Beatriz Gimeno
Miembro de EconoNuestra
El decreto andaluz antidesahucios es una medida modesta e
insuficiente para la gravedad del problema al que se supone que se
enfrenta, como denunció en su día la plataforma Stop-desahucios. Es una
medida que en la mayoría de los casos sólo va a retrasar el problema,
que no acoge a todas las familias que lo necesitan sino únicamente a
aquellas que están en una situación ya desesperada, que fija un plazo
temporal demasiado breve para garantizar la estabilidad vital necesaria
en esta situación de paro masivo y que, además, no supone una mejora
sobre lo más importante: la existencia de cientos de miles de familias
atrapadas por deudas que no van a poder pagar, con vivienda o sin ella,
ya que estamos en un contexto no sólo de paro, sino también de
importantes rebajas salariales.
No obstante, el decreto supone una solución de emergencia para
familias en situación límite, visibiliza el derecho a la vivienda como
derecho social básico y además incluye una batería de medidas
complementarias que incentivan el alquiler y desincentivan la posesión
de viviendas vacías. Esto sirve para visibilizar también algo que
debería ser obvio, que está incluso en la Constitución, pero que se ha
convertido en un tabú innombrable en estos tiempos: la función social de
la propiedad. Por eso, el decreto abre una grieta, aunque sea pequeña,
en el discurso único y monolítico de que no existen otras políticas
posibles que las que se están aplicando con mano de hierro. Existía,
además, la posibilidad de que otras comunidades se fueran sumando a esta
medida (Canarias, Navarra…) extendiéndose así la idea no sólo de que es
posible hacer otras políticas que no sean las de salvaguardar los
intereses de los bancos a toda costa, sino que también, a la sombra de
éstas, se podría ir extendiendo la certeza de que estas políticas que se
nos imponen son inhumanas y profundamente inmorales, así como de que es
posible cambiar las cosas, mediante el voto, por ejemplo. Resulta que
si se comprueba que –incluso en esta situación- es posible hacer cosas
diferentes, tener en cuenta otros intereses, los de la gente, por
ejemplo, entonces los mercaderes que nos gobiernan quedan en evidencia
como lo que son. Su obsesión es que parezca que no hay opción.
El decreto abre una grieta en el hasta ahora único argumento de que
lo único que importa es la “estabilidad financiera”, frase que parece
inocua, alejada de la realidad de las personas normales pero que, en
realidad, en este contexto, es una manera de decir que lo único que
importa son los intereses financieros, caiga quien caiga, es decir,
nosotros. El Partido Popular no podía permitir que esta grieta se fuera
haciendo más y más grande y ha corrido a recurrir el decreto, lo que ha
supuesto su paralización temporal. Para hacerlo necesitaba una excusa,
algo que pudiera ayudarles a no dar la impresión de que ayudan sólo a
los bancos y no a la gente, sino que lo que ocurre es que hay problemas
mayores, como la “estabilidad financiera” que no permiten otra manera de
actuar. Porque naturalmente la inmensa mayoría de la gente apoya el
decreto, incluida la mayoría de los votantes del PP. Recordemos que la
simpatía popular por la PAH, por sus acciones, por sus reivindicaciones,
ya obligó al PP a tener que hacer el paripé de admitir a trámite la
IPL presentada por la PAH, para poder desactivarla luego desde el mismo
parlamento. Y les obligó después a hacer otro paripé, el de presentar y
aprobar su propia ley antidesahucios, presentada entre sollozos por la
vicepresidenta y que no sirve absolutamente para nada porque, ésta sí,
se preocupa por la estabilidad financiera, y no por los desahuciados.
La excusa que el PP buscaba se la prestaron raudos los mercaderes de
la Comisión Europea y del Banco Central con un informe en el que
advierten de los males que se avecinan en caso de que el decreto
siguiera adelante. A Bruselas no le ha hecho falta mucha presión para
venir en auxilio del Partido Popular porque tampoco allí se pueden
permitir una grieta, siquiera dialéctica, en los argumentos utilizados
para implantar sus políticas de expolio generalizado. Estas políticas se
ejecutan en medio de una batalla ideológica en la que el lenguaje juega
un papel fundamental. Por eso todas estas medidas vienen siempre con su
correspondiente “kit” de instrucciones que consiste en un argumentario
construido en base a su particular neolengua; una lengua que sirve para
ocultar y hacer ininteligible la realidad. La Comisión Europa y el
Banco Central han escrito una carta y han presentado un informe en el
que presentan el decreto andaluz como un terrible peligro para el
sistema financiero, nada menos; ese mismo que se llevó por delante
Lehman Brothers, con el ahora ministro de Guindos al frente. Así que con
la “estabilidad financiera” como bandera, la Troika demuestra una vez
más que no es más que el brazo armado de una panda de mercaderes
preocupados por sus propios intereses y sin ninguna relación con la
ciudadanía, con sus parlamentos o sus democracias. El parlamento europeo
está desaparecido ¿alguien sabe para qué sirve exactamente? La
democracia está tomada por los poderes financieros que nos han dejado
claro que es posible expropiar cientos de casas particulares para
construir campos de golf, como se ha venido haciendo a lo largo de todo
el territorio, pero no es posible retener la propiedad de los pisos que
tienen vacíos los bancos (no es realmente una expropiación) durante tres
años para que familias sin otra vivienda tengan un techo.
En otra muestra de ese lenguaje con el que se busca que la realidad
no se haga presente, el gobierno ha recurrido el decreto antidesahucios
diciendo que vulnera el derecho a la vivienda, de la misma manera que
nos roban la sanidad pública argumentando que lo hacen para mejorar la
sanidad pública, o acaban con la educación mientras dicen que lo hacen
buscando la excelencia. Ahora Bruselas le da al gobierno la coartada que
buscaba para paralizar este decreto argumentando que ayudar a familias
en situación límite para que no sean expulsadas de sus casas durante
tres años, puede afectar negativamente a la recuperación económica… de
los bancos. ¡Acabáramos! me suena a que, sin quererlo, la Comisión
Europea ha dado por una vez en el clavo: aquí, o nos recuperamos
nosotros y nosotras, o se recuperan los bancos; que nadie se crea que es
lo mismo o que vamos en el mismo barco. No es lo mismo y esto me suena a
lucha de clases; y no es broma.
