El País del 27.09.2013 en su Pág. 24. b)
Recuerdo que yo no soy un empleado público: la URL es un centro
totalmente privado. c) Alguien me preguntó hace un tiempo por qué no
utilizaba el término ‘funcionario’, repito lo que le dije: porque el de
‘empleado público’ es más amplio).
(Notas: a) Los datos para los cálculos que vienen a continuación los
tomé de un gráfico publicado en
Partiendo de la base de que, sobre población activa, España tiene una
de las tasas de empleados públicos más bajas de Europa, España: 15,0%,
Italia: 16,0%, The UK: 18,8%, Francia, 23,0%, Suecia: 31,7%, datos que,
por cierto, el Gobierno nunca comenta, el deterioro de las condiciones
laborales que este colectivo lleva años experimentando pienso que tan
sólo puede ser explicado a través de los dos siguientes razonamientos:
1 – La situación económica de España en general y de las AAPP en
particular es mucho peor de lo que se pregona, no sólo la del momento
actual sino en relación a las expectativas de su evolución, y ello
independientemente de los ‘destellos’ y de las ‘flores de invernadero’
que periódicamente se mencionan.
En ese contento, los empleados públicos, al ser un colectivo cautivo
cuyo contratador y pagador es único y el mismo, sería uno de los más
utilizados a la hora de recostar -ahorrar- recursos para dedicarlos a
otro fin o para absorber la inexistencia de tales recursos, ya que la
única alternativa de sus componentes es el abandono de la
Administración.
Esta estrategia se complementaría con un ataque light a la función
pública por el lado de su rendimiento y dedicación a fin de crear una
imagen negativa en la opinión pública -‘son muchos’, ‘hacen poco’- que
no vería con malos ojos el deterioro de sus condiciones amparado por la
propiedad de su puesto de trabajo (lo que tan sólo es cierto en relación
a los funcionarios).
2 – Existe un plan medido, detallado, para el desmontaje de las AAPP o
para su reducción a la mínima expresión que pasaría por la no
sustitución o la cuasi no sustitución de jubilaciones y bajas por
incapacidad laboral transitoria para, posteriormente, eliminar la
duración indefinida de los contratos en la función pública, es decir,
para el despido de funcionarios.
Tal estrategia, de existir, estaría vinculada, a corto plazo, con la
insuficiencia de recaudación para atender el pago de los intereses de la
deuda, el pago de deudas ya comprometidas e ineludibles (armamento), y,
a largo, con la intención de dejar de prestar servicios y atenciones
hoy prestadas por las AAPP. Estado, regiones y entes locales llevarían
una senda parecida y coincidente en el tiempo.
Lenta, pero inexorablemente, sobre la función pública se lleva
extendiendo un halo de demonización. Primero fueron aquellos pringados
que se metían a funcionarios cuando se podía ganar 35.000 euros en una
semana comprando un piso un Lunes y vendiéndolo un Viernes; después esos
suertudos a los que no se podía echar; luego unos egoístas insolidarios
que protestaban porque se les bajaba el salario un simple 5%; masdepués
unos innecesarios como demostraba el hecho de que a pesar de reducirse
su número en cientos de miles las cosas seguían yendo; ahora el
colectivo que puede ser malpagado y removido sin que digan ni pío porque
no tienen nada que decir; mañana pueden muy bien convertirse en el
conjunto eliminable, subcontratable, minijobsable, autonomizable y
autoempleable, eso sí: a cada miembro del colectivo bien podría
regalársele un ejemplar de la Ley de Emprendedores.
La ventaja que tiene la Historia es la de que no puede cambiarse y la
de la realidad que es la que es. Atentos a lo que viene ahora. Tomando
como índice 100 el valor del IPC en España en 1981 y tomando como índice
100 el valor de la remuneración de los empleados públicos españoles en
dicho año, (redoble de tambores) en el 2014 el IPC alcanzará un índice
de 429,61 y la remuneración de los empleados públicos de 277,90. Es
decir, en 33 años los empleados públicos habrán perdido más de 151
puntos de poder adquisitivo. ¿Qué miembro de un Gobierno habido en estos
33 años independientemente de su color había hecho mención de tal
hecho? ¿Qué partido político en alguna de las campañas electorales
habidas en esos años se ha referido al tema?. Pero es que la cosa es más
gorda.
Desglosando la serie por períodos de Gobierno, entre 1982 y 1996 (PSOE)
el IPC pasó de 100 a 260 mientras que las remuneraciones de los
empleados públicos pasaron de 100 a 206.
Entre 1996 y el 2004 (PP) el IPC fue de 100 a 125 mientras que los salarios de los empleados públicos fueron de 100 a 116.
Entre el 2004 y el 2011 (PSOE) mientras que el IPC avanzó desde 100 a
123, la remuneración de los trabajadores de la AAPP se movió desde 100 a
111.
Y entre el 2012 y en cómo se prevé que cerrará el 2013 y lo que será el
2014 (PP), el IPC pasará de 100 a 103 mientras lo que cobran los
empleados públicos pasará de 100 a 100, es decir, se quedará igual.
A los empleados públicos les da igual quien gobierne: siempre han
perdido poder adquisitivo haciendo balance global o parcial en las tres
últimas décadas; insisto: gobierne quien gobierne. También les ha dado
igual que España haya ido bien, más que bien, o que la economía española
haya jugado en la Champions Leage de las economías mundiales: también
entonces han perdido poder adquisitivo. Y nunca jamás esto ha sido
puesto encima de la mesa por ningún político. Eso pasaba cuando España
iba viento en popa, imaginen qué les puede suceder ahora a los empleados
públicos, ahora: cuando estamos en medio de un huracán.
El señor del fondo (llevaba tiempo callado) pregunta cuál de las dos
posibilidades anteriores veo más viable. Pienso que es una combinación
de las dos: las expectativas de la economía española son mucho peores de
lo que se dice por lo que existe un plan para disminuir drásticamente
el gasto de las AAPP.
Continuamos para bingo.
@sninobecerra
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.
