Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Público. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Público. Mostrar tots els missatges

dilluns, 12 de febrer del 2018

Esto es lo que ha hecho el Gobierno con los planes de pensiones

Desvincula definitivamente de la jubilación este producto de ahorro, especialmente favorable para ahorradores con rentas altas por su margen de maniobra tributario, y lo equipara con los fondos de inversión y los plazos fijos, pero manteniendo las ventajas fiscales.

EDUARDO BAYONA


Los planes de pensiones han dejado definitivamente de estar vinculados a la jubilación de su titular y han pasado a convertirse en un producto de ahorro a caballo entre los fondos de inversión y los plazos fijos, según las nuevas normas que establece el decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, el cual, al mismo tiempo, mantiene las ventajas fiscales para sus propietarios.
Las dos principales medidas incluidas en el decreto son una rebaja de las comisiones que los bancos cobran a sus clientes por gestionarlas y la posibilidad, a partir de 2025, de retirar de ellos las aportaciones efectuadas hasta diez años antes tanto en los planes personales como en los de empresa.
Eso supone que dentro de ocho años quedarán liberados los 161.860 millones de euros que, según los datos del Banco de España (pdf), había depositados al cierre de 2014, mientras que los 7.455 ingresados desde esa fecha (hasta septiembre de 2017) lo harán conforme se vaya cumpliendo una década desde su imposición.
La medida tiene varios beneficiarios: los bancos, ya que se convierten en un producto financiero más atractivo (con la marca “pensiones”) y por lo tanto susceptible de ayudarles a captar más liquidez; los ahorradores, que ganan poder de decisión y margen de maniobra, y el propio Estado, que abre una eventual vía de aumento de la recaudación tributaria a medio plazo al tiempo que estimula su plan b ante el desmantelamiento del sistema público de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?

Son planes de ahorro a los que sus titulares realizan aportaciones regulares (mensuales, normalmente) o puntuales (a finales de año, en función de los ingresos) pero de los que no pueden disponer hasta la fecha de la jubilación, aunque hay cuatro excepciones: invalidez, enfermedad grave, dependencia, desempleo prolongado y, en el caso de los autónomos, cese de actividad. En estos dos últimos casos, vigentes desde 2004, es necesario haber agotado el subsidio y estar inscrito como demandante de empleo. Su rentabilidad depende de si el titular opta por renta fija (incremento anual sostenido, normalmente bajo), variable (el rendimiento depende de la fluctuación de determinados valores bursátiles) o mixta (combinación de las anteriores).

¿Cómo se rescatan?

El titular puede optar por dos sistemas: en el de capitalización recibe todo el dinero en una vez y en el de rentas, en pagos mensuales. Algunas entidades financieras ofrecen una fórmula mixta. A partir de 2025, esos modelos serán aplicables a los fondos aportados hasta diez años antes aunque el titular no se haya jubilado

¿Cómo tributan las aportaciones?

No tributan. Y además, desgravan. Esa es una de las claves de este producto. Las aportaciones realizadas en un año, que no pueden superar los 8.000 euros o el 30% de los ingresos salariales o por actividades profesionales (hay una regulación específica para minusválidos) se descuentan de la base imponible del IRPF. Eso da un amplio margen de juego tributario, más cuanto más elevados son esos ingresos: situar las rentas del trabajo por debajo de 60.000 euros mediante una aportación al plan de pensiones permite no tributar por esa cantidad y reducir un 8% el impuesto (del 55% al 47%) para la cifra resultante, bajar de 35.200 ahorra un 7% y caer a 20.200 rebaja seis puntos.

¿Y cuánto se paga al rescatarlos?

La recuperación del fondo de inversión tributa como las rentas del trabajo en el IRPF, a las que se suma. No afecta a las del ahorro. En este sentido, resulta menos gravoso recuperarlo en rentas mensuales e irlo sumando durante varios años a la pensión, que siempre es menor que el salario o los ingresos profesionales, para reducir la factura tributaria. También es recomendable no rescatarlos como capital el mismo año de la jubilación si esta se produce entrado el año, ya que se añade al salario cobrado hasta esa fecha más las prorratas de las pagas extraordinarias pendientes, y eso dispara las rentas del trabajo.

¿Hay recetas para tributar todavía menos?

Las principales son dos, en la práctica solo utilizables por personas de situación económica holgada. Una consiste en prorrogar la vida laboral como autónomo tras la jubilación, aprovechando la tarifa plana, e ir tirando de la renta mensual del fondo, aunque eso afecta a la baja a la pensión pública posterior ya que se reduce la cotización en los últimos años de la vida laboral. En la otra, solo apta para ahorradores con la vida resuelta, se trata de no rescatarlo y dejarlo como legado. Los planes de pensiones computan como masa hereditaria, por lo que pasan a los herederos. Si esa herencia, con el fondo incluido, no supera los mínimos exentos en el Impuesto de Donaciones (150.000 euros en Aragón, un millón en Andalucía), no tributa nada. En comunidades como Madrid, que bonifica el 99% de la cuota, el tributo es mínimo.

¿Qué diferencias hay entre el sistema actual y el nuevo?

A efectos fiscales, ninguna. Las modificaciones se refieren a las comisiones que los bancos cobran por gestionarlas (la máxima en renta fija baja el 0,85% y la de mixta al 1,3%, mientras la variable se mantiene en el 1,5%) y por mantener los depósitos (cae del 0,25% al 0,20%), además de anticipar la posibilidad de rescatarlo. Esas modificaciones acercan el perfil de este producto financiero al de los planes de jubilación, rescatables antes del retiro, y al de los fondos de inversión y los plazos fijos, ya que pasan a ser rescatables en un periodo determinado de tiempo.

¿Por qué incentiva el Gobierno estos productos financieros?

Según el presidente del Gobierno, “ahora que las cosas empiezan a ir bien, es el momento de volver a ser previsores” y de incentivar el ahorro a largo plazo”. Aunque a nadie se le escapa que detrás de esta pequeña mejora de las condiciones de estos productos hay dos objetivos: preparar el ‘plan b’ ante el declive del sistema público de protección social y mejorar las condiciones de captación de liquidez a una banca que se enfrenta al inminente aumento del precio del dinero que le presta el Banco Central Europeo. "Este gobierno garantiza que el sistema público seguirá en pie, lo que hace nuestro plan es abaratar las comisiones y dar liquidez", señaló el portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que desvinculó las pensiones públicas de las privadas y obvió que la pasada legislatura suprimieron la exención del IRPF para el 40% del rendimiento de los fondos.

¿Merece la pena contratar un plan de pensiones privado?

Depende de la situación económica de cada familia, aunque más parece un instrumento para modular la factura tributaria que un medio para asegurarse una vejez cómoda. Apenas un tercio de la población activa española tiene uno (ocho millones, cuando hay 18,9 de trabajadores y 3,7 de desempleados y los 169.315 millones depositados en ellos dan una media de 21.164, más de 5.000 euros por debajo de la renta media anual por hogar y 7.000 por debajo del gasto medio.

¿A qué edad y con qué cuantía contratarlo?

La edad para contratarlo y la cuantía de las aportaciones dependerán de los cálculos de cada uno, de su nivel económico y de la oferta de productos financieros a la que pueda acceder. Según la asociación de consumidores Adicae, los planes de pensiones tiene una “pobre rentabilidad” que supone “uno de los mayores problemas”, para cuya solución “no se dan incentivos”. Entre diciembre de 1999 y el mismo mes de 2014, “la rentabilidad media de los fondos de pensiones fue del 1,2%”, mientras la derivada de la cotización de las empresas del Ibex 35 alcanzaba el 3,28% y los bonos del Estado al 5%, el 5,83%.

dilluns, 5 de febrer del 2018

ERC empieza por fin a desacomplejarse

Miguel Guillén
Politólogo y autor del libro ‘Podemos-Izquierda Unida. Del desamor a la confluencia’ 
@miguelguillen80
Parece que Esquerra Republicana empieza por fin a desacomplejarse. Supongo que ver a Puigdemont de cañas por Bélgica debe de causar indignación entre los miembros de un partido que tiene a su líder en la cárcel. Aunque seguramente este no es el (único) motivo por el que los dirigentes de ERC empiezan a decir en público lo que hace tiempo que piensan y no se atrevían a explicitar. Las declaraciones del respetado Joan Tardà hace unos días en una entrevista en La Vanguardia son diáfanas: “si es necesario, habrá que sacrificar a Puigdemont”. Y la decisión de Roger Torrent, flamante nuevo presidente del Parlament, de aplazar el pleno de investidura, deja bien a las claras que ERC no valida la estrategia de Puigdemont y sus acólitos. El “combate de judo” al que a menudo hace referencia Enric Juliana vuelve a tomar protagonismo. La ruptura del bloque independentista, dicen algunos… No canten victoria tan rápido, no sean ingenuos.
Creo que es interesante recordar un hecho importantísimo. Como sabemos, el 26 de octubre el por entonces President de la Generalitat estuvo a punto de convocar elecciones. Había que preservar las instituciones catalanas y la decisión estaba tomada. El papel del lehendakari Urkullu fue imprescindible en las horas previas para convencer a Puigdemont de la necesidad de no poner en bandeja al gobierno de Rajoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero aquella mañana, cuando se supo de las intenciones del hoy ex President, las redes sociales hirvieron y numerosos dirigentes procesistas empezaron a tachar a Puigdemont de traidor. “155 monedas de plata”, escribió en Twitter Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso. El President entró en modo pánico y se echó atrás. No podía quedar como el malo de la película y mucho menos como un traidor a la patria y al “Poble català”. En definitiva, no convocaba elecciones y la vía fake-unilateralista seguía adelante, aunque la simbólica República Catalana duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. El en la Moncloa aún se sorprenden de lo fácil que ha sido aplicar el artículo 155, de lo obedientes que han sido los funcionarios y cargos de confianza de la Generalitat, muchos de ellos fieles a la doctrina procesista. Porque con las cosas del comer no se juega.
Puigdemont es un hombre enganchado a las redes sociales, particularmente a Twitter, y ello fue fundamental a la hora de no poder aguantar la presión aquel 26 de octubre. No es difícil aventurar que si hubiera quedado como un traidor ERC se hubiera beneficiado a nivel electoral, y miren ahora cómo han cambiado las tornas. Al fin y al cabo, el procesismo también consiste en una lucha por la hegemonía del nacionalismo catalán. El error de ERC en aquel momento fue no apoyar la decisión que ya había tomado Puigdemont. El tuit de Rufián lo simbolizó a la perfección. El gran error de ERC. Supongo que en la sede de la calle Calabria de Barcelona empiezan a darse cuenta ya que los tuits de Rufián pueden tener su gracia durante unos minutos, pero la fama en Twitter es efímera y la política consiste en otra cosa. Comparen a Rufián con Tardà. No hay color. A veces pienso que el veterano político de Cornellà debe de tirarse de los pelos con algunas de las peripecias de su compañero de escaño.
Hoy, como sabemos, Puigdemont goza de gran apoyo popular no solamente entre las filas neoconvergentes, sino también entre el electorado de ERC y la CUP. Se ha erigido como el gran mesías del procesismo y ERC tiene buena parte de responsabilidad en la creación del monstruo. La manifestación de Bruselas, con nutrida representación de dirigentes y militantes de Esquerra, no fue más que un gran acto electoral a favor de Puigdemont. Otro error de cálculo del histórico partido de Macià y Companys, que no sé qué pensarían si levantaran la cabeza. La historia del 21 de diciembre ya la sabemos: Puigdemont y el gen convergente (en expresión de Enric Juliana) ganaron la batalla por la hegemonía procesista. El puigdemontismo venció. El gen convergente nunca muere, y la capacidad de sus huestes a la hora de crear discurso y amplificarlo mediáticamente es digna de elogio y estudio. Expliquen lo que expliquen, su electorado compra el mensaje. Sea el que sea. Y es que la fe mueve montañas. Guillem Martínez lo explica magistralmente en sus imprescindibles crónicas en CTXT.
Pero Puigdemont es humano. Es una persona, y el riesgo de pasar al olvido en poco tiempo siempre estará ahí. Por eso se aferra al cargo, porque sabe que si no es investido President puede ir a parar a la cruel papelera de la historia antes de lo que nos pensamos. Porque la vida sigue y el procesismo seguirá, con unas o con otras personas. Por eso también algunos dirigentes neoconvergentes ya empiezan a hablar de repetir las elecciones, porque probablemente estarían ante una ocasión de oro para machacar a ERC y sus coqueteos con la traición a la patria. La megalomanía puigdemontista, si bien a más de la mitad de la población catalana le produce alergia, seduce a amplios sectores del procesismo, y eso sus estrategas lo saben. Durante el franquismo tocaba callar y quedarse en casa, en los ochenta y noventa tocaba votar a Pujol, hoy toca votar a Puigdemont. Sean obedientes, por favor.
Lo que está quedando cada vez más claro es que el procesismo está beneficiando claramente a las derechas. No perdamos de vista que los dos partidos más votados en las elecciones del pasado 21 de diciembre fueron C’s y JxC. Se demuestra una vez que el incremento del fervor nacionalista (español o catalán) beneficia a las derechas, que históricamente han patrimonializado el pedigrí identitario que funciona como perfecto anestésico contra los problemas reales de las clases populares. La pregunta que debemos lanzar al aire es clara: ¿se ha cerrado la ventana de oportunidad que abrió el 15-M y más tarde Podemos? Porque no lo olvidemos: puede que el PP salga tocado de todo esto, pero no se pierde ni uno solo de sus votos, porque los desencantados van a votar religiosamente, vía cosmética, a Ciudadanos. Más de lo mismo, pero con una imagen menos casposa y (de momento) limpia de polvo y paja.
La pasada semana llamaron la atención los mensajes que se intercambiaron Puigdemont y Toni Comín que captó un cámara de Telecinco. Se ha llegado a decir que el procesismo está acabado. ¿Seguro? No sean ingenuos, por favor. La nueva temporada de esta serie acaba de comenzar y promete ofrecernos nuevas tramas y emociones. Ahora se habla de crear una presidencia simbólica, que ocuparía Puigdemont, y otra efectiva, que ejercería un testaferro suyo. Fíjense: la capacidad creativa del procesismo no tiene límites, básicamente porque cuenta con un chollo valiosísimo: su electorado compra cualquier chanchullo (astucia en lenguaje procesista) y cualquier mensaje, por esperpéntico que sea. Por eso sorprenden fallos en lo simbólico como que Puigdemont haya llegado a plantearse alquilar una mansión nada menos que en Waterloo. Es inevitable que se te escape la risa, máxime cuando el procesismo ha cuidado hasta el más mínimo detalle y con particular esmero el simbolismo y la escenografía: desde las performances de los 11 de septiembre a todo tipo de concentraciones y acciones, pasando por el tour bruselense de Puigdemont de la manita de la derecha identitaria flamenca.
Estos días he llegado a pensar que ERC se está desacomplejando y puede que rompa su ya largo matrimonio con los neoconvergentes. El abrazo del oso. Pero igual soy un ingenuo. Esto puede que no acabe nunca. Puede que ERC nunca llegue a plantearse una alianza con las izquierdas catalanas. Pero soñar es gratis: puede que ERC se desacompleje definitivamente y apueste algún día por sumar a la izquierda y no a la derecha. Que piense en lo social y no anteponga lo identitario. Nunca es tarde si la dicha es buena.

dissabte, 13 de gener del 2018

Las cuatro mentiras de Rajoy sobre las pensiones

Octavio GranadoSecretario de Estado de Seguridad Social 2004 – 2011
Cuando el malvado Rodríguez Zapatero ocupaba la Presidencia del Gobierno, en la segunda semana del año presentábamos los datos provisionales de ejecución presupuestaria del sistema de pensiones.
El presidente del Gobierno, mariano Rajoy, con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el Palacio de la Moncloa. E.P.
Al actual Gobierno, estructuralmente incapaz de distinguir lo que hace de lo que no hace, lo que hace bien y mal, le da vergüenza presentar los datos que demuestran que lo hace fatal en materia de pensiones, y como a falta de pan buenas son tortas, aquí van esos datos.
  1. Éste es un año record de subida de los afiliados.
En verdad la afiliación sube, el turismo es de record y existe recuperación; la sustitución de los jubilados del sistema de Clases Pasivas declarado a extinguir en 2010 ha permitido el incremento aparente de afiliados en la educación y la administración.  Pero…
En Seguridad Social hay dos tipos de afiliados: ocupados y desempleados. Los primeros han subido desde 2011 a 2017 de 17.433.161 a 18.222.519. Es decir, unos 800.000. Pero para los desempleados,  Gobierno eliminó la cotización de 52 a 55 años, endureció las condiciones para el pago de sus cotizaciones, disminuyó la base de cotización y otras sevicias. El número de desempleados cotizantes ha pasado en estos seis últimos años de 2.770.164 a 1.124.277, con lo que el número de cotizantes todavía es inferior al de 2011. Consecuencia de puras decisiones políticas del Gobierno, que prefiere que el superávit del Servicio Público de Empleo siga engordando a costa del déficit en las pensiones.
  1. El incremento del empleo garantiza las pensiones.
Después de seis años los ingresos superarán por primera vez los del año 2011, pero bastante menos de lo que se ha filtrado y la prensa más o menos adicta se ha “comido” sin preguntar demasiado. Los 109.000 millones en cotizaciones anunciados a bombo y platillo serán menos de 108.000, o lo que es lo mismo, menos de lo que se presupuestó para el año pasado. Pero con independencia de la bondad de esta cifra, hay que señalar precisar algo interesante. En 2011 la aportación media de cada afiliado ocupado fue de 5.391 €, después de cuatro años de intensa crisis. En 2017, después de tres años imperiales de creación de empleo,  la aportación media de cada afiliado ocupado ha sido de 5.583 €, es decir, ha aumentado menos de 200 € en seis años. De no haberse producido la reconversión de los jubilados de Clases Pasivas, la aportación sería la misma que seis años antes. ¿Por qué? Por la serie de beneficios fiscales que la Seguridad Social se sigue comiendo a su costa y, sobre todo, por la exigüidad de los salarios, denunciada por el FMI, la OCDE y la Unión Europea, hasta tal punto de que la propia Ministra autora de la reforma laboral que nos ha conducido a esta situación (yo escribí en enero de 2012 que los dos principales efectos de la reforma serían la disminución de los salarios y el déficit de las pensiones) ha tenido que pedir que suban los salarios. Para que nos hagamos una idea, la aportación necesaria para volver al  equilibrio del sistema de 2011 sería 1.200 € más en cuotas por cada afiliado, pero no hemos llegado a los 200. Mientras tanto, la aportación del Estado y los complementos a mínimo bajan, ya hemos visto como bajan las cuotas de desempleados, y los rendimientos del Fondo de Reserva se han hundido con el propio Fondo.
  1. Los gastos están controlados
Las cuatro principales medidas de control de gasto que han tenido efectos han sido el cese del pago de las pensiones de viudedad a divorciados que no recibieran de sus “ex” pensiones de alimentos, el que las pensiones de incapacidad permanente no pudieran ser mayores que las pensiones de jubilación si la persona incapacitada hubiera seguido trabajando hasta los 65 años, el retraso en la edad de jubilación de forma paulatina para quienes hubieran cotizado menos de 35 años, y la congelación de las pensiones. Las tres primeras de adoptaron por gobiernos socialistas, y han conseguido disminuir el número de nuevas pensiones de viudedad o de incapacidad. De hecho, el número de pensiones ha crecido de 8.866.277 a 9.581.770, es decir, un 8% acumulado  y algo más del 1% al año, lo que no es un indicador alto si tenemos en cuenta que estamos empezando a jubilar a los nacidos en el baby boom del siglo pasado. La cuarta es directa aplicación de la política de este gobierno, pero ha tenido un efecto menor del previsto.
En realidad, el gasto en pensiones sigue aumentando por el denominado efecto “sustitución”: las pensiones nuevas son más altas que las de los pensionistas fallecidos porque corresponden a carreras más largas y bases de cotización más altas. Desde 2011 a 2017 el gasto ha crecido de 99.572 millones € a 122.688 millones, es decir, un 23%, a un ritmo cuatro veces superior al de las cotizaciones.  La pensión media ha pasado desde 2011 a 2017 de 11.316 € a 12.976 € a pesar de la congelación. Desde 2011 a 2017 la pensión media de los españoles ha crecido 1.661,7 €, consecuencia de las nuevas pensiones más elevadas, es decir,  8,6 veces más que  la cotización media. El número de pensionistas tampoco ayuda, ya que aunque no crezca demasiado lo hace más deprisa  que el de los afiliados ocupados, y el global de cotizantes, como ya hemos visto, disminuye.
Y para acabar de arreglar la situación, las características de nuestro mercado de trabajo no permiten emprender medidas de control del segundo gasto más importante del sistema después de las pensiones: la incapacidad temporal. Su crecimiento creció al 9,51%  en 2017.
  1. Un buen año para el empleo es un año para las pensiones
Pues no, un buen año para nuevos empleos con salarios exiguos producirá que  el déficit del sistema va ser prácticamente similar o mayor al de 2016, es decir, del 1,8% del PIB. Un record notable: el déficit aumentará durante tres años seguidos a pesar del crecimiento del empleo. Como ya el Gobierno ha liquidado el Fondo de Reserva, pensado para ser usado a partir de 2020 cuando las jubilaciones fueran muy superiores a los nuevos empleos, pagamos las pensiones con préstamos. Cuando hayamos acumulado una masa de préstamos descomunal, porque al ritmo de 15.000/20.000 millones de euros al año la Seguridad Social alcanzará la deuda de las Comunidades Autónomas en un decenio, el momento en el que los tipos de interés de la financiación de la deuda se incrementen será necesario reducir las pensiones, como tuvieron que hacer Irlanda, Portugal o Grecia, y de lo que nos libramos aquí gracias al Fondo de Reserva que dejamos el 2011. Y mientras tanto, lamento informarles de que como ya avanzó Público hace pocas semanas (por cierto, esa información no fue publicada por ningún otro periódico), desde finales de 2016 la Seguridad Social española tiene patrimonio negativo, es decir, está quebrada.
Pero no piensen que esta situación es inexorable. Si conseguimos que los sueldos suban de verdad, que en vez de hacer regalos fiscales en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF haya impuestos solidarios con las pensiones; si las cuotas de la Seguridad Social van a pensiones en vez de a financiar asuntos tan oscuros como la formación; si hacer contratos de trabajo por periodos ridículos ya no tiene ventajas en la cotización sino penalizaciones; si el sistema sanitario fuera una herramienta eficaz en la detección de problemas de salud laboral,…  la Seguridad Social española volvería a ser como las europeas. Pero esto es pedir demasiado. Lo que tal vez no sea pedir demasiado es rogarles, por favor, que difundan esta información, fácilmente verificable en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social. Porque parecemos lemmings, contentos con nuestra marcha al desfiladero.   

dissabte, 6 de gener del 2018

Lo que no se ha contado sobre las elecciones catalanas

VICENÇ NAVARRO

Una realidad que ha pasado desapercibida en los múltiples análisis que se han hecho en los mayores medios de comunicación españoles, incluyendo catalanes, de las votaciones que tuvieron lugar en Catalunya el 21 de diciembre es que lo que ha sucedido en Catalunya tiene algunos puntos de semejanza con lo que ha estado ocurriendo en otros países a los dos lados del Atlántico Norte. Me estoy refiriendo al resurgimiento de amplios sectores de la clase trabajadora como nuevo agente de cambio a favor de opciones de derecha o incluso ultraderecha. En EEUU, por ejemplo, esta clase social –la clase trabajadora- (que círculos del establishment político mediático estadounidense apenas reconocían su existencia, asumiendo que había desaparecido o se había convertido en clases medias) jugó un papel determinante en la elección del candidato Trump, un candidato de la ultraderecha estadounidense que se había presentado como el candidato antiestablishment, salvador de la patria, frente al neoliberalismo y globalización promovidos por el Partido Demócrata gobernante, que supuestamente estaba debilitando la identidad nacional del país.
En Francia, fue también la olvidada clase trabajadora la que fue el apoyo electoral mayor de la ultraderecha francesa, dirigida por Marine Le Pen, en protesta a las políticas neoliberales del Partido Socialista presidido por el Sr. Hollande (que habían afectado muy negativamente la calidad de vida y bienestar de tal clase), y también en rechazo a la dilución y pérdida de la identidad francesa amenazada por la integración europea promovida por el gobierno Hollande. El cinturón rojo de París dejó así de apoyar a las izquierdas y votó en su lugar a la ultraderecha. Una situación casi idéntica apareció en la Gran Bretaña. En aquel país fue también la clase trabajadora la que apoyó masivamente la salida del país de la Unión Europea como oposición al establishment neoliberal europeo y como consecuencia de su deseo de recuperar la identidad británica. Como bien escribió Owen Jones, autor de Chavs. La demonización de la clase obrera (Capitán Swing, 2012), la ignorada o supuestamente desaparecida clase trabajadora, existía y su protesta estaba abrumando a las estructuras de poder británico, lo que culminó más tarde en el Brexit.
¿Ha pasado algo semejante en Catalunya? La aparición de la clase trabajadora como actor político en las elecciones del 21D
No puede dudarse que, en base a los datos disponibles y fácilmente accesibles, el hecho más notorio que ocurrió aquel día de las elecciones del 21D no fue solo la elección -de nuevo- de la coalición independentista, liderada por Convergència (conocida después como PDeCAT y últimamente como Junts per Catalunya, que ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático), sino también el apoyo electoral de grandes sectores de la clase trabajadora a Ciudadanos, uno de los partidos políticos más opuestos a Convergència, y al establishment político mediático catalán que ha  controlado durante la gran mayoría al periodo democrático todos los aparatos de la Generalitat de Catalunya. Este voto a Ciudadanos ha sido un voto de protesta al establishment político mediático (nacionalista primero e independentista después) que gobierna la Generalitat de Catalunya promoviendo a través de los medios públicos de la Generalitat, como TV3 y Catalunya Ràdio, así como de los medios privados (todos ellos subvencionados por fondos públicos), un nacionalismo conservador –el pujolismo-, recientemente convertido en independentismo, que polariza Catalunya según el sentido de identidad nacional de sus ciudadanos y, a lo cual, la clase trabajadora, de mayoría castellanoparlante, se opone.
Pero el rechazo a Convergència (Junts per Catalunya) incluye no sólo el aspecto identitario. Convergència (en sus distintas versiones PDeCAT y Junts per Catalunya) es un partido de orientación liberal (es decir, neoliberal en lo económico) que gobernó Catalunya por muchos años con un partido cristianodemócrata, Unión Democrática (integrada hoy en el PSC), y más tarde con ERC (en alianza en el gobierno Junts pel Sí) y con la ayuda de la CUP, un partido este último que se define como revolucionario pero que siempre antepone el proyecto nacional al social (como también hace ERC). Su sucesor, el PDeCAT (y su última versión Junts per Catalunya) ha sido un defensor de las políticas neoliberales, tanto en su reforma laboral como en sus recortes de gasto público, siendo los más extensos ocurridos en España. Ni qué decir tiene que la gran crisis que la aplicación de tales políticas ha provocado en Catalunya, ha creado una gran desazón en la clase trabajadora. Y la gran astucia de Ciudadanos ha sido canalizar este enfado antiestablishment político-mediático independentista, ocultando su neoliberalismo, presentándose como el más antiindependentista y más antinacionalista catalán y el más español. Y, por lo visto, lo consiguió.
El apoyo electoral de la clase trabajadora catalana a Ciudadanos
 El voto a Ciudadanos fue muy acentuado en los barrios obreros de Barcelona y Tarragona, provincias que concentran la gran mayoría de la clase trabajadora en Catalunya. El análisis electoral muestra que aquellos barrios por debajo de los niveles medianos de renta del municipio votaron por Ciudadanos. Un análisis sobre la procedencia del apoyo a Ciudadanos muestra claramente que provino predominantemente de los barrios obreros, y muy en especial de Barcelona y Tarragona, alcanzando ahí porcentajes del voto electoral de casi el 35-40% del electorado. Ejemplos son Ciudad Meridiana, Trinitat Nova, La Marina del Prat-Zona Franca, Vallbona, Trinitat Vella, Torre Baró, Les Roquetes o el Turó de la Peira, entre otros, todos ellos con un nivel de renta inferior a la mediana de la ciudad de Barcelona. Pero incluso en barrios obreros populares, con elevada densidad de la clase trabajadora con niveles de renta semejantes e incluso ligeramente superiores al promedio de la ciudad, como la Sagrera, el porcentaje de voto fue elevado (un 25%) garantizando que fuera el primer ganador en la mayoría de barrios de clase trabajadora.
De lo que no se dijo sobre Ciudadanos durante la campaña electoral: su filosofía económica es neoliberal, idéntica al PDeCAT
Ahora bien, lo que merece ser citado es que durante la campaña electoral el carácter neoliberal de tal partido –Ciudadanos- apenas apareció. En realidad, Ciudadanos es de la misma familia política que Convergència (que se rebautizó como PDeCAT y últimamente como Junts per Catalunya), lo cual casi nunca apareció en la campaña electoral. La evidencia de que sus políticas neoliberales (como la reducción de gasto público, la reducción de impuestos, su oposición al incremento del salario mínimo, entre otras) dañarían a las clases trabajadoras que les votaron es abrumadora. La escasa experiencia de gobierno del partido Ciudadanos en Catalunya,  la muy buena prensa que recibieron de los mayores medios de comunicación españoles, y la gran cantidad de recursos para promocionarse en la campaña, explican que este componente de su doctrina económica neoliberal apenas fuera conocido por sus votantes (ver mi artículo “La utilización de las banderas para ocultar las políticas responsables de la gran crisis social” en Público, 18 de diciembre de 2017). Pero esta orientación neoliberal, sin embargo, no pasó desapercibida por las clases más pudientes catalanas que sí consideraron correctamente a Ciudadanos como el más sensible a sus intereses. La gran paradoja del electorado favorable a Ciudadanos fue su curva en forma de U, siendo muy acentuada entre las rentas inferiores –clase trabajadora- por un lado, y entre las clases pudientes de mayor renta, por el otro. El barrio barcelonés donde Ciudadanos consiguió un mayor porcentaje de voto fue el más rico de Barcelona, Pedralbes (un 42%). Las clases dominantes tienen siempre una conciencia de clase más desarrollada que cualquier otro grupo o clase social. El apoyo de las clases pudientes a Ciudadanos era lógico y predecible pues respondía a sus intereses. No así, sin embargo, el apoyo recibido por tal partido por la clase trabajadora, que vería afectada negativamente su bienestar económico y social por la aplicación de tales políticas.
Lo mismo ocurrió, por cierto, en EEUU. Los mayores porcentajes de apoyo a Trump (que era el candidato que representaba con mayor crudeza a la clase empresarial estadounidense, profundamente antisindical) provenían de los barrios blancos más pobres (de clase trabajadora) y también de los barrios más pudientes. La coherencia en el comportamiento electoral de las clases pudientes (que correctamente leyeron quiénes defendían mejor sus intereses de clase) contrastó también en aquel país con la incoherencia del comportamiento electoral de las clases trabajadoras subalternas que priorizaron la expresión de su enfado y su nacionalismo identitario sobre sus intereses de clase.
Había gran interés en que el tema nacional acaparara todo el tema electoral
 La centralidad del tema nacional identitario ocultó e hizo irrelevante la importancia del tema social. Y esa fue la gran victoria de las derechas el día 21D. Los dos partidos mayoritarios, vencedores de las elecciones, uno liderando el futuro gobierno mayoritario independentista (la antigua Convergència con el nombre de Junts per Catalunya), el otro liderando la oposición (Ciudadanos), eran ambos miembros del grupo europeo liberal, cuya más reciente aportación al Parlamento Europeo fue proteger los paraísos fiscales existentes en Europa. La centralidad en la temática de las banderas fue su gran éxito.
 Lo cierto es que el debate de las banderas fue un diseño bien ejecutado por las fuerzas dirigentes del Estado español por un lado (el PP, Ciudadanos y el PSOE) y de la Generalitat de Catalunya, por el otro (PDeCAT o Junts per Catalunya, con la ayuda de ERC), para no hablar de sus responsabilidades en haber causado la gran crisis social de Catalunya (y de España). La rigidez y falta de sensibilidad del PP hacia las demandas nacionales procedentes de Catalunya, le suponía réditos electorales en el resto de España. Y el “procés” diseñado por los independentistas hacia la independencia exprés, así como las tensiones generadas, eran necesarias para aumentar sus bases electorales, que lograron  ampliar. Las detenciones y “exilios” movilizaron el apoyo electoral al independentismo. Y puesto que a ambos partidos tampoco les interesaba que se reavivara el eje derechas versus izquierdas (por su gran vulnerabilidad si ello hubiera ocurrido) no hubo interés en salirse del tema nacional.
 La enorme dificultad de cambiar el tema electoral pasando del tema nacional al tema social
En estas circunstancias, las izquierdas catalanas como Catalunya En Comú-Podem lo tuvieron muy difícil para romper esta polarización, pues a todos los otros partidos (que todos ellos, excepto la CUP, habían realizado y puesto en marcha políticas neoliberales) les hubiera perjudicado el cambiar de tema centrándose en la enorme crisis social existente en Catalunya. Tanto el PP como el PDeCAT (Junts per Catalunya) habían sido protagonistas de las reformas neoliberales como la reforma laboral y los enormes recortes al gasto público social.  En cuanto al PSC, su credibilidad estaba también limitada pues su partido hermano, el PSOE, había iniciado las políticas neoliberales y no ha habido hasta hoy una crítica seria de tal pasado. Referente a ERC y a la CUP, tales partidos siempre, en su apoyo al independentismo, habían antepuesto el tema independentista sobre cualquier otro, apoyando unos presupuestos que reprodujeron gran parte de las políticas neoliberales.
 ¿Por qué ahora la clase trabajadora catalana votó a la derecha ultraliberal?
La respuesta a esta es relativamente fácil. En realidad, es fácil de entender por qué el cinturón rojo de Barcelona ha votado naranja dejando de votar rojo o morado en estas elecciones. No hay ninguna duda de que, de la misma manera que el PP ha sido el mayor fabricante de independentistas, el gobierno independentista de Junts pel Sí ha sido el mayor fabricante de Ciudadanos en Catalunya. Cada vez que la coalición gobernante en Catalunya de Junts pel Sí se define como representante del pueblo catalán hiere los sentimientos identitarios de muchos de los catalanes no independentistas que reclaman también ser españoles y que, por cierto, son la mayoría de ciudadanos que vive en Catalunya. No hay duda que la máxima causa de que grandes sectores de la clase trabajadora en Catalunya votara a Ciudadanos se debe al éxito de canalizar el sentimiento español a través suyo.
 En la misma manera en que, nunca antes en Catalunya, los independentistas habían mostrado mayor agresividad en el desarrollo de su “procés”, nunca antes había habido una respuesta igualmente contundente por el sentido de pertenencia a España. Tenía que haber sido claro desde el principio para las izquierdas catalanas no independentistas que un adversario mayor para ellas sería Ciudadanos que utilizaría la defensa de la españolidad para movilizar ampliamente a la clase trabajadora a su favor. Debiera haber sido necesario mostrar que detrás del supuesto “patriotismo” español estaba la versión más “dura” del neoliberalismo. Y los datos así lo muestran claramente. El trasvase de votos desde las izquierdas no independentistas a Ciudadanos ha sido importante y significativo. Más de un 25% del voto a Catalunya En Comú-Podem y cerca del 36% del voto al PSC en 2015 fueron a Ciudadanos el 21D. Naturalmente que hubo también una transferencia en sentido contrario, pero mucho menor (Toni Rodon, “On han anat els vots del 27-S aquest 21-D?”, Naciódigital, 24 de diciembre de 2017).
Pero existió otro problema del que tampoco se habla
Pero el problema mayor que tienen las izquierdas catalanas no independentistas es su dificultad a la hora de canalizar el sentimiento de ser español porque la visión hegemónica hoy en este país del Estado español es la versión monárquica y ello como resultado del gran dominio que las derechas tuvieron durante la Transición, ayudadas por el transformado PSOE que abandonó parte de su bagaje ideológico durante ésta, resultado de las presiones del Ejército y de la Monarquía. El bipartidismo era el eje de un sistema monárquico que el PSOE hizo suyo.
La visión monárquica de España, sin embargo, nunca fue popular en Catalunya. Por mucho que las izquierdas catalanas estuvieran en desacuerdo no sólo con la secesión propuesta por los independentistas sino también en la manera tan irresponsable que los independentistas habían propuesto alcanzarla, no les era fácil salir en defensa del Estado español, incluyendo de la bandera borbónica, una bandera muy semejante a la que enarbolaron y el mismo himno que las tropas franquistas –que se llamaron a sí mismas los nacionales- cuando ocuparon el territorio catalán. Cuando la marcha en oposición a la independencia se organizó, fueron los partidos monárquicos los que la lideraron. Era difícil para un español republicano sentirse cómodo con tal identificación.
El enorme coste de la desmemoria histórica y la necesidad de las izquierdas de redefinir España
Y ahí nos lleva al punto clave de la respuesta a la pregunta que inicia tal sección: grandes sectores de las izquierdas catalanas no se sienten identificados con esta España monárquica. La lucha por la plurinacionalidad de España es fundamental y, además, tenemos que crear otro sentimiento de pertenencia a un proyecto común y para ello las izquierdas necesitan recuperar temas olvidados o dejados de lado en la suficiente recuperación de la memoria histórica. Esta falta de recuperación explica que, paradójicamente, las dos banderas (la estelada y la borbónica) más utilizadas por los dos bandos durante la campaña electoral, sean banderas partidistas en extremo. Pero hay que darse cuenta que para la mayoría de catalanes la bandera catalana no es la estelada sino la “senyera”. Y muchos catalanes que nos sentimos españoles no nos sentimos identificados con la bandera que representa el Estado monárquico. La bandera española para millones de españoles y catalanes era, y continúa siendo, la bandera republicana.
Soy consciente del argumento, que encuentro también razonable, de que la juventud ha sido socializada (a través del fútbol y otras competiciones) identificando la bandera borbónica como la española, y que introducir la republicana puede retrotraernos a una época pasada.
Pero hay que ser conscientes, por otra parte, que mantener la monárquica como la única representante para definir España (aunque es lo que instruye la ley y la Constitución) es contribuir a una pérdida de identidad. Supone también la desaparición de un punto de referencia en la consideración de alternativas al proyecto monárquico actual. No es por casualidad que el Estado sea tan intolerante hacia el uso de tal bandera republicana. Basta recordar al súperpatriota españolista, Presidente de las Cortes Españolas, el socialista José Bono, prohibiendo a los combatientes republicanos que visitaron tal institución, enarbolaran la republicana.
De ahí que se necesite un respeto tanto a las personas que ya han sido socializadas a considerar la bandera borbónica como la española, y a aquellos que consideran la republicana como la suya, recuperando un significado y una visión de España distinta a la actual. Aplaudo en este sentido la excelente presentación del senador de Podem Catalunya, Óscar Guardingo, en su intervención en el Senado, en la comisión sobre la aplicación del 155, con una crítica convincente del comportamiento de los herederos del franquismo, cuando resaltó que había otra España, terminando su presentación con los colores de la bandera republicana. Era una crítica a una versión dominante de lo que es España, a la cual se le recordaba que el espíritu de la España republicana continuaba existiendo.
Las banderas republicanas españolas tenían que haber aparecido en las marchas en Catalunya frente al neoliberalismo y frente al independentismo. Sin complejos, herederos de aquellos que han hecho más por este país, sintiéndonos españoles no monárquicos, y descontentos con el Estado español controlado por la derecha española de siempre, así como con la Generalitat de Catalunya, que continúa controlada también por la derecha catalana de siempre. No ser conscientes de ello lleva a una situación en la que los dos partidos mayoritarios en Catalunya son el gobierno de Junts per Catalunya por un lado, y Ciudadanos por el otro, ambos de la misma familia política neoliberal. El primero ocultando sus políticas detrás de la estelada y el segundo ocultando sus políticas neoliberales bajo la bandera borbónica.
Pero en esta redefinición, lo más importante no son los colores de las banderas sino el significado de los conceptos. Patria tiene que decir calidad de vida, y nación el bienestar de las clases populares que la constituyen. Y sí, utilizando estos criterios pueden hacerse listas de quién es más patriota en este país. No es el que la tiene más larga (la bandera) sino el que ha beneficiado más a la mayoría de la población a través de las políticas públicas que mejoren su calidad de vida y su bienestar. Y hoy las derechas “súperpatriotas” de los dos lados del Ebro suspenden dramáticamente. El deterioro de la calidad de vida, resultado de la enorme crisis social que existe tanto en Catalunya como en el resto de España, es resultado de los años de gobiernos de derecha “súperpatriotas” en este país. Y, en cambio, de ello ni siquiera se pudo hablar durante la campaña. Y ahí está el triunfo de los de siempre. Así de claro.

divendres, 5 de gener del 2018

Salarios de hambre, pensiones en el aire

Si alguien piensa que su hijo debe asumir que gana menos de lo que ganó él, porque… así es la vida, debe recordar que el dinero de su pensión saldrá de ese raquítico salario

EMILIO DE LA PEÑA

No hace muchos días escuché en la radio un titular que advertía de los riesgos de nuestro sistema de pensiones por el envejecimiento de la población. Lo decía el último informe de la OCDE. Se refería a las dificultades que se atisbaban para el año 2050. Está bien divisar el horizonte lejano, aun a riesgo de apreciarlo de forma confusa y casi siempre equívoca. Pero desde luego es más realista observar lo que tenemos delante. Ahí no hay predicción posible, son hechos ciertos.

Desde que Rajoy llegó al Gobierno, no ha pasado un año sin que lo que ingresa la Seguridad Social haya sido insuficiente para pagar las pensiones. Es la primera vez que esto ocurre de manera continuada. El 83% de lo que ingresa la Seguridad Social proviene de las cotizaciones por los salarios. Y ahora estas cotizaciones no dan para el pago de las pensiones. Cabría pensar que esto se debe a la combinación de dos cosas: Cada vez hay más pensionistas y la crisis provocó que hubiera menos trabajadores cotizando a la Seguridad Social. Es, digamos, la explicación oficial, por llamarla de alguna manera, aunque la realidad es que desde los discursos oficiales nada de esto se dice. Se repite tan sólo el mantra de que se crea más empleo que nunca, por lo que la recuperación es un hecho.

Pero hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, en 2010, el año en que se inauguraron los recortes y reducciones salariales, el número de afiliados a la Seguridad Social era muy semejante al del año pasado: cotizaban 17.660.000 personas frente a los 17.600.000 en 2016. Sin embargo, el año pasado, ya acabada la crisis, según el Gobierno, con un claro crecimiento, la Seguridad Social recaudó 1.400 millones de euros menos que siete años antes. La explicación es bastante obvia: los salarios han bajado, las personas que son contratadas ahora reciben sueldos claramente menores, y por tanto cotizan menos a la Seguridad Social para pagar las pensiones.

Más evidencias: Acudimos a los datos de la Seguridad Social y nos fijamos en lo que aportan las cotizaciones de los trabajadores del llamado Régimen General. Son la gran mayoría, en torno al 80% de los afiliados. Por término medio, en los 10 primeros meses de 2017, cada asalariado aportó 4.553 euros a la Seguridad Social. En el periodo equivalente de 2010, la aportación media por afiliado había sido mayor: de 4.628 euros, por tanto 75 euros más. Pero, el dinero no representa lo mismo ahora que entonces, porque sube el coste de la vida. Si calculamos los euros en el valor actual, la diferencia es mucho mayor: en 2010 lo que aportó cada salario fue 150 euros más que ahora. En 2017 esa recaudación por afiliado ha descendido un 3,2 por ciento. Lógico, porque los salarios son más bajos.

Esto no ha ocurrido en un año. Desde 2009 la aportación media de los afiliados a la seguridad social ha ido descendiendo, en euros de 2016, hasta llegar a ser 544 euros menos por persona, lo que supone una caída superior al 8%.

A la bajada de los salarios se añade otra cosa que resta recaudación. Ahora son más los parados que no cobran el seguro de desempleo y por tanto el Estado no cotiza por ellos a la Seguridad Social. En 2009, el 75% de los parados inscritos en las oficinas de empleo recibían una prestación. En 2017 sólo el 55% de los desempleados recibe tal ayuda. Y el dinero que cobra cada parado, incluida su cotización a la Seguridad Social, es además menor en 2017: 807 euros al mes, mientras que en 2009 llegaba a los 994 euros mensuales.

No han sido sólo los años malos. La bajada de recaudación por afiliado ha continuado los años que el Gobierno considera ya buenos y con la crisis superada. ¿Está superada una crisis cuando los que trabajan no ganan lo suficiente para pagar como es debido las pensiones de los que ya no trabajan?

Esa escasez recaudatoria persiste y puede prolongarse a largo plazo. La bajada de los salarios no es un fenómeno de poco tiempo, incluso aunque en los convenios colectivos se proceda a partir de ahora a incrementar los sueldos algo más. Lo más grave de los bajos salarios no es el recorte que han sufrido los que ya trabajaban cuando llegó la crisis, con ser esto negativo y empobrecedor. Lo peor ha sido y sigue siendo la sustitución de puestos de trabajo con sueldos aceptables por otros con salarios notablemente menores. Estos todavía son minoritarios, les toca sobre todo a los jóvenes que acceden a su primer empleo, pero con el paso del tiempo aumentarán. Por ejemplo, gran parte de los trabajadores que se jubilan o prejubilan con sueldos buenos son relevados por otros con un salario mucho más bajo. Es una rueda de sustitución continua que no para. Se da así el fenómeno perverso de que el nuevo contratado con salario mísero no puede con su cotización aportar suficiente para pagar la pensión del trabajador al que sustituyó. Si alguien piensa que su hijo debe asumir que gana menos de lo que ganó él, porque… así es la vida, debe recordar que el dinero de su pensión saldrá de ese raquítico salario.

El Gobierno lo sabe, ¡cómo no! La primera solución que encontró fue pulirse el dinero que había en el Fondo de Reserva, en la hucha de la pensiones. Dinero ahorrado con lo que sobraba de las cotizaciones en los años anteriores. En total, casi 53.000 millones de euros, que se aportaron incluso en 2008 y 2010, cuando arreciaba la crisis y el PP consideraba la situación insostenible. A ello había que sumar los intereses que ese dinero generaba y que alcanzaban, cuando llegó Rajoy al Gobierno, los 14.000 millones de euros. En total 67.000 millones de euros es lo que se encontró Rajoy en la hucha. Sacó de ella en los años de recesión, cuando se destruía empleo, y la recaudación de la Seguridad Social cayó al mínimo, en 2012 y 2013. Podía parecer razonable: para eso estaba la hucha. Pero en 2014 volvió a crecer la economía y mucho más en 2015 y 2016. Aumentaba el empleo y no había razón para sacar más dinero. Si las cosas iban bien, ¿por qué se seguía recaudando poco? La explicación es la política de bajos salarios implantada por el PP. Al comenzar este año quedaban 15.000 millones y ni con eso ha bastado para pagar todas las pensiones. Tanto es así que el Gobierno ha puesto otros 10.000 millones del Presupuesto del Estado.

La otra solución es la de siempre: recortar. Ya se hizo con la última reforma de las pensiones. El argumento empleado es el que refleja también la OCDE: el envejecimiento de la población hace insostenible el sistema. Es el mirar a largo plazo y predecir mientras se oculta lo que la realidad, no la previsión, ha dejado patente: el envejecimiento de la población no se ha producido de la noche a la mañana y sin embargo la insuficiencia para pagar las pensiones sí. La recaudación de la Seguridad Social por cotizaciones sociales fue en 2016 un 4% más baja que en 2008, mientras que la renta total de los españoles fue prácticamente la misma. Eso sí, la renta ha estado peor repartida. Mientras que la de los salarios ha caído un 5%, el beneficio empresarial ha subido algo más de uno por ciento.

Para pagar pensiones dignas es necesario que trabaje más gente, reducir drásticamente el desempleo y salarios dignos. O lo que es lo mismo, un reparto más equitativo de la riqueza generada cada año.

dimecres, 20 de desembre del 2017

La utilización de las banderas para ocultar las políticas responsables de la gran crisis social

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
En estos días vamos a ver en Catalunya una situación que es bastante común hoy en España: grandes sectores de las clases populares y, muy en particular, de la clase trabajadora van a votar a partidos de persuasión liberal cuyas propuestas económicas neoliberales son claramente contrarias y opuestas a sus intereses.  Uno de ellos es el partido más ultraliberal de España (muy próximo al mundo de las grandes empresas del Ibex 35) y que en algunos temas económicos está incluso más a la derecha que el Partido Popular, yendo incluso más allá que lo que hoy están diciendo algunas figuras del establishment político-mediático de la Unión Europea que, por fin, se han dado cuenta del enorme daño que tales políticas han hecho a la población de los países europeos, cuyos gobiernos las han estado aplicando. La evidencia de que tales políticas, como las reformas laborales (que han sido responsables del enorme descenso salarial y aumento de la precariedad) y de los recortes del gasto público (causa del gran deterioro de los servicios públicos, como sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, servicios domiciliarios, entre otros y de las transferencias, como pensiones, del Estado del Bienestar) han dañado la calidad de vida de las clases trabajadoras es abrumadora. Nada menos que el Sr. Juncker, Presidente de la Comisión Europea dijo hace unos días que “las políticas de recortes y austeridad del gasto público social ha sido quizás el mayor error europeo en la crisis” (El País, 19.11.2017).
Pues bien, el partido Ciudadanos ha sido el más neoliberal de todos los partidos liberales que existen en España (Ciudadanos, PP y PDeCAT). Para aquellos lectores que crean que estoy exagerando les aconsejo que se lean las propuestas que Ciudadanos ha hecho a nivel Estado. Y de esta lectura se deducen sus puntos esenciales.
El programa neoliberal estatal de Ciudadanos
  1. Política Fiscal. Ciudadanos propone a la vez cumplir los objetivos neoliberales de déficit de la Comisión Europea con el ritmo asfixiante que la ortodoxia económica propone al tiempo que quiere hacer una reforma fiscal de reducción impositiva (reducción en la recaudación de 2.000 millones de euros en el IRPF).
Ciudadanos propone una reducción fiscal cuando a pesar de que el verdadero problema fiscal de nuestro país no es de gastos excesivos, sino de ingresos insuficientes, Ciudadanos, como también han declarado otros partidos liberales, aboga por bajar impuestos en la próxima legislatura. En este momento la distancia de recaudación fiscal que nos separa con la Eurozona es de más de 8 puntos porcentuales del PIB. La propuesta de reforma fiscal de Ciudadanos cuesta dinero a los contribuyentes, tiene efectos regresivos y no soluciona el principal problema de nuestro sistema tributario (su débil capacidad recaudatoria). Ciudadanos realiza un trilema imposible. Propone tres objetivos de política económica que son imposibles de realizar a la vez: reducir el déficit público al ritmo al que exige Bruselas, impulsar rebajas fiscales para los contribuyentes y garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. De ahí que Ciudadanos, igual que ha hecho el Partido Popular, haya optado en realidad por los dos primeros y en contra del último. En definitiva, reducir impuestos más mantener objetivos déficit es igual a recortes del Estado del Bienestar. 
  1. 2Política laboral. Ciudadanos no establece ninguna medida para incrementar el salario mínimo de la economía (En realidad se niega a incrementar el SMI) y también se opone a empoderar a los sindicatos negándose a restablecer una negociación colectiva. También propone un contrato único en lugar de contrato indefinido y temporal como hoy existe. Con el contrato único, Ciudadanos pretende eliminar la “rigidez” que introducen los trabajadores indefinidos, pues sus “derechos” impiden que se les pueda despedir y/o que se pueda reducir su salario. Se soluciona la “dualidad”, y por tanto el problema del desempleo.
Pero la realidad muestra que la propuesta de C’s de contrato único, en lugar de revertir esta tendencia la mantiene y refuerza, convirtiendo de facto todos los contratos en temporales: aunque se les cuelgue la etiqueta de  indefinidos podrán ser rescindidos en cualquier momento con un coste mucho inferior al actual.  La apuesta de C’s –bajo la falsa excusa de que hay una parte de la población con “demasiados” derechos que impide que el mercado laboral sea flexible- es repartir “equitativamente” la precariedad, igualando a la baja las condiciones de todos los contratos y haciendo sostenible en el tiempo algo que habría que erradicar si queremos modernizar la economía española: la temporalidad y el fraude de ley asociado a la misma.
  1. Recorte de gasto público. Plantean reducir casi 4 puntos el peso del gasto en el PIB (del 43,3% al 39,4%)
Esta cifra es claramente insuficiente para dar credibilidad a cualquier “agenda social” o a la reversión de los recortes aplicados en estos años. Ciudadanos propone, en suma, consolidar los recortes ya practicados esta legislatura por el Partido Popular.
  1. Mantenimiento del Art. 135 CE. Ciudadanos promete cumplir con el artículo 135 de la constitución tal y como está actualmente (firmada en nocturnidad y alevosía por el Presidente Zapatero y por el líder de la oposición en aquel momento, el señor Rajoy) que fuerza al Estado a dar prioridad a pagar los intereses a la banca sobre cualquier otra intervención. 
Mantener el art. 135 es mantener el principio jurídico neoliberal de subordinar el Estado del Bienestar a los intereses del capital financiero.
Ni que decir tiene que Ciudadanos, como hacen los otros partidos de la derecha liberal, presentan sus programas sin nunca aclarar las consecuencias de sus propuestas, endulzándolas con todo tipo de lenguajes seductores que siguen las últimas técnicas de marketing político. Así hablan de “libertad” de “mercados”, de “competitividad” y otros, detrás de los cuales, hay una realidad de enorme explotación que favorece a un sector minoritario de la población (los ricos y super ricos -que derivan sus ingresos de las rentas de la propiedad y gestión de la propiedad de bienes y servicios- y las clases medias ilustradas que les sirven) a costa de la gran mayoría de la población que son las clases populares y las clases trabajadoras. Y los datos así lo demuestran. Las rentas del capital como porcentaje de todas las rentas del país han aumentado espectacularmente en todos los países que estas políticas se han aplicado a costa de un descenso muy notable de las rentas derivadas del trabajo. En realidad, este hecho es el causante de la enorme crisis social que tales países, como España, están teniendo.
¿Cómo puede ser que grandes sectores de la clase trabajadora van a votarles?
La respuesta es muy fácil y las elecciones catalanas lo muestran. El “frente patriótico españolista” liderado por Ciudadanos en Cataluña ha utilizado la bandera española para ocultar sus políticas neoliberales. Por cierto, lo mismo ha estado haciendo el gobierno Puigdemont (utilizando en este caso la bandera esteleda independentista). Las banderas hoy en Cataluña y en España están ocultando a los responsables de tanto daño a las clases populares. El sano amor al país en los dos lados del Ebro está siendo movilizado por las derechas neoliberales españolas y neoliberales catalanas para ocultar sus políticas neoliberales, ocultadas bajo las banderas.
En Cataluña tenemos por un lado el frente patriótico españolista, llamado unionista, que les une, no solo en el apoyo al 155 de la Constitución Española sino también el apoyo al artículo 135. Todos ellos (el PP, Ciudadanos y el PSC-PSOE) apoyaron la ley 135 (Ciudadanos no la votó pero hoy la defiende) que fuerza al estado español a dar prioridad a pagar los intereses a los bancos sobre atender a las necesidades de la población. Es el bando unionista y neoliberal. Pero en el otro bando, el independentista, llamado también secesionista –PDeCAT, ERC y CUP- está liderado por el PDeCAT, el superpatriota catalán, que se oponen al 155 pero en cambio, el PDeCAT no se opusó al 135. Es probable que la mayoría de la clase trabajadora catalana (de habla castellana) vote al primer grupo, por creerse que son los que defiende su identidad como españoles, además de catalanes. Pero tal defensa de la identidad les supondá un coste en su bienestar. La evidencia histórica es abrumadora, realidad que es incluso más clara, si este bloque “superpatriótico”, está liderado por Ciudadanos, el más ultraliberal.
Por otro lado, es probable que las clases de renta media y alta voten a los independentistas, para defender su identidad catalana que ven limitada, cuando no negada por el Estado español. Pero, la gran mayoría también verán afectada su calidad de vida por la aplicación de las políticas neoliberales que fueron impuestas (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales) por el partido que ha gobernado Cataluña durante la mayoría del período democrático, Convergencia (que es de la misma familia liberal europea que Ciudadanos). Hay que recordar que Convergencia gobernó en coalición con Unió Democrática (hoy en las listas del PSC) que tampoco se opusieron al 135.
Y ahí está el problema. El tema nacional ha ocultado el tema social. Hoy las únicas fuerzas que se oponen (como se han opuesto desde principio) al neoliberalismo (incluyendo el 135), poniendo las necesidades de las clases populares, ahora y no solo en el futuro como prioridad, es la coalición Catalunya en Comú-Podem. Sé que algunos me indicaran que la CUP también lo ha hecho. Pero tal partido ha siempre antepuesto el tema nacional sobre el tema social, habiéndose convertido en un apéndice de Junts Pel Si, apoyando al sucesor de Artur Mas y lo que tal partido representa.
Una última observación. Las voces críticas en este país tienen grandes dificultades en poder ser oídas consecuencias del enorme control de los medios de información por partidos con sensibilidad neoliberal o socioliberal (en el caso de los medios públicos) o por parte de los intereses financieros (en el caso de medios privados) y este control aparece claramente en estos días de elecciones, donde el dinero juega un papel determinante en el marketing político que caracterizas a las elecciones. Ciudadanos en Cataluña se está gastando millones para seducir a la clase trabajadora. En cambio las voces y partidos que pueden mostrar con datos que como bien dice el refrán “por mucho que se vista de seda, mona se queda”, no tienen tales medios. Y es a esto que le llaman democracia. Yo le ruego al lector, que si está de acuerdo conmigo, distribuya este artículo entre las poblaciones de barrios populares en Cataluña (y en el resto de España).

dimarts, 19 de desembre del 2017

Franquismo o fascismo

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
Hace ya años hubo un debate muy vivo e intenso en círculos politológicos en nuestro país sobre el tipo de régimen político que existía en España durante el periodo 1939-1978. Algunos politólogos, como el Sr. Juan Linz, de la Universidad de Yale (muy influyente en España, maestro de muchos de los profesores de Ciencias Políticas más conocidos en este país), sostenían que aquel régimen había sido un régimen autoritario, o lo que podría llamarse una dictadura a secas, sin más. Su misión era mantener el orden y la autoridad, siendo su dimensión represiva la más acentuada. Dirigida por un caudillo al que el régimen consideraba que tenía dotes casi sobrehumanas (“Caudillo por la gracia de Dios”, se decía en España para definir al Caudillo), tal tipo de Estado recibía el nombre de caudillista, siendo la forma de dictadura más común en América Latina, y que, según tales autores, incluía también la dictadura en España llamada franquista.
Esta visión de la dictadura fue la más común en el establishment político-mediático (es decir, la estructura de poder político y mediático) español, que la promovió extensamente no solo en sus medios de comunicación, sino también en las instituciones educativas del país. Parte del atractivo que esta visión tenía para dicho establishment era que estas dictaduras autoritarias iban debilitando su autoritarismo a medida que se desarrollaba la sociedad y aparecían unas clases sociales -como las clases medias- que, al añadir estabilidad al sistema político, hacían menos necesaria la represión, convirtiéndose más tarde en democracias, tal como el establishment político-mediático creyó que había ocurrido en España. Esta visión fue la preferida por los vencedores de la Guerra Civil, pues justificaba veladamente el golpe militar del 1936 y la dictadura que generó, ya que su autoritarismo era necesario para permitir el desarrollo del país, autoritarismo que fue diluyéndose con el paso del tiempo. De ahí la definición de aquel régimen como franquista, el término más utilizado en España para definir dicho régimen.
El régimen, sin embargo, fue mucho más que autoritario; fue también totalitario
La otra visión de aquel régimen creía que este fue mucho más que autoritario. Consideraba que fue totalitario, es decir, que intentó cambiar toda la sociedad creando un “nuevo hombre” (en aquel entonces la mujer no contaba mucho). Según el Sr. Juan Linz, los regímenes totalitarios eran aquellos que intentaban cambiar la sociedad a través de la imposición de una ideología totalizante (es decir, que afectaba todas las dimensiones del ser humano), como por ejemplo el comunismo, que utilizaba todos los instrumentos a su alcance (desde los educativos hasta los represores) para imponer sus valores. Este tipo de sociedades, decía Linz, eran incambiables, pues no tenían la capacidad de transformarse en democracias. Esta visión de las sociedades comunistas -como regímenes incambiables- fue utilizada durante muchos años por el gobierno federal de EEUU para justificar su gran tolerancia y apoyo a las dictaduras caudillistas latinoamericanas, y su hostilidad hacia las dictaduras comunistas.
Ni que decir tiene que el establishment político-mediático español nunca ha aceptado que el régimen que llamaba franquista fuera totalitario. Pero aquellos que vivimos y sufrimos aquel régimen, sin embargo, podemos dar testimonio de que el régimen dictatorial español fue enormemente represivo no solo físicamente y emocionalmente, sino también ideológicamente. El Estado controlaba todos los sistemas productores de valores, desde la educación hasta todos los medios de comunicación, con el objetivo no solo de mantener el orden y la autoridad, sino también y sobre todo de promover su ideología. Y tal ideología era totalizante en extremo, pues intervenía en todas las dimensiones del ser humano, desde el idioma que uno debía utilizar para comunicarse hasta la manera de realizar y conseguir el orgasmo. Es difícil encontrar una ideología más totalizante que la que existía durante la dictadura del general Franco.
¿Cuál era la ideología totalizante?
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cuál era la ideología de tal régimen? Naturalmente que aquellos que sostienen la teoría de que el régimen era meramente autoritario, sostienen también que no tenía ideología, lo cual contrasta con la experiencia de cualquier persona que haya sufrido aquel régimen. A mí, cuando era niño, en Barcelona, un policía franquista (se llamaban los grises) me pegó una bofetada por hablar catalán, mi lengua materna, gritándome “no hables como un perro, habla en cristiano”. Y la masturbación estaba prohibida. Si no se lo creen, pregúntenselo a sus abuelos (ver mi biografía personal “Una breve historia personal de nuestro país: biografía de Vicenç Navarro”, en vnavarro.org, 26.09.17)
Varias eran las características de su ideología. Una era la sumisión del mundo del trabajo al mundo empresarial (que se benefició extensamente del tal régimen) a través de los sindicatos verticales. No se ha enfatizado suficientemente el clasismo elevado (dominio y reproducción de clase) como característica de aquel régimen dictatorial, lo cual es sorprendente pues un objetivo mayor del golpe militar que lo creó y enalteció en 1936 fue precisamente la defensa de los intereses y principios de la clase dominante (incluyendo las élites económicas y financieras del país) frente a los avances sociales que la II República había estado consiguiendo como resultado de las presiones realizadas por las clases populares.
Otra característica era la sumisión (en realidad, eliminación) de los nacionalismos periféricos (catalán, vasco y gallego) al nacionalismo españolista uninacional enraizado en la monarquía y su pasado imperial. Esta característica definió también aquel régimen cuyo enaltecimiento fue creado bajo el lema de defender la “unidad de España”, unidad que, por cierto, no había estado amenazada, difundiéndose bajo este lema, no la unidad de España sino la continuidad de un estado monárquico borbónico, jerárquico, radial (centrado en la capital del Reino, que tuvo poco que ver con el Madrid popular) y uninacional, que consideraba como “antiEspaña” a la visión plurinacional de España, poliédrica, no radial, con una convivencia consensuada y no forzada por el Ejército.
Estas características, clasismo y nacionalismo extremo, eran características de las ideologías totalizantes conocidas en el siglo XX como nazismo y fascismo, y que se presentaron claramente en el golpe militar del 1936 que no hubiera sido posible sin la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. Y así fue percibido por la mayoría de las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, lo cual explica que fuera de España no se utilice el término franquista para definir el régimen dictatorial español, sino el término fascista. Cuando el Sr. Samaranch fue en el año 1996 a EEUU a inaugurar los Juegos Olímpicos de Atlanta, el New York Times, en su nota biográfica, lo definió como “el delegado de deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. No era su intento insultarle, pues el término con el que se definió aquel régimen en la mayoría de los medios de comunicación occidentales fue el de fascismo. En realidad, el único país en el que no se utiliza el término fascismo es España, y ello no es por casualidad, pues le conviene al establishment político-mediático presentarlo como un caudillismo, ya que una vez desaparecido el caudillo, la dictadura desapareció.
La falacia que el término “dictadura franquista” oculta
Pero la realidad actual muestra el error de tal definición, pues muchos de los elementos de aquella ideología dominante durante la dictadura aparecen también hoy en la cultura dominante de este país, incluyendo el clasismo y el nacionalismo extremo uninacional.
Referente al clasismo, hay que recordar que muchas de las grandes empresas del Ibex 35 proceden del franquismo, como bien ha documentado Rubén Juste. Y su gran poder –junto con el de la Gran Patronal- explica este poder no sólo en lo económico sino también en lo político y mediático, ejerciendo una influencia sobre el estado que implica que los salarios continúan siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre la totalidad de las rentas nacionales sea de los más bajas de la UE-15 (mientras que el porcentaje de las rentas del capital sean de las más elevadas); que los ingresos públicos del estado sean de los más bajos de la UE-15 y que el gasto público social en los servicios públicos como sanidad, educación, escuelas de infancia, vivienda social, servicios asistenciales, en las transferencias sea de los más bajos en tal comunidad europea (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).
Elementos de continuidad dentro del Estado
Es sorprendente también ver la continuidad en las élites dirigentes del estado (desde el jefe de Estado a ministros y dirigentes estatales). Gran cantidad de funcionarios del Estado dictatorial y sus descendientes han ocupado y continúan ocupando puestos de gran responsabilidad. En realidad, los herederos de los vencedores de la Guerra Civil son muchos más en las cúspides del poder estatal, que no los herederos de los vencidos. La gran resistencia a corregir la tergiversación de la historia de España que continúa enseñándose en las escuelas tanto públicas como privadas es las comunidades históricamente dominadas por los primeros, la oposición a legislar la impunidad de los crímenes del franquismo, la intolerancia cuando no apoyo a monumentos al fascismo (como el Valle de los Caídos), la relación privilegiada del estado con la Iglesia, el enorme conservadurismo de la administración pública, la gran corrupción, la utilización de los aparatos del estado para fines partidistas, y muchos otros hechos, son indicadores de la continuación de la ideología mal llamada franquista.
El enorme énfasis en el “respeto a la ley y al orden” (en España, que es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por 100.000 habitantes y menos adultos trabajando en sanidad y educación) que existe en España, y el excesivo poder de la clase empresarial, (síntomas del clasismo heredado de la dictadura anterior), conseguido a costa del escaso poder del mundo sindical (que se traduce también en el escaso desarrollo de la cogestión en las empresas), y su movilización centrada en la bandera y el himno borbónico del lado vencedor, consideradas como los símbolos nacionales, son claro ejemplo de la legitimación de la ideología de aquel régimen. Ni que decir tiene que la forma y el contexto de tales características han ido variando sustancialmente. Pero estos cambios no ha significado su eliminación como indiqué en un artículo reciente, señalando que no ha habido una desnazificación o desfasticización de España como ocurrió en otros países que tuvieron regímenes parecidos como Alemania, Italia y la Francia de Vichy (ver en Público 21 de noviembre de 2017, “Franco no ha muerto”).
Ni que decir tiene que el Estado español y la sociedad española en la que tal estado ha estado ubicado ha cambiado muchísimo durante los casi cuarenta años que han pasado desde el fin de la dictadura. Y mucho bueno ha ocurrido en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en el mejoramiento de las instituciones políticas y en la sensibilidad de la administración pública. Ahora bien, estos cambios, por muy significativos que hayan sido, no han alterado elementos clave y definitorios del estado anterior, que han continuado reproduciéndose en los aparatos del estado y en muchas de las políticas públicas aprobadas y desarrolladas por tal estado que son resultado de la continuidad de lo que se llama “cultura franquista” que tiene claros componentes de las características que definieron la ideología dominante del régimen dictatorial. Sin ello, no se explica que, por ejemplo, como consecuencia del clasismo extremo (cuyas formas de expresión han variado, pero que mantienen un gran dominio de los propietarios y gestores del mundo empresarial en la vida política del país), España continúe teniendo, cuarenta años después del fin de la dictadura, unos de los salarios y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Lo que se llama continuación de la cultura franquista se refleja también con clara represión hacia ideologías distintas a la promovida por el Estado y su constitución en los grandes sectores de los aparatos del Estado como los aparatos policiales y judiciales del Estado central.
El continuismo de esta ideología uninacional y autoritaria en el comportamiento judicial en el caso de los presos políticos actuales
Prueba de lo dicho anteriormente es comparar el enjuiciamiento del ex Presidente Puigdemont en las cortes belgas con las cortes españolas. Independientemente de la valoración y opinión que uno tenga del comportamiento del gobierno Junts pel Sí y su estrategia para alcanzar la independencia, conocida en Catalunya como el “procés”, (y que yo he sido muy crítico en este artículo “Los independentistas son también responsables de la enorme crisis en Catalunya”, Público, 8 de diciembre de 2017). Cualquier lector objetivo puede comparar la dureza y extremismo del sistema judicial español hacia el ex Presidente Puigdemont con el sistema judicial belga. La petición del sistema judicial español de que se detuviera al Presidente Puigdemont y a sus consejeros por los supuestos delitos de rebelión y sedición que la juez de la Audiencia Nacional, la Sra. Carmen Lamela, había dictado fueron prácticamente desautorizados al considerar tales acusaciones exageradas e infundadas, entendiendo solo que los acusados habrían desobedecido, cuya pena no implicaba prisión. El temor a que el tribunal belga reafirmara esta conclusión, asustó al juez del Tribunal Supremo, el Sr. Pablo Llarena, y determinó que eliminara y borrara la petición de extradición pues sabía que el tribunal belga mostraría el carácter claramente político y represivo de la justicia española, clara herencia de la cultura que en España se continúa llamando franquista. No podía haberse mostrado de una manera más clara.