COMO FUNCIONA UN RESCATE

La idea de esta entrada es explorar algunas preguntas sobre la situación que vivimos:
¿qué es un “rescate”?, ¿cómo funciona?, ¿cuáles son las consecuencias para los
ciudadanos? Comenzamos por las cuestiones básicas y avanzamos hacia los detalles
más finos.
Como siempre, este texto pretende ser una chispa para encender el debate. Os ruego que
añadáis vuestras opiniones/matices/críticas en los comentarios. Entre todos, podemos
ayudarnos a comprender cómo funciona este mundo que nos rodea.
1.- ¿Cómo se financian los servicios públicos de un país?
En principio, un país financia sus servicios públicos (educación, sanidad, pensiones,
etc.) con el dinero que recauda por impuestos.
Si el país gasta más de lo recauda, el gobierno puede buscar dinero en los mercados
financieros mediante la emisión de deuda.
Emitir deuda es pedir un préstamo que será devuelto con ciertos intereses en un plazo
determinado. El gobierno organiza una subasta y adjudica su deuda al inversor que
ofrece el tipo de interés más bajo.
En estos momentos, los inversores piden, para el bono a 10 años, un interés del 6.41% a
España y un 1.20% a Alemania.
La diferencia entre el interés del bono español y el del bono alemán, 641-120 = 521, es
la famosa “prima de riesgo”.
2.- ¿Cuándo se produce un rescate?
Si el tipo de interés que piden los inversores es demasiado alto, no tiene sentido emitir
deuda porque será imposible devolverla.
En ese momento, los estados pueden solicitar “un rescate”: en vez de buscar el
préstamo en los mercados financieros, piden el dinero al FMI o a otras instituciones
internacionales.
Los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal se produjeron cuando los inversores pedían
alrededor del 7% por el bono a 10 años. A partir de ese nivel, los préstamos son
insostenibles.
3.- ¿Un rescate es la única opción que tiene un gobierno con problemas
financieros?
No. Un país siempre puede “negarse a pagar su deuda” (los periódicos suelen utilizar el
termino inglés, “default”). Un estado también puede considerar la “reestructuración” de
la deuda: por ejemplo, negociando con los inversores que la cantidad a devolver sea
menor de la acordada o en un plazo más largo.
El default tiene una gran ventaja (de un día para otro, tu deuda desaparece) y también
grandes inconvenientes: 1) A partir de ese momento, no puedes gastarte ni un euro más
de lo que recaudes 2) Pueden pasar muchos años hasta que algún inversor vuelva a
confiar en prestarte dinero y 3) Un default español se llevaría por delante todo el
sistema financiero europeo y los gobiernos del continente tendrían que rescatar a sus
bancos.
Un dato curioso: en 1557, España fue la segunda nación en la historia que suspendió el
pago de su deuda. Al llegar al trono, Felipe II se dio cuenta de que los metales preciosos
de América no eran suficientes para pagar los intereses de la deuda contraída por su
padre con los banqueros holandeses. El mismo rey volvió a declarar bancarrota en 1577
y 1597. En total, nuestro país ha dejado de pagar su deuda en 14 ocasiones.
La última vez que España declaró un default fue en 1939, cuando al terminar de la
guerra civil, Franco se negó a pagar la deuda contraída por el gobierno de la Republica.
4.- ¿Quién hace los rescates?
El FMI es, normalmente, el organismo internacional encargado de “rescatar” a países
con problemas financieros.
Los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal están supervisados por una “troika” formada
por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
5.- ¿De dónde sale el dinero para los rescates?
El FMI está financiado por los gobiernos de todo el mundo. La contribución y el poder
de voto de cada país son, aproximadamente, proporcionales al tamaño de su economía
(excepto para China). Los gobiernos con más poder en el FMI son los de EEUU (16%
de los votos), Japón (6%) y Alemania (5%).
Para lidiar con la crisis europea, la UE creó otras dos entidades que pueden prestar
dinero: el “Fondo Europeo de Estabilidad Financiera” (EFSF) y el “Mecanismo
Europeo de Estabilidad Financiera” (EFSM).
En el EFSF, Alemania contribuye con un 27%, Francia un 20%, Italia un 18% y España
un 12%.
El EFSM se apoya sobre el presupuesto de la UE, cuyos mayores contribuyentes son,
por este orden, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.
El EFSF puede prestar hasta un límite de 440.000 millones, el EFSM hasta 60.000
millones y el FMI hasta 250.000 millones. En total, la capacidad de préstamo es de
750.000 millones de euros.
6.- ¿Cuáles son las condiciones para obtener un préstamo de “la troika”?
Aquí está el jugo del asunto. Los préstamos del FMI/troika son muy diferentes de los
obtenidos en los mercados financieros.
Cuando un gobierno emite deuda en los mercados financieros, puede gastarse como
quiera el dinero obtenido. Los inversores pueden estar más o menos contentos (en cuyo
caso, te pedirán un interés más bajo/alto en la próxima subasta), pero no tienen un poder
directo para marcar las decisiones políticas del estado.
Por el contrario, los préstamos del FMI/troika están condicionados a que el gobierno
que los recibe implemente reformas muy concretas. La troika presta dinero “por
tramos”: según el gobierno va adoptando las medidas que ellos imponen, van soltando
el dinero. Y si el gobierno no cumple, cortan la financiación y el país se va al carajo. Un
país intervenido pierde su soberanía para tomar decisiones políticas.
7.- ¿Qué condiciones impusieron a Grecia?
· Cambiar la Constitución para que el pago de la deuda tenga prioridad sobre
cualquier otro gasto público.
· Despido de 150.000 empleados públicos en dos años (teniendo en cuenta la
población griega, esto correspondería a 700.000 en España).
· Recorte del salario mínimo desde 751 euros a 580 euros (y 510 euros para los
menores de 25 años).
· Los Presupuestos tienen que ser aprobados por la troika antes de ser votados en
el Parlamento.
· Supervisores de la Comisión Europea instalados permanentemente en Atenas.
· Recortes en pensiones y gasto sanitario.
· Privatización de empresas públicas.
El rescate de Grecia está provocando una tragedia: el desempleo se ha duplicado, los
salarios han bajado un 30% y se han disparado el número de personas sin hogar y los
suicidios.
Más terrible aún: todo este sufrimiento humano puede resultar gratuito. Como la
economía griega se está contrayendo tan rápido, los ingresos por impuestos se están
desplomando, así que Grecia puede acabar con el mismo porcentaje de deuda con el que
comenzó.
8.- ¿Cuál es la situación de España?
Nuestro problema es que el gobierno busca mucho dinero para tapar el agujero de los
bancos. Pero como ya estamos emitiendo nuestra deuda a un interés altísimo, está claro
que no vamos a obtener ese dinero en los mercados. La solución sólo puede venir de
Europa.
¿Conseguiremos ese dinero sin entrar formalmente en un rescate? Y aunque no sea un
rescate, ¿qué condiciones impondrá Alemania?
Tendremos la respuesta en pocas semanas.

L’OU DE LA SERP

Per a que tots entengueu de que parlo, la serp seria el govern de la Generalitat presidit per “Més el Retallador” i l’ou seria el pacte fiscal que promou el propi govern.
Catalunya està passant per un dels moments més delicats de la seva història més recent. El govern, incapaç de trobar una solució als greus problemes econòmics,sembla ser que les úniques mesures que és capaç d’adoptar és la de retallar els sous dels funcionaris i prestacions i serveis de tota mena. La darrera de totes serà l’euro per recepta que començarà a aplicar a partir de dissabte. Quan el govern d’Entesa va establir el cèntim sanitari als carburants, “Arturo Més”, llavors cap de l’oposició va “posar el crit al cel”.
A part del tou impost de patrimoni que es torna a aplicar, Més té al seu abast tornar a posar en vigor l’Impost de Transmissions Patrimonials. Però sembla que ara no toca. No toca “tocar” els seus i és preferible pagar els seu desgovern entre tots.
Certament si de Madrid ens paguessin els que se’ns deu, el problema seria menys problema. Els diferents governs de la “capital” han incomplert, sistemàticament, tots els acords de finançament. Quan es va aprovar l’Estatut de Maragall (al que CiU hi va donar suport), de les poques coses que es van salvar de les retallades del Constitucional, va ser, precisament, el finançament. Es va parlar llavors del millor finançament de la història per a Catalunya. Tantes expectatives va creat que altres autonomies, com la valenciana, van introduir als redactats dels seus respectius estatuts d’autonomia una espècie de clàusula on es deia que “si Catalunya obtenia més, ells també ho volien”.

El problema és aquest: els incompliments successius. Què ens fa pensar que un pacte fiscal seria respectat des de Madrid? La solució més immediata és, tal com diu ERC, “tenir la clau de la caixa”. Només així ens asseguraríem el finançament adient. I la solució més remota i improbable, la independència.

Al nou PSC encapçalat per Pere Navarro, el pacte fiscal el va agafar un tant descol·locat. Finalment va presentar el seu propi projecte que, com solen fer darrerament els socialistes, és un híbrid que difícilment va en lloc. Quan alguna cosa es queda a mig camí, li passa precisament això, que no arriba.
El PSC se’n ha adonat que el pacte fiscal és el ou de la serp i que, d’aquesta situació, en pot sortir mal parat.
En canvi, per a CiU, el pacte fiscal és la perdiu que va marejant quan les coses no li van bé. Mentre es parla de l'ou de la serp, no es parla del finançament irregular de Convergència o la nul·la capacitat per a tirar el país endavant. Parlar de l’herència rebuda, com vaig llegir l’altre dia, és, simplement, ridícul.    

CAMI DE SIURANA

ELS DESPRECIO POLÍTICO AL FUNCIONARIADO

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.                                              
     
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.
Universidad de Oviedo.

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