Ya no te creen, Mariano

No hay macroeconomía que pueda explicar la imposibilidad de dedicar un par de miles de millones subir las pensiones catorce euros al mes de media. No después de haber visto durante la crisis cómo se gastaban miles de millones en rescatar bancos y autopistas

ANTÓN LOSADA

El presidente Rajoy se fue a Marbella, a un acto de partido, a repetir la línea argumental ya expuesta en el Congreso en el debate sobre pensiones: no se pueden subir más, ya me gustaría subirlas más y mientras sea presidente se subirán todo lo que se pueda. Por fortuna esta vez nos ahorró la ensalada de datos, medias verdades y medias mentiras que adornaron su discurso parlamentario y que la oposición no fue capaz de desmontar porque a estos debates hay que ir con el tema sabido y las cifras en la cabeza, no con los comentarios recogidos en la última tertulia.

Miles y miles de pensionistas le han dejado claro en la calle que ya no le creen. Vas a tener que meterte en esto, Mariano. Ya no les asustan los tenebrosos powerpoints llenos de tablas y gráficos que nadie sabe de dónde han salido o quién los firma, pero que siempre anuncian el Armagedón de las pensiones para dentro de un par de décadas. Parece que prefieren creer a J.M Keynes: “en el largo plazo, todos muertos”.

Ya no les asustan las terroríficas previsiones demográficas que pronostican que cada trabajador tendrá que pagar a tres, cuatro o incuso cinco pensionistas y que, para cumplirse, necesitan que la población española se reduzca, la natalidad siga cayendo, no vengan migrantes a buscar su oportunidad y nuestros jóvenes se sigan marchando para no volver. Muchos incluso empiezan a formular en voz alta la pregunta que nadie parece atreverse a platear: ¿Acaso es justo que los padres y abuelos que ya pagaron la educación la sanidad y las oportunidades de sus hijos paguen ahora también su decisión, voluntaria o no, de tener menos hijos?

Tampoco se creen que no se puedan subir y que no haya dinero. El Estado español gasta al año más de 300.000 millones, la tercera parte se destina a pensiones, un porcentaje muy por debajo de cuánto invierten nuestros socios de referencia en la UE, cuyo gasto público se sitúa cinco puntos por encima del nuestro. Además ahora saben que con el dinero de sus contribuciones se ha pagado de todo: desde las necesidades de financiación del Estado a la mayoría de las prestaciones no contributivas. La cuarta parte del presupuesto de la Seguridad Social se dedica a prestaciones no financiadas por contribuciones. El déficit lo causa el reparto que el Estado hace de obligaciones que debería asumir vía impuestos pero endosa a las contribuciones de la Seguridad Social, no la insostenibilidad del sistema de reparto.

No hay macroeconomía en el mundo que pueda explicar la imposibilidad de dedicar un par de miles de millones para actualizar las pensiones subiéndolas catorce euros al mes de media. No después de haber visto durante la crisis cómo miles de millones si se podían gastar en rescatar bancos, autopistas o entidades sanitarias privadas, aumentar el gasto en defensa y anunciar rebajas de impuestos milmillonarias.

Tampoco se tragan ese mantra de que el problema es que no se crea suficiente empleo. El propio Rajoy nos confirmó ufano que ahora se crean seis empleos por cada nuevo pensionista. El dato resulta incontestable: el problema no está en el empleo sino el reparto de los beneficios. El problema no es el empleo sino un modelo de recuperación que reduce el peso de la renta salarial en el PIB mientras disparar el peso de las rentas de capital.

Tampoco se callan cuando se les recuerda su supuesta condición de privilegiados o lo insostenibles que serán unas nuevas pensiones que no dejan de crecer. Más de la mitad de los pensionistas cobran por debajo del salario mínimo y apenas un 10% supera los 2000 euros al mes. El problema de nuestro actual sistema es precisamente el contrario: que quienes más deberían contribuir, por su renta y riqueza durante sus años de actividad, están fuera de un sistema al que no quieren contribuir, cuánto más se recorte, mejor, menos impuestos. Porque ésa es la cuestión fundamental, antes que la demografía o el volumen de las contribuciones, la equidad y la capacidad redistributiva que deben sustentar un sistema público de pensiones. No se trata de que no se pueda o no haya dinero, se trata de que en un país cuyo esfuerzo fiscal se sitúa cinco puntos por debajo de la media UE15 quienes deberían y podrían pagar, ni deben ni quieren pagar.

Thelma, Louise y Albert Rivera

El 8M ya no es un éxito del feminismo, ni siquiera de las mujeres, ahora es un éxito de todos y en especial de Albert Rivera y del feminismo bien entendido que defiende Ciudadanos

ANTÓN LOSADA

Mujeres de España, podéis respirar tranquilas. Albert Rivera ha oído vuestro clamor y está dispuesto a liderar el debate y llevarlo a los presupuestos del Estado que ya había pactado con el PP y que, hasta el 8M, ya eran lo último en feminismo. Tras calificar como “un éxito de todos” las manifestaciones millonarias de mujeres que acudieron pese a la evidente falta de liderazgo feminista, Ciudadanos va a arreglarlo como arreglará todo lo demás, desde Catalunya a la precariedad o los crímenes violentos; tan pronto le hagáis caso a las encuestas y le votéis como es debido: masivamente.

El aspirante Núñez Feijóo acusaba de politiquería a los promotores de manifestación la víspera del 8M, pero al día siguiente reclamaba escuchar el clamor y no faltar al respeto a las mujeres acusándolas de hacer política. Más comedido y menos campeón, el presidente Rajoy se ponía el lazo morado el 8M y al menos tenía la decencia de no pretender dar lecciones a nadie y se limitaba a decir que seguiría trabajando por la igualdad. Semejantes gestos oportunistas y cínicos casi inspiran ternura y compasión al lado de la hazaña desertora de Rivera.

El mismo líder y el mismo partido que se había pasado semanas presentando al feminismo que convocaba el 8M como una causa marginal y una amenaza para la libertad y el capitalismo, o dividiendo a las mujeres entre aquellas que trabajan y cumplen y aquellas que protestan y hacen el friki, ahora daba la bienvenida al feminismo a Mariano Rajoy, a los demás partidos e incluso a las propias feministas que hubieran aprendido la lección. Porque el 8M ya no era un éxito del feminismo, ni siquiera de las mujeres, ahora es un éxito de todos y en especial de Albert Rivera y del feminismo bien entendido que defiende Ciudadanos.

Por encima incluso de la impudicia extrema acreditada por el líder naranja, su actitud destaca aún más como perfecto ejemplo del vigente neomachismo que ha emergido como respuesta a las políticas de igualdad que marcaron el cambio de siglo. Su oferta para encauzar esa misteriosa etiqueta del “feminismo sin ideologia” no deja de sonar a un reempaquetado del márquetin del clásico paternalismo machista y viene a decir que “ahora sí chicas, ahora que defendéis el feminismo que ya os decía yo que había que defender, ahora os voy a escuchar y además lo voy a liderar”; porque, como todo buen liberal progresista sabe, las mujeres solo consiguen avances realmente importantes cuando los hombres les enseñan cómo se hace.

Y es que ustedes no se habían fijado hasta ahora pero Albert Rivera siempre ha estado ahí, dispuesto a liderar el feminismo transversal. Ya salía en Thelma y Louise, el inolvidable manifiesto de Susan Sarandon, Geena Davis y Ridley Scott; era el que saltaba del coche un segundo antes para dar la rueda de prensa y hacerse la foto.

LA TIRA DE MANEL FONTDEVILA

Así se hundió el Titanic

Todo soplaba a favor de una futura mayoría absoluta de derechas, pero ha bastado que se convocara una huelga de mujeres y los pensionistas salieran a la calle para que los azules y los naranjas empezaran a maniobrar dislocados como si acabasen de chocar con un iceberg gigante

ANTÓN LOSADA

La derecha española haría bien en volver a ver la formidable película de James Cameron y releerse la historia del naufragio del Titanic para repasar la lección: la soberbia hundió el barco. Igual que los orgullosos ingenieros de aquel portentoso navío declarado insumergible y los confiados marineros que lo manejaban, la derecha española reacciona tarde y mal al primer contratiempo.

El plan de navegación parecía titánicamente infalible. Mariano Rajoy y su gobierno se disponían a gestionar los tiempos con su acreditada maestría, fiados a la insumergibilidad demoscópica de unas encuestas que únicamente anuncian un resultado posible: un gobierno del Partido Popular, solos o en coalición con un Ciudadanos al alza. Contaban además con que las mejoras de la economía les permitirá presentarse a las municipales de 2019 y las generales de 2020 con la cesta del ministro Montoro repleta de zanahorias para sus votantes, con la ayuda inestimable del desnorte genera de la izquierda y con el comodín de Catalunya para dispersar la atención general y acabar de movilizar a los suyos al grito de “A por ellos”.

Por su parte, subidos a la cresta de la ola, Rivera y los suyos creían haber descubierto la piedra filosofal del electoralismo: distanciarse del gobierno y el PP en todos los temas que tuvieran que ver con derechos y libertades y mantener férreo su apoyo en política económica, desmantelamiento de lo público y recorte del gasto social. Todo soplaba a favor de una futura mayoría absoluta de derechas.

Pero ha bastado que se convocara una huelga de mujeres para el 8-M y los pensionistas salieran a la calle, entre el desconcierto general de todos los partidos y la mayoría de los medios, para que tanto los azules como los naranjas empezaran a maniobrar dislocados como si acabasen de chocar con un iceberg gigante.

El gobierno Rajoy ha pasado de recordarles a los pensionistas lo mucho que le deben a mostrase enfadado y exasperado con ellos. En una semana les ha llamado de todo: privilegiados, antiguos e incluso tontos por dejarse arrastrar a unas manifestaciones organizadas, según el PP, por el populismo radical. Ante la huelga feminista, los populares han sacado todo el repertorio de machismo paternalista que tanto se habían esforzado en reprimir: desde decirles a las mujeres lo que es mejor para ellas a emplear el argumento más manido de la historia de los esquiroles: ellas no protestan, ellas trabajan ese día, como Cristina Cifuentes.

La reacción de Rivera y Cs ha resultado aún más desconcertante. En materia de pensiones, guiados por el pánico a perder un solo voto, se han puesto de perfil esperando a que pasase la tormenta; pero, como no escampaba, Rivera ha llegado a pedir que para atender a los pensionistas lo mejor es votar a favor de los presupuestos que ha pactado con el PP. En el asunto de la protesta de las mujeres, asediado por el pánico a perder otro voto y la pulsión paternalista de su discurso, se ha metido en un estrafalario debate sobre el capitalismo, que ha convertido a las feministas en una amenaza para la libre empresa y a los naranjas en ese sindicato amarillo que solo sirve para hacer el trabajo sucio a los empresarios que aumentan sus beneficios explotando más a las mujeres que a los hombres.

La soberbia es un pecado capital en política que siempre se acaba pagando y no existe cambio más poderoso que aquel empujado por la fuerza de los débiles. Esperemos que la izquierda ya haya aprendido esa lección. Ha tenido tiempo de sobra.

CONTRA LA VAGA FEMINISTA (la tira de Vergara)

Una moral a la medida

La cooperación con la justicia nos acomoda si la podemos emplear como ariete contra los oponentes, pero si no tiene esa utilidad se califica de perversa, interesada o fraudulenta

BALTASAR GARZÓN

La independencia y los años dan una perspectiva amplia sobre personas y sucesos y aumentan tanto la comprensión hacia los demás como el rechazo de actitudes y formas de actuar hipócritas, mezquinas o interesadas. Pero, lógicamente, esta decisión tiene su coste. No solo por tener que afrontar las dificultades en solitario, sino por competir con las muestras de simpleza y falta de rigor de algunos que, confieso, pese a todo lo que llevo vivido, nunca dejan de sorprenderme.

Tomo como ejemplo lo acontecido en las últimas semanas en referencia al hecho de que varios investigados y acusados en diferentes casos de corrupción (Gürtel, Lezo, Púnica..) hayan decidido colaborar tanto en las Comisiones de investigación parlamentarias como en juzgados y tribunales. Algunos tertulianos o columnistas, según los casos, han dado en apuntar que todo lo malo que le está pasando al Partido Popular -imputados que afirman la supuesta financiación irregular, empresarios que relatan cómo pagaban de forma poco ortodoxa al partido para merecer sus favores, e incluso responsables de las entidades intermediarias entre unos y otros-  tiene su origen y desarrollo en el juez que inició este proceso allá en 2009 (yo). Hasta el punto que me hace recordar aquel día de febrero de ese año cuando el hoy presidente del Gobierno pronunció una frase que se ha hecho emblemática: “No es una trama del PP, es una trama contra el PP”.

Fieles a esta línea, aunque la realidad sea tozuda y muestre un paisaje desolador para quienes confiamos en que los políticos se ocupen de resolver de la mejor manera posible los asuntos de la ciudadanía, los voceros de la caverna cargan contra el primer mensajero para intentar ocultar el hedor que subyace en estos casos. Uno piensa que esa no debe ser la labor de la prensa, por cuanto el periodista debe buscar la verdad y profundizar en los casos de corrupción, por ejemplo, y no ocuparse de lavar la imagen de quien se la ensució a sí mismo o consintió que se produjera el hecho cargando contra quienes aportan datos para que resplandezca la verdad.

Asistimos a las declaraciones de imputados y acusados que han decidido colaborar con la Justicia. Sus nombres podrían ser Correa, Pérez, Costa, Granados… amén de empresarios y otros protagonistas más o menos relevantes que han confirmado lo que se veía venir, que el Partido Popular está manchado por la suciedad del dinero público y privado, utilizado de forma poco edificante para la sanidad democrática de España.

Han hablado en sede judicial y en sede parlamentaria (Congreso de los Diputados y Corts Valencianes) y aún tienen ocasión de seguir haciéndolo. Sin embargo, esto les parece mal a quienes ya tenían establecida una "verdad" a la medida. Repudian estos aportes, los tachan de extemporáneos y por ello deciden que son inocuos. Y por curiosidad debo inquirir ¿Cuándo consideran que serían más oportunos esos testimonios? Si quienes los prestan, disfrutan de la presunción de inocencia ¿por qué ha de ser mal momento el juicio oral, que es precisamente el señalado para culminar el proceso penal? Se diría que, con estas críticas, lo que pretenden es degradar ese mismo acto y que callen para siempre.

El método que emplean quienes así actúan, ignoro con qué interés, si bien parece coincidir con el de la formación política aludida, es realizar una caza sistemática a quienes declaran para restarles credibilidad. Pero lo adecuado, por el contrario, sería acoger la oportunidad de su testimonio, contrastarlo con otros medios de prueba y someterlo al criterio del juez o del tribunal, que actuará según proceda en derecho.

Estos "falsos paladines" se contradicen al celebrar la ética de los presuntos culpables cuando no hablan y al denigrarlos cuando deciden a hacerlo. Ello me lleva a considerar que este tipo de opinadores aparecen sumisos ante el poder de turno, afectados y solícitos a sus requerimientos de presentar una defensa numantina en detrimento de la transparencia.

Una transparencia que este tipo de periodismo desmerece y se diría forma parte de una rueda diabólica: mecidos por el poder con el que se les ve en buen acuerdo, tratan mejor o peor a quien no se mueve en la foto y según aguante el tipo. Si no apuntan hacia arriba serán unos valientes mientras guarden las esencias del complejo criminal en el que se vieron envueltos. Pero, ¡ay si se atreven a romper el pacto! Serán apartados socialmente y denostados en público en el escaparate mediático que controlen estos sujetos de la pluma y la verborrea. Los presuntos autores que se atrevan a apuntar a los máximos responsables pueden darse por condenados desde determinados medios tanto por haber quebrantado las reglas de la legalidad, como las de la ilegalidad.

Hablaré ahora del caso Gürtel y de Ricardo Costa. Según ellos, este político valenciano tenía como papel predestinado en el juicio que le afecta asumir lo que le cayera y ser condenado. Sin duda era preciso un culpable para que el Partido Popular consiguiera su "Roldán". De ese modo, sus correligionarios y, especialmente, el que fuera su presidente y los colaboradores afectados en mayor o menor medida, se veían sanados del estigma de la corrupción. Pero Costa, junto con otros y por muy diferentes razones, rompió el guion y decidió hablar, y lo hizo aportando su verdad.

Sin embargo, a pesar de que es legítimo aspirar a conseguir un mejor trato ante la Justicia, como lo hicieron sin ir más lejos los empresarios coacusados sin que nadie objetara y sin que se llevaran la demoledora paliza que están propinando a aquel, cuando el que fuera Secretario General del PP valenciano, rompe el guion preestablecido, le llueven golpes institucionales y menos institucionales con una coordinación sorprendente. La venganza contra los suyos es un buen argumento.

La reflexión que se me ocurre es: ¿Acaso estamos tan viciados que no somos capaces de asumir la contrición, el arrepentimiento o el intento de jugar limpio? Es aquí donde se vive de nuevo la paradoja: Se asume como bueno, al estilo norteamericano, un pacto previamente construido soterradamente entre fiscal y abogado, pero si la colaboración es a la vista de todos se buscan supuestas estrategias ocultas, alianzas espurias y contaminantes, para acabar con la iniciativa. Esta contradicción solo puede justificarse si se parte de la constatación de la cobardía de quienes son incapaces de dar un paso de dignidad hacia adelante si ven perturbadas sus conciencias, bien asentadas en el confort gracias a tragaderas insondables.

Las actitudes que nos agradan parecen las más convenientes, pero no necesariamente son las más justas ni las más certeras. La cooperación con la justicia nos acomoda si la podemos emplear como ariete contra los oponentes, pero si no tiene esa utilidad se califica de perversa, interesada o fraudulenta. Si el Código Penal proclama en diferentes artículos que la colaboración de los presuntos responsables en el descubrimiento de delitos asociados a la corrupción, el blanqueo de dinero u otros se traduce en una rebaja sustancial de penas para quienes la ejecuten, ¿por qué escandalizarse cuando esa decisión con posibles efectos incriminatorios en otros se produce en sede de juicio oral?

Definitivamente creo que la razón nada oculta es que tenemos una moral a la medida para cada caso. Si nos viene bien, nos parecerá idóneo defender un determinado mecanismo de colaboración. Si no, lo denostaremos. Los principios quedan olvidados hasta que convenga de nuevo sacarlos a relucir. A lo largo de mi vida profesional he visto cientos de casos en los que la colaboración ha tenido lugar y en ninguno de ellos el proceso mental y psicológico del sujeto ha sido el mismo. Unas veces se ha producido por la habilidad del investigador al motivarlo; otras, por las evidencias en contra del afectado; en ocasiones al verse acorralado por otras pruebas; o por la valoración de lo que se esperaba y lo que a cambio se podía obtener..., pero siempre, absolutamente siempre, el colaborador acusado o imputado busca algo. A veces, incluso el reconocimiento social o el de su familia o la reafirmación política ante algo que hizo mal y trata de remediar.

El problema es que aquellos aficionados a la evaluación juegan la partida en ambos lados de la mesa y, por ese interés, consienten la existencia de la corrupción. Trazan el círculo del descrédito en el que introducen a quienes quieren salir de él, luego buscan excusas para que se mantenga cerrado y de esta forma el testimonio de los que quedan dentro no afecte a quienes están en ámbitos intocables. Lo dicho, una moral a la medida.

LA TIRA D'AVUI DE MANEL FONTDEVILA

HA MORT UN GRAN HUMORISTA: FORGES

La darrera vinyeta publicada al País. 

Homenatge de vergara a eldiario.es. 

Homenatge de Manel Fontdevila a eldiario.es. 

¿Victoria o solución?

Pactar el desacuerdo siempre es mejor que el espejismo de una falsa solución construida sobre la victoria y la derrota

JOAN COSCUBIELA

De todos los posibles desenlaces que nos acechan en cada esquina del conflicto "catalán" el peor de todos es que alguien pretenda imponer su "victoria". La tentación es grande y se vislumbra en el imprudente comportamiento del Gobierno español y de sus irresponsables jaleadores mediáticos.

Estamos ante un conflicto empantanado por la inhibición política de Rajoy durante años. Hoy, mientras sectores del independentismo continúan apostando por la astucia para burlar al Estado, el Gobierno se parapeta en los Tribunales, a los que ha transferido la responsabilidad y encargado la tarea de derrotar al independentismo.

La solución, si existe, no vendrá de la mano de la "victoria" y mucho menos si va acompañada de humillación –así se sienten muchas personas en Catalunya-. La solución a este tipo de conflictos empantanados es muy compleja, especialmente cuando están implicadas millones de personas y contiene fuertes elementos emocionales. Y solo puede venir de la mano de salidas imperfectas.

Pactar el desacuerdo siempre es mejor que el espejismo de una falsa solución construida sobre la victoria y la derrota.

Desgraciadamente todo parece apuntar a otro camino. De un lado la tendencia suicida del independentismo a despeñarse de nuevo hacia la derrota y de otro, un Gobierno Rajoy tentado por la victoria.

Los "astutos" órdagos de los dirigentes independentistas al Estado español han sido tan efectistas como ineficaces e ingenuos. En algunos casos, como los escenificados por Puigdemont desde Bruselas, acompañados de burla y desprecio al Estado, especialmente al poder judicial. No tienen un impacto menor, en cuanto a su capacidad de vejar, algunas de las decisiones adoptadas por los Tribunales con las personas encarceladas.

Contribuye a bloquear el conflicto la constante e insomne batalla por la hegemonía política entre convergentes y ERC, a la que se ha sumado ahora la pugna entre Ciudadanos y PP por demostrar quién es más duro en la respuesta.

Ayuda a exacerbar aún más las cosas la intolerancia y el rencor mutuo que alimentan la División Mediática Brunete y la Ítaca. Muchos medios de comunicación, afortunadamente no todos, en vez de contribuir a crear conciencia crítica, se han convertido en fabricas de hooligans que incentivan las reacciones más miserables y castigan las posiciones sensatas.

Para terminarlo de complicar han entrado en juego "las togas". La renuncia de Rajoy a la política ha propiciado la judicialización del conflicto y ahora ve restringidos los márgenes para canalizar políticamente una salida.

Estos últimos días ha aparecido en el horizonte la amenaza de inhabilitación de los dirigentes independentistas. No comparto el argumento de quienes defienden que las instituciones catalanas deben quedar al margen del control de los Tribunales. Eso no es más que viejo absolutismo vestido de moderna y falsa democracia "constituyente". He opinado públicamente que la reiterada llamada de los dirigentes independentistas a desobedecer las resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional tendría consecuencias penales. Es una apuesta que solo puede salir bien si se dispone de la fuerza suficiente para derrotar al Estado, cosa que es evidente no sucedió ni va a suceder. Ha sido una gran ingenuidad del independentismo y solo se explica por el estado de disonancia cognitiva en el que se ha instalado una parte de la sociedad catalana.

Pero una cosa es criticar que haya dirigentes políticos que se puedan situar al margen de las leyes y otra que la justicia actúe con instintos vengativos, aunque se trate de vengar al maltrecho estado de derecho, que es la coartada con la que se justifican algunas incomprensibles decisiones de los Tribunales.

Jurídicamente no se justifica la calificación penal de rebelión de los actos que se imputan a los Consellers y los Jordis. Sobre todo porque entonces nos quedamos sin tipo penal con el que calificar un hipotético golpe de estado, como el del 23F o el de Julio de 1936, si alguna vez volviera a producirse. Es incomprensible el mantenimiento de la prisión preventiva por el supuesto y futurible riesgo de reiteración delictiva.

Más incomprensible aún me resulta que la perversa confluencia de una norma procesal excepcional (artículo 348 bis de la LECrim), pensada para luchar contra el terrorismo, y una injustificada imputación de rebelión, pueda conducir a la suspensión de sus cargos de los dirigentes independentistas sin condena previa y firme.

En los próximos días comparecen a declarar más personas imputadas. Es de esperar que los magistrados del Tribunal Supremo recuerden el aforismo latino "Summun ius summa iniuria". Cuando el derecho se aplica de manera extrema provoca una extrema injusticia. Aunque no ayuda mucho esa especie de revolución adolescente con la que el “soviet carlista” nos anuncia que va a responder al Estado. 

En el terreno político, seria un desastre "descabezar" al independentismo y dejarlo sin interlocutores políticos. Si ello llegara a suceder se enquistaría aún más el conflicto. Y aunque la investidura de Puigdemont es absolutamente inviable, se vista como se vista, si se cierra el paso a una solución política, se alimentaría la lógica "legitimista" de una doble institucionalidad y se profundizaría aún más en el empantanamiento.

La única victoria que hoy nos podemos permitir es la de los objetivos compartidos: recuperar las instituciones de autogobierno, reconstruir puentes, rehacer la fractura social de la sociedad catalana, restaurar el respeto a las normas básicas de convivencia. Y la única derrota que nos interesa es la del monstruo del "fin justifica los medios", que ha llevado a babor y estribor a defender que la superioridad moral de los objetivos de cada uno justifica la utilización de cualquier medio.

La "solución" en minúsculas no vendrá de la victoria, sino de saber pactar el desacuerdo. Y eso depende del comportamiento de mucha gente. Resulta vital que cada cual asuma su parte de responsabilidad.

La derecha española contra la escuela pública

Tras sobrevivir a los recortes y a la precarización de los docentes, la escuela pública soporta una nueva oleada de acoso y abuso por parte de la vieja y la nueva derecha

El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta

ANTÓN LOSADA

Como es tradición cuando gobierna la derecha en España, continúa el bullying contra la escuela pública. Tras sobrevivir a los recortes indiscriminados y al bulto, a la pérdida de más de cien mil profesionales, a la precarización de los nuevos docentes y el no reemplazo de cuantos se jubilaron, a una estrategia sostenida de deterioro, descapitalización y desmantelamiento del sistema público y a un ministro ignorante e incompetente como lo fue José Ignacio Wert, hoy felizmente retirado en Paris a su costa y la mía, la escuela pública soporta de nuevo otra oleada de acoso y abuso por parte de la vieja y la nueva derecha; seguramente muy indignadas al constatar que, pese a su empeño, los niños de la pública siguen saliendo bastante mejor formados que en sus carísimos colegios privados.

Tras semanas de poner en duda la calidad y la competencia de nuestros maestros con la milonga del MIR para docentes el ministro Méndez de Vigo, un lamentable ejemplo de las limitaciones de nuestro sistema educativo para conseguir que un alumno se desenvuelva con naturalidad en todas las lenguas oficiales y sepa decir algo tan básico e institucional como “Generalitat” o “Xunta de Galicia”, ha lanzado la enésima disputa sobre la enseñanza en castellano.

El gobierno sabe de sobra que no existe el supuesto derecho de los padres a elegir el idioma en que se escolariza a sus hijos. Igual que no se existe, afortunadamente, el derecho a elegir qué se les enseña en ciencias o en historia; para eso están los profesionales y la administración.  Las leyes y las sentencias solo amparan el derecho a aprender y dominar todas las lenguas oficiales. Por eso el gobierno no toma medida alguna para amparar un derecho que sabe que no existe, porque sabe que no puede. Se limita a usar la lengua para cuestionar por enésima vez el modelo de escuela pública, su calidad y su capacidad; pese a que no existe un solo dato veraz que acredite ni los problemas de los alumnos para manejarse en castellano, ni el supuesto adoctrinamiento que sufren. Al contrario, Catalunya se sitúa claramente por encima de la media en todos los indicadores.

Al debate se han sumado rápidamente Ciudadanos, siempre listos para recordarnos como nuestras madres que ellos ya nos lo habían avisado, y la derecha del PSOE, siempre lista para acudir en defensa de la unidad de España. Barones como los presidentes de Aragón, La Mancha o Extremadura han mostrado su preocupación por los niños en las escuelas catalanas, aunque seguramente les deba preocupar aún más que, tras décadas de gobiernos socialistas, sus administraciones no hayan logrado que sus indicadores educativos sigan por debajo de la media estatal.

Nuestros resultados educativos están muy por encima de lo que invertimos, siete de cada diez padres eligen educación pública o concertada antes que privada, en Europa se disputan a nuestros graduados. El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta. En eso tiene razón Mariano Rajoy cuando habla de volver al pasado. Al decirlo le ha debido traicionar subconsciente.

L'ACUDIT DEL DIA 18-02-2018

De Manel Fontdevila a eldiario.es.

Mariano, tenemos un problema

En la Gürtel, sea en Génova o sea en Valencia, el PP y Rajoy siempre han jugado con la ventaja de saber que había alguien dispuesto a jugar con las reglas del partido y ejercer de chivo expiatorio y cortafuegos

En la guerra de bandas de Madrid no disponen de ese perfil. Francisco Granados e Ignacio González son soldados de fortuna

ANTÓN LOSADA

La guerra de bandas desatada en el PP de Madrid no es como los otros casos de corrupción y tú lo sabes, Mariano. No puedes sostener de manera convincente que se trata de una cosa del pasado porque llega hasta la campaña que te otorgó la mayoría absoluta en 2011 y más allá.

No puedes argumentar que todos están fuera del partido porque ahí tienes a Esperanza Aguirre, en ese estado de dimisión latente al que nos tiene acostumbrados, y a Cristina Cifuentes, con mando en plaza y aspiraciones a presentarse a la promoción interna para la sucesión.

Pero, sobre todo, no tienes a mano un cortafuegos fiable donde detener el incendio provocado por los testimonios de soplones y arrepentidos; y eso sí que es una novedad y un problema grave que no se soluciona repitiendo que se trata de una estrategia de defensa y no hay que hacerles caso.

En la Gürtel, sea en Génova o sea en Valencia, el PP y Rajoy siempre han jugado con la ventaja de saber que había alguien dispuesto a jugar con las reglas del partido y ejercer de chivo expiatorio y cortafuegos. Aguantar, controlar los ataques de pánico y tratar de minimizar el coste político constituía una estrategia viable. Solo había que acordar las condiciones de la entrega, pero tanto Luis Bárcenas como Francisco Camps son hombres de partido y saben cómo va esto. Para eso se les pagaba y se les concedió tanto poder, para que apencaran con las consecuencias si algo salía mal.

Hasta Ricardo Costa es un hombre de partido, al menos lo suficiente para saber que es mejor humillarse en público y pagar con un poco de cárcel que condenarse a una vida de ostracismo y miseria en el frio y oscuro exilio del ostracismo popular. Lo prueba el teatrillo que han representado a dúo Costa y Bárcenas para convencernos de que la cosa se quedaba en Valencia, en el PP de Rajoy no se toleraba la corrupción y tenían pesadillas con Filesa 2. Es humano, a fin de cuentas ¿A dónde van Bárcenas, Costa o Camps si el PP les abandona?

En la guerra de bandas de Madrid no disponen de ese perfil. Francisco Granados e Ignacio González son soldados de fortuna, aventureros que buscaban medrar al resguardo de la organización y si se ven acorralados venderán a su sombra con tal de reducir sus condenas en un par de meses. Aunque eso ya lo sabíamos, Mariano; nunca se confió en ellos para extinguir el incendio de la corrupción madrileña. El problema siempre ha sido Esperanza Aguirre. Ella, que es el cortafuegos natural y se la supone mujer de partido, tampoco da precisamente el perfil de chivo expiatorio.

Si algo ha demostrado a lo largo de su carrera la lideresa es que siempre que ha debido elegir entre salvarse ella o proteger al partido, ha escogido su propia salvación. Ahora, además, evitar o mitigar su propio sacrificio en la caída final incorpora el bonus de poder arrastrar con su testimonio inculpatorio a su archienemigo: tú, Mariano.

Cristina Cifuentes empezó el día riéndose de cuanto pudiera declarar Granados y asegurándonos que no le importaba porque era una estrategia de defensa. Pero lo acabó compareciendo de urgencia en TVE para anunciar una querella criminal. Los ataques de pánico acaban de empezar, Mariano; no te engañes.

El martirio de Mariano

Hacen sufrir a Rajoy preguntándole por la corrupción y desgastando su poder con congojas inquisitoriales

JESÚS CINTORRA

Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias pregunta a Rajoy por la corrupción y Francisco Camps. El presidente responde que “son hechos de hace diez años”, de personas “que ya no están en la vida pública” y le pide que pregunte “por asuntos que preocupan a los españoles”. Sucede que la corrupción es la segunda preocupación ciudadana según el CIS, que Camps ocupa aún un cargo público que cuesta unos 160.000 euros al año y que es justo ahora cuando sigue el desfile de la corrupción en los tribunales.

A la misma hora, en Valencia, los escándalos de “hace diez años”, nos traen otra imputación para “Paco Camps”. Rajoy está a lo suyo. Reprochándole a Iglesias que no le pregunte por Cataluña. Pero no se crean todo lo que ven. Hay alerta roja en el PP, porque ven que Ciudadanos se les come la meriendilla, el PSOE está a 3 puntos sin apretar y Podemos no acaba de hundirse como pronosticaban. En el Partido Popular hay una cara B que no nos cuentan. Y no es solo la de “M. Rajoy” y los papeles de Bárcenas.

Hay nervios en un partido donde nadie se mueve. Vistos los precedentes, temen que llevarle la contraria a Mariano sea quedar sentenciado. Pero ven a Rajoy sin capacidad de reacción. Como si se hubiera quedado felicitándonos 2016. Mientras, el PP pierde 1,6 millones de votos en el CIS desde las elecciones, es el último partido entre los cuatro grandes para los menores de 45 años y solo es abrazado con fervor entre los mayores de 65. Casi el 80% de los españoles declara una escasa o nula confianza en el presidente.

Rajoy se mantiene con la respiración asistida de una oposición incapaz de ponerse de acuerdo. Mariano resiste a las embestidas de la corrupción “de hace diez años”. Rehén de su pasado. Con una cara A y otra B. Rafael Hernando respalda a Camps declarando que está “seguro de que no ha cometido ninguna irregularidad”.  Es el mismo Hernando que el día anterior afirmaba que han sacado “las manzanas podridas fuera del cesto para ponerlas a criar gusanos en los tribunales”. Serán gusanos de seda.

Suavemente, Francisco Camps, el que está “fuera de la vida pública”, cobra al año 75.111 euros brutos en el Consejo Jurídico Consultivo valenciano, con asesora de 49.056 euros y chófer de 34.990. Tiene derecho al tratamiento de “Molt Honorable Senyor” de por vida y atiende a la prensa sobrado al preguntarle por su nueva imputación: “Estoy muy tranquilo, porque todo lo hice fenomenal”. Si nada cambia, Camps entró en política en la veintena y dejará de dar consejos jurídicos casi con la edad de jubilación.

Para unos, Francisco Camps es un síntoma más de la carga de la corrupción que Mariano Rajoy arrastra desgastándose hasta su muerte política. Para otros, una prueba de que el presidente resiste y aguantará sin salirse del guión. Hace casi “diez años” que Rajoy gritaba: “Paco, estamos contigo y la historia será feliz, para disgusto de los inquisidores”. Hoy, el presidente le reprocha a Iglesias que le pregunte por la corrupción y le llama “Torquemada”. Una década después, a ver si nos enteramos: “M. Rajoy” no era Mariano, era mártir.

El precio de Puigdemont

Quien da la puntilla al procés como hasta ahora estaba concebido es el juez Llarena con unos autos que a modo de aviso son tan cuestionables como efectivos

Hay dos millones de catalanes que se definen como independentistas y que no cambiarán de opinión por unos mensajes de Signal

¿Qué tiene que perder Puigdemont? Nada. Por eso su paso al lado deberá disfrazarse de paso al frente y evitar así el riesgo de una repetición electoral

NEUS TOMÀS 

Legitimidad versus legalidad o cómo preservar la figura de Puigdemont sin que su elección comporte una cascada de inhabilitaciones y nuevos ingresos en la cárcel. Esta es la premisa de la fórmula casi mágica que están diseñando los partidos independentistas para salir de la encrucijada en la que les ha situado la justicia española con algunos autos del Tribunal Supremo que a modo de aviso a navegantes son tan cuestionables como efectivos. Su equipo insiste en que se le puede votar en el Parlament sin que nadie corra ningún riesgo penal. Como mínimo intentará que su discurso sea leído en el hemiciclo.

Puigdemont quería y quiere ser presidente porque para eso le votaron casi un millón de ciudadanos. La pregunta incómoda que deberían formularse esos electores es cuántos de ellos estarían dispuestos a quedarse sin trabajo o a verse privados de libertad para que su candidato pudiese ocupar el cargo de nuevo. ¿Cuántos de los nuevos diputados que se presentaron con la promesa de restaurar la figura del president se arriesgarían a someterse a un vía crucis judicial para lograr que Puigdemont pueda ser investido por el Parlament? Puede sonar a provocación, pero ese es el trasfondo de  la negociación entre ERC y JxCat.

JxCat insiste en que cualquier decisión que parezca una concesión a las presiones del Gobierno central será una rendición que el independentismo no puede asumir. En cambio los republicanos quieren parar y replantear la estrategia, pese a que ellos fueron los que acusaron de Judas a Puigdemont cuando planteó adelantar las elecciones. Esas heridas aún supuran y los negociadores de un partido y otro intentan pasar página porque saben que están condenados a entenderse.

Pasar página sin mirar atrás, en esas están ERC y JxCat. Y, con una legislatura por delante que incluirá un juicio asimilable a una causa general al independentismo, con la mayoría de sus dirigentes en el banquillo, cualquier paso en falso es visto para muchos de ellos como un riesgo inasumible.

¿Qué tiene que perder Puigdemont? Nada. Por eso su paso al lado deberá disfrazarse de paso al frente. De investidura aunque no lo sea, de alabanza aunque sea un sacrificio. El precio que pagará ERC no será poco porque es probable que acabe aceptando un Govern a medida de JxCat, que así podrá aprovechar los próximos meses para rehacer un espacio cara a las municipales. Porque la política también es eso. Ganar elecciones. O evitarlas, como en este caso.

Es la democracia, amigo

La innovación jurídica en España es como la innovación política, no tiene límite y la guía el mismo principio: rige el imperio de la ley mientras me da la razón y cuando me la quita, se reinterpreta la ley para que me la vuelva a dar

Sin quererlo el auto del TC refuerza al independentismo en otra cosa. Ahora sí que se puede sostener lícitamente que esto ya no va sólo de independencia o no independencia. Ahora esto va también de democracia

ANTÓN LOSADA

Por si quedaba alguna duda de lo abusivo del recurso preventivo contra el pleno de investidura de Carles Puigdemont, ahí se aportan como prueba irrefutable las interminables horas de debate sabatino en el Tribunal Constitucional discutiendo una admisión a trámite que la ley ha diseñado como casi automática.

Para preservar la unanimidad, el único activo de legitimidad que les queda, los magistrados del TC han construido un auto que anticipa los efectos más que previsibles de un recurso posterior a la elección del Puigdemont. Soraya Sáenz de Santamaría acababa de inventar el recurso preventivo y el TC acaba de inventar la anulación preventiva. La innovación jurídica en España es como la innovación política, no tiene límite y la guía el mismo principio: rige el imperio de la ley mientras me da la razón y cuando me la quita, se reinterpreta la ley para que me la vuelva a dar.

En una sesión que bajo ningún concepto debía entrar en el fondo del asunto, ya que sólo cabía discutir la admisión o no a trámite en base a unos requisitos estrictamente tasados por ley, el TC ha resuelto preventivamente sobre el fondo del asunto para evitar hacer aquello que cualquier jurista medianamente decente sabe que no queda más remedio que hacer: denegar la admisión de un recurso gubernamental que constituye un abuso de derecho flagrante; sólo se pueden recurrir actos, no intenciones.

El auto del TC fija de manera preventiva las condiciones en que debe celebrarse el pleno del Parlament para la hipotética investidura del candidato Puigdemont y deja para más adelante la decisión sobre admitir o no el recurso del gobierno, que era precisamente lo único que podía y debía decidir. Las condiciones son las ya sabidas y fijadas con meridiana claridad por la ley y detalladas por los letrados del propio Parlament: hay que acudir presencialmente y no se puede delegar ni la defensa, ni el voto. Si el pleno se celebrase en otras condiciones, sería nulo y nulas serían sus decisiones. El TC se ha adelantado en el tiempo y en el momento procesal, justo aquello que se le reprocha al recurso del gobierno.

Sin quererlo el auto del TC refuerza al independentismo en otra cosa. Ahora sí que se puede sostener lícitamente que esto ya no va sólo de independencia o no independencia. Ahora esto va también de democracia. Ya no se trata sólo de Catalunya o Puigdemont. Se trata de comprobar si, en España, un Gobierno puede usar de manera abusiva los instrumentos de la ley y la Justicia para impedir los resultados políticos que no le gustan y salir impune. Se trata de comprobar si, en España, un ciudadano conserva efectivamente sus derechos políticos mientras una sentencia firme no se los limiten o si rige en exclusiva la presunción de culpabilidad cuando se trata de adversarios políticos.

El auto del TC salva una comprometida situación política y pasa la bola al juez Pablo Llarena y al Tribunal Supremo, pero abre la puerta a una pesadilla jurídica para cualquier Estado de derecho. Al Parlament le bastaría con suspender la sesión hasta que el TC resuelva la cuestión de la admisión para volver a parar el reloj y dejar las cosas cómo estaban o peor, dado que en dicha resolución el TC no podría fijar las supuestas medidas cautelares que ahora sí ha dictado: o admite y suspende el pleno o no admite y permite el pleno.

El entorno de Puigdemont ya ha afirmado que van a pedir la autorización judicial para acudir al pleno y hará bien. Le asisten poderosos argumentos jurídicos a favor de la autorización que no se pueden tumbar sin caer en autos tan estrambóticos como el dictado por el propio Juez Llarena para no activar la euro orden en Dinamarca. Tan relevante como la decisión final de Puigdemont era la opción que pudieran preferir los otros diputados que tampoco podían delegar el voto. De su decisión dependía que exista o no una mayoría nacionalista efectiva en el Parlament y han debido renunciar. Eso sí que no tiene nada que ver con el derecho penal; es la democracia, amigo.

ELS ACUDITS GRÀFICS DEL DIA

De Idígoras y Pachi a el Mundo. 

De Faro a Diari de Tarragona. 

De Ferreres al Periódico de Catalunya. 

De Manel Fontdevila a eldiario.es. 

ELS ACUDITS GRÀFICS DEL DIA

De Manel Fontdevila a eldiario.es. 

De Napi a Diari de Tarragona. 

De Faro a Diari de Tarragona. 

ELS ACUDITS DEL DIA 23-01-2018

De Faro a Diari de Tarragona.

De Napi a Diari de Tarragona. 

De Ferreres al Periódico. 

De manel Fontdevila a eldiario.es. 

¿Cómo han afectado a la sanidad 10 años de crisis?

Desde 2011 (6.5% del PIB en Sanidad), el porcentaje de inversión ha ido disminuyendo año a año (excepto 2015) y las previsiones del actual Gobierno son reducirlo aún más hasta 2020 con un porcentaje del 5.6%

Mientras ciertos individuos canalizan su ira hacia las víctimas de un sistema, los verdaderos responsables de su crisis pueden vivir bien tranquilos, porque ni los pacientes enfervorecidos ni los recortes en Sanidad les afectarán lo más mínimo

ESTHER SAMPER 

Con el comienzo de la crisis en 2007 en España, pocos se imaginaban el enorme efecto que tendría en la vida de todos nosotros. En estos 10 años de crisis (que muchos no dan aún por terminada) casi cada faceta de nuestra vida se ha visto influenciada, en mayor o menor medida, por estas circunstancias especiales. La Sanidad, por su vital importancia y por la magnitud de inversión que supone para un país (especialmente para las Comunidades Autónomas) ha sido una de las protagonistas. Ahora que llevamos alrededor de una década de crisis quizás sea un buen momento para echar la vista atrás y preguntarnos: ¿cómo ha cambiado la sanidad española en estos 10 años? ¿En qué se ha visto más afectada?

Sin duda, el factor más importante para responder a estas preguntas es el dinero que se ha invertido (o dejado de invertir) en sanidad durante los últimos años. Es este "detalle" el que determina la magnitud con la que la sanidad se ha visto influenciada. En la web del Ministerio de Sanidad pueden encontrarse las Estadísticas de Gasto Sanitario Público desde 2002 hasta 2015.

Durante el transcurso de esta crisis se pueden observar 3 tendencias diferentes. De 2007 a 2009, pese a la crisis, hubo un aumento del gasto sanitario. A partir de 2009 y hasta 2013 ha existido un descenso evidente y gradual del gasto hasta valores casi de 2007. Y es a partir de 2014 cuando se empieza a notar un cambio con una tendencia hacia un ligero aumento del gasto sanitario. Como explica Javier Padilla en  Seis dudas y siete gráficas sobre gasto sanitario en España: se recortó en Sanidad más de lo que decreció la economía y, en general, la Atención Primaria y la Salud Pública han sido el principal objeto de recorte.

¿Cómo nos sitúa nuestra inversión en Sanidad con respecto al resto de países de Europa? Como era de esperar, teniendo en cuenta los datos anteriores, España se sitúa en la posición decimoctava dentro de un total de 28 países europeos en cuanto a porcentaje de inversión en Sanidad por PIB (6.2%), según datos de 2015 de Eurostat. Desde 2011 (6.5% del PIB en Sanidad), el porcentaje de inversión ha ido disminuyendo año a año (excepto 2015) y las previsiones del actual Gobierno son reducirlo aún más hasta 2020 con un porcentaje del 5.6%, datos con los que los inversores en sanidad privada se estarán frotando las manos. Además, desde el 2012 (fecha en la que se modificó la ley de Sanidad) la Sanidad pública española dejó de ser universal y desde entonces sólo están cubiertas  las personas que cumplan ciertos criterios.

Otra de las consecuencias de la crisis ha sido que las diferencias en cuanto a inversión en Sanidad entre Comunidades Autónomas se han incrementado drásticamente, lo que supone diferencias evidentes en las prestaciones y la calidad en la atención sanitaria de los españoles según su lugar de residencia. Por ejemplo, resulta especialmente llamativo que hay en torno a 500 euros de diferencia en el gasto sanitario público por habitante entre el País Vasco y Andalucía.

Por otro lado, si el panorama general de la inversión pública en sanidad ha sido el recorte tras recorte, exceptuando 2014-2015, en la sanidad privada la tendencia ha sido justo la opuesta: Desde 2007 hasta 2014 (últimos datos publicados)  el gasto sanitario privado prácticamente se ha incrementado año por año. Como comentan en la fundación IDIS: "En un contexto de dificultades financieras, la Administración Pública opta por una política de transferencia de costes hacia las familias". A lo que habría que añadir: A río revuelto, ganancia de pescadores.

Una de las consecuencias más inmediatas del descenso en el gasto sanitario público han sido la reducción de personal y la precarización del personal sanitario. Desde 2008 hasta 2016, el sector sanitario ha sido el más castigado con la crisis, con una reducción en la media salarial de 11 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, la elevada temporalidad del personal sanitario ha descendido ligeramente desde 2008 hasta 2016 (de un 34.2% a un 31.6%). Aun así, 1 de cada 3 trabajadores de la sanidad pública en 2016 tenía un contrato temporal (incumpliendo la normativa de la Unión Europea). Como dato revelador, en el mismo año, 1 de cada 3 contratos firmados en Sanidad duraba menos de una semana. Además, entre 2009 y 2014 se perdieron 12.180 profesionales en la Sanidad Pública.

Esta precarización y reducción del personal sanitario tiene obvias consecuencias en la calidad de la atención sanitaria. Si bien en 2011 se batió un récord del número camas de hospital (162.538), esta cifra hay ido cayendo hasta 2016, año en el que se registró el número más bajo de camas de hospital (157.665) desde que se tienen registros históricos (año 2004). El número de hospitales ha seguido una tendencia similar, con un máximo de 804 hospitales en 2008 hasta un mínimo de 788 en 2016.

Los aumentos de las listas de espera y los tiempos de espera son las consecuencias lógicas de todos los datos anteriores y las que sufren más directamente los usuarios de la sanidad pública. Quizás por ello, los políticos suelen hacer múltiples "trampas" para maquillar las listas esperas y se hacen cambios metodológicos para calcularlos, lo que hace difícil una comparación directa entre los datos de diferentes años.

Por tanto, la información al respecto hay que cogerla con pinzas y teniendo en cuenta que, muy probablemente, la realidad es peor de lo que las estadísticas indican. En este sentido, el número de pacientes en listas de espera quirúrgica y el tiempo medio de espera se había mantenido más o menos estable e incluso iban disminuyendo en nuestro país hasta Junio de 2011. Es a partir de Diciembre de 2012 cuando se observa un obvio cambio de tendencia, con un incremento notable del tiempo medio de espera (de 76 días en Junio de 2012 a 104 días en Junio de 2017). Además, tanto el número total de pacientes como el porcentaje de pacientes en listas de espera por más de 6 meses es también considerablemente mayor en la actualidad que en años previos. Por ejemplo: Si en Junio de 2014 el porcentaje de pacientes en lista de espera por más de 6 meses era del 10.6%, en Junio de 2017 esta cifra se eleva al 14.3%.

La frustración ante el panorama de recortes en sanidad también tiene un lado oscuro: en los últimos años las agresiones a sanitarios han aumentado (casi un 40% sólo en 2016), como consecuencia, entre otras razones, de las listas de espera o la falta de personal, según los profesionales sanitarios. Y mientras ciertos individuos canalizan su ira hacia las víctimas de un sistema, los verdaderos responsables de su crisis pueden vivir bien tranquilos, porque ni los pacientes enfervorecidos ni los recortes en Sanidad les afectarán lo más mínimo.

Aquí podeu veure l'escrit original amb els gràfics.