JOSÉ ANTONIO SOROLLA
Periodista
La votación del sucedáneo de consulta se celebró sin problemas pese a la suspensión del Tribunal Constitucional y con una participación importante
La carrera de resistencia del 9-N ha terminado y Artur Mas no ha salido malparado, sino reforzado. No ha sido descalificado y podrá presumir de victoria. Una victoria que Mariano Rajoy no reconocerá porque las reglas del juego no son las que suelen regular las carreras del campeonato oficial. Pero la carrera, mal que bien, se ha celebrado, con una considerable asistencia en el circuito, y los comisarios han permitido que bajara la bandera a cuadros. Ahora se trata de ponerse de acuerdo en unas nuevas reglas que permitan volver a correr con seguridad y que eviten accidentes irreparables.
Mas quería llegar a toda costa a la meta del 9-N porque le iba la vida política en ello desde que el 12 de diciembre de 2013 los partidos soberanistas catalanes acordaron la doble pregunta y la fecha de la celebración de la consulta, el ejercicio del "derecho a decidir". En el otro lado, Rajoy, estupefacto al enterarse por la prensa de la fecha del 9-N y de la pregunta encadenada, se había puesto como premisa no negociar nada antes de que pasara el fatídico día porque la condición era la renuncia a la consulta que Mas no iba a aceptar.
El 10-N, ¿hora de negociar?
Bien, el 9-N ha pasado y hoy es 10-N, la fecha en la que, en teoría, ya se puede volver a hacer política y abrir una negociación. La negociación, tras lo ocurrido el 9-N, es más inevitable que antes, pero nada asegura que vaya a producirse. Mas había adelantado que tras el 9-N enviaría una carta a Rajoy con este objetivo, pero el Gobierno ya dejó caer el domingo que la actitud del president durante la jornada no facilitaba las cosas.
¿Qué ocurrrió el 9-N? La jornada transcurrió con absoluta normalidad y con una participación importante, que, aunque no sirve para legitimar el resultado, confirma que Cataluña y buena parte de los catalanes plantean al Estado un desafío que no se puede sortear mirando hacia otro lado.
En los días previos, tanto Mas y los soberanistas como Rajoy y su Gobierno habían preparado el terreno para las interpretaciones a posteriori del ahora llamado "proceso participativo". El soberanismo había presentado la votación como un ejercicio de democracia, equiparándola casi a la consulta suspendida, aunque no se la llamase así por razones legales, mientras que el presidente del Gobierno había afirmado que lo que iba a ocurrir no era ni un referéndum ni una consulta ni nada que se le pareciera.
Ambas partes exageraban y sobreactuaban. En el primer caso porque las votaciones carecían de las garantías democráticas exigibles -ni censo, ni colegios electorales, ni miembros de las mesas independientes, ni interventores de todos los partidos-; en el segundo, porque el proceso participativo, organizado por la Generalitat, pese a que al final se dejara en manos de voluntarios, se asemejó bastante a una votación, aunque con las carencias descritas.
Desautorización judicial
O sea, lo sucedido no se puede borrar de un plumazo descalificando todos los datos, incluido el más decisivo, la participación: 2.236.806 votos con el 96,8% escrutado. Un tercio de los convocados (6,2 millones). El número de papeletas con el doble sí era de 1,8 millones (80,8%) mientras que el sí-no obtuvo un 10% y el no un 4,5%. Unos 325.000 votos entre las dos opciones no independentistas, lo que no deja de ser significativo en una consulta para independentistas.
A la vista de que la gente votó en edificios oficiales -institutos de enseñanza secundaria- y de que se abrieron sin problemas (con una única excepción en L'Hospitalet de Llobregat) sin otra alteración que la apertura de diligencias por la fiscalía, pero con la negativa de los jueces a retirar las urnas, ¿qué sentido tenía la impugnación del sucedáneo de consulta ante el Tribunal Constitucional?
Si el Gobierno iba de hecho a consentir la votación/participación, como ha ocurrido, era mejor y más inteligente ahorrarse la segunda impugnación y el consiguiente ridículo posterior, con desautorización judicial incluida. De este modo, si el Gobierno hubiera continuado con su estrategia inicial de mirar hacia otro lado y tolerar la jornada, siempre hubiese podido capitalizar su nueva actitud y rebajar, de paso, las cifras de participación, la de aquellos que al final fueron a votar en protesta por la segunda prohibición.
Uno de ellos fue Joan Herrera, colíder de Iniciativa per Catalunya (ICV), que solo se decidió a ir a votar (sí al Estado propio, no a la independencia) cuando el Gobierno recurrió también el sucedáneo de consulta. Con la segunda impugnación, Rajoy facilitó, a pesar suyo, la recomposición de la unidad soberanista, que había quedado muy dañada cuando Mas renunció a la consulta organizada de acuerdo con el decreto basado en ley catalana y se inventó el sucedáneo del "proceso participativo".
Dos errores
En cualquier caso, más de dos años de tira y afloja tocan a su fin. En estos 26 meses (de septiembre de 2012 hasta ahora), ambas partes han cometido errores de calibre. El mayor error de Rajoy ha sido enrocarse en la ley y no prestarse a negociación alguna, pese a sus repetidas apelaciones al diálogo.
El mayor error de Mas y de los soberanistas apresurados ha sido poner el carro delante de los bueyes y plantear el referéndum como condición sine qua non al principio del proceso en lugar de negociar primero un acuerdo con el Gobierno central y someterlo al final a referéndum, como se hizo en Escocia.
En estos dos años, la distancia, la desconfianza y la desafección entre los catalanes y el resto de españoles ha aumentado, mientras que la sociedad catalana y sus partidos políticos representativos han sufrido una fractura, en un tiempo en el que el Gobierno de Mas solo se ha dedicado al proceso soberanista, relegando la gobernación del país y la atención a otros graves problemas derivados de la crisis económica y social.
Elecciones decisivas
Dos ejemplos de la votación ejemplifican la fractura de los partidos. Mas votó sí-sí, mientras que Josep Antoni Duran Lleida votó sí-no. Herrera votó sí-no mientras que la colíder de ICV, Dolors Camats, votó sí-sí. ¿Pueden sobrevivir partidos como CiU o como ICV cuando sus dos dirigentes principales votan diferente en una cuestión tan capital como la independencia de Catalunya?
Es impensable que prosigan unidos. Y eso se verá en los próximos acontecimientos electorales que se avecinan. Aunque Mas, reforzado por el 9-N, puede resistirse aún más a convocar elecciones anticipadas, que Oriol Junqueras, el líder de ERC, sigue reclamando, es dudoso que el presidente de la Generalitat no se vea forzado a disolver de nuevo el Parlament.
Cuando esas elecciones se celebren, llegará el momento de la clarificación. Los partidos defensores de la independencia tendrán que concurrir con un programa abiertamente independentista --cosa que CiU no ha hecho hasta ahora--, y si obtienen una mayoría amplia, y sostenida en el tiempo, será el momento de negociar un acuerdo con el Gobierno central --el que sea--, un pacto que debería después ser sometido a referéndum, preferentemente con una reforma de la Constitución de por medio.
