Pedía la nulidad de la inadmisión del amparo por su inhabilitación debida al 'caso Gürtel'
Cuatro magistrados conservadores y cercanos al Partido Popular forman
parte de la sala segunda del Tribunal Constitucional que rechazó ayer
la petición del juez Baltasar Garzón de que se declarase nula la
inadmisión del recurso de amparo contra su condena de inhabilitación.
Garzón pedía la nulidad debido a la militancia en el PP del presidente
del tribunal Francisco Pérez de los Cobos quien había formado parte de
la sala que rechazó su inicial petición. La sentencia cuya nulidad pedía
Garzón era la dictada por las escuchas del
caso Gürtel, que afecta al Partido Popular.
Enrique López, Francisco Hernando, Juan José González Rivas y Pedro
González Trevijano son cuatro de los seis jueces de la sala segunda del
Tribunal Constitucional (la sala se completa con Adela Asúa promovida en
su día por el PNV y Fernando Valdés cuyo nombramiento fue propuesto por
el PSOE) que rechazaron ayer la petición del juez Baltasar Garzón para
que se declarase nula la resolución por la que, el pasado 29 de octubre,
se inadmitió el recurso de amparo que presentó contra la sentencia de
inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo.
“Clamorosa ausencia de imparcialidad de Pérez de los Cobos”
En su escrito ahora denegado, sus abogados explicaban: “Además, en el
caso de Baltasar Garzón, la apariencia de ausencia de la obligada
imparcialidad subjetiva de Pérez de los Cobos, en cuanto militante del
PP, es clamorosa, ya que en su recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional se cuestionaba la condena de Baltasar Garzón por unas
escuchas acordadas por él en una investigación criminal dirigida contra
dirigentes y miembros del PP”.
Enrique López, el cuñado Gürtel
Quienes han rechazado estos argumentos son en su mayoría también
magistrados próximos al PP. Enrique López no parece negar esta simpatía,
son conocidos sus artículos en
La Razón y sus colaboraciones
en tertulias como las de Intereconomía. Ha participado en numerosos
seminarios de la Fundación FAES que preside el expresidente del Gobierno
popular José María Aznar. Pero sobre todo destaca en este caso que
hasta hace sólo dos años era cuñado de Miguel Manovel García, número dos
del holding que dirige José Luis Ulibarri, uno de los principales
imputados en el
caso Gürtel y a quien Garzón, afectado en todo este asunto, señaló como ejemplo del o “modus operandi” de la presunta trama corrupta.
Ni Estatut ni matrimonio homosexual
Enrique López se ha mostrado en contra de la ley integral sobre la
violencia de género, a la reforma del Estatut catalán o al matrimonio
homosexual. De hecho, junto a su compañero el magistrado Francisco
Hernando aprobaron con sus votos un informe que encontró 19 motivos de
inconstitucionalidad en el proyecto de Estatut y otro contra las bodas
entre personas del mismo sexo.
Hernando y la ‘Brunete judicial’
Francisco Hernando ha sido presidente del Consejo General del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo entre 2001 y 2008. Se señala de él que
se ha alineado de forma habitual con las tesis del PP, tanto en el
Gobierno como en la oposición. Tuvo notables desavenencias con el tema
de los nacionalismos vasco y catalán. Pasqual Maragall comentó que era
como la Brunete judicial en comparación con la Brunete mediática.
Expedientar a Garzón por la guerra de Irak
Arzalluz por su parte comentó que era un chollo para el Gobierno y que
no había visto nada igual desde los tiempos de Franco. No es la primera
vez que se opone a Garzón. En 2003, al frente del CGPJ, promovió
expedientar al juez ahora inhabilitado por criticar la guerra de Irak.
González Trevijano, subdirector con Aznar
Por su parte, Pedro González Trevijano fue subdirector del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales con el Gobierno de Aznar y ha sido
rector durante 11 años de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid,
una pública muy orientada a la derecha y que tiene entre sus profesores a
Francisco Marhuenda o Edurne Uriarte. Su nombramiento le pilló sin
experiencia en la carrera judicial y encuadrado claramente en el sector
conservador. Colabora con columnas de opinión en el diario
ABC y en el derechista diario de Intereconomía,
La Gaceta.
Juan José González Rivas, propuesto por el PP
El cuarto magistrado que ha rechazado la petición de Garzón de recusar a
Pérez de los Cobos por su militancia popular, es Juan José González
Rivas. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, de
línea conservadora. También fue propuesto por el PP para el cargo que
ejerce en el Constitucional. Anteriormente fue magistrado de la Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
El matrimonio y las uniones de hecho no son equivalentes
González Rivas se opuso a la asignatura de Educación para la Ciudadanía,
creada por el Gobierno de Zapatero. Entre las sentencias de que fue
ponente se cuenta una en que se denegó a una magistrada de Cantabria una
licencia de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de
hecho. El matrimonio y este tipo de uniones no son equivalentes, según
expresó la sentencia.
“Resulta inviable” dar la nulidad
Esta sala del Constitucional se negó a la petición de nulidad de la
resolución contraria a su recurso por parte de Baltasar Garzón con el
argumento de que “resulta inviable” porque la ley no prevé la revisión o
nulidad de las resoluciones del Constitucional una vez que son firmes.
“Ni siquiera el TC puede dejarlas sin efecto”, añade.
Se remiten al auto contra la recusación de la Generalitat
Sobre la declarada militancia en el PP del presidente del Tribunal y
miembro de la sala que rechazó el recurso de Garzón contra su sentencia
por las escuchas
Gürtel, el Constitucional refiere el auto del
pasado día 17, por el que inadmitió a trámite la recusación de Pérez de
los Cobos por parte de la Generalitat de Cataluña.
“Los magistrados del Constitucional pueden afiliarse”
“La Constitución no prohíbe a los magistrados constitucionales la
afiliación a partidos políticos o sindicatos, sino que tan solo
establece que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es
incompatible con el desempeño de funciones directivas en un partido o en
un sindicato…”, afirman los magistrados.
El presidente sí pero un juez de pueblo, no
En su recurso, la representación legal de Baltasar Garzón hablaba de que
a los miembros del Constitucional debía aplicárseles sobre todo “la
misma prohibición de pertenecer a partidos políticos que prevé
categóricamente el art. 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para
cualquier Juez o Magistrado, careciendo de sentido que el más humilde
Juez de pueblo no pueda ser militante de un partido y que sí lo pueda
ser el Presidente del Tribunal Constitucional”.
Demanda ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Ahora a Baltasar Garzón le queda un único recurso: demandar a España
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha tenido reparos
en censurar abiertamente las sentencias de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo en otras ocasiones
“Delito a la medida”
Baltasar Garzón ha sostenido siempre que la sentencia del Tribunal
Supremo se ha producido “por ir en contra de los criterios particulares
de los magistrados que le han condenado, y que, en definitiva, el TS ha
construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que se le ha
condenado, y que supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena
por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier
Juez con el TS, acabando así con la independencia judicial”.