“Los ricos pagan muy pocos impuestos”. Esta frase,
por cotidiana, parece demagógica. Sin embargo, el que la pronuncia no es
el tendero de la esquina, ni el ama de casa, es el presidente de la
Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga.
Esta manida sentencia resume un malestar extendido: el sistema
impositivo español no satisface prácticamente a nadie. Ni al que lo
aplica, el Estado, que reconoce su insuficiencia recaudatoria, ni a los
que lo controlan, los inspectores de Hacienda, y mucho menos a los que
lo pagan. O, mejor dicho, a los contribuyentes que sufren el sistema sin
poder echar mano de algunas de las decenas de argucias que trufan el
entramado fiscal español y que sí favorecen a los grandes patrimonios o a
los propietarios de empresas.
La brocha gorda de la
recaudación fiscal deja pocas dudas sobre el auténtico pilar del
sistema. El impuesto de la renta (IRPF) representa alrededor del 43% de
todos los ingresos del Estado. El origen de las rentas que declaran este
impuesto es, en un 85%, el trabajo asalariado, ergo, el mayor esfuerzo
contributivo lo hacen sin lugar a dudas en España los trabajadores.
El esquema fiscal español tiene como resultado que el tejido
empresarial apenas aporte un 13% de la recaudación del Estado, y que el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) contribuya con el 22% de los
ingresos. Los asalariados aportan casi cuatro de cada diez euros con los
que se mantienen los servicios públicos, frente a poco más de un euro
que saldría de los beneficios de las empresas y dos de cada diez euros
del consumo.
Los trabajadores soportan más cargas
Las nóminas, un bien muy preciado en un momento de 6,2 millones de
parados, ligan a los asalariados de forma indisoluble con los
compromisos ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, otros ingresos,
como las rentas del ahorro o los beneficios empresariales, se casan con
el fisco sin jurar esta fidelidad inquebrantable, ya que el propio
sistema es más permisivo con que este tipo de ganancias paguen menos
tributos. Además, la ingeniería fiscal logra en muchas ocasiones que las
ganancias originadas más allá del trabajo por cuenta ajena se cuelen
por la red de los tributos.
La cuestión no es,
obviamente, pagar o no pagar impuestos. Los grandes interrogantes que se
plantean en momentos de apreturas financieras como los actuales son:
¿es equitativo nuestro sistema?, ¿pagan más los que más tienen?, ¿al que
más tiene le es más fácil defraudar?, ¿hay margen para una mayor
justicia fiscal?, ¿puede mejorarse la eficiencia recaudatoria sin
aumentar la presión a los que es más fácil controlar, es decir, los
asalariados?
Luis del Amo, secretario técnico del
Consejo de Economistas de España, matiza la primera de estas cuestiones
bajo dos supuestos clave a la hora de diseñar un sistema de recaudación
equilibrado. Por un lado, existe la equidad horizontal, esto es, que los
que ganan lo mismo paguen los mismos impuestos. Por otro, hay que
analizar la equidad vertical, es decir, que los que ganan más, paguen
más en proporción.
Aunque los expertos reconocen que
formalmente se cumplen estos dos supuestos, en la práctica, también
asumen que la equidad fiscal está muy lejos de cumplirse. Como siempre,
en la letra pequeña se escribe la línea roja de la igualdad. “El reparto
equitativo de las cargas no se refleja en la declaración de la renta”,
sentencia Del Amo.
El diseño del impuesto de la renta
es, sin duda, el mapa de la redistribución de los ingresos en España.
Además de ser el canal por el que se aportan más ingresos, es el que más
usuarios procesa, con más de 19 millones de declaraciones en 2010. El
escalonamiento de los tipos con los que se gravan en función de los
ingresos es un espejismo de equidad en su recaudación. Más allá de los
tramos, en su concepción radica un desigual tratamiento por iguales
ingresos, ya que se distingue el origen del capital (por trabajo o por
ahorro). Esta diferenciación rompe inmediatamente la equidad horizontal,
ya que a iguales ingresos no se tributa lo mismo, dependiendo del
origen de la ganancia.
Así, un asalariado pagará más
por sus ingresos del trabajo que un autónomo que se acoja al sistema de
módulos o un rentista por el rendimiento de su inversión. Carlos
Garcimartín, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan
Carlos, reconoce contundente que tanto en módulos como en la declaración
por rentas del ahorro se tributa menos que por la renta del trabajo. A
iguales ganancias, el currante abona más.
En el caso
de las rentas del ahorro, la quiebra de la igualdad horizontal es muy
fácil de ver. Así, a las ganancias que procedan de algún tipo de ahorro,
inversiones, pisos, etc., se les puede aplicar un tipo máximo del 27%
si superan la base imponible de 24.000 euros. Sin embargo, las rentas
procedentes del trabajo tienen una escala de tributación mucho más
elevada que puede llegar a captar hasta el 52% de la base liquidable en
la declaración de la renta. En definitiva, ser rentista sale a cuenta.
La tributación por módulos es algo más compleja. Por este sistema, los
rendimientos de actividades económicas que cumplan determinadas
condiciones pueden acogerse a un sistema de tipo fijo de tributación que
también es muy favorable y, sobre todo, muy difícilmente verificable
por parte de la propia Hacienda.
Laberinto de deducciones
Pero entre los mismos asalariados también se vulnera la equidad
horizontal, tal y como está planteado el sistema. Se hace mediante la
panoplia de deducciones, reducciones y bonificaciones a las que se
pueden acoger los contribuyentes y que marcan también la asimetría a la
hora de enfrentarse con Hacienda.
Estos supuestos
para desgravar pueden tener carácter estatal o autonómico, y marcan en
muchos casos la política económica del Gobierno de turno. Los dos
factores en el ámbito estatal que restan más parte de la recaudación son
la desgravación por compra de vivienda y los planes de pensiones. En
ambos casos, el objetivo a la hora de aplicar esta deducción no es
social, sino el de incentivar bien la compra de un inmueble, bien un
plan de pensiones, dos productos sujetos a fuertes lobbies
empresariales.
En cualquier caso, la posibilidad de
poder acogerse a una de estas ventajas fiscales ya presupone un cierto
nivel elevado de renta. O bien, un poder adquisitivo para poder
comprarse una casa con la solvencia necesaria para solicitar una
hipoteca, o la de tener un remanente de ahorro lo suficientemente
elevado como para dedicar una parte a un plan de pensiones.
En ambos casos, las estadísticas tributarias señalan que cuanto mayor
es el nivel de renta, mayor es la desgravación que se aplican estos
contribuyentes. Aunque en número son más los contribuyentes de “clase
media” que piden estas desgravaciones, en importe, es mucho mayor lo que
se restan las clases más adineradas (ver gráfico).
En total, este tipo de beneficios fiscales (también se puede desgravar
por mínimos familiares) le restarán en 2013 al Estado 39.000 millones de
euros, algo más que el año anterior (2,3%), pese a que hay cada vez
menos contribuyentes. La partida de la vivienda drena alrededor de 4.000
millones de euros al Estado. Y los planes de pensiones le restan
alrededor de 5,7 millones de euros (con datos de 2010).
La mayor parte de las deducciones, al menos en número, proceden del
margen autonómico. Pese a que la cuantía a deducir en este tipo de
figuras suele ser pequeña, su abanico es amplísimo y en muchos casos de
dudosa finalidad. En Madrid, por ejemplo, se pueden deducir parte del
gasto de los uniformes de los colegios (pero las posibilidades a lo
largo de España son casi ilimitadas).
La facilidad
con la que los partidos políticos de uno y otro color hacen campaña
electoral con el arma de los beneficios fiscales ha dejado el sistema
como un queso de emmental. Por eso, los expertos piden que en materia de
fiscalidad se haga política de Estado, con una responsabilidad que
frenaría la implantación de este tipo de nuevos instrumentos que solo
sirven para parchear el sistema.
“A los políticos
les cuesta menos hacer una bajada de impuestos que una subida de
gastos”, lamenta el economista Ignacio Conde Ruiz, de la Fundación
Fedea. Conde es partidario de que las políticas sociales se hagan a
posteriori, ofreciendo los incentivos necesarios por la vía del gasto.
Los expertos albergan pocas dudas sobre la perfectibilidad de este
sistema, que privilegia a los que ganan mucho. “Hay un sesgo claro hacia
los asalariados”, lamenta Carlos Garcimartín, quien recuerda también
cómo la declaración de la renta es la que se utiliza para solicitar
becas o cualquier otro tipo de ayuda estatal.
El
impuesto sobre la renta tiene además otra particularidad que, aunque
obvia, no deja de ser menos dolorosa para el asalariado. Los que lo
pagan perciben sus ingresos o, al menos, una parte de ellos, de la
economía oficial. Esta contribución a las arcas del Estado no afecta a
los trabajadores o empresarios en negro.
Impuestos en negro
En un país con una abultada economía sumergida, los últimos datos del
especialista en la materia, el profesor de la Universidad de Linz
Friedrich Schneider, aseguran que en 2013 la economía sumergida en
España equivaldría a casi un 18,6% del PIB. De ser así, casi uno de cada
cinco euros que se mueven en la actividad económica española lo harían
libres de impuestos.
Esta laguna en la fiscalidad es
lo que marca la diferencia de posicionamiento entre partidarios y
detractores del IVA. El Impuesto sobre el Valor Añadido es el más
extendido entre los habitantes de un país, ya que todos los
consumidores, contribuyentes, asalariados, empresarios o visitantes
extranjeros tienen que abonarlo.
Los críticos con el
IVA señalan que una tasa fija penaliza al que gana poco frente al que
tiene mucho dinero. Sin embargo, sus defensores arguyen que el impuesto
obliga a contribuir con el sistema a los que realizan también sus
actividades en negro y que su gradación permite que los que consuman
servicios más costosos también paguen más. ¿Si los que ganan lo mismo,
tributan diferente, qué pasa con los que tienen más? De nuevo ante esta
cuestión el sistema tiene una marcada asimetría. Así, la llamada equidad
vertical, que los más tienen paguen más, se resquebraja ante los
requiebros fiscales legales que permiten el sistema.
La trampa legal más conocida que usan los ricos para pagar menos se parapeta detrás de unas siglas: SICAV.
Las sociedades de inversión colectiva tributan a un reducidísimo tipo
del 1%, lo que permite a las grandes fortunas invertir sin apenas pasar
por Hacienda. Las condiciones para acogerse a una sociedad así son
mínimas, entre ellas, el que la compongan 100 inversores, una norma que
ha dado lugar a que se extienda el fichaje de los conocidos como
“mariachis”. Inversores de paja que sirven de comparsas de las
auténticas fortunas para montar este tipo de sociedades.
Garcimartín lamenta que entre los múltiples defectos (fiscales) que
tiene una Sicav esté el de cobrar dividendos como si fueran salidas de
capital de la sociedad, lo que les libra de pagar el tributo
correspondiente. Los expertos consultados son unánimes con la necesidad
de modificar el sistema o elevar el tipo correspondiente a estas
inversiones.
Quienes defienden las Sicav aseguran que
es la mejor forma de mantener la riqueza en territorio español. Sin
embargo, la repercusión real en la actividad de este tipo de patrimonios
en una economía globalizada está muy en cuestión. Las carteras opacas y
diversificadas de estas sociedades no permiten garantizar que el
patrimonio esté rentando en España.
Más allá de estos
instrumentos, la contribución de las grandes fortunas es muy poco
exigente en España. El inspector de Hacienda Pérez Boga recuerda que los
patrimonios empresariales no tributan, lo que conlleva una brecha
directa en el reparto equitativo de las cargas en el sistema.
Entre los mismos asalariados se vulnera la
equidad horizontal mediante la panoplia de deducciones, reducciones y
bonificaciones a las que se pueden acoger los contribuyentes y que
marcan también la asimetría a la hora de enfrentarse con Hacienda
La necesidad de gravar la riqueza es
una polémica cada vez más en auge no solo en España, sino en toda
Europa. El impuesto sobre la fortuna francés ha sido pionero y un modelo
que muchos creen que podría tener un alto encaje en España.
Garcimartín apuesta por la propuesta que el PSOE lanzó en abril de 2013
en materia de impuestos. En el programa socialista se defiende la idea
de unir IRPF y Patrimonio en un solo impuesto. El mínimo exento sería
teóricamente más elevado que el actual, pero a cambio se gravaría la
riqueza con la suficiente eficacia, independientemente de su origen.
Así, al patrimonio se le imputaría una renta y pagaría por ella en la
misma proporción que lo hace el trabajo asalariado.
A
los que critican esta posibilidad por la posible fuga de capitales, los
defensores del impuesto recuerdan que los patrimonios de estos importes
tan elevados tienen muchos costes a la hora de traspasar las fronteras.
Sobre todo, porque una gran parte son bienes inmuebles, imposibles de
deslocalizar. Con todo, en Francia se han dado ya dos casos muy notorios
de adinerados franceses que han cambiado de residencia para no cumplir
con las nuevas normas del Gobierno de Hollande: Bernard Arnault (dueño
de Louis Vuitton) y el actor Gérard Depardieu.
Precisamente, tener un gran patrimonio facilita también la posibilidad
de escapar a la Hacienda local. Los ricos tienen más flexibilidad a la
hora de cambiar de residencia o de llevar su patrimonio a rendir a zonas
grises que escapan a la vigilancia del fisco, como los paraísos
fiscales, algunos tan aparentemente respetables como Luxemburgo.
El impuesto que deben abonar las empresas también es disfuncional en
términos igualitarios. Su tipo más elevado, que opera para las grandes
empresas, está en el 30%, de nuevo mucho más bajo que el que tienen que
soportar las rentas altas. Pero, además, se da el caso de que las
abundantes deducciones que se pueden aplicar las empresas reducen su
tipo efectivo (lo que pagan de verdad) a poco más del 12%.
Se rompe además la equidad entre las mismas empresas sujetas a tributar
con estos tipos porque las deducciones favorecen en la mayor parte de
los casos a las grandes corporaciones.
“Las
deducciones están ligadas a la inversión, así que las más grandes son
las que se las pueden aplicar”, matiza el representante de los
inspectores de Hacienda. Esta posibilidad hace que, finalmente, las
pymes paguen más impuestos en proporción que las grandes empresas,
remarca Garcimartín. “El sistema tal y como está provoca una
planificación agresiva por parte del contribuyente”, advierte Pérez
Boga.
Y como guinda a todo este laberinto de
facilidades normativas para los que más tienen, la mayor injusticia
social de todas se cometió al promulgar la amnistía fiscal. Un perdón
para los más ricos que vivían, directamente, al margen de la ley.
