Marina Geli
Diputada en el Parlament de Catalunya por el PSC y exconsellera de Salud de la Generalitat
Las relaciones políticas entre Catalunya y España viven su momento
más difícil desde la transición española. Quizás lo más relevante sea
que hoy existe una desafección ciudadana mutua, como hace ya unos años
pronosticó el president de la Generalitat José Montilla.
La situación nos obliga a tomar conciencia del momento actual para
poder establecer y liderar en consecuencia un diálogo franco. La mayoría
de catalanes quiere que España y Catalunya dialoguen, incluso aquellos
que hoy defienden la independencia. España debe propiciar una mesa de
debate sin apriorismos, pero con rigor y racionalidad.
El independentismo era minoritario en Catalunya y sólo contaba con el
apoyo de ERC y algunos grupos extraparlamentarios. El acercamiento de
CiU hacia las tesis independentistas de los últimos años es hoy el
elemento más relevante en la política catalana. Pero para interpretar lo
que está ocurriendo en Catalunya, debemos conocer las circunstancias
que propiciaron la situación actual.
El Estatut de Catalunya de 2006 fue un intento de nuevo pacto con
España, pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso
del PP minó la confianza entre las dos partes. El modelo de financiación
pactado llegó tarde, en 2009, ya en plena crisis, y se amortizó
inmediatamente con la propuesta de pacto fiscal de 2010, lema de la
campaña electoral de CiU ese mismo año. Fue la crónica de una muerte
anunciada: la propuesta de pacto fiscal se finiquitó en una única
reunión entre el president Mas y el presidente Rajoy. Tras los gobiernos
de Maragall y Montilla y la negativa del Estado a negociar un nuevo
pacto fiscal, una mayoría de catalanes dio por acabada una etapa.
Entre los catalanes, existe la percepción mayoritaria de que
Catalunya está mal financiada y de que España le aboca a un déficit
fiscal que agrava la crisis económica, el paro y la merma de sus
potencialidades propias para volver a generar crecimiento y trabajo.
Paralelamente, las injerencias y las dificultades del Gobierno de
España del PP para entender la singularidad catalana en el modelo
educativo, lingüístico, sanitario o judicial, fortalecen los argumentos
de los que reclaman respeto a Catalunya por parte del Estado.
La manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona expresó un
sentimiento afirmativo a favor de decidir el futuro de Catalunya y su
relación con España, y según algunas encuestas, más de la mitad de la
población se declara ya a favor de la independencia.
La mayoría es aún más amplia —casi del 80% en las encuestas y en el
Parlament— a favor del derecho a decidir. Esta mayoría es plural,
interclasista y no solamente independentista.
El catalanismo político actual —CiU, ERC, PSC, ICV y CUP— comparte la
posibilidad de convocar una consulta en Catalunya. La votación de ayer
en el Congreso también evidenció que el catalanismo político -CiU, PSC,
ERC e ICV, Carme Chacón aparte- quiere hacerlo con un pacto entre el
Govern de Catalunya y el Gobierno de España.
El resultado de la votación de ayer en el Congreso de los Diputados
evidencia con mayor claridad esta voluntad del catalanismo político.
Incluso más que en la reciente votación del Parlament, con los votos
favorables de CiU, ERC, ICV y la CUP y el voto equivalente en blanco de
cinco diputados del PSC a una declaración donde el diálogo con España
para una consulta legal no era el tema prioritario.
Hace meses que creo que alguien en España debe asumir el papel que
hoy ejerce David Cameron en el Reino Unido y espero que se encuentre
entre los líderes del PSOE. El primer ministro del Reino Unido reconoció
con normalidad política y democrática una voluntad mayoritaria de
convocar un referéndum acordado, legal y vinculante en Escocia.
Nadie considera en el Reino Unido que Cameron es independentista, y
en cambio en España, se asocia el derecho a decidir a la independencia.
Respeto la discrepancia de Carme Chacón, pero me sorprende que considere
sinónimos consulta e independencia. La no aceptación del referéndum
aumenta el independentismo emocional.
Si el PSOE abriera la puerta a pactar la consulta, la propuesta de
reforma federal de la Constitución para articular un nuevo encaje
federativo singular de Cataluña en España sería escuchada y puede que
incluso mayoritaria. Creo que si esto no ocurre, la fractura entre
España y Catalunya crecerá. La mesa de diálogo entre los Gobiernos es
urgente, también para abordar un nuevo modelo de financiación, un
mandato del Estatut catalán de 2006 que obliga a su revisión este mismo
año.
Estamos delante de una nueva transición, de modelo económico, social,
demográfico, energético, pero también de España y Catalunya dentro de
Europa. El papel del PSC y del PSOE puede ser la clave. Debemos debatir
sin ruptura los dos partidos y acordar, cómo hicieron en 1977, los
términos del pacto: voz o grupo propio del PSC en el Congreso aunque
juntos en las elecciones. En aquel momento, el PSOE asumió el derecho a
decidir de los pueblos de España.
España, la izquierda española, debe proponer en esta legislatura una
reforma profunda para Barcelona-Catalunya y permitir la consulta.
Reforma o ruptura, el paralelismo del PSC y el PSOE es similar al de
Catalunya y España. Hay independentistas en Catalunya dispuestos a
escuchar una modelo de soberanías compartidas entre Catalunya, España y
Europa, pero el tiempo apremia. La mayoría quiere pacto y diálogo sin
ruptura emocional ni comercial.
