"Los presupuestos no pueden ser una herramienta de chantaje, no son la llave que abre todas las puertas, y de ellos no depende la estabilidad de una legislatura que no puede ir orientada hacia otra dirección que no sea el colapso del estado autonómico y la ruptura democrática hacia la independencia", asegura el miembro del secretariado de la CUP
XEVI GENERÓ
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Introducción - 9 de enero de 2016. Vamos. Son casi las dos de la tarde, acabamos de cerrar el acuerdo y un pequeño grupo nos dirigimos a la sede nacional de la CUP. No será hasta entrada la tarde que se confirma. Mas se ve obligado a abandonar, la CUP ha conseguido uno de sus propósitos. Josep Manel Busqueta (perdonad la personificación de la escena) y yo nos abrazamos.
La sensación es compartida: hemos conseguido que Artur Mas no sea el próximo president de la Generalitat de Catalunya después de todas las balas descargadas contra nosotros (las filtraciones, el #pressingCUP, es decir, la presión pública de ciertos sectores políticos catalanes a través de los medios de comunicación como consecuencia de la "anomalía" que les supone que la izquierda independentista intervenga de forma determinante en los espacios de intervención política dominados por el "poder" económico junto con los partidos históricos, desde CiU pasando por el tripartito de PSC-ICV-ERC). Mas, uno de los mentores del neoliberalismo en nuestro país, una de las principales encarnaciones del 'processisme' (defender la existencia de un 'procés' y al mismo tiempo conseguir que las demandas o necesidades para sacarlo adelante no sean alcanzadas en un punto final: un 'procés' estático, sin avanzar) y, a la vez, principal responsable político de un partido envuelto en graves casos de corrupción. No es poco.
La resaca política será dura, pero no parecía haber más opciones: el desgaste interno y tres meses de negociaciones no sirven para contentar a todos, tampoco a uno mismo. El acuerdo deja dudas, a ambos lados. Sólo una convicción: los hechos son los únicos que podrán confirmar o desmentir los relatos. El tiempo deberá demostrarlo.
Hoy, seis meses después del 27-S, aquellas elecciones que para algunos eran plebiscitarias y constituyentes ya podemos decir que las han convertido en autonómicas. Tal vez, si los muy honorables motores del 'processisme' lo encuentran conveniente, tendremos de nuevo un plebiscito y unas elecciones constituyentes dentro de 15 meses (o no, ¿quién sabe?). El Govern lleva más de 100 días y el llamado 'procés' continúa encerrado entre rejas, concretamente en la jaula principal del parque de la Ciutadella: el Parlament.
Las lecturas son múltiples, la lucha constante por el relato nos ciega para observar y analizar una realidad más compleja. ¿Pero qué ha pasado estos meses? ¿Qué ha hecho el Govern en 100 días?
El 9 de noviembre del año pasado se aprobó la enésima declaración. Desde la CUP nos proponíamos que esta vez no fuera papel mojado, que no fuera una aprobación más para llenar cajones y hemerotecas. En parte se ha conseguido, todavía hoy seguimos hablando de ello y, aún hoy, la CUP reivindica su vigencia y su desarrollo. Pero si rascamos, si vamos a los hechos, podemos ver como el propio Govern continúa legitimando el TC mientras los cargos electos de la CUP llaman a desobedecerle: al Tribunal y en la Audiencia Nacional española. ¿Diferentes ritmos? ¿Más riesgos? No. Simplemente, como dijo Joan Coma en TV3, la CUP se lo toma más en serio.
Pero Junts pel Sí no lo vende así. Vayamos por partes. De los tres grandes méritos que el propio Govern y Junts pel Sí se otorgan, ¿qué contradicciones han asumido? ¿Qué aspectos no han querido cumplir al 100% con respecto a su propio programa? ¿Es realmente la hoja de ruta que defendieron durante las elecciones del pasado 27 de septiembre? Comprobémoslo, analicemos punto por punto, qué dicen y qué han hecho:
1. "Hemos aprobado la Declaración del 9N, de inicio del proceso hacia la independencia ". La declaración del pasado 9N tenía dos puntos clave, el primero era que el Govern catalán no se supeditaría a las decisiones del Estado español y en particular del Tribunal Constitucional; y el segundo, el despliegue de un anexo para la mejora de las condiciones sociales de la población. El primer punto saltó por los aires a la primera de cambio, cuando el propio Govern recurría al TC. Además, los requerimientos de la Audiencia Nacional a los Ayuntamientos catalanes han sido desobedecidos por la CUP, pero no por los gobiernos municipales de CDC, de CiU, ni, en la mayoría de los casos, los gobiernos de ERC.
El desarrollo de dicho anexo brilla por su ausencia. Mientras CDC continúa gobernando como si nada hubiera cambiado respecto la anterior legislatura (gobierno en solitario), ERC vive entre la gestión y la dinámica de gobierno y, evidentemente, intentando controlar a sus acompañantes en este viaje. Un viaje, que en vez de dirigirse a Itaca, se mantiene en una aparente inacción, anclados, posiblemente aún, en el puerto.
2. "Hemos iniciado la tramitación de las tres ponencias de ley fundamentales del 'procés': protección social catalana, administración tributaria catalana, régimen jurídico catalán". Más allá de la nomenclatura, cambiada respecto a las propuestas iniciales, sólo cabe recordar el tira y afloja que provocó la aceptación a trámite de la ponencia conjunta de las tres leyes. Hecho que constataba el juego 'processista' que vivimos, sólo desatascado por la constancia de la CUP-CC en tramitarla tal y como había sido defendida, no en la hoja de ruta de la CUP-CC, sino en el de Junts pel Sí.
3. "Hemos creado la Comisión del proceso constituyente". Sí, cierto, de nuevo como en el punto anterior nos encontramos con juegos parlamentarios para evitar crear una comisión de ponencia de ley y hacerlo, sólo, de momento, como comisión de estudio. Este giro se argumenta con la necesidad de que Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP) participe, convirtiendo lo que debía ser una ponencia de ley en una comisión de estudio a la espera de que, más adelante, (¿'processisme'?) pueda devenir de ley.
Seguimos entre rejas. ¿Qué puntos clave han pasado por el Parlament y ha votado JxSí? Aunque en algunos puntos las diferencias internas entre CDC y ERC han sido considerables, el posicionamiento más conservador ha pasado por encima de las mociones o proposiciones en defensa del sector público por sobre del privado. Algunos ejemplos: la financiación de escuelas del Opus Dei que segregan por sexos, la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), denegar la tramitación de la ILP de educación o la defensa del uso de armas o el uso de los Mossos como policía judicial ante los requerimientos de los tribunales españoles. Mientras esperamos construir un nuevo estado, mientras esperamos hacer un proceso constituyente popular, mientras tanto, las estructuras de poder están reforzando a la práctica su proyecto neoliberal de país: más negocio para unos pocos; menos derechos para la mayoría.
Y para terminar de cerrar la jaula: los presupuestos. De nuevo el foco de la atención sobre la CUP, de nuevo una estrategia de #pressingCUP pensada y dirigida desde hace meses para intentar dinamitar o debilitar la organización que defiende la imposibilidad de separar el planteamiento independentista del anticapitalista. Más allá del debate interno, ya han comenzado a aparecer de nuevo las "fuentes de la organización". Y la música suena bien para algunos. Y así es como se pretende debilitar la posición de la izquierda independentista. Así es como la propuesta de presupuestos de JxSí será, probablemente, una propuesta continuista. Y así es como la CUP sangrará, en medio de un intenso debate interno, cruzado por noticias que hablan de "fuentes de la organización", que deberán ser desmentidas por hechos y no por palabras.
Pero vamos a la raíz, radicalicemonos. ¿Puede haber unos presupuestos aprobados por la CUP-CC que satisfagan los mínimos expresados a lo largo de estos meses? ¿Unos presupuestos postautonómicos? ¿Unos presupuestos desobedientes? ¿Unos presupuestos sociales y soberanos? Abordemos, pues, qué significan cada una de estas demandas de forma concreta, más allá de proclamas y contradicciones:
Tendremos presupuestos autonómicos siempre que supeditemos las decisiones principales al Gobierno de España y en concreto a las voluntades de Montoro. Voluntades que no son sino la concreción de los preceptos de la Unión Europea en nuestro país. Hay que concretar, por tanto, qué medidas pueden dotar estas cuentas de medidas reales que solucionen derechos básicos y puedan ser un avance hacia un proceso independentista transformador. Y a la vez recordar que no es la defensa política del programa de la CUP-CC, sino el encaje de medidas urgentes en una hoja de ruta defendido electoralmente por JxSí.
Estos aspectos podrían ser a modo de ejemplo estos (u otros): medidas sociales relevantes y factibles mencionadas en el documento 'Fil a l'Agulla', no pedimos lo imposible, simplemente, actuar ante la vulneración de los derechos básicos de las personas; reducir gastos poco relevantes pero que históricamente siempre han ido a unas pocas manos para alimentar grandes lobbies mediáticos y políticos como las subvenciones a medios de comunicación privados, fundaciones privadas o, en otro aspecto, sueldos de altos cargos; profundizar en medidas fiscales que faciliten ingresos a medio y a largo plazo, desde impuestos a grandes fortunas y patrimonio, hasta la recuperación del impuesto de sucesiones; unos presupuestos que desobedezcan el tope de déficit y pongan, de nuevo, el Estado español en una situación de jaque; y, por ejemplo, plantear abiertamente a la población un impago de la deuda a fin de desconectar, definitivamente a corto plazo, del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
¿Y todo ello supondría un avance hacia la ruptura con el Estado? Porque una de las preguntas que nos debemos hacer es: ¿270 millones de euros (el plan de choque) son justificativos o suficientes para aprobar un presupuesto neoliberal de 36.000 millones de euros (presupuesto total de la Generalitat)? O en otras palabras, ¿las migajas de un plan de choque que supone el 0,75% del total del presupuesto podrían justificar una fe ciega en el Govern actual de la Generalitat? No pretendo responder, será el Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria quien lo resuelva (el órgano legítimo para decidir la estrategia y el voto, en su caso, a los presupuestos).
Pero lo que seguro que no debería ser es un intercambio de cartas a favor o en contra de la estabilidad de este Govern. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, los presupuestos no pueden ser una herramienta de chantaje, no son la llave que abre todas las puertas, y de ellos no depende la estabilidad de una legislatura que no puede ir orientada hacia otra dirección que no sea el colapso del estado autonómico y la ruptura democrática hacia la independencia. En este camino, no valen unos presupuestos autonómicos y neoliberales.
Y por último, incidir en lo imprescindible, la movilización. Todo esto no podrá lograrse sin una activación de la gente, parando si es necesario de nuevo el Parlament y haciendo visible la necesidad de superar el continuismo de los presupuestos de los últimos años, el continuismo del pájaro en mano, y el continuismo de la imposición neoliberal de la Unión Europea. Los límites de la institución ya hace tiempo que los conocemos: no dejemos, justamente ahora, de obviarlos. Construyamos nuevas alternativas, nuevas soberanías, nuevos retos más allá de las cuatro paredes del parque de la Ciutadella. Llevamos 100 días de humo y un proceso estancado en el Parlament. ¿Es suficiente un pie en la calle y uno en el Parlament?
