Después de diez días con toda la zona euro al borde de un ataque de
nervios, el apaño al que se ha llegado para evitar la quiebra de Chipre
quizás sea un mal menor, pero adolece del mismo defecto de origen que
tenía la fórmula inicialmente impuesta desde Bruselas. Una parte
sustancial del saneamiento del hipertrofiado sistema financiero de la
isla (el peso de la banca equivale a ocho veces su PIB, cuando lo
habitual son tres veces y media) van tener que pagarla los ahorradores
mediante una quita nada desdeñable de sus depósitos. Para evitar que el
escarnio sea total, se librarán de esa medida quienes tienen en sus
cuentas hasta 100.000 euros, que es el tope que los Estados miembro de
la Unión Europea se han avenido a garantizar, por lo menos de momento.
De todas formas, el principio de que los depósitos son sagrados se ha
roto, como antes se rompieron otros de igual o mayor importancia; entre
ellos, el de que los jubilados no debían pagar los platos rotos de la
crisis económica. En España, sin ir más lejos, ya no hay ninguna certeza
de que las pensiones vayan a mantener el poder adquisitivo,una vez que
Rajoy, presionado por Alemania, dejó en suspenso el año pasado la ley
que establecía su revalorización automática.
Aunque todavía quedan muchos detalles por perfilar, parece que la
quita sobre los importes superiores a 100.000 euros alcanzará el 40% en
el Banco de Chipre, que tradicionalmente ha sido uno de los preferidos
por los hombres de negocios rusos para guardar fondos de dudosa
procedencia. Esa circunstancia la han utilizado algunos países para
justificar la confiscación indiscriminada de los depósitos, sin
importarles que como consecuencia de ello acaben pagando justos por
pecadores, y de ahí el rechazo que el rescate ha merecido, no sólo en la
isla, sino también fuera de ella. Un rechazo lógico, porque si Chipre
funciona igual que una gigantesca lavadora de dinero negro, incluso
desde antes de su incorporación a la UE, los dirigentes europeos no
tienen derecho a llevarse ahora las manos a la cabeza y menos aún a
hurgar en los bolsillos de quienes han acopiado sus ahorros de forma
intachable, sólo a base de trabajo.
Así y todo, el destino ha sido más benevolente con los chipriotas que
con los miles de españoles que a día de hoy siguen atrapados en ese
agujero negro en que se han convertido las preferentes, particularmente
las emitidas por las entidades financieras nacionalizadas. La inmensa
mayoría de ellos fueron invitados por sus bancos a embarcarse en un
producto complejo -cuya comercialización indiscriminada nunca debieron
autorizar los reguladores- y que tenía la engañosa apariencia de una
imposición a plazo fijo con alta remuneración y sin ningún riesgo.
Ahora, esas entidades están en proceso de recapitalización y la UE ha
exigido, como condición por su ayuda de 40.000 millones de euros, que
los preferentistas no se vayan de rositas y apechuguen con parte del
coste. Los de Bankia tendrán que asumir, de entrada, unas pérdidas del
38%; los de NCG Banco, del 43%; los del Banco Gallego, del 60%, y los de
Catalunya Banc, del 61%. Además, en ningún caso recibirán dinero
contante y sonante, sino acciones, por lo que no son descartables
quebrantos aún mayores, sobre todo si deciden desprenderse de ellas
inmediatamente después del canje, cuando es previsible que se produzca
una avalancha de ventas.
Vicente Clavero
