dilluns, 29 de juliol del 2013
El decreto andesahucios, el PP y la Troika
Miembro de EconoNuestra
El decreto andaluz antidesahucios es una medida modesta e insuficiente para la gravedad del problema al que se supone que se enfrenta, como denunció en su día la plataforma Stop-desahucios. Es una medida que en la mayoría de los casos sólo va a retrasar el problema, que no acoge a todas las familias que lo necesitan sino únicamente a aquellas que están en una situación ya desesperada, que fija un plazo temporal demasiado breve para garantizar la estabilidad vital necesaria en esta situación de paro masivo y que, además, no supone una mejora sobre lo más importante: la existencia de cientos de miles de familias atrapadas por deudas que no van a poder pagar, con vivienda o sin ella, ya que estamos en un contexto no sólo de paro, sino también de importantes rebajas salariales.
No obstante, el decreto supone una solución de emergencia para familias en situación límite, visibiliza el derecho a la vivienda como derecho social básico y además incluye una batería de medidas complementarias que incentivan el alquiler y desincentivan la posesión de viviendas vacías. Esto sirve para visibilizar también algo que debería ser obvio, que está incluso en la Constitución, pero que se ha convertido en un tabú innombrable en estos tiempos: la función social de la propiedad. Por eso, el decreto abre una grieta, aunque sea pequeña, en el discurso único y monolítico de que no existen otras políticas posibles que las que se están aplicando con mano de hierro. Existía, además, la posibilidad de que otras comunidades se fueran sumando a esta medida (Canarias, Navarra…) extendiéndose así la idea no sólo de que es posible hacer otras políticas que no sean las de salvaguardar los intereses de los bancos a toda costa, sino que también, a la sombra de éstas, se podría ir extendiendo la certeza de que estas políticas que se nos imponen son inhumanas y profundamente inmorales, así como de que es posible cambiar las cosas, mediante el voto, por ejemplo. Resulta que si se comprueba que –incluso en esta situación- es posible hacer cosas diferentes, tener en cuenta otros intereses, los de la gente, por ejemplo, entonces los mercaderes que nos gobiernan quedan en evidencia como lo que son. Su obsesión es que parezca que no hay opción.
El decreto abre una grieta en el hasta ahora único argumento de que lo único que importa es la “estabilidad financiera”, frase que parece inocua, alejada de la realidad de las personas normales pero que, en realidad, en este contexto, es una manera de decir que lo único que importa son los intereses financieros, caiga quien caiga, es decir, nosotros. El Partido Popular no podía permitir que esta grieta se fuera haciendo más y más grande y ha corrido a recurrir el decreto, lo que ha supuesto su paralización temporal. Para hacerlo necesitaba una excusa, algo que pudiera ayudarles a no dar la impresión de que ayudan sólo a los bancos y no a la gente, sino que lo que ocurre es que hay problemas mayores, como la “estabilidad financiera” que no permiten otra manera de actuar. Porque naturalmente la inmensa mayoría de la gente apoya el decreto, incluida la mayoría de los votantes del PP. Recordemos que la simpatía popular por la PAH, por sus acciones, por sus reivindicaciones, ya obligó al PP a tener que hacer el paripé de admitir a trámite la IPL presentada por la PAH, para poder desactivarla luego desde el mismo parlamento. Y les obligó después a hacer otro paripé, el de presentar y aprobar su propia ley antidesahucios, presentada entre sollozos por la vicepresidenta y que no sirve absolutamente para nada porque, ésta sí, se preocupa por la estabilidad financiera, y no por los desahuciados.
La excusa que el PP buscaba se la prestaron raudos los mercaderes de la Comisión Europea y del Banco Central con un informe en el que advierten de los males que se avecinan en caso de que el decreto siguiera adelante. A Bruselas no le ha hecho falta mucha presión para venir en auxilio del Partido Popular porque tampoco allí se pueden permitir una grieta, siquiera dialéctica, en los argumentos utilizados para implantar sus políticas de expolio generalizado. Estas políticas se ejecutan en medio de una batalla ideológica en la que el lenguaje juega un papel fundamental. Por eso todas estas medidas vienen siempre con su correspondiente “kit” de instrucciones que consiste en un argumentario construido en base a su particular neolengua; una lengua que sirve para ocultar y hacer ininteligible la realidad. La Comisión Europa y el Banco Central han escrito una carta y han presentado un informe en el que presentan el decreto andaluz como un terrible peligro para el sistema financiero, nada menos; ese mismo que se llevó por delante Lehman Brothers, con el ahora ministro de Guindos al frente. Así que con la “estabilidad financiera” como bandera, la Troika demuestra una vez más que no es más que el brazo armado de una panda de mercaderes preocupados por sus propios intereses y sin ninguna relación con la ciudadanía, con sus parlamentos o sus democracias. El parlamento europeo está desaparecido ¿alguien sabe para qué sirve exactamente? La democracia está tomada por los poderes financieros que nos han dejado claro que es posible expropiar cientos de casas particulares para construir campos de golf, como se ha venido haciendo a lo largo de todo el territorio, pero no es posible retener la propiedad de los pisos que tienen vacíos los bancos (no es realmente una expropiación) durante tres años para que familias sin otra vivienda tengan un techo.
En otra muestra de ese lenguaje con el que se busca que la realidad no se haga presente, el gobierno ha recurrido el decreto antidesahucios diciendo que vulnera el derecho a la vivienda, de la misma manera que nos roban la sanidad pública argumentando que lo hacen para mejorar la sanidad pública, o acaban con la educación mientras dicen que lo hacen buscando la excelencia. Ahora Bruselas le da al gobierno la coartada que buscaba para paralizar este decreto argumentando que ayudar a familias en situación límite para que no sean expulsadas de sus casas durante tres años, puede afectar negativamente a la recuperación económica… de los bancos. ¡Acabáramos! me suena a que, sin quererlo, la Comisión Europea ha dado por una vez en el clavo: aquí, o nos recuperamos nosotros y nosotras, o se recuperan los bancos; que nadie se crea que es lo mismo o que vamos en el mismo barco. No es lo mismo y esto me suena a lucha de clases; y no es broma.
diumenge, 28 de juliol del 2013
PASSA ON JO TREBALLO
Javier Oms | Barcelona
Actualizado lunes 22/07/2013 11:59 horas
Hacienda degradó a una funcionaria por negarse a un cobro ilegal al
contribuyente
Su superior le ordenó retener fondos que debían ser reembolsados
Le retiraron responsabilidades al denunciar públicamente la irregularidad
El ahora delegado en Cataluña: 'Si no lo piden, no se devuelve un euro'
Degradada de su cargo por negarse a cometer una ilegalidad. En esa
tesitura se encontró hace dos años una alta funcionaria de la Agencia
Tributaria, a la cual sus superiores despojaron de responsabilidades
como castigo por negarse a obviar, paradójicamente, sus obligaciones.
Esto es, reembolsar al contribuyente los fondos "excesivos" que
Hacienda, en ocasiones, cobra de más a los ciudadanos y que por ley
deben ser devueltos en cuanto se detecte el cobro extraordinario.
Elisabeth Cueto, ahora restituida como Jefe de Equipo Regional de
Recaudación de la Agencia Tributaria gracias a un recurso ante el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y a cuya sentencia
ha tenido acceso este medio, tuvo que pasar por una situación cuanto
menos rocambolesca.
En mayo de 2011 su entonces superior en el área de Recaudación y
posteriormente ascendido a delegado especial de la Agencia Tributaria
en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, distribuyó entre los
funcionarios de la delegación catalana de Hacienda una orden que
contravenía una norma largamente establecida: devolver de oficio el
dinero de más cobrado al contribuyente. Sin embargo, la nueva
instrucción ordenaba todo lo contrario: retener dichos fondos hasta
que el ciudadano lo reclamara a la Agencia Tributaria. Una orden cuyo
instigador, según uno de los funcionarios que declararon como
testigos, llegó a ilustrar de la siguiente manera: "Si no lo piden, no
se devuelve un euro". Un antes y un después en las devoluciones, según
certificó el mismo trabajador.
Según la sentencia del TSJC, ella fue 'la única funcionaria que
cuestionó una orden ilegal'. Después de hacer fue degradada.
Y así comenzaron a aplicarlo casi todos los funcionarios. Únicamente
Cueto "se negó a acatarla", según la sentencia, manteniendo la misma
rutina que hasta entonces: detectar dinero que no correspondía a la
Agencia Tributaria y reembolsarlo. Según la sentencia del TSJC, ella
"fue la única funcionaria que cuestionó una orden ilegal" y que, según
denunció verbalmente y a través de correos electrónicos a sus
superiores, incluyendo a la máxima responsable regional de Hacienda
por entonces, "podía suponer una apropiación indebida de ingresos por
parte de la Agencia Tributaria". Fue poco después de comenzar a
denunciar entre compañeros y superiores la irregularidad cuando fue
degradada.
Así se lo trasladaron, en una reunión celebrada el 20 de mayo de 2011,
durante la cual le comunicaron verbalmente que pasaba de un cargo al
que accedió en 2002 y liderar un equipo de 43 personas a apenas contar
con sólo cuatro funcionarios a su mando. O lo que resulta evidente
para el TSJC, que se quiso "sancionar o castigar de forma encubierta"
a la funcionaria "por cuestionar abiertamente" una decisión ilegal de
García de Castro.
Para la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la
"actuación temeraria" de la Agencia Tributaria contrasta con la
"conducta diligente, imparcial, rigurosa y leal" que demostró la alta
funcionaria al alertar y oponerse a una orden ilegal pese a que la
sanción que le impusieron sus superiores "afectó a su prestigio
profesional y a buen seguro a sus expectativas y posibilidades de
ascenso".
La orden de retener el dinero de los contribuyentes sólo estuvo
activa un mes sin que se justificara, tampoco, la rectificación.
Además, el TSJC considera que la ilegalidad de la orden de García de
Castro queda plasmada en su breve existencia. Así, el hecho de que la
instrucción de retener los reembolsos se retirara en apenas un mes
-sólo estuvo activa del 3 de mayo al 8 de junio de 2011- supone "una
rectificación sin un motivo aparente". Según argumenta la Sección 4ª,
De Castro podría haberse echado atrás en su orden "por la pública
oposición" de la funcionaria que se 'rebeló' contra ella, entre otras
razones.
La sentencia ordena así a la delegación de la Agencia Tributaria en
Cataluña que anule la degradación de la denunciante y ordena "el
restablecimiento de inmediato" en sus responsabilidades de Cuesta.
Hacienda, además, deberá hacer frente a las costas del juicio por un
caso que no sólo ha afectado a la funcionaria, sino también "a los
contribuyentes" al erario público.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/24/barcelona/1374660744.html
El caso de la funcionaria de Hacienda que se negó a retener ilegalmente dinero de los contribuyentes volverá a Fiscalía. Así lo confirmó ayer a este medio Elisabeth Cueto Faus, protagonista de una sentencia histórica del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Hacienda, en la cual se le da la razón tras rebelarse en 2011 contra la orden directa de dejar de devolver de oficio el dinero cobrado de más a los ciudadanos, conocidos técnicamente como fondos "excesivos". Una negativa que le costó como castigo la degradación dentro de la Agencia Tributaria, en una decisión ahora anulada con contundencia por el TSJC.
El objetivo de Cueto Faus es que Fiscalía discierna ahora si, además de haberle sido arrebatadas sus competencias de forma irregular, sus superiores -entre ellos el actual delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo García de Castro- podrían haber incurrido también en los delitos de prevariación y acoso.
Dicha causa ya fue archivada por la Audiencia de Barcelona después de que la misma Fiscalía no apreciase indicios de delito. Sin embargo, en esta ocasión se añadirá a la denuncia tanto la sentencia del TSJC que da la razón a la funcionaria como la grabación de la declaración del delegado especial de Hacienda en Cataluña durante la misma causa.
Tras su victoria con su recurso en el TSJC, la también jurista reclamará al Ministerio Público que investigue si pudo ser víctima también de un delito de acoso durante el tiempo que denunció las irregularidades ordenadas en la sede tributaria de la plaza Letamendi de Barcelona. Allí, según su propio relato, recibió presiones de García de Castro, quién habría actuado con el beneplácito de la por entonces máxima responsable de Hacienda en Cataluña y antecesora en el cargo, Cinta López Panisello.
Tal y como consta en la sentencia del TSJC, la entonces delegada especial de la Agencia Tributaria fue informada por la misma funcionaria rebelde de que se podía estar cometiendo "una apropiación indebidad de cantidades a los contribuyentes" al no devolver los cobros excesivos y de que se trataba de una "orden ilegal". Sin embargo, lejos de enmendar la situación, López Panisello participó en la reunión en la que se degradó a Cueto.
A la sentencia y la grabación que la funcionaria entregue en Fiscalía lo acompañará, además, otro de la sección sindical de CGT, quienes consideran que existen evidencias de que García de Castro y la propia Agencia Tributaria ordenaron una retención de fondos a los contribuyentes a sabiendas de que se trataba de una medida completamente irregular. Así quedaba argumentado, precisamente, en la sentencia del TSJC adelantada el domingo por este medio, y en la que se menciona en repetidas ocasiones la "ilegalidad" de la medida.
La misma central sindical también instará la próxima semana a la Agencia Tributaria a que abra un expediente disciplinario interno contra García de Castro por una orden que se ha demostrado irregular y que sólo estuvo activa durante un mes el año 2011.
Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria consultadas el lunes por este medio se limitaron a asegurar que continúan "estudiando las consecuencias judiciales de la sentencia [del TSJC]", sin confirmar o desmentir si se había activado ya la restitución en su cargo de Cueto Faus como jefe de Equipo de Recaudación. La misma respuesta se recibió al ser cuestionados sobre la apertura de una posible sanción disciplinaria a García de Castro.
La sentencia, comunicada a las partes el 12 de julio, ordena "el restablecimiento de inmediato" de Cueto Faus "en las mismas funciones que venía desempeñando" en un plazo de tiempo que sigue vigente. Según han confirmado fuentes conocedoras del caso, la funcionaria sigue sin acceder a las funciones que ejercía antes de enfrentarse a sus superiores.
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