Estos últimos días de septiembre
ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del
problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del
presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el
Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores
(la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les
debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda
pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos
intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la
especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente
se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce–
sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública
en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español,
como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el
Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o
el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a
los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales
sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y
protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron
prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con
el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el
7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que
consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino
un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos
que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean,
no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal
institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el
BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad
(austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues
acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis
veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los
funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales
boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la
percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se
viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta
defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la
Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis
días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de
una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
El poder de la banca: el endeudamiento de España
Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme
influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado
español. Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española
rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos
–desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias–
están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica
de los medios de información hacia el comportamiento de la banca y su
dominio de la vida política y mediática del país se basa precisamente en
este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las
instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de
mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al
comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las
pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que
necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el
“victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima de su propia
tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos. El
endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad
adquisitiva, resultado del descenso de las rentas del trabajo como
porcentaje de la renta total del país, descenso que ha sido mucho más
acentuado durante los últimos años debido a las reformas laborales y a
la disminución salarial que tales reformas intentaron y alcanzaron
exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se debe, en
parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios,
consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases
populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la
desviación de la actividad crediticia de la banca hacia actividades
especulativas más rentables como las inversiones inmobiliarias,
habiéndose establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que llevó
al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales
regresivas que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital
y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta
regresividad explica la gran pobreza del estado (los ingresos al estado
español son los más bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un
44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se
acentuó todavía más mediante las reformas fiscales regresivas aprobadas
en el momento de expansión económica (estimulada por la burbuja
inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del 2006, el
estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los
datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de
Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron un
39% y los de las rentas superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema
tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que
el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero
creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de
impuestos a las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado
de esta situación, el estado, además de bajarles los impuestos a los
súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través de los
bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los
recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el beneficio
primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper
ricos.
Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no
sólo para la banca española sino también para la banca europea y, muy
en especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy
casi 200.000 millones de euros prestados en el territorio español, tanto
en deuda pública como privada. Y está hoy muy preocupada pues el
estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida
a que se inflara) puede arrasar toda la banca, incluida la alemana.
El llamado rescate al sistema bancario
Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La
decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante
el préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el
estado español tendrá que pagar a la banca por la deuda), para
asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario español”,
a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es decir
que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado,
pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde
la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca,
asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre
otras). Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr.
Peter Bofinger, en su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones
de euros para el rescate a la banca española “Esta ayuda no es a estos
países en problemas (como España) sino a nuestros propios bancos que
poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”.
Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado
Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar
las clases populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos
los recortes que recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día
27 de septiembre, el tercer hecho digno de mención. La falta de medidas
de protección de la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los
desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del
presupuesto que aparece con toda intensidad en los recortes de gasto
público social y disminución muy notable de la protección social. Su
brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las
medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la
propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno
aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la
gobernanza de la eurozona.
Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles,
negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay.
El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el
objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El
estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en
los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en
lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros)
podría haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100
millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo
2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas que
ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en
lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la
bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan
más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de
todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las
personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del
estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las
escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que
sí que hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos
documentado en el libro Hay alternativas.
Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es
un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando
cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una
ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores
accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el
obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en
España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios
es un escándalo sin paralelo en otros países.
Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores
del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre
desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la
protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado
del bienestar.
Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho:
las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para
denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar
a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que
intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues los
otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que
está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en
aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del
Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al
servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han
sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan
los que están atacando a la democracia sino los que están dentro
(refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas sin
mandato popular) que están violando la democracia.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
