Hablar de cualquier colectivo de manera genérica tiene enormes riesgos. En todo grupo humano numeroso cabe el sesgo de utilizar estereotipos, y anécdotas, pero con carácter general es difícil rebatir que los funcionarios han sido una pieza clave en la expansión de la democracia en nuestros país y un elemento fundamental a la hora de garantizar elevados niveles de calidad de vida entre los españoles. Sobre los funcionarios han recaído la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia y la investigación, entre otras funciones, a pesar de lo cual, desde hace algún tiempo, aprovechando determinadas leyendas negras, sainetes y ejemplos fuera de contexto, el funcionario español parece haberse convertido en el enemigo a batir, se ha demonizado su función.
Este proceso de descalificación forma parte de un ataque orquestado contra los servicios públicos, con tres momentos de actuación muy evidentes. En primer lugar, se ha desprestigiado lo público, a continuación se ha precarizado imponiendo condiciones de insostenibilidad y en tercer lugar aparecerá el mercado salvador, la empresa privada sin los problemas de lo público y establecerá una reglas del juego nuevas. Tan nuevas como procedentes del siglo XIX. El primer paso ha sido realizado con enorme éxito: en estos momentos, lo público y sus protagonistas forman parte de los problemas de este país y no de sus soluciones. Se está poniendo contra las cuerdas a los empleados públicos en una espiral de destrucción muy clara. Han sido utilizados como dique de contención frente a la crisis mediante la congelación y posterior rebaja de salarios para sufragar los fastos, endeudamientos y despilfarros. Se les ha aumentado el horario de trabajo, por tanto se les ha vuelto a rebajar el salario, están sometidos a prácticas tan abusivos como recortar el sueldo en situaciones de baja médica, con lo cual un funcionario medio (y esto es un ejemplo real) sometido a una intervención quirúrgica, como consecuencia de la cual deba estar unos 45 días de baja, le puede repercutir en su salario, alrededor de los mil euros.
Pero hay más. Otra vez bajo la doctrina del shock, a los funcionarios se les ha limitado la carrera profesional, se han puesto en cuestión reglas de juego sobre las que se escribían las garantías de los ciudadanos, moviendo de sus puestos a funcionarios con plaza fija, se han asumido tareas funcionariales por personas de confianza y empresas afines a los gobernantes, con lo cual se está incrementando innecesariamente el gasto y denigrando al funcionario. Evidentemente, alguien ha confundido a los funcionarios con una vaca a la que se puede exprimir y esquilmar hasta el momento de su remisión al matadero Y con todo esto, ¿qué ocurrirá mañana? Muy sencillo, ahora ya solamente falta el último golpe de efecto, la entrada de la empresa privada, sin procesos selectivos trasparentes de sus efectivos, sin independencia en los profesionales y bajo la presión y el mandato autoritario del patrón que no solamente paga, sino que también decide sobre sus vidas y haciendas y de paso sobre las de todos los ciudadanos a los cuales se les impone la santa voluntad del grupo dominante del momento. Misión cumplida.
* Professor de Política Social de la Universitat de València.
Publicat al diari Levante.
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