estrategia a seguir?

Queda la duda razonable de que Junqueras decidió empujar a Puigdemont al precipicio (y este se dejó) porque contó que el rédito electoral sería para él. Esta sería otra pregunta, cuya respuesta, de ser sincera, explicaría por qué se ha llegado hasta aquí.

ERC ha decidido pasar página, cambiar de estrategia, reclamar diálogo y acatar la legalidad. Es lógico (y podría añadirse que acertado) que los republicanos no quieran que nadie más se juegue el cargo a cambio de nada. Para empezar el presidente del Parlament, Roger Torrent, que en esta nueva etapa está demostrando ser uno de los dirigentes independentistas con mayor solvencia. Tal vez por ello Ciudadanos ha decidido lanzarse a su yugular en cada pleno.

Torrent dice lo mismo en público que en privado. En las entrevistas y en las reuniones. Es una coherencia a la que no nos tienen acostumbrados los políticos, tampoco muchos de los políticos independentistas. Bienvenida sea y que cunda el ejemplo.

La fuerza del Estado de la fuerza

El 'procés' se ha revelado como un jinete ebrio subido a los lomos de un poderoso purasangre llamado independentismo, pero el objetivo a batir por un sistema de poderes decrépito es la ideología. Sus dirigentes políticos son lo de menos.

ANA PARDO DE VERA

Desde que hemos sabido (y lo sabíamos antes que nuestros titulares) que Turull, Bassa, Rull, Forcadell y Romeva irían a la cárcel -los tres últimos repitiendo puerta sin que se hayan producido novedades en un procés muerto pero sin enterrar-, la frase que más he escuchado entre aquéllos/as que se duelen de la "dureza" del juez Llarena, pero callan ante la entrada en prisión de los cinco mencionados y sus antecesores, es: "Parece mentira que los políticos y dirigentes independentistas no fueran conscientes de la fuerza del Estado...". 

Parece mentira...

El procés se ha revelado, efectivamente, como un jinete ebrio subido a los lomos de un poderoso purasangre llamado independentismo, que agrupa a ciudadanos/as ya desconectados que quieren vivir en una república aparte y a los solidarios/as con la causa soberanista porque su catalanismo reniega de la uniformidad que pretende el Estado conservador que nos rige y dirige. Cada vez más torpes y titubeantes, los jinetes políticos que pretendieron quedarse a las puertas de una república catalana confiando en que la política de Rajoy los frenaría para "dialogar" sobre el asunto, han ido acabando en la cárcel o huyendo de ella por saltarse las leyes españolas al intentar llevar al purasangre a su meta amparados en las leyes catalanas.  Y digo bien; porque es lo que ocurre cuando la política se ausenta en un conflicto de esta magnitud.

Parece mentira...

Mientras tanto, mientras los/as presos políticos van entrando en la cárcel antes de juicio, sigue el goteo de apelaciones a "la fuerza del Estado" ante una decisión judicial que, aun siendo previsible, nos ha encogido el corazón a muchos/as ante los argumentos con que trata de probar inútilmente el delito de rebelión un magistrado del Supremo decidido a aniquilar una ideología, la independentista, tan legítima como la suya (que podemos imaginar sin género de dudas, por cierto)

Parece mentira...

...que los independentistas no calibraran "la fuerza del Estado". El Estado cuya fuerza lo justifica todo, incluso su propia existencia cimentada sobre unas instituciones decrépitas que tratan de protegerse del pueblo que las cuestiona a gritos. ¿Hay algo más peligroso que "la fuerza" de un Estado ajeno, cuestionado y desentendido del país al que debe proteger en todos y cada uno de los rincones de su territorio? 

No.

"La fuerza del Estado" se invoca, sobre todo, desde las cargas policiales del 1-O (la única violencia y que Llarena omite) como una cuestión de fe ("¿A quién se le ocurre desafiar al Estado?") Como si el Estado fuera una deidad patria inamovible, intachable, incorrupta e inmutable en lugar de un conjunto de instituciones, poderes y leyes conformadas durante 40 años por seres humanos con mejor o peor intención, con mayor o menor acierto, pero imperfectos en todo caso y nunca atemporales.

La decisión de Llarena, sus argumentos políticos y profundamente ideologizados en el sentido opuesto al independentismo (que no es la unidad, sino la uniformidad y negación de la diferencia territorial, entre otras), no constituyen "la fuerza del Estado", sino el Estado de la fuerza de un sistema que adaptó la dictadura a una democracia limitada y conformada por una red de poderes que buscan su supervivencia, empezando por la monarquía inútil y terminando por un parlamento configurado gracias a una ley electoral obsoleta que no responde ante la sociedad sobre la que legisla.

Ver en el independentismo el gran problema del Estado -de este Estado de la fuerza- es un error de luces cortas que nos deja indefensos ante esa red de poderes enquistados y corrompidos dispuestos a perpetuarse como sea. El independentismo, de hecho, solo es uno de los objetivos a abatir por "la fuerza del Estado" de la fuerza.

El resto podemos imaginarlos.

Lo de las pensiones es un crimen y no un accidente

JUAN CARLOS ESCUDIER

La pretendida quiebra de la Seguridad Social no es un imponderable ni un efecto inevitable de la crisis económica. Es, como se ha dicho aquí en alguna ocasión, un crimen que se ha hecho pasar por un accidente, un premeditado desvalijamiento que ha servido al Gobierno para cuadrar las cuentas del Estado y rebajar el déficit. En definitiva, un atraco a cara descubierta en el que los ladrones piden a las víctimas que se resignen, que no desesperen y, sobre todo, que no hagan ruido.

Ha sido el ruido, precisamente, el que obligó ayer a Rajoy a comparecer en el Congreso para explicarnos cómo estaba el enfermo después de sus sangrías, en un ejercicio de cinismo semejante al que busca un cortejo fúnebre cuando huele flores. En vez de una cura ofreció un chantaje: subir las pensiones más bajas con arreglo a la inflación a cambio de que se le dé luz verde a los Presupuestos, sin los que tendría que hacer la mudanza de Moncloa; elevar también las de viudedad, omitiendo que está obligado a hacerlo por una ley de 2011 que lleva siete años pasándose por el arco del triunfo; y distintas mejoras fiscales no concretadas pero ya anunciadas para los pobres jubilados. Todo ello, sin tocar una coma de su reforma de 2013, con su factor de sostenibilidad, su camisita del 0,25% y su canesú, porque derogarla, según dijo, sería un suicidio en vez de un asesinato.

Todo lo que se ha hecho en los últimos años parece responder a un plan minucioso que conduce a empobrecer a los pensionistas, ampliar aún más la edad de jubilación de quienes siguen en activo y promover el ahorro privado en beneficio de la banca, que siempre gana. Para conseguirlo, se ha usado la Seguridad Social como pagador de las distintas regalías, ya sean bonificaciones a la contratación como tarifas planas; se han provocado quebrantos para aliviar el balance de otros organismos públicos como el Servicio de Empleo, que ha dejado de cotizar por los parados mayores de 52 años para hacerlo sólo por los mayores de 55 años y con bases inferiores; se ha vaciado el fondo de reserva, lo que ha acabado con sus millonarios rendimientos; y, especialmente, se ha impulsado la devaluación salarial gracias a una reforma laboral que ha provocado que un aumento de cotizantes no implique necesariamente mayores ingresos.

En vez de taponar las heridas se ha hurgado en ellas. Nada se ha hecho para eliminar el fraude en la cotización en los contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y vacaciones no trabajadas, ni el que sistemáticamente vienen denunciando los sindicatos con las horas extras. Nada se ha hecho tampoco para desincentivar los contratos temporales de duración muy reducida, para lo que hubiera bastado con elevar sus bases de cotización. Nada se ha hecho, en resumen, para que el barco flote, sino justamente lo contrario: abrir vías de agua a lo largo de todo su casco.

Todos estos brochazos negros han permitido dibujar un retrato tenebrista del sistema de pensiones con un agujero anual de 18.000 millones de euros, que intenta extender el pánico entre sus perceptores presentes y futuros, de manera que permanezcamos mudos ante el apocalipsis o, en su defecto, que recemos plegarias en voz baja. Ocupados muchos de ellos en sobrevivir o en mantener a sus hijos y nietos, los pensionistas fueron conscientes del escalo con una nueva carta de la ministra de Trabajo en la que se les anunciaba subidas de un euro al mes y la dignidad pudo más que el miedo. Este sábado vuelven a la calle.

Nadie niega que la mayor longevidad y que nuestra micológica demografía hagan necesarias reformas, pero no es lo mismo remodelar un edificio sólido y en pie que otro en ruina. Cualquier pacto debe incluir un aumento de los salarios, fomentar la inmigración y no disuadirla con concertinas e impulsar la natalidad con medidas que no pueden reducirse a deducciones irrisorias en el IRPF. Y si fuera necesario, complementar los ingresos con impuestos, que es por otra parte práctica habitual en países de nuestro entorno en los que el peso de las pensiones en el PIB es mucho mayor.

Las pensiones no son una limosna sino un derecho consagrado en la Constitución que obliga a los poderes públicos a actualizarlas para ofrecer a sus beneficiarios suficiencia económica. Condenar de manera premeditada a los pensionistas a perder anualmente poder adquisitivo, a una pobreza a plazo fijo, es, simplemente, una canallada.

¿Por qué Rivera es la alternativa a Rajoy?

FERNANDO LÓPEZ AGUDÍN 

Es un hecho inédito en la historia reciente de España. Una derecha en la oposición, según todos los sondeos, es alternativa a otra derecha en el gobierno. Por vez primera desde la lejana transición el turno de partidos en la Moncloa cambia de pareja. Ya no se enfrentan el PP y el PSOE, sino el PP y Ciudadanos. Rajoy pierde votos, ya se verá si los suficientes para dejar de gobernar, sin que Pedro Sánchez salga del estancamiento. Ya no funcionan los vasos comunicantes en el seno del bipartidismo, que ha ocupado durante más de cuatro décadas el poder político. Ahora, casi todos los electores que huyen de Rajoy llaman a la puerta de Rivera. Ciudadanos se ha convertido ya en una alternativa cuestionando al mismo tiempo al PP y al PSOE.

Sin la previa renuncia del PSOE a configurar una alternativa no sería así. Si los socialistas son ya la tercera fuerza política se debe, fundamentalmente, tanto a que no quieren ir de la mano de Podemos, como a que no saben o pueden competir con Ciudadanos. Ni quisieron ser fieles al compromiso con el que Sánchez venció en las primarias, ni saben, ni pueden, reconvertir hoy el PSOE en el Partido Demócrata estadounidense, por el que viene clamando desde hace tiempo sotto voce Felipe González. Instalado en esa tierra de nadie, entre la derecha y la izquierda, solo pueden aspirar a ser un comodín para que gobierne una u otra derecha o ambas. No les queda otra opción, si se niega a competir con Rivera e Iglesias.

El harakiri del 155 al que se entregaron con delectación, rechazando la España plural, lo paga el PSOE con creces. No hay más que ver con que brío cabalga hoy Rivera el caballo blanco de Santiago para saber quien rentabiliza el nacionalismo españolista. Lo tiene bastante fácil Ciudadanos. PP y PSOE han gobernado con Pujol, han impedido su procesamiento, compartido el 3% y hasta hablado el catalán en la intimidad. Pese a que hoy se suman con fruición a la aplicación del Estado Penal al soberanismo catalán, su desventaja en relación con Ciudadanos es enorme. No solo en Barcelona. Por la misma razón que PP y PSOE van muy por detrás de Cs en Cataluña, el PSOE va también por detrás de Ciudadanos en España.

Solo faltaba la Gürtel, los Eres y Caixa Cataluña para que Rivera lleve de cola el viento electoral. El trío de los encartados– Bárcenas, Chaves y Serra (Narcís)– ahorra cualquier tipo de comentario sobre la fraternidad corrupta del PP y el PSOE. Si a ello se añade la querella contra cuatro ministros del PSOE y uno del PP por el escándalo del proyecto Castor, del que se ha beneficiado Florentino Pérez con una indemnización de 1350 millones de euros pese a que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, se multiplica ahora el tirón electoral de Ciudadanos. Esa Escopeta Nacional que es hoy el palco del Bernabeu, donde se mezclan los políticos del PPSOE con delincuentes de cuello blanco, impide que el PSOE pueda sacar partido de la corrupción del PP.

No cabe, para rizar el rizo de Rivera, ningún cambio económico sin cortar o desatar el nudo merkeliano del 135. Más allá de la demagogia que estos días se desparrama sin ni una alternativa progresista, PP, PSOE y Ciudadanos nunca podrán ir más allá, en materia de orden económicosocial, de lo que dictamine Berlín. Nadie mejor, pues, que un partido de derechas limpio de polvo y paja corrupta, como es el caso de Ciudadanos, para  poder aplicar bien los nuevos recortes sociales posteriores al recuento de las  próximas urnas legislativas. La elección política entre el programa original de la derecha, corrupta (PP) o  no corrupta (CS), y la copia de ese mismo texto por el PSOE se refleja en las encuestas.

Rivera aparece hoy como el cambio. Es la cara amable, juvenil y limpia de la misma política neoliberal del hosco, viejo y desaliñado rostro de Rajoy. Mientras PP y PSOE huelen a naftalina y bolas de alcanfor, Cs es puro Chanel número 5. Si hace cinco años Iglesias aparecía como la esperanza de un futuro progresista, ahora Rivera aparece como la esperanza de un futuro retroceso tanto en lo social como en lo territorial. Así va cerrándose un ciclo, todo un quinquenio, en el que la perspectiva de un Podemos de izquierda ha sido ya reemplazada por la perspectiva de este Podemos de derechas, que en 2015 pedía a gritos el banquero del Sabadell, Josep Oliu. Con o sin M. Rajoy– no le va a ser nada fácil a Ciudadanos superar al PP como lo ha sido sorpassar al PSOE– ese es el probable horizonte.

Elecciones a la vista

JUAN CARLOS ESCUDIER

Rajoy no es de los que se suicidan políticamente aunque su conducta ya la resumió Conrad por boca de uno de sus personajes: “Que piensen lo que quieran. No pretendía ahogarme. Tenía la intención de nadar hasta hundirme, que no es lo mismo”. Esta es la frase que mejor define la deriva de un Gobierno desarbolado que se resiste a entrar en dique seco. Navegar no navega, pero aún flota.

Náufrago de sí mismo, incapaz de sacar adelante alguna de sus iniciativas y singularmente los Presupuestos, acorralado por la corrupción, repudiado por sus socios, contestado en las calles y vapuleado en los sondeos, cualquier Ejecutivo normal de un país normal se estaría planteando a estas alturas la fecha de un adelanto electoral, que es como se resuelven en democracia este tipo de situaciones. Claro que este país tiene poco de normal y nuestra democracia se asemeja a una escultura de barro en esa fase inicial en la que  es únicamente una masa informe de arcilla lista para ser moldeada.

Hay, sin embargo, indicios de que nos encaminamos a lo inevitable. El primero es la irrupción del Gobierno en ese mercado persa que sólo abre sus puertas cuando hay elecciones a la vista. Del tenderete ha salido ya o se anuncian en el escaparate la equiparación salarial entre Policías del Estado, la nueva oferta de empleo público,la promesa de un decreto para que los ayuntamientos puedan usar el superávit de 2017, la reestructuración de la deuda autonómica y hasta incentivos fiscales para los pensionistas más longevos, aunque esto último sea dar esa comida en escamas para peces a tiburones ancianos pero hambrientos.

El segundo es la agitación en el interior del PP, cuyos dirigentes no es que teman por el hundimiento del partido sino por el suyo propio. Estamos a dos encuestas desfavorables de una revuelta que, a mayores, apuntaría a la cabeza de Rajoy, de cuyo letargo ya se cantan coplas y al que se pide que haga algo si es que su religión se lo permite.

Si el presidente creyera realmente que puede agotar la legislatura aprovecharía el obligado relevo de Guindos para acometer una intensa remodelación ministerial con la que transmitir el mensaje de que la parálisis no es completa y el enfermo aún respira. Limitarse a nombrar a un nuevo ministro de Economía y mantener al resto sólo puede significar que las elecciones están al caer y no merece la pena cambiar la tripulación del barco con la bocana del puerto a la vista. Con ello, Rajoy evita también señalar un posible sucesor y se deja la puerta abierta para repetir como candidato.  Con la izquierda recreada en su ombligo y siempre que el ascenso de Ciudadanos no culmine en sorpasso, hay quien sueña con unas elecciones que dieran mayoría absoluta a la derecha y con el señor de las siestas de nuevo a los mandos. Hay pesadillas de las que cuesta trabajo despertar.

Paradójicamente y mientras deshoja la margarita o intenta depilar el cactus, lo único que está dando oxígeno al de Moncloa es la crisis territorial catalana que hoy volvía a escenificarse en el Parlament y que podría cronificar la aplicación del artículo 155. En esa lucha sin cuartel contra el independentismo ha encontrado Rajoy un salvavidas y un argumento para contradecir al propio Conrad cuando decía que solo aquellos que no hacen nada están libres de cometer errores y que la mejor forma de resolver los problemas es enfrentarse a ellos. El horror ha escapado del corazón de las tinieblas y pronto pondrá cara a los carteles de las farolas. Al tiempo.

Empeorar las pensiones públicas y ayudar a los planes privados de pensiones

Xavier Caño Tamayo

Las mal llamadas pensiones privadas no son otra cosa que un negocio de especulación, de compra y venta de activos, que depende de cómo vayan los mercados financieros.

Dos titulares recientes muestran una creciente agresividad contra las pensiones públicas de la Seguridad Social. El primer titular dice que la OCDE advierte en un informe reciente que las pensiones se desplomarán en España por la reforma aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular. El informe indica que la retribución que cobrarán los jubilados se reducirá notablemente.

La trampa que el Gobierno Rajoy ha perpetrado para rebajar las pensiones públicas ha sido sustituir la sencilla actualización anual de las pensiones según la tasa de inflación por un llamado factor de sostenibilidad que calcula la pensión del jubilado según la esperanza de vida por un lado y la revaloriza cada año según la situación económica de la Seguridad Social.

Una revalorización tramposa porque, si el Gobierno tiene que dar dinero extra a la Seguridad Social (como hizo aportando más de 7.000 millones de euros para pagar las pensiones de navidad) contabiliza esa cantidad como préstamo y no transferencia, como debería ser. ¿Por qué? Si es préstamo, aumenta el déficit de la seguridad social, lo que conviene a los propósitos del Gobierno del PP pues, si la Seguridad Social es deficitaria, la actualización anual de pensiones no será tal, según el coste de la vida, sino un chiste, como el actual aumento del 0,25%.

Según cálculos de la OCDE, la reforma de las pensiones con esos criterios de sostenibilidad y revalorización rebajarán las retribuciones de los jubilados en España en un futuro cercano hasta un 46% respecto el salario medio como pauta para determinar la pensión. Es mucha rebaja.

Por otra parte, nada inocentes malas noticias sobre las pensiones de la Seguridad Social han acaparado los titulares de los últimos años. Siempre con predicciones catastrofistas que no se han cumplido... hasta el Gobierno Rajoy quien ha impuesto implacables medidas de austeridad que han agravado las consecuencias de la crisis en el mercado laboral y no se le ha ocurrido otra medida que vaciar la llamada 'hucha de las pensiones', reserva para pagarlas que en tiempo de Zapatero acumuló 70.000 millones de euros.

Pensiones a los Presupuestos Generales del Estado

Hoy apenas queda dinero por la incompetencia del Gobierno del PP, incapaz de afrontar de verdad la financiación de las pensiones. Además de su irresponsabilidad por insistir en la inviabilidad de las pensiones de la Seguridad Social, como si el sistema de financiación aprobado en el Pacto de Toledo en 1995 con cotizaciones sociales para financiarlas, fuera el único. Y no es así.

Ese acuerdo fue útil hace veintidós años, pero hay otras alternativas. Oposición política y movimientos sociales (Confederación de Organizaciones de Mayores, Yayoflautas, Marea Pensionista...) reivindican que las pensiones públicas se financien con los Presupuestos Generales del Estado, como sucede en Dinamarca, por ejemplo. Pero eso obliga a aumentar la recaudación fiscal, para empezar rompiendo la corriente que rebaja cada vez más los impuestos a los más ricos y establecer una fiscalidad progresiva, justa y suficiente. Pero el Gobierno del PP ni siquiera quiere hablar de ello.

Además, si el fraude fiscal alcanza los 40.000 millones de euros anuales en el Reino de España según GESTHA y la corrupción cuesta 90.000 millones anuales de eurossegún la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, reducir de forma sustancial esas cantidades encarrilaría por buen camino la financiación de las pensiones, además de otras necesidades sociales. Pero no es la voluntad política del PP ni en años luz.

No estaría completo el panorama de las pensiones en el Reino de España si olvidamos el otro titular de hace unos días: El gobierno del PP acude al rescate de los planes de pensiones privados.

Porque por más presiones que banca y sector de seguros han hecho, las mal llamadas pensiones privadas no gozan de buena salud. Mal llamadas porque no son pensiones sino participaciones en fondos de inversión que rentan intereses y se rebautizan como planes privados de pensiones.

Pensiones privadas y mercados financieros

Según una investigación de profesores del IESE y de la Universidad de Navarra, ocho de cada diez de esos fondos ni siquiera cubrieron el coste de la vida en España y sufrieron una constante pérdida de valor. De 335 planes de pensiones privados, con sus miles de suscriptores, 278 han perdido poder adquisitivo al ser la rentabilidad inferior al aumento de la inflación.

Las mal llamadas pensiones privadas no son otra cosa que un negocio de especulación, de compra y venta de activos, que depende de cómo vayan los mercados financieros y lo rentado en planes de pensiones no llega a 5.000 euros por suscriptor de esos fondos, que de ningún modo es un complemento de ingresos digno de tal nombre para los quince o veinte años que probablemente vivirá el pensionista privado tras jubilarse.

Con la realidad innegable de la escasa rentabilidad y pocos suscriptores de planes privados de pensiones, el Gobierno del PP propone más recortes a las pensiones públicas y que sea más difícil beneficiarse de la Seguridad Social. Además de ayudas e incentivos a los planes privados de pensiones para que atraigan a más trabajadores. A ver si de una vez los asalariados pican y se deciden a suscribirlos. Según Rajoy, esa pensión privada ha de “servir como complemento de la pensión pública” pero, para que los trabajadores se decidan por las pensiones privadas, el Gobierno del PP deteriora aún más las pensiones de la Seguridad Social hasta rozar la penuria y los trabajadores tengan necesidad de una pensión privada.

Percibir una pensión pública digna es un derecho, como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no puede estar a merced de vaivenes de los mercados financieros. Pero eso nada importa a los neoliberales que nos desgobiernan.

España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

El conocido y prestigioso European Trade Union Institute ha publicado un informe (“Bad Jobs” recovery? European Job Quality Index 2005-2015) sobre la calidad del empleo en los 28 países de la Unión Europea que es demoledor para España. Si consideramos que una de las responsabilidades del Estado en cualquier país es asegurarse que la población pueda aspirar a desarrollar su gran potencial a través del trabajo, entonces la conclusión rotunda de este informe es que el Estado español está fracasando rotundamente. La Constitución Española, cuya supuesta violación está siendo la causa de encarcelamiento por parte de los tribunales de este país, contiene en el artículo 35.1 el siguiente mandato “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, mandato constitucional que se está violando masivamente en España, como bien documenta el informe. En la mayoría de los indicadores de calidad de empleo utilizados en este excelente estudio -(1) salarios, (2) formas de empleo y seguridad laboral, (3) tiempo de trabajo y equilibrio trabajo-vida, (4) condiciones de trabajo, (5) habilidades y desarrollo en su carrera laboral, y (6) representación sindical-, España aparece en el informe a la cola (repito, a la cola) de toda la Unión Europea, sólo después de Rumanía y Grecia (Figura 2, p.11 del informe). En una puntuación de 1 (peor) a 10 (mejor), recibe un 3 de en el Job Quality Index (la más baja después de los dos países citados), mientras que los países nórdicos de la UE, Suecia, Finlandia y Dinamarca, reciben, respectivamente, un 7,5, un 8 y un 9 (las más altas). España, cuyo establishment político-mediático se enorgullece de tener una de las economías más fuertes y desarrolladas de la UE (la quinta economía de la UE), con un nivel de riqueza (23.200 euros en PIB per cápita en 2015, según Eurostat) semejante al promedio de la UE (28.900 euros en PIB per cápita en 2015, también según Eurostat), es de los países que peor trata a sus trabajadores, dato que apenas aparece en los mayores medios de información. Y ello ocurre en cada componente que configura dicho indicador de calidad del empleo. Veamos los datos.

España no es sólo el país de la UE donde hay mayor precariedad, sino que es también el país donde el crecimiento de la precariedad ha sido mayor durante el periodo 2010-2015

España tiene uno de los mayores porcentajes de la población laboral con inestabilidad, con temporalidad indeseada y con dificultad para encontrar empleo indefinido (principales componentes de la definición de precariedad) en la UE (Figura 4, p.13). Este porcentaje es incluso mayor entre las mujeres trabajadoras, y también es el país donde el porcentaje de trabajadores y trabajadores en precario ha crecido más durante el período 2010-2015 (conocido como la Gran Recesión). 

España es el país donde las condiciones de trabajo son peores (en la UE-15)

Es también interesante subrayar que el elevadísimo nivel de desempleo (de nuevo, uno de los más altos de la UE) va acompañado con uno de los porcentajes mayores de horas extras. Los trabajadores y trabajadoras españoles son los que hacen más horas extras, lo que afecta a su vida personal (lo que el informe define como “equilibrio entre vida personal y laboral”) (Figura 5, p.14). En realidad solo en Grecia los trabajadores y trabajadoras están en peor situación que los españoles, es decir, tienen jornadas de trabajo que se alargan todavía más allá de las horas acordadas. Es también importante subrayar que las mujeres trabajadoras incluso trabajan más horas extras que los hombres trabajadores. En este punto cabe señalar el bien conocido hecho entre salubristas de que las mujeres españolas son de las que tienen mayores enfermedades relacionadas con el estrés en la Unión Europea debido a su enorme sobrecarga entre la familia y el trabajo. 

España tiene el porcentaje mayor de trabajadores pobres en la UE 

En 2015, España tenía también el porcentaje mayor (después de Rumanía y Grecia) de trabajadores en pobreza. Uno de cada diez trabajadores se encontraba por debajo del umbral de la pobreza (es decir, por debajo del 60% de la mediana nacional de ingresos después de transferencias sociales).

En el informe se nos da también una comparativa de salarios entre países. Si miramos el promedio de ingresos mensuales netos del trabajador remunerado ajustado a los precios de cada país, en España es aproximadamente de unos 1.300 euros, un nivel por debajo del promedio de la UE, aunque más alto que países como Hungría o Bulgaria (Figura 3, p.12). Ahora bien, cuando comparamos el porcentaje de los trabajadores (empleados o autónomos) que están por debajo del 60% de la mediana nacional (incluso después de transferencias públicas sociales) sobre el total de trabajadores, España se encuentra incluso peor que estos dos países.

Estos datos nos indican que aun cuando España no tenga como promedio los peores salarios en términos absolutos, sí que tiene el mayor porcentaje de trabajadores pobres, después de Rumania y Grecia.  Esto es resultado de la gran pobreza de los salarios, la gran pobreza de las trasferencias públicas y las grandes limitaciones de las políticas redistributivas del Estado Español, causas determinantes del elevadísimo nivel de pobreza laboral que existe en España.

España está entre los que tienen peores condiciones de trabajo en la UE

España es también uno de los países con peores condiciones laborales (después de Hungría y Chipre), que alcanzan su cenit en sectores como la agricultura y la construcción (Tabla A4, p.42). Este es una de los indicadores de calidad del empleo más estudiado y detallado en el informe, que incluye gran número de variables (veinte ítems) que analizan cómo y en qué entorno se realiza el trabajo. Está compuesto por tres sub-dimensiones: intensidad del trabajo; autonomía del trabajo; y factores de riesgo físicos. España se encuentra a la cola en prácticamente cada uno de estos subindicadores, y muy especialmente en los citados anteriormente (Figura 6, p.16).

España está entre los países que menos atención prestan al mejoramiento del conocimiento y la educación laboral   

Por último llama la atención como también España está fallando estrepitosamente en la capacitación de sus trabajadores (en el informe se registra el porcentaje de la población adulta -de 25 a 64 años- que participó en educación o capacitación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta). Además se pregunta a los trabajadores si están de acuerdo con la afirmación “Mi trabajo ofrece buenas perspectivas de progreso profesional”. Como promedio, uno de cada cuarto trabajadores en la UE participó en alguna capacitación en el mes anterior y / o consideró que su trabajo ofrecía buenas perspectivas para el desarrollo de carrera. Lo interesante es que se comparan los datos de 2005-2010 y 2015 para ver la reacción después de la crisis. En el conjunto de la UE ha habido un gran avance en la mejora de las habilidades y el desarrollo profesional de los trabajadores, pero no así en España, que destaca entre los países con peores resultados en la mejora de capacitación de sus trabajadores durante este período (Figura 22, p.31) (junto al Reino Unido y Bélgica, que son países con un mercado de educación muy desregulado y privatizado, mientras que los países con mejores puntuaciones son los nórdicos, que son los que tienen la mayor inversión en educación pública).    

¿Cuáles son las causas de esta deplorable situación? 

La respuesta a esta pregunta no es difícil. Naturalmente que no hay solo una causa. Hay muchas causas que, por regla general, aparecen en las páginas económicas de los mayores medios de comunicación, en las pocas veces que estos problemas son tratados por tales medios. Pero las causas más importantes (que son las causas políticas y la distribución de poder dentro del país) no aparecen casi nunca en dichos medios. Y ello no es por casualidad. Tales causas permanecen ocultadas y silenciadas en esos medios pues la mayoría de ellos están controlados por los mismos grupos empresariales que forman parte de las élites económicas y financieras, las cuales, a través de la enorme influencia que tienen sobre los aparatos del Estado y las instituciones mal llamadas representativas, imponen y fuerzan a la población políticas públicas que promueven sus intereses en contra de los derechos de los trabajadores. En otras palabras, la clase empresarial (lo que antes se llamaba la clase capitalista, término que ahora no se utiliza porque parece un término “anticuado”) tiene en España mucho, pero que mucho mayor poder político y mediático que la clase trabajadora. Y ello explica que en España se permita que existan tales condiciones deplorables, promoviendo reformas laborales como las que aplicó el gobierno Zapatero primero y después Rajoy en el conjunto del Estado, y los gobierno de Mas y Puigdemont en Catalunya, las cuales debilitaron al mundo del trabajo de una manera muy notable. Este debilitamiento ha ido acompañado de una gran reducción de los derechos laborales, políticos y sociales (con los recortes del gasto público social) que ha empeorado la calidad de vida de las clases populares en general y de la clase trabajadora en particular.

Estas políticas públicas neoliberales, cuyos máximos promotores son los partidos neoliberales como el PP, Ciudadanos (que es el más neoliberal de todos ellos), el PDeCAT y los partidos socioliberales (como el PSOE), han contribuido a este gran deterioro de las condiciones de empleo. En realidad las políticas neoliberales tienen como objetivo precisamente aumentar el poder del mundo empresarial a costa de disminuir el del mundo del trabajo. Y lo han conseguido.

Ni que decir tiene que este excesivo poder político-mediático del mundo empresarial viene de lejos. Ha sido una constante en la historia de España. El gran subdesarrollo social de España está basado precisamente en la enorme concentración de poder político y mediático que ha existido en este país y que la Transición de la dictadura a la democracia no cambió (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006). 

La Constitución, el patriotismo y la calidad del empleo 

Hoy estamos viendo un gran debate sobre el MONOTEMA NACIONAL en el que unos y otros están utilizando la Constitución Española (definiéndose como los constitucionalistas) como el principal punto de referencia para sancionar a sus adversarios, incluyendo su encarcelación. Convierten así la Constitución en un documento sagrado al que hay que respetar y obedecer. Es más, algunos constitucionalistas (como el PP y Ciudadanos) incluso exigen su aceptación como prueba de patriotismo. Según tal argumento, la Constitución es el documento que garantiza la unión y el bienestar de los españoles. Esta postura es también promocionada activamente por los medios de información, que deliberadamente promueven los artículos de la Constitución que les favorecen, e ignoran aquellos que les desfavorecen, como el artículo 35.1.

En el debate “nacional” sobre quién es más patriota se ignora y oculta, sin embargo, que estas mismas fuerzas políticas súper-patriotas son también las mayores defensoras de las políticas neoliberales que van en contra precisamente del derecho-mandato explicitado también en la misma Constitución por aquel artículo. En realidad, es un signo de una enorme hipocresía que a la vez que sacralizan la Constitución, presentándose como los grandes patriotas, hayan estado proponiendo y aplicando políticas públicas que han dañado enormemente a las clases populares de este país, que constituyen la mayoría de la nación y de la patria. Si el concepto de patria incluye (como debería incluir) a la población que vive en su territorio, entonces está claro que tales partidos están utilizando el sentimiento patriótico para movilizar a la población para fines distintos y contrarios a los que indican, ocultando que son las políticas públicas neoliberales las que están violando el artículo 35.1 de la Constitución y el bienestar de las clases populares, componente central de la nación y de la patria.

Un tanto parecido ocurre en el otro lado del debate nacional. Los independentistas están hegemonizados por el PDeCAT, la derecha catalana de siempre, que ha estado imponiendo y forzando políticas neoliberales idénticas a las aprobadas por el PP y Ciudadanos (en realidad, los recortes han sido incluso más extensos en Catalunya que en el resto de España), realidad ignorada bajo su llamada al patriotismo, olvidando también que las clases populares son o deberían ser el centro de dicha patria y nación. No puede amarse la nación, la patria, un país, y a la vez dañar la calidad de vida de la población que vive en ella. Y esto es lo que está ocurriendo (y ha estado ocurriendo) en España y en Catalunya durante bastante tiempo. Los nobles sentimientos patrióticos se han estado manipulando y utilizando para ocultar el daño que los falsos patriotas han estado imponiendo a la población. Así de claro.

El gran error de las izquierdas radicales independentistas en Catalunya

Vicenç Navarro

Cuando era joven, a finales de los años cincuenta y principios de los años sesenta, participé en la resistencia antifranquista y viví una experiencia que creo relevante para la situación actual que estamos viviendo en este país. A  raíz de la visita a Barcelona del dictador, el general Franco, varios miembros de la organización clandestina a la que pertenecía propusieron a la dirección del partido organizar un atentado contra el dictador. A los pocos días se les comunicó, también clandestinamente, en los términos claros y contundentes característicos de la narrativa de aquellos tiempos, que “las condiciones objetivas no eran favorables a realizar tal acción”. Es más, se subrayaba que esa decisión sería contraproducente pues, en el caso poco probable de que tal acto fuera exitoso, no existían posibilidades de que a dicha  acción siguiera una movilización popular que forzara el cambio de régimen. Lo más probable, se les dijo, es que dicho acto creara una enorme respuesta represiva que haría un gran daño a la infraestructura de la resistencia antifranquista, que estaba desarrollándose y se encontraba  todavía en fases iniciales.

Recuerdo el desencanto y la frustración que tal orden generó entre los miembros jóvenes que tenían una visión distinta de “las condiciones objetivas” que les decían los mayores. Naturalmente que se obedeció la orden, a pesar del desacuerdo, aunque más tarde se llegó a la conclusión de que la dirección del partido estaba cargada de razón. Este acto hubiera originado en realidad toda una serie de pasos por parte del Estado represor fascista que, en lugar de ayudar a avanzar, hubieran servido para retroceder en  el proceso de liberar al país de aquella dictadura tan represiva.

Cito esta anécdota de un acto que ocurrió hace más de medio siglo porque es un caso muy significativo, pues un acto puede percibirse como necesario en un movimiento de liberación, pero al ser evaluado en un contexto más amplio, puede tener un efecto precisamente opuesto al deseado, frenando, debilitando y haciendo retroceder al mismo proceso de liberación que se desea realizar. En una estrategia de cambio, la lectura correcta de la correlación de fuerzas en cada momento es clave.

 Las consecuencias de la estrategia independentista (llamada en Catalunya el “procés”) apoyada por las izquierdas radicales independentistas

Esta observación viene a cuento a raíz de las propuestas hechas por partidos independentistas de sensibilidad de izquierdas (que se definen explícita o implícitamente como revolucionarios) en su estrategia de conseguir lo que consideran una “liberación nacional”. Ni qué decir tiene que las condiciones entre hoy (año 2018) y entonces, son muy disímiles pues, entre otras diferencias, hay que subrayar que España estaba entonces, en mi juventud, bajo una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa Occidental en el siglo XX (según el Profesor Malekafis de la Universidad de Columbia en Nueva York, uno de los mayores expertos en el fascismo europeo, por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000), mientras que hoy el régimen español del 1978 es una democracia que aun siendo enormemente limitada (con aparatos del Estado claramente influenciados por la cultura del régimen anterior), tiene un  nivel de represión que no es comparable al régimen dictatorial anterior. Y, para subrayar más diferencias entre entonces y ahora, está el hecho de que el acto que se proponía en aquel momento era un acto de naturaleza militar mientras que las acciones realizadas por la izquierda radical independentista han sido siempre actos de desobediencia civil pacífica, lo cual aplaudo.

Ahora bien, a pesar de las enormes diferencias hay también elementos comunes que merecen ser resaltados, pues se puede ver que hay un elemento común que se aplica en muchas situaciones. No tengo dudas de la honorabilidad y nobleza de la causa defendida (la cual respeto pero no comparto) pero, en los dos casos, la aplicación de las medidas y estrategias para alcanzar los objetivos era previsible que llevaría a un resultado opuesto al deseado, y ello como consecuencia de no haberse entendido y/o considerado la correlación de fuerzas que definía lo que era o no posible que ocurriera. Creo que es obvio que la aplicación de la estrategia de la izquierda independentista (conocida como el “procés”), realizada significativamente con otros partidos independentistas, ha llevado a una situación precisamente opuesta a la deseada. Hoy la respuesta del Estado central español ha sido de una represión que ha incluido la pérdida de la capacidad del gobierno de la Generalitat de poder gestionar su ya limitada autonomía, así como una considerable pérdida de derechos políticos, laborales y sociales. Lo que es extraordinario es que tales fuerzas políticas no parece que se dieran cuenta de las consecuencias de sus resultados (ver “Los independentistas son también responsables de la enorme crisis en Catalunya”, Público, 8 de diciembre de 2017).

Y lo que es también muy significativo, es que tal “procés” ha creado una inmensa polarización dentro de Catalunya, en la que la mayoría de la clase trabajadora catalana (que es principalmente de habla castellana) está movilizada no a favor sino en contra de su estrategia autodefinida como de liberación. Esta oposición debiera ser un motivo de máxima preocupación, pues debiera ser claro y obvio que sin el respaldo  de la clase trabajadora un proyecto emancipador tiene poquísimas posibilidades de éxito. El apoyo material para un proyecto de transformación nacional y social (que consta en sus propuestas de cambio) requiere del apoyo de la clase trabajadora.La experiencia histórica así lo demuestra. Creo pues que era fácil ver que tal “procés” nos llevaría a una situación en la que un alto porcentaje de tal clase acabaría apoyando a una fuerza política, Ciudadanos, que es la más hostil al proyecto de liberación nacional (y la más agresiva en la aplicación de medidas económicas reaccionarias como el endurecimiento de la reforma laboral o los recortes de gasto público) que dañarán a las clases populares catalanas.

Y lo que ha pasado desapercibido, a pesar de ser enormemente inquietante, es que las derechas ultraliberales se han reforzado considerablemente en la situación actual. Nunca antes los partidos más ultraliberales (no solo Ciudadanos sino también PDeCAT, ambos de la familia política ultraliberal) habían estado en posición de mayor fuerza. El equipo económico de Ciudadanos es lo más parecido que España haya tenido al reaganismo (padre del trumpismo) mientras que en el PDeCAT la candidata a la Presidencia Elsa Artadi es una economista, discípula entusiasta del economista más ultraliberal en Catalunya, en España y en Europa, defensor de las políticas públicas reaganianas, Xavier Sala i Martín, cuyos libros ha traducido al catalán. En realidad, no hay nada tan semejante (desde la perspectiva económica) a un neoliberal de Ciudadanos como un neoliberal del grupo Sala i Martín. Y lo que alcanza niveles de difícil comprensión es que partidos que se consideran de izquierdas, como ERC y la CUP, apoyen que tal persona sea presidenta del gobierno catalán. La incoherencia ha llegado a unos niveles extremos.

El reforzamiento de la ultraderecha

Y por si no fuera poco, hay que señalar que tal “procés” ha reforzado al nacionalismo españolista extremo en España, despertando de nuevo al fascismo, como bien ha señalado Pablo Iglesias. Su estrategia de liberación nacional, que ignora los cambios positivos que estaban ocurriendo en España (donde casi el 50% de la población adulta estaba a favor de un referéndum pactado), presentándola como “incambiable”, ha creado una hostilidad generalizada entre las clases populares españolas que ha debilitado a las izquierdas españolas, herederas del 15M. Éstas estaban luchando para conseguir una España plurinacional que respetara el derecho de autodeterminación, derecho que, por cierto, durante la clandestinidad no sólo las izquierdas catalanas sino también las españolas -como el PSOE- habían incluido en sus programas para cuando la deseada España plurinacional y democrática se consiguiera. Tal aceptación del principio de autodeterminación para los distintos pueblos y naciones en España por fuerzas políticas que se consideraban españolas no era para romper España sino para facilitar el establecimiento de otra España, plurinacional, justa socialmente y más democrática, donde la unión se consiguiera por voluntad y no por la fuerza.

Es cierto que tal compromiso se abandonó por parte del PSOE durante la transición inmodélica de la dictadura a la democracia, resultado de la enorme y antidemocrática influencia de la ultraderecha (que controlaba todos los aparatos del Estado, convirtiéndose el PSOE en una columna esencial del régimen del 78). Pero los pueblos tienen memoria y como consecuencia del cuestionamiento de tal régimen por parte del 15M y, más tarde, del surgimiento del movimiento político-social que le siguió –Podemos- en la aparición en el panorama político de otras fuerzas también estimuladas por el 15M a lo largo del territorio español, muchos cambios han estado ocurriendo, del cual el más relevante es su cuestionamiento del régimen monárquico del 78 y su compromiso con el establecimiento de una España plurinacional que permitiera recuperar el principio y la práctica de la autodeterminación.

Lo que es sorprendente, y que traduce una visión enormemente sectaria, es que en lugar de aliarse con tales nuevas izquierdas españolas para intentar cambiar España, las izquierdas presuntamente revolucionarias las consideraron como parte de esta España, supuestamente incambiable, intentando conseguir su objetivo, la secesión en contra de España (teniendo además a gran parte de la clase trabajadora catalana en contra). Tal visión llegó a extremos como que en una asamblea de la CUP, partido central en esta estrategia, se llegó a abuchear al Secretario General de Unidos Podemos por considerarlo parte del problema en lugar de parte de la solución. En realidad, expresaban con su abucheo la versión ampliamente extendida entre todas las fuerzas independentistas de que les era favorable para su estrategia del “procés” presentar a toda España como antipática y opresora, facilitando tensiones que favorecieran la polarización de Catalunya y España.

La realidad ha mostrado el enorme error y falsedad de tal percepción. Hoy las izquierdas españolas plurinacionales están pagando un coste político enorme por haber luchado por un proyecto que habría posibilitado alcanzar uno de los objetivos de la izquierda independentista, la realización del referéndum. El enorme retroceso que el “procés” ha significado no solo para Catalunya sino también para el resto de España no podía ser mayor. Y ello era muy pero que muy predecible. Soy testigo de reuniones habidas entre las izquierdas independentistas radicales y las nuevas izquierdas españolas en las que estas últimas señalaron a las primeras que, de tirar adelante la independencia exprés, ocurriría lo que ha ocurrido. Y paso por paso así ha ocurrido. ¿Es esto lo que querían? Hoy las clases populares de Catalunya y de España están mucho peor que antes del inicio del fracaso de la línea exprés al independentismo. Su responsabilidad histórica es considerable. Y confirman que no es revolucionario el que se define a sí mismo como revolucionario sino el o la que, en sus acciones, crea las condiciones para que pueda realizarse el proyecto de transformación profunda deseada. ¿En realidad creen que hoy estas condiciones son más favorables para este cambio profundo? Dudo que lo crean.

L'ACUDIT DEL DIA 16-02-2017

Sobre la bombolla immobiliària que ens torna a vindre a sobre... 

De J.R. Mora a Público.  

El voto a los 16 años, una decisión responsable

José Antonio Marina
Filósofo, pedagogo y presidente de la Fundación Universidad de Padres  

Se vuelve a hablar del voto a los 16 años. El tema, como el Guadiana, aparece y desaparece. La última vez fue en el 2014, porque se admitió en el referéndum escocés sobre la independencia. En 2005, el alcalde de Sevilla me pidió un dictamen sobre la conveniencia de admitir el derecho a voto en las municipales a los 16 años. Es un asunto que despierta inquietud, y se suele resolver por vía emocional. Oscila entre el ¡qué disparate!  y el ¿y por qué no? Lo que resulta más raro es encontrar un estudio minucioso y reflexivo sobre el tema. Se piensa que detrás de las diferentes posturas hay inconfesables intereses electorales. Y es posible que sea así.

Los principales argumentos en contra son los siguientes:

1.- A los 16 años se es demasiado joven para ser emocionalmente objetivo, y por lo tanto se es psicológicamente vulnerable.

2.- Los jóvenes son incapaces de tomar decisiones políticas responsables, porque carecen del conocimiento político necesario.?

3.- Los jóvenes son muy vulnerables a las influencias.

4.- El voto de un joven puede comprarse fácilmente.

5.- Los adolescentes tienden a tener una perspectiva temporal corta, interesándose más por las consecuencias a corto término que por las consecuencias a largo plazo, lo que políticamente es peligroso.

6.- Los adolescentes tienen menos conciencia del riesgo que los adultos, y parecen calcular los beneficios y los riesgos de forma distinta.

7.- La investigación existente sugiere que los adolescentes son más impulsivos que los adultos, y están sometidos a cambios bruscos de humor.

8.- Los jóvenes no están interesados en tomar decisiones políticas. Si pocos jóvenes de 18 años votan, con más razón dejarán de votar los de menor edad.

9.- El voto joven podría proponer iniciativas peligrosas.

10.- Mantener el voto a los 18 años no supone ningún perjuicio a los menores de esa edad ni a la sociedad, por lo que no es sensato cambiarlo.

11.- Algunos autores temen que reducir la edad de los votantes colabore a la tendencia a reducir la edad penal y a disminuir la autoridad de los padres.

Argumentos a favor

1.- A partir de los 16 años, los jóvenes tienen algunas responsabilidades y algunos derechos de adultos. El derecho a votar debería ser uno de ellos.

2.- Los jóvenes pueden trabajar, pagan impuestos, mantener relaciones sexuales consentidas, casarse con la autorización debida, luego deberían también poder votar. Serviría, pues, para armonizar la legislación sobre la adolescencia.

3.- Al hacerlos sentir que pueden decidir sobre cosas que afectan a su vida, los jóvenes sentirían más interés por la política.

4.- Al tener que contar con su voto, los políticos cuidarían más los intereses de los jóvenes.

5.- Los 16 años son mejor edad para introducir el voto que los 18, porque a esa edad los jóvenes están todavía enraizados en su comunidad y más concernidos por el voto que dos años después.

6.- Los jóvenes tienen una perspectiva propia y única sobre aspectos sociales, que conviene tener en cuenta.

7.- Reducir la edad del voto a los 16 es una gran oportunidad para que los nuevos votantes puedan recibir una formación política, ya que todavía están dentro del sistema educativo.

No he cambiado mi opinión desde el dictamen de 2005. Sigo pensando que preguntarse si a los 16 años se está en condiciones de votar es un planteamiento equivocado. La pregunta verdaderamente importante es ¿puesto que los adolescentes pueden legalmente tomar decisiones muy importantes, cómo debemos orientar la educación para que puedan tomarlas responsablemente? En El talento de los adolescentes, defendí que estábamos infantilizando la adolescencia,  y en la Fundación Universidad de Padres acabamos de abrir la convocatoria para un curso sobre este tema.  El objetivo principal de la educación no es que los alumnos aprendan matemáticas o inglés, sino que sean capaces de tomar buenas decisiones, que sean responsables de su aprendizaje, de sus comportamientos, de sus proyectos. Es irritante que la ciudadanía se alarme ante la posibilidad deque los adolescentes puedan votar, pero no de que tomen otras decisiones sin duda más decisivas para su vida. Además, ¿podemos estar seguros de que todas las personas adultas son más responsables que los adolescentes? El profesor Robert Epstein ha elaborado un Test de madurez para personas adultas, que puede también aplicarse a adolescentes.Muchos de ellos lo superan brillantemente. 

En educación nos interesan mucho las profecías que se cumplen por el hecho de enunciarlas. Si decimos que los adolescentes  son irresponsables, sin duda acabarán siéndolo. Creo que el voto a los dieciséis años no debe admitirse precipitadamente, debe ser el final de un proyecto educativo: hacerles capaces de votar responsablemente. Introducir el voto de repente, sin que vaya acompañado de una previa formación, me parece una insensatez. En cambio, bien orientado podría ser un gran recurso pedagógico. Vuelvo a decir que los adultos no saben cómo educar a los adolescentes, y que, en general, lo estamos haciendo mal. La adolescencia es una edad inventada para ampliar el período educativo antes de que los jóvenes entrasen en el mundo laboral. Y, sin embargo, una vez abierto ese espacio de aprendizaje, no sabemos cómo llenarlo.

En el dictamen de Sevilla añadí una condición cautelar: los adolescentes, de 16 a 18 años, deberían inscribirse en un registro de votantes un mes antes de la celebración de elecciones. Con eso demostrarían la seriedad de su compromiso. ¿Cuántos adultos lo harían?