Hablar de cualquier colectivo de manera genérica tiene enormes riesgos.
En todo grupo humano numeroso cabe el sesgo de utilizar estereotipos, y
anécdotas, pero con carácter general es difícil rebatir que los
funcionarios han sido una pieza clave en la expansión de la democracia
en nuestros país y un elemento fundamental a la hora de garantizar
elevados niveles de calidad de vida entre los españoles. Sobre los
funcionarios han recaído la educación, la sanidad, la seguridad, la
justicia y la investigación, entre otras funciones, a pesar de lo cual,
desde hace algún tiempo, aprovechando determinadas leyendas negras,
sainetes y ejemplos fuera de contexto, el funcionario español parece
haberse convertido en el enemigo a batir, se ha demonizado su función.
Este
proceso de descalificación forma parte de un ataque orquestado contra
los servicios públicos, con tres momentos de actuación muy evidentes. En
primer lugar, se ha desprestigiado lo público, a continuación se ha
precarizado imponiendo condiciones de insostenibilidad y en tercer lugar
aparecerá el mercado salvador, la empresa privada sin los problemas de
lo público y establecerá una reglas del juego nuevas. Tan nuevas como
procedentes del siglo XIX. El primer paso ha sido realizado con enorme
éxito: en estos momentos, lo público y sus protagonistas forman parte de
los problemas de este país y no de sus soluciones. Se está poniendo
contra las cuerdas a los empleados públicos en una espiral de
destrucción muy clara. Han sido utilizados como dique de contención
frente a la crisis mediante la congelación y posterior rebaja de
salarios para sufragar los fastos, endeudamientos y despilfarros. Se les
ha aumentado el horario de trabajo, por tanto se les ha vuelto a
rebajar el salario, están sometidos a prácticas tan abusivos como
recortar el sueldo en situaciones de baja médica, con lo cual un
funcionario medio (y esto es un ejemplo real) sometido a una
intervención quirúrgica, como consecuencia de la cual deba estar unos 45
días de baja, le puede repercutir en su salario, alrededor de los mil
euros.
Pero hay más. Otra vez bajo la doctrina del shock, a los
funcionarios se les ha limitado la carrera profesional, se han puesto en
cuestión reglas de juego sobre las que se escribían las garantías de
los ciudadanos, moviendo de sus puestos a funcionarios con plaza fija,
se han asumido tareas funcionariales por personas de confianza y
empresas afines a los gobernantes, con lo cual se está incrementando
innecesariamente el gasto y denigrando al funcionario. Evidentemente,
alguien ha confundido a los funcionarios con una vaca a la que se puede
exprimir y esquilmar hasta el momento de su remisión al matadero Y con
todo esto, ¿qué ocurrirá mañana? Muy sencillo, ahora ya solamente falta
el último golpe de efecto, la entrada de la empresa privada, sin
procesos selectivos trasparentes de sus efectivos, sin independencia en
los profesionales y bajo la presión y el mandato autoritario del patrón
que no solamente paga, sino que también decide sobre sus vidas y
haciendas y de paso sobre las de todos los ciudadanos a los cuales se
les impone la santa voluntad del grupo dominante del momento. Misión
cumplida.
* Professor de Política Social de la Universitat de València.
Publicat al diari Levante.
