dissabte, 4 de maig del 2013
Alocadas pensiones, ministros dementes
Moncho Alpuente
Estamos avisados, una subida “alocada” de las pensiones perjudicaría a los pensionistas, sus fatigados corazones no resistirían el impacto inesperado de la buena nueva, o quizás no sabrían qué hacer con ese dinero sorpresivamente llegado a sus cuentas y lo dilapidarían, o suscribirían acciones preferentes, o se embrutecerían con fármacos carísimos y se darían a la bebida o a la ludopatía y no saldrían del bingo. Pero ahí está el ministro Montoro para salvarles de ellos mismos, nada de alocadas subidas, las pensiones serán sometidas a una desindexación, barbarismo que suena a delicada y urgente operación quirúrgica que, al parecer, requiere extirpar de raíz la vinculación entre las pensiones y el IPC, está claro que los pensionistas perderán poder adquisitivo: cada pensión sometida a desindexación experimenta una pérdida equivalente al incremento anual del IPC, dice el teorema de Montoro, un experto en contabilidad creativa y cosmética financiera y un mago del lenguaje que siempre nos ilustra con nuevos términos que enuncia como conjuros o mantras para descifrar lo indescifrable: las pensiones están indexadas, ¿quién las desindexará?, el desindexador que las desindexe buen desindexador será.
Últimamente los consejos de ministros llevan incorporado un comentario de texto, cada declaración de Montoro, cada balbuceo de la Cospedal, debe ser interpretado a posteriori en rueda de prensa para que los periodistas ignorantes puedan explicar a sus todavía más ignaros lectores qué han querido decir los sabios gobernantes del país. Pero hay un truco sencillo para interpretar a grosso modo, pero sin equivocarse mucho, lo que dicen los ministros. Si Montoro dice que hay que desindexar, posponderar, flexibilizar, redimensionar, desrelativizar, desimplementar, descontextualizar o redescojonar algo, el receptor avisado sabe que algo nos van a quitar y que no tienen muy claro cómo disimular el sabor amargo de la píldora que resucitará nuestra difunta economía. No en tres días, ni en tres años, a lo mejor no llegamos a verlo, pero nuestros nietos algún día se beneficiarán de nuestro sacrificio y cantarán las glorias de Montoro y de aquel gobierno del PP (espero que a nuestros nietos se les explique lo que era el PP y también espero que a ninguno se le ocurra resucitarlo o descongelarlo).
No habrá subidas alocadas, no habrá subidas porque todo lo que sube tiene que bajar y está claro que no quedaría bien tener que recortar, perdón, redimensionar nuevamente las pensiones alocadamente indexadas. Cada día que pasa estamos más cerca del final de la crisis, pero el final de la crisis está cada vez más lejos; hasta ayer los certificados augures del gobierno profetizaban que empezaríamos a salir del hoyo en 2014, hoy lo dejamos hasta 2016, no se pregunten para cuándo lo dejarán mañana. Está claro que no podremos pagar nuestras deudas, que son las suyas aunque las paguemos nosotros, y está claro que nuestros acreedores nunca van a perdonarlas, ni en nombre de la paz, ni de la solidaridad, ni de la cohesión europea. Lo que harán, y no hay que ser Montoro para adivinarlo (no hay que ser Montoro de ninguna manera), será aplazar el pago e incrementar los intereses de la deuda, seremos rehenes a perpetuidad y seguiremos pagando el rescate.
De todas formas, el año 2016 es una cifra mágica, en el año 2016 no habrá desaparecido la crisis pero es más que probable que haya desaparecido el gobierno del PP. ¿Y después? Dejen correr su imaginación y desconfíen de esos falsos profetas que auguran un gobierno de coalición a la italiana, entre el PP y el PSOE, que recogería los platos rotos del bipartidismo para recomponer la vajilla del doctor Frankestein. Una monstruosidad, no se corten, imaginen nuevos y posibles escenarios: Alemania declara la tercera guerra mundial y la pierde y pagan los malos que esta vez no querrían más territorios sino cobrar sus deudas con una solución definitiva y radical. Otro escenario: Portugal nos invade y nos rendimos, habríamos acabado con los problemas de España, los problemas serían de Portugal, ibéricos, y nuestros parlamentarios tendrían que mudarse a Lisboa. Otro, más probable, el gobierno del PP vende Mallorca a los alemanes, Menorca a los ingleses e Ibiza a un consorcio internacional de discjockeys. Si dan un buen precio también podrían vender Ceuta y Melilla a Marruecos, y creo que Sheldon Adelson está muy interesado por las Islas Canarias. Cualquier cosa menos ver a Montoro en 2016 desindexando y prediciendo el fin de la crisis para el 2021.
Estamos avisados, una subida “alocada” de las pensiones perjudicaría a los pensionistas, sus fatigados corazones no resistirían el impacto inesperado de la buena nueva, o quizás no sabrían qué hacer con ese dinero sorpresivamente llegado a sus cuentas y lo dilapidarían, o suscribirían acciones preferentes, o se embrutecerían con fármacos carísimos y se darían a la bebida o a la ludopatía y no saldrían del bingo. Pero ahí está el ministro Montoro para salvarles de ellos mismos, nada de alocadas subidas, las pensiones serán sometidas a una desindexación, barbarismo que suena a delicada y urgente operación quirúrgica que, al parecer, requiere extirpar de raíz la vinculación entre las pensiones y el IPC, está claro que los pensionistas perderán poder adquisitivo: cada pensión sometida a desindexación experimenta una pérdida equivalente al incremento anual del IPC, dice el teorema de Montoro, un experto en contabilidad creativa y cosmética financiera y un mago del lenguaje que siempre nos ilustra con nuevos términos que enuncia como conjuros o mantras para descifrar lo indescifrable: las pensiones están indexadas, ¿quién las desindexará?, el desindexador que las desindexe buen desindexador será.
Últimamente los consejos de ministros llevan incorporado un comentario de texto, cada declaración de Montoro, cada balbuceo de la Cospedal, debe ser interpretado a posteriori en rueda de prensa para que los periodistas ignorantes puedan explicar a sus todavía más ignaros lectores qué han querido decir los sabios gobernantes del país. Pero hay un truco sencillo para interpretar a grosso modo, pero sin equivocarse mucho, lo que dicen los ministros. Si Montoro dice que hay que desindexar, posponderar, flexibilizar, redimensionar, desrelativizar, desimplementar, descontextualizar o redescojonar algo, el receptor avisado sabe que algo nos van a quitar y que no tienen muy claro cómo disimular el sabor amargo de la píldora que resucitará nuestra difunta economía. No en tres días, ni en tres años, a lo mejor no llegamos a verlo, pero nuestros nietos algún día se beneficiarán de nuestro sacrificio y cantarán las glorias de Montoro y de aquel gobierno del PP (espero que a nuestros nietos se les explique lo que era el PP y también espero que a ninguno se le ocurra resucitarlo o descongelarlo).
No habrá subidas alocadas, no habrá subidas porque todo lo que sube tiene que bajar y está claro que no quedaría bien tener que recortar, perdón, redimensionar nuevamente las pensiones alocadamente indexadas. Cada día que pasa estamos más cerca del final de la crisis, pero el final de la crisis está cada vez más lejos; hasta ayer los certificados augures del gobierno profetizaban que empezaríamos a salir del hoyo en 2014, hoy lo dejamos hasta 2016, no se pregunten para cuándo lo dejarán mañana. Está claro que no podremos pagar nuestras deudas, que son las suyas aunque las paguemos nosotros, y está claro que nuestros acreedores nunca van a perdonarlas, ni en nombre de la paz, ni de la solidaridad, ni de la cohesión europea. Lo que harán, y no hay que ser Montoro para adivinarlo (no hay que ser Montoro de ninguna manera), será aplazar el pago e incrementar los intereses de la deuda, seremos rehenes a perpetuidad y seguiremos pagando el rescate.
De todas formas, el año 2016 es una cifra mágica, en el año 2016 no habrá desaparecido la crisis pero es más que probable que haya desaparecido el gobierno del PP. ¿Y después? Dejen correr su imaginación y desconfíen de esos falsos profetas que auguran un gobierno de coalición a la italiana, entre el PP y el PSOE, que recogería los platos rotos del bipartidismo para recomponer la vajilla del doctor Frankestein. Una monstruosidad, no se corten, imaginen nuevos y posibles escenarios: Alemania declara la tercera guerra mundial y la pierde y pagan los malos que esta vez no querrían más territorios sino cobrar sus deudas con una solución definitiva y radical. Otro escenario: Portugal nos invade y nos rendimos, habríamos acabado con los problemas de España, los problemas serían de Portugal, ibéricos, y nuestros parlamentarios tendrían que mudarse a Lisboa. Otro, más probable, el gobierno del PP vende Mallorca a los alemanes, Menorca a los ingleses e Ibiza a un consorcio internacional de discjockeys. Si dan un buen precio también podrían vender Ceuta y Melilla a Marruecos, y creo que Sheldon Adelson está muy interesado por las Islas Canarias. Cualquier cosa menos ver a Montoro en 2016 desindexando y prediciendo el fin de la crisis para el 2021.
divendres, 3 de maig del 2013
FUTURO CIUDAD AMPOSTA: CRÒNICA D’UNA AGONIA (CAPÍTOL FINAL O QUASI BÉ)
El Carrefour d'Amposta el dia de la inauguració. |
Quan es va anunciar que s’havia de fer
un gran centre comercial a la zona del cementiri d’Amposta, varem ser
molts els escèptics. De fet ja existia un precedent a la zona lúdica de
Tosses, un recinte amb grans pretensions que mai ha acabat de funcionar
de manera optima i, desafortunadament, han estat molts els locals que han
hagut de tancar.
Els promotors del centre comercial “Futuro
Ciudad Amposta” (en castellano para que todo el mundo lo entienda)
van assegurar que s’hi instal·larien un bon grapat de primeres marques
que dinamitzarien la zona. Es parlava del Carrefour, del Leroy Merlín,
del Decathlon... Finalment només va aterrar el primer centre comercial,
però amb moltes menys pretensions que el que hi ha a Vinaròs, per posar
un exemple. De fet, als tiquets de compra apareixia Mini híper.
Imagino que ara tothom dirà la seva i
hi haurà qui dirà: jo ja m’ho pensava o jo ja ho deia...
Jo sí que fa molt de temps que ho anava anunciat. Encara recordo aquell
primer escrit que es titulava 47 no són 1000, en referència als
llocs de treball que es van crear i els que s’havia anunciat que es crearien.
Després d’aquella primera opinió n’hi van venir d’altres sobre el progressiu
tancaments de locals comercials. De fet, la zona, vista de fora (dintre
fa molt de temps que no hi he entrat) té un aspecte desolador, fins i tot
fantasmagòric. Tanta va ser la meva insistència en que el centre comercial
no rutllaria que, fins i tot el propietari principal de diversos locals
comercials va acudir a l’Antoni Espanya per a veure si em podia fer
callar, la qual cosa, és força difícil, ja que, com sabeu, quan sóc
crític amb alguna cosa, ho sóc fins allà on calgui... Com a polític que
he estat i com a ciutadà que sóc, hi ha coses que no m’explico. Per exemple:
Cóm amb els antecedents de Tosses, es va poder enganyar a tanta gent per
a que s’instal·lessin a la nova zona comercial?
Els cants de sirena que sortien
des de la seu de l’ajuntament, van atreure molts comerciants que pensaven
que anaven a fer el negoci de la seva vida. Fins i tot recordo a uns de
fora d’Amposta que van ser, sinó els primers de tancar, dels primers.
La relació cost del lloguer, calaix, es decantava visiblement cap el primer
concepte.
Per què ha fracassat el centre comercial?
Un centre comercial fracassa per manca de clients. Futuro Ciudad Amposta
no ha tingut mai un reclam prou important que fos atractiu per als hipotètics
compradors. Dit d’una altra manera: no hi havia franquícies conegudes
com hi ha a d’altres centres comercials. També cal preguntar-se si el
moment d’obrir va ser el més oportú, en un període de greu crisi financera.
Sé suposa (només sé suposa), les grans
marques, abans d’instal·lar-se a un lloc fan un estudi de mercat per a
veure la viabilitat. Segurament, algunes de les firmes que es van anunciar
que s’instal·larien a Amposta, després dels resultats, van decidir ubicar-se
a un altre lloc. És el cas del Decathlon que, com sabeu, va decantar-se
pel centre comercial dels Portals de Tortosa, al costa de l’autovia entre
Tortosa i l’Aldea.
Perdoneu la meva innocència: Cóm es pot
ser tan babau de creure’s la majoria de coses que s’anuncien des de l’equip
de govern municipal? Tornant a apel·lar a la meva innocència, quan sento
que parlen del beneficis que reportarà a la nostra ciutat, sempre penso:
Aquests ens han fotut o en volen fotre. Realment, el que passa a
Amposta no ho entenc ni ho entendre mai. Cóm es pot enganyar a la ciutadania
(no a tots, però si a molts) una vegada, una altra, una altra i encara
més?
Acabaré explicant-vos una anècdota que
em va explicar no fa molt l’Àngel Porres, que va ser candidat per
ICV a les eleccions de 2007. Segur que a ell no l’importa gens ni mica
que l’esmenti.
Em va dir que el sinyó ancalde
tenia sobre la taula del seu despatx el dossier del Decathlon com aquell
que té la poció miraculosa per a la prosperitat de la nostra ciutat. Imagino
que com a membre de la junta de l’Associació de Veïns de l’Acollidora
hi devia d’haver entrat (al despatx del sinyó ancalde)
Un dia l’Àngel va anar a comprar
al Decathlon. En sortir li va dir a la caixera:
-No sabia que el terme d’Amposta fos
tan gran!
La caixera –amb mirada de sorpresa li
va respondre:
-Això és Tortosa.
Llavors l’Àngel –amb to de pregunta-
li va dir:
-M’estàs dient que l’alcalde d’Amposta
és un mentider?
La jove caixera al·lucinava...
-És que l’alcalde d’Amposta, durant
la passada campanya va prometre que el Decathlon aniria a Amposta –va
concloure l’Àngel-
El escrache como derecho fundamental
Carlos Hugo Preciado Domènech
*Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
En los últimos días viene siendo objeto de polémica el escrache como medio de reivindicación. Mientras unos sostienen su legitimidad, otros afirman que se trata de una coacción intolerable, una vejación, un método propio del fascismo o una forma de coartar la libertad de voto del Diputado o Senador. Ante tal debate, el propósito de estas líneas es el de contribuir a esclarecer, desde un prisma exclusivamente jurídico, la legitimidad constitucional del escrache como medio de manifestar la crítica frente a la actuación de los Poderes Públicos.
Para ello, hemos de empezar diciendo que el derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en el art.21 de la Constitución y desarrollado por la LO 9/83 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (art.11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art.21); y más recientemente en el art.12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006), siendo por ello un cauce del participación democrática que se configura de tres elementos: una agrupación de personas de carácter transitorio (temporal), con finalidad lícita (licitud) y en un lugar de tránsito público (espacial). Es un derecho de especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como expresión del principio de democracia participativa, pues para muchos grupos sociales es uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (STC 301/06 y 236/07)
Por otro lado, el escrache no es otra cosa que el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.
Así definido, el escrache no es más que el derecho de manifestación con una sola peculiaridad definitoria: el lugar en que se ejerce, que coincide siempre con los alrededores del domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, generalmente una persona con responsabilidad pública, un cargo público.
Por tanto, nos hallamos ante una forma de protesta pacífica, en la vía pública y dirigida frente a quien tiene una responsabilidad pública, con la finalidad de defender los Derechos Humanos o cualquier otra reivindicación legítima.
En el caso del escrache que estamos viendo en el Reino de España en los medios de comunicación se trata de un conjunto de personas afectadas por la legislación hipotecaria que pretenden convencer a los Diputados del partido político con mayoría absoluta de que es necesario un determinado cambio legislativo, manifestándose delante de sus domicilios, en la vía pública.
Resulta obvio, hasta aquí, que el derecho de manifestación ampara esta conducta que conocemos como escrache. Por tanto, hemos de partir que el escrache como forma pacífica de manifestación es uno de los expectativas garantizadas por el derecho fundamental y, por tanto, constituye parte de su objeto, pues es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 195/03, 66/95, 85/88, etc ).
Por otro lado, es evidente que toda manifestación o reunión en un lugar de tránsito público ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y ciertas molestias, como cortes de tráfico, corte de calles, megafonías…., pero en ausencia de actos de violencia por parte de los manifestantes es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada previamente a la autoridad competente (STEDH 5 marzo 2009 Baraco contra Francia, STEDH de 17 de julio de 2008, Achouguian contra Armenia ; STEDH 5 diciembre de 2006; Oya Ataman contra Turquía)
El escrache, que se realiza delante del domicilio de un cargo público, es obvio que ocasiona ciertas molestias; no sólo al cargo público, sino también a su familia y vecinos, en tanto en cuanto puede obstaculizar el tráfico, el acceso o salida del domicilio con vehículos, puede causar incomodidades, pues se oyen proclamas o reivindicaciones, consignas, en tono elevado, etc; pero ese tipo de molestias no van más allá que las que causa cualquier manifestación o concentración pacífica a los vecinos de las calles en que tiene lugar o de las molestias que podemos soportar todos los ciudadanos en tiempo de campaña electoral, en que oímos las megafonía de la propaganda electoral a todas horas, se llenan nuestros buzones de cartas de los partidos, incluso se nos llama al teléfono particular para pedirnos el voto, o se nos da propaganda en mano por la calle o también, en fin, se pide el voto “puerta a puerta”.
Por ello, es fácil concluir que las molestias o incomodidades provocadas por una manifestación pacífica delante del domicilio de un Diputado o Senador son transitorias, como toda manifestación, y están dentro del contenido normal del derecho a manifestarse, y los poderes públicos – y el Diputado o Senador lo es- han de tolerarlas para preservar el contenido del derecho de manifestación.
Por supuesto, el derecho de manifestación y el escrache, como una de sus formas, no amparan el insulto, la amenaza o la coacción. Es importante insistir ello. En tales casos nos hallaríamos ante supuestos de abuso del derecho fundamental que encontrarían su tipificación en el CP (620.2, 169, 172, CP, etc), como también la encuentran las reuniones o manifestaciones ilícitas, que son las que se celebran con el fin de cometer algún delito o aquellas en la que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos (art.513 CP).
Llegados a este punto la primera conclusión que hemos de dejar clara es que el escrache no es más que un modo de ejercitar un derecho fundamental, el de manifestación, y con él la libertad de expresión y asociación y que, por tanto, no puede criminalizarse, prohibirse o limitarse indiscriminadamente cuando su ejercicio se ajusta a los requisitos del art.21 CE, es decir, un ejercicio pacífico y sin armas, sin peligro para el orden público, las personas o los bienes; puesto que dentro del objeto del derecho fundamental de manifestación y reunión pacífica y sin armas no se hallan conductas como las descritas, que en su máxima gravedad vienen tipificadas en el Código Penal en tanto que atentan contra otros derechos fundamentales: honor, libertad, integridad moral o integridad física. El derecho de reunión o manifestación, siendo un derecho individual de ejercicio colectivo no incluye en su objeto los fines ilícitos (STC 66/85 y art. 1 LO 9/83), y cuando tal ilícito es un delito, la propia reunión o manifestación es delictiva (art.513 CP).
Lo que no es razonable, desde una mínima honestidad intelectual, es confundir los derechos con el abuso de los mismos para acto seguido terminar prohibiéndolos. Ello conduce al absurdo de que como todo derecho es susceptible de un uso abusivo, todo derecho debe ser prohibido, cultura propia de los regímenes autoritarios y que todos recordamos en frases típicas de la transición española como: “tanta libertad lleva al libertinaje”. En este sentido, a menudo se confunde interesadamente el escrache con los insultos, vejaciones o coacciones que personas individuales puedan proferir en momentos puntuales; confusión que no resulta admisible.
Partiendo pues de que el escrache es una modalidad de ejercicio del derecho de manifestación, una segunda conclusión es que el debate público sobre el escrache debe ser un debate de límites en el ejercicio del derecho fundamental. En este punto, los límites han de estar previstos por la ley, ser medias necesarias en una sociedad democrática, entre otros fines para la protección de los derechos y libertades ajenos, en este caso los del Diputado, Senador y sus familias. (vid. art.11.2 CEDDHH)
Es obvio que el de reunión y manifestación no es un derecho ilimitado, sino que encuentra sus límites en el orden público con peligro para personas o bienes o los límites impuestos por la necesidad de evitar que su ejercicio extralimitado entre en colisión con otros valores constitucionales (STC 195/2003). Por tanto, una vez delimitado, que no limitado, el objeto del derecho fundamental que, como queda dicho, excluye conductas que atentan de forma grave contra otros derechos fundamentales; nos hallamos ante una cuestión de colisión de derechos, a saber: el derecho a la manifestación o reunión pacífica y sin armas en lugares públicos en su concreta forma del escrache -por un lado – frente a la libertad de voto, el derecho a la intimidad personal y familiar y, en su caso, el derecho al honor del Diputado o Senador - por otro-.
En este punto es preciso recordar que los Partidos políticos tienen por misión fundamental concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular (art.6 CE) , que los Diputados pertenecen a un grupo parlamentario al que da apoyo un Partido y que, a su vez, apoya a un Gobierno concreto, hallándose dentro de sus facultades la de votar a favor o en contra de lo que su Partido dicte, pues su voto lo ejerce de forma personal e indelegable (art.79 .3 CE ), en orden a aprobar las leyes. También hay que recordar, como se dijo, que el derecho a manifestarse es una expresión del derecho de participación democrática, que está al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones.
En primer lugar, dentro de los límites del ejercicio del escrache, hay que plantearse si coarta o cercena la libertad de voto del Diputado o Senador. Abriendo un paréntesis sobre la libertad de voto, hay que apuntar la normalidad con que se acepta, debido a la hipertrofia del poder de los Partidos, las sanciones económicas que estos aplican a los Diputados que se apartan de “la disciplina de partido”. En estos caso, sin embargo, no parece cuestionarse la libertad de voto, lo cuál es digno de reflexión. Cerramos paréntesis.
En el límite de la libertad de voto hay que tener en cuenta que la relación de la representación entre Diputado y representados en una sociedad democrática es bidireccional, y no sólo unidireccional, de forma que el Diputado no se limita a recibir el voto y administrarlo según su criterio o el de su Partido, sino que puede y debe recibir las quejas, críticas, reproches y opiniones de los representados expresados colectivamente a través de manifestaciones pacíficas en lugares de tránsito público que le son cercanos, como la calle de su domicilio. Ello, sin otro añadido, (violencia, amenazas…) no puede considerarse que coarte su libertad de voto, sino que todo lo contrario, la refuerza y enriquece con las ideas, opiniones o críticas que recibe de aquéllos a quienes representa, pues la libertad no puede considerarse como el blindaje frente a opiniones molestas en lugares incómodos o como el anonimato o la incomunicación, por una persona que ha decidido dedicarse a un cargo público y que responde no sólo ante las urnas sino, mientras estas están cerradas, ante los ciudadanos, pues en una democracia participativa éstos no se limitan a decidir cada cuatro años, sino que participan activamente en la vida pública, informándose, opinando y criticando las decisiones de quienes tienen el poder de dictar las leyes que están obligados a acatar.
En este sentido, para tutelar la libertad de voto y el correcto funcionamiento de las Asambleas legislativas, el art .77 CE prohíbe la presentación directa ante las Cámaras de peticiones individuales y colectivas por manifestaciones ciudadanas, con la clara finalidad de evitar que las mismas perturben el buen desarrollo de las sesiones, de forma que el Código Penal castiga manifestarse ante una asamblea legislativa, estatal o autonómica cuando se perturbe el normal funcionamiento de la Cámara (arts.494 y 495 CP). Nótese que aquí el ordenamiento protege al órgano, estando garantizada la protección de sus integrantes, los Diputados o Senadores, por el art.498 que castiga a los que empleen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado a o de una Asamblea legislativa de comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, por idénticos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones, o la emisión de su voto.
A la vista de lo expuesto, hay que insistir, el escrache entra dentro del ejercicio legítimo del derecho de manifestación pacífico y sin armas y no puede concebirse que el ejercicio de tal derecho fundamental coarte la libertad de voto, por más que se ejercite en la vía pública, ante el domicilio del Diputado o Senador, siempre que no se emplee fuerza, violencia, intimidación o amenaza para coartar la libre manifestación de las opiniones o la emisión del voto.
Nadie se plantea que coarte la libertad de voto, afecte a la intimidad o al honor el hecho, por lo demás habitual, de que unas decenas de periodistas hagan guardia en la puerta del domicilio de políticos a fin de ejercitar otro derecho fundamental, la libertad de información. Por supuesto, si ello degenera en la agresión, el insulto o la amenaza, estaremos ante otra cuestión bien diversa, pero la mera posibilidad de que eso ocurra no puede suponer la prohibición del ejercicio de un derecho fundamental tan importante como el de información en una sociedad democrática. Ello es importante recalcarlo, puesto que tanto la libertad de información como la libertad de manifestación son pilares fundamentales de toda democracia.
Aclarada la duda de si el escrache coarta la libertad de voto del Diputado o Senador, dentro del capítulo de los límites, la incógnita que resta por despejar es si el ejercicio del derecho de manifestación pacífica y sin armas delante del domicilio de un Diputado supone una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad o al honor
Empecemos por la intimidad, que se considera como un ámbito propio y reservado de las personas cuya efectiva existencia es precisa para tener una calidad mínima de vida humana (STC 231/88)
Del derecho a la intimidad forma parte el right to be alone (STC 134/99 ), el derecho a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, (Vid SSTEDH Caso Leander, Costello-Roberts, etc). Además ese derecho se extiende no sólo al sujeto sino a su familia (STC 196/04), elemento éste que habrá que ponderar en el balancing del derecho a la intimidad del político y su familia y el derecho a manifestación.
Pero el derecho a la intimidad del político tiene distinta extensión que el del ciudadano de a pie, pues quien tienen atribuido el ejercicio de funciones públicas es personaje público en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opiniones pueden estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos los cuales tienen un interés legítimo a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre. En estos casos, y en tanto lo divulgado o criticado se refiera directamente al ejercicio de las funciones públicas, no puede el individuo oponer sin más los derechos del art.18.1 (SSTC 148/01 y 232/02, entre otras).
Por otro lado, el escrache se desarrolla en la vía pública, que es un lugar no apto para desarrollar la intimidad, y si bien las conductas que supongan molestias excesivas, como los ruidos intensos o incluso los malos olores pueden suponer una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, el ejercicio del derecho de manifestación de forma transitoria, aún con megafonía, no tiene por que suponer siempre y en todo caso una molestia excesiva que suponga una intromisión en el derecho a la intimidad. (vid. STEDH 9 diciembre 1994; López Ostra contra España, STEDH 16 noviembre 2004; Moreno Gómez contra España)
En cuanto al derecho al honor, que consiste en la fama, la reputación, el buen nombre, el aprecio social; en definitiva, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás tengan de nosotros (STC 49/01), es el ámbito en que quizás se produzca una fricción mayor con el derecho a manifestarse.
En efecto, puede entenderse que con el escrache se “cosifica” al Diputado o Senador, en tanto que se le convierte en un mero medio, objeto de escarnio y estigma para obtener un fin, todo lo legítimo que se quiera. Así, hemos oído, “el fin no justifica los medios”.
En este sentido, en el caso de los cobradores del frac se ha entendido por la jurisprudencia que se trata de conductas que tienen un evidente carácter intimidante o vejatorio (STS, Sala I núm. 306/2001 de 2 abril RJ 2001\3991).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre ambos supuestos -el caso del cobrador del frac y el escrache- hay diferencias sustanciales y no son en modo alguno asimilables. En primer lugar, el destinatario del escrache no es un sujeto privado sino un miembro del Poder Legislativo, y es doctrina constitucional (STC 42/95, 49/01, 105/90) que los personajes públicos, especialmente los políticos, están más obligados a soportar la crítica de los ciudadanos ordinarios, sin que, como es obvio la crítica ampare el derecho al insulto o al menosprecio y la vejación. En segundo lugar, la finalidad de la crítica no es el ámbito privado o personal del Diputado o Senador -como el pago de una deuda- sino su actuación pública, lo cuál nos sitúa en el ámbito de la eficacia vertical de los derechos fundamentales y no en el ámbito de la eficacia horizontal o entre iguales. Por todo ello, la misma conducta cuando el sujeto pasivo es un sujeto público y la finalidad es criticar su actuación en el cargo público, no es comparable con conductas como las descritas del cobrador del frac y no puede entenderse que sea innecesaria la manifestación ante el propio domicilio, sobre todo cuando los manifestantes forman parte de un movimiento pacífico que ha agotado todas las vías democráticas posibles para cumplir con sus legítimas expectativas.
Como conclusión final, el escrache ante el domicilio de un cargo público, informando a los viandantes de su postura pública, criticándola con dureza, pidiendo y, por qué no, exigiendo, que cambie de postura y todo ello en la vía pública (sin introducirse en su domicilio, insultarlo, vejarlo o cualquier otra conducta que no forme parte del contenido del derecho de manifestación, la libertad de expresión o de opinión) no limita la libertad de voto del político, ni restringe el derecho su derecho a no ser molestado y a ser dejado en paz o su derecho de intimidad o al honor más allá de lo estrictamente necesario para ejercer el derecho de manifestación, pues no olvidemos que la intimidad en el caso de personajes públicos es de menor alcance, dado que ellos mismos han decidido renunciar a parte de esa intimidad para ejercer el poder que afecta a sus conciudadanos y deben soportar críticas tanto más duras cuanto mayor es su posibilidad de ejercer el poder e influir en la vida de sus conciudadanos.
Para terminar, el derecho a la intimidad y al honor del político no garantizan el derecho al anonimato ni a no ser molestado en la medida de lo necesario para que el ciudadano pueda expresar ideas y opiniones de forma conjunta con otros, en la vía pública, de forma pacífica y para fines tan loables como el derecho a una vivienda digna o cualquier otro constitucionalmente legítimo.
El precio que han de pagar en democracia quienes ejercen el poder incluye el deber de soportar las críticas en forma de manifestación de aquellos sobre quien dicho poder se ejerce, aunque sean poco agradables, siempre que las mismas discurran por cauces pacíficos. Entender lo contrario, tachando un derecho fundamental como método propio del fascismo o contrario a la libertad, no es más que una expresión de la degradación del concepto de representación política y un atrincheramiento de la clase política que pretende el ejercicio del poder sin control alguno por parte de los ciudadanos, y no sólo con la consiguiente impunidad que comporta toda falta de control, sino además sin sufrir ninguna incomodidad.
*Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
En los últimos días viene siendo objeto de polémica el escrache como medio de reivindicación. Mientras unos sostienen su legitimidad, otros afirman que se trata de una coacción intolerable, una vejación, un método propio del fascismo o una forma de coartar la libertad de voto del Diputado o Senador. Ante tal debate, el propósito de estas líneas es el de contribuir a esclarecer, desde un prisma exclusivamente jurídico, la legitimidad constitucional del escrache como medio de manifestar la crítica frente a la actuación de los Poderes Públicos.
Para ello, hemos de empezar diciendo que el derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en el art.21 de la Constitución y desarrollado por la LO 9/83 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (art.11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art.21); y más recientemente en el art.12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006), siendo por ello un cauce del participación democrática que se configura de tres elementos: una agrupación de personas de carácter transitorio (temporal), con finalidad lícita (licitud) y en un lugar de tránsito público (espacial). Es un derecho de especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como expresión del principio de democracia participativa, pues para muchos grupos sociales es uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (STC 301/06 y 236/07)
Por otro lado, el escrache no es otra cosa que el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.
Así definido, el escrache no es más que el derecho de manifestación con una sola peculiaridad definitoria: el lugar en que se ejerce, que coincide siempre con los alrededores del domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, generalmente una persona con responsabilidad pública, un cargo público.
Por tanto, nos hallamos ante una forma de protesta pacífica, en la vía pública y dirigida frente a quien tiene una responsabilidad pública, con la finalidad de defender los Derechos Humanos o cualquier otra reivindicación legítima.
En el caso del escrache que estamos viendo en el Reino de España en los medios de comunicación se trata de un conjunto de personas afectadas por la legislación hipotecaria que pretenden convencer a los Diputados del partido político con mayoría absoluta de que es necesario un determinado cambio legislativo, manifestándose delante de sus domicilios, en la vía pública.
Resulta obvio, hasta aquí, que el derecho de manifestación ampara esta conducta que conocemos como escrache. Por tanto, hemos de partir que el escrache como forma pacífica de manifestación es uno de los expectativas garantizadas por el derecho fundamental y, por tanto, constituye parte de su objeto, pues es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 195/03, 66/95, 85/88, etc ).
Por otro lado, es evidente que toda manifestación o reunión en un lugar de tránsito público ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y ciertas molestias, como cortes de tráfico, corte de calles, megafonías…., pero en ausencia de actos de violencia por parte de los manifestantes es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada previamente a la autoridad competente (STEDH 5 marzo 2009 Baraco contra Francia, STEDH de 17 de julio de 2008, Achouguian contra Armenia ; STEDH 5 diciembre de 2006; Oya Ataman contra Turquía)
El escrache, que se realiza delante del domicilio de un cargo público, es obvio que ocasiona ciertas molestias; no sólo al cargo público, sino también a su familia y vecinos, en tanto en cuanto puede obstaculizar el tráfico, el acceso o salida del domicilio con vehículos, puede causar incomodidades, pues se oyen proclamas o reivindicaciones, consignas, en tono elevado, etc; pero ese tipo de molestias no van más allá que las que causa cualquier manifestación o concentración pacífica a los vecinos de las calles en que tiene lugar o de las molestias que podemos soportar todos los ciudadanos en tiempo de campaña electoral, en que oímos las megafonía de la propaganda electoral a todas horas, se llenan nuestros buzones de cartas de los partidos, incluso se nos llama al teléfono particular para pedirnos el voto, o se nos da propaganda en mano por la calle o también, en fin, se pide el voto “puerta a puerta”.
Por ello, es fácil concluir que las molestias o incomodidades provocadas por una manifestación pacífica delante del domicilio de un Diputado o Senador son transitorias, como toda manifestación, y están dentro del contenido normal del derecho a manifestarse, y los poderes públicos – y el Diputado o Senador lo es- han de tolerarlas para preservar el contenido del derecho de manifestación.
Por supuesto, el derecho de manifestación y el escrache, como una de sus formas, no amparan el insulto, la amenaza o la coacción. Es importante insistir ello. En tales casos nos hallaríamos ante supuestos de abuso del derecho fundamental que encontrarían su tipificación en el CP (620.2, 169, 172, CP, etc), como también la encuentran las reuniones o manifestaciones ilícitas, que son las que se celebran con el fin de cometer algún delito o aquellas en la que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos (art.513 CP).
Llegados a este punto la primera conclusión que hemos de dejar clara es que el escrache no es más que un modo de ejercitar un derecho fundamental, el de manifestación, y con él la libertad de expresión y asociación y que, por tanto, no puede criminalizarse, prohibirse o limitarse indiscriminadamente cuando su ejercicio se ajusta a los requisitos del art.21 CE, es decir, un ejercicio pacífico y sin armas, sin peligro para el orden público, las personas o los bienes; puesto que dentro del objeto del derecho fundamental de manifestación y reunión pacífica y sin armas no se hallan conductas como las descritas, que en su máxima gravedad vienen tipificadas en el Código Penal en tanto que atentan contra otros derechos fundamentales: honor, libertad, integridad moral o integridad física. El derecho de reunión o manifestación, siendo un derecho individual de ejercicio colectivo no incluye en su objeto los fines ilícitos (STC 66/85 y art. 1 LO 9/83), y cuando tal ilícito es un delito, la propia reunión o manifestación es delictiva (art.513 CP).
Lo que no es razonable, desde una mínima honestidad intelectual, es confundir los derechos con el abuso de los mismos para acto seguido terminar prohibiéndolos. Ello conduce al absurdo de que como todo derecho es susceptible de un uso abusivo, todo derecho debe ser prohibido, cultura propia de los regímenes autoritarios y que todos recordamos en frases típicas de la transición española como: “tanta libertad lleva al libertinaje”. En este sentido, a menudo se confunde interesadamente el escrache con los insultos, vejaciones o coacciones que personas individuales puedan proferir en momentos puntuales; confusión que no resulta admisible.
Partiendo pues de que el escrache es una modalidad de ejercicio del derecho de manifestación, una segunda conclusión es que el debate público sobre el escrache debe ser un debate de límites en el ejercicio del derecho fundamental. En este punto, los límites han de estar previstos por la ley, ser medias necesarias en una sociedad democrática, entre otros fines para la protección de los derechos y libertades ajenos, en este caso los del Diputado, Senador y sus familias. (vid. art.11.2 CEDDHH)
Es obvio que el de reunión y manifestación no es un derecho ilimitado, sino que encuentra sus límites en el orden público con peligro para personas o bienes o los límites impuestos por la necesidad de evitar que su ejercicio extralimitado entre en colisión con otros valores constitucionales (STC 195/2003). Por tanto, una vez delimitado, que no limitado, el objeto del derecho fundamental que, como queda dicho, excluye conductas que atentan de forma grave contra otros derechos fundamentales; nos hallamos ante una cuestión de colisión de derechos, a saber: el derecho a la manifestación o reunión pacífica y sin armas en lugares públicos en su concreta forma del escrache -por un lado – frente a la libertad de voto, el derecho a la intimidad personal y familiar y, en su caso, el derecho al honor del Diputado o Senador - por otro-.
En este punto es preciso recordar que los Partidos políticos tienen por misión fundamental concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular (art.6 CE) , que los Diputados pertenecen a un grupo parlamentario al que da apoyo un Partido y que, a su vez, apoya a un Gobierno concreto, hallándose dentro de sus facultades la de votar a favor o en contra de lo que su Partido dicte, pues su voto lo ejerce de forma personal e indelegable (art.79 .3 CE ), en orden a aprobar las leyes. También hay que recordar, como se dijo, que el derecho a manifestarse es una expresión del derecho de participación democrática, que está al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones.
En primer lugar, dentro de los límites del ejercicio del escrache, hay que plantearse si coarta o cercena la libertad de voto del Diputado o Senador. Abriendo un paréntesis sobre la libertad de voto, hay que apuntar la normalidad con que se acepta, debido a la hipertrofia del poder de los Partidos, las sanciones económicas que estos aplican a los Diputados que se apartan de “la disciplina de partido”. En estos caso, sin embargo, no parece cuestionarse la libertad de voto, lo cuál es digno de reflexión. Cerramos paréntesis.
En el límite de la libertad de voto hay que tener en cuenta que la relación de la representación entre Diputado y representados en una sociedad democrática es bidireccional, y no sólo unidireccional, de forma que el Diputado no se limita a recibir el voto y administrarlo según su criterio o el de su Partido, sino que puede y debe recibir las quejas, críticas, reproches y opiniones de los representados expresados colectivamente a través de manifestaciones pacíficas en lugares de tránsito público que le son cercanos, como la calle de su domicilio. Ello, sin otro añadido, (violencia, amenazas…) no puede considerarse que coarte su libertad de voto, sino que todo lo contrario, la refuerza y enriquece con las ideas, opiniones o críticas que recibe de aquéllos a quienes representa, pues la libertad no puede considerarse como el blindaje frente a opiniones molestas en lugares incómodos o como el anonimato o la incomunicación, por una persona que ha decidido dedicarse a un cargo público y que responde no sólo ante las urnas sino, mientras estas están cerradas, ante los ciudadanos, pues en una democracia participativa éstos no se limitan a decidir cada cuatro años, sino que participan activamente en la vida pública, informándose, opinando y criticando las decisiones de quienes tienen el poder de dictar las leyes que están obligados a acatar.
En este sentido, para tutelar la libertad de voto y el correcto funcionamiento de las Asambleas legislativas, el art .77 CE prohíbe la presentación directa ante las Cámaras de peticiones individuales y colectivas por manifestaciones ciudadanas, con la clara finalidad de evitar que las mismas perturben el buen desarrollo de las sesiones, de forma que el Código Penal castiga manifestarse ante una asamblea legislativa, estatal o autonómica cuando se perturbe el normal funcionamiento de la Cámara (arts.494 y 495 CP). Nótese que aquí el ordenamiento protege al órgano, estando garantizada la protección de sus integrantes, los Diputados o Senadores, por el art.498 que castiga a los que empleen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado a o de una Asamblea legislativa de comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, por idénticos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones, o la emisión de su voto.
A la vista de lo expuesto, hay que insistir, el escrache entra dentro del ejercicio legítimo del derecho de manifestación pacífico y sin armas y no puede concebirse que el ejercicio de tal derecho fundamental coarte la libertad de voto, por más que se ejercite en la vía pública, ante el domicilio del Diputado o Senador, siempre que no se emplee fuerza, violencia, intimidación o amenaza para coartar la libre manifestación de las opiniones o la emisión del voto.
Nadie se plantea que coarte la libertad de voto, afecte a la intimidad o al honor el hecho, por lo demás habitual, de que unas decenas de periodistas hagan guardia en la puerta del domicilio de políticos a fin de ejercitar otro derecho fundamental, la libertad de información. Por supuesto, si ello degenera en la agresión, el insulto o la amenaza, estaremos ante otra cuestión bien diversa, pero la mera posibilidad de que eso ocurra no puede suponer la prohibición del ejercicio de un derecho fundamental tan importante como el de información en una sociedad democrática. Ello es importante recalcarlo, puesto que tanto la libertad de información como la libertad de manifestación son pilares fundamentales de toda democracia.
Aclarada la duda de si el escrache coarta la libertad de voto del Diputado o Senador, dentro del capítulo de los límites, la incógnita que resta por despejar es si el ejercicio del derecho de manifestación pacífica y sin armas delante del domicilio de un Diputado supone una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad o al honor
Empecemos por la intimidad, que se considera como un ámbito propio y reservado de las personas cuya efectiva existencia es precisa para tener una calidad mínima de vida humana (STC 231/88)
Del derecho a la intimidad forma parte el right to be alone (STC 134/99 ), el derecho a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, (Vid SSTEDH Caso Leander, Costello-Roberts, etc). Además ese derecho se extiende no sólo al sujeto sino a su familia (STC 196/04), elemento éste que habrá que ponderar en el balancing del derecho a la intimidad del político y su familia y el derecho a manifestación.
Pero el derecho a la intimidad del político tiene distinta extensión que el del ciudadano de a pie, pues quien tienen atribuido el ejercicio de funciones públicas es personaje público en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opiniones pueden estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos los cuales tienen un interés legítimo a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre. En estos casos, y en tanto lo divulgado o criticado se refiera directamente al ejercicio de las funciones públicas, no puede el individuo oponer sin más los derechos del art.18.1 (SSTC 148/01 y 232/02, entre otras).
Por otro lado, el escrache se desarrolla en la vía pública, que es un lugar no apto para desarrollar la intimidad, y si bien las conductas que supongan molestias excesivas, como los ruidos intensos o incluso los malos olores pueden suponer una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, el ejercicio del derecho de manifestación de forma transitoria, aún con megafonía, no tiene por que suponer siempre y en todo caso una molestia excesiva que suponga una intromisión en el derecho a la intimidad. (vid. STEDH 9 diciembre 1994; López Ostra contra España, STEDH 16 noviembre 2004; Moreno Gómez contra España)
En cuanto al derecho al honor, que consiste en la fama, la reputación, el buen nombre, el aprecio social; en definitiva, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás tengan de nosotros (STC 49/01), es el ámbito en que quizás se produzca una fricción mayor con el derecho a manifestarse.
En efecto, puede entenderse que con el escrache se “cosifica” al Diputado o Senador, en tanto que se le convierte en un mero medio, objeto de escarnio y estigma para obtener un fin, todo lo legítimo que se quiera. Así, hemos oído, “el fin no justifica los medios”.
En este sentido, en el caso de los cobradores del frac se ha entendido por la jurisprudencia que se trata de conductas que tienen un evidente carácter intimidante o vejatorio (STS, Sala I núm. 306/2001 de 2 abril RJ 2001\3991).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre ambos supuestos -el caso del cobrador del frac y el escrache- hay diferencias sustanciales y no son en modo alguno asimilables. En primer lugar, el destinatario del escrache no es un sujeto privado sino un miembro del Poder Legislativo, y es doctrina constitucional (STC 42/95, 49/01, 105/90) que los personajes públicos, especialmente los políticos, están más obligados a soportar la crítica de los ciudadanos ordinarios, sin que, como es obvio la crítica ampare el derecho al insulto o al menosprecio y la vejación. En segundo lugar, la finalidad de la crítica no es el ámbito privado o personal del Diputado o Senador -como el pago de una deuda- sino su actuación pública, lo cuál nos sitúa en el ámbito de la eficacia vertical de los derechos fundamentales y no en el ámbito de la eficacia horizontal o entre iguales. Por todo ello, la misma conducta cuando el sujeto pasivo es un sujeto público y la finalidad es criticar su actuación en el cargo público, no es comparable con conductas como las descritas del cobrador del frac y no puede entenderse que sea innecesaria la manifestación ante el propio domicilio, sobre todo cuando los manifestantes forman parte de un movimiento pacífico que ha agotado todas las vías democráticas posibles para cumplir con sus legítimas expectativas.
Como conclusión final, el escrache ante el domicilio de un cargo público, informando a los viandantes de su postura pública, criticándola con dureza, pidiendo y, por qué no, exigiendo, que cambie de postura y todo ello en la vía pública (sin introducirse en su domicilio, insultarlo, vejarlo o cualquier otra conducta que no forme parte del contenido del derecho de manifestación, la libertad de expresión o de opinión) no limita la libertad de voto del político, ni restringe el derecho su derecho a no ser molestado y a ser dejado en paz o su derecho de intimidad o al honor más allá de lo estrictamente necesario para ejercer el derecho de manifestación, pues no olvidemos que la intimidad en el caso de personajes públicos es de menor alcance, dado que ellos mismos han decidido renunciar a parte de esa intimidad para ejercer el poder que afecta a sus conciudadanos y deben soportar críticas tanto más duras cuanto mayor es su posibilidad de ejercer el poder e influir en la vida de sus conciudadanos.
Para terminar, el derecho a la intimidad y al honor del político no garantizan el derecho al anonimato ni a no ser molestado en la medida de lo necesario para que el ciudadano pueda expresar ideas y opiniones de forma conjunta con otros, en la vía pública, de forma pacífica y para fines tan loables como el derecho a una vivienda digna o cualquier otro constitucionalmente legítimo.
El precio que han de pagar en democracia quienes ejercen el poder incluye el deber de soportar las críticas en forma de manifestación de aquellos sobre quien dicho poder se ejerce, aunque sean poco agradables, siempre que las mismas discurran por cauces pacíficos. Entender lo contrario, tachando un derecho fundamental como método propio del fascismo o contrario a la libertad, no es más que una expresión de la degradación del concepto de representación política y un atrincheramiento de la clase política que pretende el ejercicio del poder sin control alguno por parte de los ciudadanos, y no sólo con la consiguiente impunidad que comporta toda falta de control, sino además sin sufrir ninguna incomodidad.
dijous, 2 de maig del 2013
BARÇA: UN FINAL IMPROPI D’UN EQUIP CAMPIÓ
Vagi per davant que no vaig veure el
partit del Barça-Bayern de Munic. Bé, per a no faltar a la veritat, aproximadament,
vaig veure els 10 minuts finals, quan el marcador ja mostrava un 0-3 (7-0
al global de l’eliminatòria)
En 10 minuts no vaig poder fer-me una
idea general del conjunt del partit, però en vaig poder treure alguna conclusió
que, sumades a les opinions que he escoltat avui, més el que he llegit
a la premsa, em donen suficient arguments per a donar la meva opinió.
El primer que s’ha de dir és que, imagino,
cap culer va patir. No hauria estat el mateix si el Barça hagués anat guanyant
per 3-0 i saben que un darrer gol portava el partit a la pròrroga, una
cosa semblant al que li va passar al Madrid la nit anterior.
En els 10 minuts finals vaig veure un
Barça força inoperant. Entre tots els davanters, a penes li arribaven a
fer pessigolles als alemanys. També me’n vaig adonar que Messi estava
a la banqueta, el que no sabia és si havia arribat a jugar. Finalment me’n
vaig assabentar que no per que, segons sembla, tenia unes petites molèsties.
La meva opinió és que el Barça va llençar
la tovallola abans de començar el partit. Sabia que el resultat de l’anada
feia molt difícil (per no dir impossible) que es pogués remuntar el resultat.
Als blaugranes els queda tancar la lliga i ara posaran tot el seu
afany en fer-ho el més aviat possible. Normalment hauria de ser cosa de
molt poques jornades: una o màxim dues.
Quan l’any passat es parlava de que
els maies havien predit la fi del món per a no sé quin dia del mes de desembre,
els estudiosos del tema només deien que aquell dia significava per a ells
un canvi de cicle. Les semifinals de l’eliminatòria de la Champions suposa,
per a mi, un canvi de cicle. Hi ha molts jugadors vàlids, però d’altres
han mostrat clarament que, per a jugar amb el Barça aquesta temporada manca
alguna cosa més que nom o haver estat campions del món i d’Europa amb
Espanya. Estic parlant de Pedro, Villa, Cesc i Alexis Sánchez. L’ordre
em dóna ben bé igual. Pedro demostra amb Espanya coses que no sol fer amb
el club que li paga; Villa que després de la seva greu lesió, ja no és
el jugador brillant que acostumava a ser; Cesc no é, ni de lluny el jugador
clau que era a l’Arsenal i Alexis, simplement no demostra res. Encara
que ell digui que és un gran jugador i que els seus entrenadors
li donin suport dient que fa el que sé li mana, el cert és que, a part
d’obrir espai, les ocasions que té per posar la pilota dintre de la porteria,
les hauria de materialitzar.
Cal, es evident, reforçar la defensa
que, aquest any, ha demostrat ser la línia més feble de l’equip. Mentre
Víctor Valdés, la temporada 2011-2012 va batre rècords de imbatibilitat,
aquesta temporada ha estat tot el contrari.
Puyol i Xavi ja han donat al Barça els
dies de més glòria. Però tot i això jo els renovaria. Els dos capitans
han de cohesionar el vestidor i encara poden ser molt útils si se’ls dosifica
i se’ls fa jugar en moments molt concrets. Però ni de bon tros han de
ser titulars.
S’ha de donar molt més protagonisme
a jugadors com Thiago, Motoya i Tello i recuperar a Cuenca. I, evidentment,
omplir els buits que calguin amb l’objectiu de tenir una plantilla molt
més àmplia per un costat i molt més compensada per l’altre.
Per a finalitzar, penso que ahir, Tito
Vilanova, va voler veure el que donaven de si alguns jugadors. De moment,
fins que el Barça guanyi la lliga no dirà res, però tan aviat s’hagi proclamat
campió, descartarà a tots aquells que, sobre tot al tram final de la temporada,
no han estat a l’alçada de les circumstàncies.
Mai oblidarem els anys gloriosos que hem viscut i que han estat, sense dubte, els millors de la història del nostre club. VISCA EL BARÇA!!
La gran responsable de que esta crisis no acabe se llama Angela Merkel
Francia bate también sus récords de desempleo. Y mientras tanto Angela Merkel, siempre tan solidaria, presiona al BCE para que no se le ocurra bajar los tipos de interés del euro. Para ella, la inhumana canciller alemana, el problema no es la recesión. No es el paro. No es el dolor que sus fallidas políticas de la austeridad están provocando en medio continente, en millones y millones de personas. No: el problema para Merkel es… ¡la inflación!España supera los seis millones de parados.Tres noticias muy relacionadas entre sí:
Es solo un ejemplo más del mezquino comportamiento de la canciller alemana. No es el único.
Angela Merkel retrasó el primer rescate a Grecia y provocó un terremoto
que aún no hemos solucionado porque tenía elecciones regionales en
Renania y no era popular ayudar a esos vagos mediterráneos. Para colmo,
perdió las elecciones.
Angela Merkel rescató al
sector financiero español con el dinero de los contribuyentes españoles
–que son quienes pagaremos esa fiesta– para salvar a los bancos
alemanes. ¿Por qué no les dejó caer, como ha hecho en Chipre? Sencillo:
porque en Chipre los que salían perjudicados eran los rusos, no los
alemanes. Que se jodan.
Angela Merkel lleva un lustro empecinada en un tremendo dislate, en unas políticas de austeridad basadas en un excel con errores en las fórmulas.
Como consecuencia, Europa es la única gran área económica que aún no ha
salido de este infierno. ¿Es hora de cambiar de estrategia? No. Para
Merkel, lo importante es la inflación. Y ya verán cómo la austeridad da
sus frutos en 2020 o en el 2030 o cuando todos nos hayamos muerto.
Cuando se escriba la historia de esta gran depresión del siglo XXI, si
es que algún día se acaba, que nadie olvide quién puso más de su parte
para agravar la depresión, agudizar el dolor y llevar a la miseria a
millones de personas en media Europa. Se llama Angela Merkel. Ella no
provocó la crisis, claro que no. Ella no es la única culpable, no es tan
simple ni perdona nuestros propios errores, que son graves. El
comportamiento de Alemania no sirve de excusa para nuestros aeropuertos
peatonales, nuestra corrupción sistémica, nuestro fallido sistema fiscal
ni nuestra burbuja inmobiliaria; no fue ella tampoco quien construyó
una unión monetaria sobre la que se construyó una asimétrica unión
económica sin verdadera unión política. Pero Merkel –como símbolo del
Gobierno de alemán y de los intereses de su país sobre el bienestar del
resto de Europa– es hoy la máxima responsable de que esta crisis se esté
alargando innecesariamente. Es ella quien ha embarcado a Europa en esta
locura donde un punto y medio de inflación alemán es más preocupante
que un 26% de paro español. Es la doctora sádica que aplica esta
medicina envenenada.
La crisis de la deuda que
explotó en 2008 fue global. No hay duda de eso. Pero solo Europa sigue
atrapada en ella, mientras el resto del planeta ha salido del pozo.
Todas las demás zonas económicas del mundo han aplicado la misma
receta: inyectar dinero a carretadas en la economía para así salir del
bache; apretar a fondo el acelerador sin preocuparse de la inflación ni
tampoco por el aumento de la deuda pública. Sus bancos centrales han
comprado sus bonos del estado para garantizar la solvencia de las
cuentas públicas y que el pago de intereses no se coma la mitad de los
presupuestos. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Reino Unido, lo
está haciendo Japón. Lo ha hecho todo el mundo menos la zona euro, que
sigue el camino de la austeridad por el empecinamiento de Merkel: una
suerte de penitencia moral, que solo está provocando dolor sin expiar
los pecados. Cinco años después, seis millones largos de parados, dos
millones de familias sin ingresos en España, media Europa sumergida y la
propia industria alemana tocada por la caída del mercado europeo, ¿qué
más evidencias hacen falta de que vamos por el camino equivocado?
La inflación y los tipos en tres párrafos
Un apunte para los legos en economía. El tipo de interés es lo más parecido al pedal del acelerador de la economía. Si bajas el tipo de interés y abaratas el crédito, la economía crece más deprisa. Si lo subes, ralentizas el crecimiento económico (si lo hay) y evitas así que el motor se recaliente y que los precios suban.El tipo de interés nunca han estado tan bajo en Europa: a solo el 0,75%. Sin embargo, la recesión es tan profunda en el continente –y las pocas economías que crecen lo hacen tan despacio– que los precios no suben gran cosa y la inflación está bastante baja. En Alemania el último dato interanual fue del 1,4%, muy cerca de su mínimo histórico.
El Banco Central Europeo –a imitación del Bundesbank alemán– tiene como objetivo que la inflación no supere el 2%. Parece improbable que lo haga, incluso si los tipos bajan. Pero, por si acaso Merkel está presionando al BCE para que no se les ocurra bajar los tipos. Lo importante, ya saben, es la inflación alemana. No el paro y la recesión de medio continente europeo.
dimecres, 1 de maig del 2013
La necesaria renovación de los sindicatos
Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Este 1º de Mayo: ¡Lucha por tus derechos!. Es el lema central
de los grandes sindicatos, CC.OO y UGT, frente al temor de la ofensiva
gubernamental y los poderes económicos, caracterizada de antisocial y
que según ellos No tiene límites. Supone una ardua tarea que
exige un gran esfuerzo de movilización social y, al mismo tiempo, una
renovación de los propios sindicatos para hacer frente a sus
insuficiencias de legitimidad social y capacidad reivindicativa.Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
La acción sindical y la función de los sindicatos se legitiman por los logros sustantivos alcanzados en su doble finalidad: avances reivindicativos (o freno a los retrocesos) y capacidad representativa y transformadora. Los representantes sindicales son medios imprescindibles para defender las condiciones y demandas de sus bases sociales y de la mayoría de la sociedad. Los derechos sindicales y la representatividad y la operatividad de las estructuras de los sindicatos son instrumentos necesarios en el complejo proceso de mediación sociolaboral, que también requiere adecuados instrumentos organizativos, de información y asesoramiento.
La actual ofensiva de la política de austeridad, además de imponer un retroceso en las condiciones y derechos sociolaborales de la mayoría de la sociedad, también pretende debilitar la función reivindicativa, social, representativa y dinamizadora de los sindicatos y limitar su capacidad contractual y transformadora. Defender esos derechos sindicales, reafirmar el papel del sindicalismo, se convierte en un objetivo adicional. La idea de ‘salvar al sindicato’ puede sintetizar el interés legítimo de la representación sindical. No obstante, también se corre otro peligro: priorizar la defensa del estatus de los aparatos de los grandes sindicatos o sustituir los fines por los medios. Se produce la disociación entre interés del sindicato e intereses de sus bases sociales y la sociedad que, a veces, lo ven como algo ajeno.
Así, existen deficiencias de legitimidad social, particularmente, para determinadas actuaciones de las cúpulas sindicales que no sintonizan con sectores significativos de la ciudadanía. Por tanto, es fundamental la renovación profunda de los sindicatos para reforzar su legitimidad, su capacidad articuladora y su eficacia reivindicativa.
Existe una amplia desconfianza ciudadana en los líderes políticos. Pero, es especialmente preocupante el poco prestigio de los sindicatos que, según distintas encuestas de opinión, se queda en un apoyo escaso del 29% de la población. En la percepción de la gente, los sindicatos, al igual que los partidos políticos, son fundamentalmente sus aparatos y sus cúpulas, no el conjunto del movimiento sindical. En este caso, la alta burocracia sindical no cuenta con una gran confianza popular, aunque se pueda deducir que es algo más superior entre la población asalariada y, particularmente, en las grandes empresas donde se concentran los núcleos sindicales fundamentales.
Las direcciones sindicales han cometido algunos errores estratégicos, como el aval al recorte de los derechos de las pensiones (enero de 2011), que tuvo grandes dificultades de legitimación social, y la firma con las organizaciones empresariales de los pactos para la negociación colectiva con pérdida de poder adquisitivo de los salarios (enero de 2012), que no evitó la ofensiva del nuevo Gobierno del PP y la implantación de la agresiva reforma laboral y los siguientes ajustes y recortes. Esos pactos institucionales son el pretexto utilizado por una parte de la opinión indignada para meterlos, injustificadamente, en el mismo saco que la clase política gestora de los recortes. Confluyen dos dinámicas. Por un lado, la relativa desafección de algunas capas trabajadoras y de jóvenes precarios e indignados hacia las estructuras sindicales. Por otro lado, la ofensiva cultural de la derecha mediática y política, intentando presentarlas como obsoletas y corporativas, cuando todavía son el instrumento principal de defensa de las clases trabajadoras, existente en las empresas y en el marco más general.
El sindicalismo tiene una amplia representatividad, con cerca de tres millones de afiliados y seis millones de votantes y articulan la representación de la mayoría de los quince millones de asalariados en la negociación colectiva y el diálogo social. Los representantes directos de trabajadores y trabajadoras realizan una ardua tarea en las empresas de asesoramiento y defensa de sus representados frente a la coacción empresarial. Además, a pesar de esos errores de estrategia sindical o de distintas prácticas burocráticas, los sindicatos han promovido, con el arrope de múltiples grupos sociales y distintos altibajos, la más amplia contestación social en España de los últimos tiempos, con tres huelgas generales (entre cuatro y cinco millones de participantes), grandes manifestaciones (entre uno y dos millones) y movilizaciones y conflictos sectoriales y ciudadanos masivos (como en enseñanza y sanidad). Son instrumentos fundamentales para defender a las clases trabajadoras y promover el cambio social.
El sindicalismo sigue en una encrucijada estratégica. El diálogo social, en el actual contexto, tiene poca operatividad. Los sindicatos tienen el reto de fortalecer la oposición a estas políticas de ajuste duro y austeridad, defender los derechos sociales y laborales de las clases trabajadoras y estimular un amplio proceso participativo que asegure un cambio social progresista. No obstante, existe un desequilibrio entre, por un lado, la amplia capacidad de movilización y articulación social del sindicalismo y la gran representatividad de sus representantes directos en las empresas (más de trescientos mil delegados y delegadas) y, por otro lado, la débil legitimidad ciudadana de sus dirigentes y aparatos, aun cuando mantengan la confianza de gran parte de sus estructuras de base.
Los recientes Congresos confederales de CC.OO y UGT han puesto a punto sus estrategias. En particular, el primero de ellos ha hecho alusión en su lema central a la tarea de renovar el sindicato. Es una imperiosa necesidad abordar una profunda renovación de sus dinámicas organizativas y sus discursos, para reorientar su acción reivindicativa, fortalecer su dimensión social y ampliar su capacidad representativa y contractual. Favorecerá la apuesta progresista contra la austeridad y por los derechos sociolaborales y democráticos y una salida justa de la crisis.
LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA
A diferència de Mas, Xavier Trias, l’alcalde
de Barcelona, no ha pogut fer eleccions anticipades. De poder-ho haver
fet, de ben segur que no s’ho hauria pensat dues vegades.
Amb quasi dos anys de govern, Trias (que
governa en minoria) no ha aconseguit conformar un pacte sòlid que donés
estabilitat al seu mandat. Fins ara, la resta de partits que conformen
el consistori barceloní, li han donar carbasses i només ha pogut assolir
pactes puntuals.
Finalment sembla ser que ha trobat qui
li pugui servir de crossa fins el final de la legislatura. El popular Alberto
Fernández Díaz s’ha mostrat d’acord en arribar a un pacte fins el 2015
quan hi tornaran a haver-hi les eleccions municipals.
Per una altra banda, hi ha indicis raonables
que Mas, davant l’actitud immobilista d’ERC i la por de no poder tirar
endavant els pressupostos per aquest 2013, s’hagi de decantar per un altre
partit.
El PSC no està disposat a concedir-li
un xec en blanc i no li permetrà ni una retallada més. Sap que es juga
bona part del poc prestigi que els hi queda (encara que sembla que, darrerament,
el seu realisme, els ha fet remuntar una mica) Per tant, Mas haurà de buscar
algú que, per una part li garantís aprovar els pressupostos i, per l’altra,
fer-li de mitjancer amb Madrid per a desbloquejar els temes econòmics pendents.
Ara per ara, aquest soci ideal torna
a ser el PP. Després d’un any de divorci, tot sembla indicar que
hi pot haver una reconciliació política immediata. Per a Mas, el referèndum
sobre la independència de Catalunya pot esperar més enllà de 2014; en canvi,
la governabilitat de Catalunya depèn de les transferències de fons que
li puguin arribar de Madrid.
Aquests diners són necessaris per calmar
les protestes dels carrers com la que va tenir lloc a Barcelona el passat
diumenge. El clam contra les retallades i pèrdua de drets és força generalitzada
i pot anar a més. Per a un govern no hi ha res pitjor que una revolta social
de grans dimensions. Com diu la cançó, el pueblo unido jamás será vencido.
I si, a sobre, el govern és feble, encara hi ha més motius per a resguardar-se
d’aquests tipus de situacions.
Tot sembla indicar que Trias, al front
del consistori barceloní està obrint el camí de Mas cap a pactes amb el
PP. Si, finalment, s’arriba a acords estables, la Generalitat i l’Ajuntament
de Barcelona seran cares de la mateixa moneda. El problema és que una dependència
absoluta del PP serà contraproduent tant per a CiU (em dona igual), com
per a Catalunya. I és aquí quan començo a preocupar-me.
Pepa Bueno pide al Gobierno declarar un “estado de emergencia” y salir de su “insólito silencio”
La periodista de la SER califica de “desvarío” que el PP diga que “no
hay que dejarse cegar por los 6.202.700 de parados”
Duro editorial de Pepa Bueno, este viernes, en Hoy por hoy en la SER, un día después de la publicación de la cifra del paro, en el que llama a declarar “un estado de emergencia nacional” y critica el silencio del Gobierno, que no deja de pedir “confianza ciega en sus políticas económicas.
El insólito silencio del Gobierno
“El Gobierno calla, no habla; insólitamente, no hablaron ni el presidente ni ninguno de sus ministros. Sus enviados nos pidieron de nuevo confianza ciega en sus políticas económicas, que son las políticas de Alemania, del BCE, el FMI y la Comisión Europea. Bruselas, por cierto, aprieta con una mano y pide con la otra soluciones al paro que contribuye a crear”, afirma la periodista en su análisis.
Desvarío del PP
Pepa Bueno califica de “desvarío” que el PP se dedique a pedir que “no nos dejemos cegar por la cifra de 6.202.700 parados”. “No es que nos ciegue, es que no nos deja pensar en otra cosa saber que hay seis millones de compatriotas condenados al desempleo”, subraya Bueno en su editorial de esta mañana, al referirse a las palabras dichas ayer por el número tres del PP, Carlos Floriano, quien pidió que el dato conocido no debe cegarnos, para continuar con las reformas del Gobierno. “Ese dato de paro no debe ser obstáculo ni tapar el esfuerzo de la sociedad española para remover todos los obstáculos que impedían el crecimiento y la creación de empleo. Que no nos ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico que más pronto que tarde va a llegar a las familias”, afirmó el dirigente popular.
Una urgencia social
Bueno llama al Gobierno a “cambiar sus políticas” de manera urgente para que la economía puede moverse, crecer, se incentive el consumo y genere empleo. “No es una urgencia económica. Es una urgencia social. Y en cambio, aquí estamos, encogidos ante otro previsible anuncio de nuevos recortes, este mediodía, tras el consejo de ministros”, señala la presentadora de Hoy por hoy.
¿Qué va a hacer el Gobierno?
Pepa Bueno exige en su editorial al Gobierno que aclare que va a hacer el Gobierno para “sacar a España del atolladero. Hoy como ayer, pero ya con la certeza de los datos en la mano. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el modelo de futuro? ¿Cuáles las decisiones políticas? Nada. Sólo nos llega el eco de los recortes. Piden fe y guardan silencio”, afirma la periodista.
Duro editorial de Pepa Bueno, este viernes, en Hoy por hoy en la SER, un día después de la publicación de la cifra del paro, en el que llama a declarar “un estado de emergencia nacional” y critica el silencio del Gobierno, que no deja de pedir “confianza ciega en sus políticas económicas.
El insólito silencio del Gobierno
“El Gobierno calla, no habla; insólitamente, no hablaron ni el presidente ni ninguno de sus ministros. Sus enviados nos pidieron de nuevo confianza ciega en sus políticas económicas, que son las políticas de Alemania, del BCE, el FMI y la Comisión Europea. Bruselas, por cierto, aprieta con una mano y pide con la otra soluciones al paro que contribuye a crear”, afirma la periodista en su análisis.
Desvarío del PP
Pepa Bueno califica de “desvarío” que el PP se dedique a pedir que “no nos dejemos cegar por la cifra de 6.202.700 parados”. “No es que nos ciegue, es que no nos deja pensar en otra cosa saber que hay seis millones de compatriotas condenados al desempleo”, subraya Bueno en su editorial de esta mañana, al referirse a las palabras dichas ayer por el número tres del PP, Carlos Floriano, quien pidió que el dato conocido no debe cegarnos, para continuar con las reformas del Gobierno. “Ese dato de paro no debe ser obstáculo ni tapar el esfuerzo de la sociedad española para remover todos los obstáculos que impedían el crecimiento y la creación de empleo. Que no nos ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico que más pronto que tarde va a llegar a las familias”, afirmó el dirigente popular.
Una urgencia social
Bueno llama al Gobierno a “cambiar sus políticas” de manera urgente para que la economía puede moverse, crecer, se incentive el consumo y genere empleo. “No es una urgencia económica. Es una urgencia social. Y en cambio, aquí estamos, encogidos ante otro previsible anuncio de nuevos recortes, este mediodía, tras el consejo de ministros”, señala la presentadora de Hoy por hoy.
¿Qué va a hacer el Gobierno?
Pepa Bueno exige en su editorial al Gobierno que aclare que va a hacer el Gobierno para “sacar a España del atolladero. Hoy como ayer, pero ya con la certeza de los datos en la mano. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el modelo de futuro? ¿Cuáles las decisiones políticas? Nada. Sólo nos llega el eco de los recortes. Piden fe y guardan silencio”, afirma la periodista.
dimarts, 30 d’abril del 2013
I SI LA CULPA FOS D’ERC?
Com diria un castellà castís, ERC és
com el gos de l’hortolà: ni menja ni deixa menjar.
Molt desesperat havia d’estar Mas després
del 25-N per a pactar, pràcticament sense condicions amb ERC. Oriol Junqueras,
a diferència d’antics dirigents republicans com per exemple Carod-Rovira,
anteposa el terme metafísic d’independència a la solució immediata i tangible
de solucionar els problemes del dia a dia que tenen els ciutadans del nostre
país. El concepte d’independència no el podem deixar aparcat, però tampoc
condicionar-ho tot a ell, com fan els republicans.
Quan Pasqual Maragall fa aconseguir formar
govern amb el suport d’ERC i ICV-EUA, tothom tenia clar que Catalunya
necessitava un canvi. Els 23 anys dels diferents govern de Pujol havien
comportat que els convergents es creguessin ser els amos i senyors del
seu maset. Calia canviar la tendència i Carod ho tenia clar.
Carod va saber recollir un maltret partit
i deixar-lo a un lloc molt alt, la qual cosa, sembla, va ser l’enveja
d’altres dirigents del Nord de Calafell. El clan de l’avellana
va tenir una vida molt efímera, políticament parlant.
Donar suport a Montilla ja van ser
figues d’un altre paner. L’ascendència andalusa del líder socialista
va fer que molts no s’acabessin de refiar sobre la seva catalanitat, la
qual cosa es va haver de guanyar dia a dia.
Catalunya va celebrar eleccions un any
abans que Espanya. La situació econòmica catalana ja estava estrangulada
per l’espanyola que els hi devia un bon grapat de calerons dels fons de
cohesió social. Per CiU es va valer el desgast del Tripartit per a tornar
a recuperar el poder. Amb l’ajut de qui? Del PP, aquell partit que Mas
s’havia compromès davant notari a no pactar-hi mai.
Finalment, quan el pare Pujol va demanar
que es deixés de fer la puta i la ramoneta, sobre tot CDC va veure
una altra realitat. Les discrepàncies amb els populars es van intensificar
i, finalment, van trencar relacions amb l’excusa de l’extorsió que, des
de Madrid, feien a Catalunya.
L’11-S va ser com una aparició per a
Mas. Va pensar que podria treure profit de la gran manifestació i apropiar-se
la idea independentista, tot i no haver-hi assistit. Però les eleccions
anticipades van ser un fiasco i va haver d’acceptar ERC com a parella
de ball, ton i ser-ne conscients de que suposava ballar amb
els republicans.
Els d’ERC només tenen una lletra i una
música: referèndum independentista per a l’any 2014, quan es compliran
300 de la caiguda de Barcelona davant les tropes de Felip d’Anjou i la
conseqüent pèrdua de llibertats per part de Catalunya.
Però la solució del dia a dia passar
per una altra cançó molt diferent. Mas es troba lligat de mans i de peus
i, encara que el cos li demani trencar el pacte amb ERC i retornar als
braços del PPC. Mentre, i com a mal menor, han flirtejat amb el PSC, però
el tema no anat més enllà de les primeres carícies amoroses i no sexuals,
perquè quan ERC se’n va assabentar va fer tot el possible per a que no
hi passés res més.
Què passarà finalment? A les mans de
Mas està. De moment ja ha anunciat que es tornarà a presentar. Per tant,
cal esperar que es retornarà a l’estratègia del victimisme i de donar
la culpa a Madrid que tan bé els hi va funcionar en el passat.
Mentre, ERC seguirà a l’aguait esperant
el moment ideal per a pescar en aigües turbulentes. Però van en camí de
governar sols o no fer-ho amb ningú. La decisió l’hauran de prendre els
altres.
Rajoy, el presidente fullero de un país rumbo al abismo
Rajoy, el presidente fullero de un país rumbo al abismo
¿Es Rajoy un charlatán de feria en versión de señorito de provincias? Sí, es un patrañero convulsivo. Veamos: día 7 de noviembre de 2011, durante la campaña de las elecciones generales, con media España pendiente del debate televisivo de los dos candidatos, Rajoy y Rubalcaba, el líder de la derecha increpó al entonces vicepresidente con estas palabras: “Usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Pero yo no soy como usted, yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”. ¡Menudo trolero!
Lo ha desarreglado todo
En ese debate, Rajoy declaró que la “situación económica era insostenible.” Pero que él la podía arreglar. ¿Qué ha arreglado? No ha arreglado nada. Lo ha desarreglado todo. Hete aquí lo que dijo a propósito de la “situación insostenible”: “La situación se ha hecho insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden trabajar, por las deudas acumuladas y por el daño que ha sufrido la economía. Y lo peor, son las dudas que se han generado sobre la economía. La incertidumbre y la desconfianza”.
Él era la luz del final del túnel
Ahora, sin embargo, hemos sabido que el número de desempleados ha superado todos los records y estamos a día de hoy con más de seis millones de parados. O sea, que nos encontramos en una coyuntura muchísimo más grave, y con él en la Moncloa. ¿Recuerda Rajoy lo que dejó dicho en sus mítines de campaña?: “Lo que se vota el próximo 20 de noviembre es si queremos seguir como hasta ahora o comenzar a ver la luz al final del túnel”. Desde que es jefe del Ejecutivo, Rajoy no ha podido abrir no ya la luz, sino ni siquiera encender una cerilla en túnel alguno.
Bravuconada de don Mariano
He aquí otra bravuconada: “Yo voy a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear empleo y asegurar de verdad las pensiones, la Sanidad y la Educación. Y para eso es necesario gestionar bien la economía, recuperar la confianza y aunque no va a ser fácil, lo vamos a conseguir”. Y una más: “No vamos a reducir las prestaciones de desempleo. Usted, Sr. Rubalcaba, miente y que lo que usted está dejando caer aquí es una insidia. Yo no voy a modificar el seguro de desempleo”. Pero no es verdad. Lo modificó el 11 de julio de 2012, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que se iba a reducir la prestación por desempleo del 60 al 50% (…)”.
Otra falsedad evidente
Regresemos al debate televisivo. Se jacta Rajoy: “Yo, por supuesto, no pienso dar un solo euro de dinero público para bancos y cajas.” Otra falsedad evidente. Respecto a Bankia, inyectó dinero abundante y acabó pidiendo a la UE el rescate financiero de España. Nuevo brindis al sol de un tramposo: “Lo que se trata es de garantizar una sanidad universal, gratuita y de calidad para todo el mundo”. Así difundió un gran engaño. Lo cierto es que Rajoy implantó el copago sanitario, el copago farmacéutico y que por primera vez, los pensionistas y los enfermos crónicos tienen que pagar por sus medicinas. Además, dejó fuera del sistema público 400 medicinas de uso común, que deberán ser pagados en su totalidad por los pacientes”. Y recortó también el presupuesto de sanidad.
Compromisos incumplidos
Entre sus compromisos electorales están los siguientes, en su mayoría incumplidos: Primero, un cambio político. En segundo lugar, un Gobierno competente. Es decir, con ministros que sepan de lo que hablan, que se conozcan bien los temas y se los estudien. El tercer lugar, decir la verdad y hacer un buen diagnóstico. Y en cuarto lugar, un plan. Hay que poner fin a esa etapa de ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones, un plan”. Rajoy, el presidente fullero de un país rumbo al abismo.
Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM
¿Es Rajoy un charlatán de feria en versión de señorito de provincias? Sí, es un patrañero convulsivo. Veamos: día 7 de noviembre de 2011, durante la campaña de las elecciones generales, con media España pendiente del debate televisivo de los dos candidatos, Rajoy y Rubalcaba, el líder de la derecha increpó al entonces vicepresidente con estas palabras: “Usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Pero yo no soy como usted, yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”. ¡Menudo trolero!
Lo ha desarreglado todo
En ese debate, Rajoy declaró que la “situación económica era insostenible.” Pero que él la podía arreglar. ¿Qué ha arreglado? No ha arreglado nada. Lo ha desarreglado todo. Hete aquí lo que dijo a propósito de la “situación insostenible”: “La situación se ha hecho insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden trabajar, por las deudas acumuladas y por el daño que ha sufrido la economía. Y lo peor, son las dudas que se han generado sobre la economía. La incertidumbre y la desconfianza”.
Él era la luz del final del túnel
Ahora, sin embargo, hemos sabido que el número de desempleados ha superado todos los records y estamos a día de hoy con más de seis millones de parados. O sea, que nos encontramos en una coyuntura muchísimo más grave, y con él en la Moncloa. ¿Recuerda Rajoy lo que dejó dicho en sus mítines de campaña?: “Lo que se vota el próximo 20 de noviembre es si queremos seguir como hasta ahora o comenzar a ver la luz al final del túnel”. Desde que es jefe del Ejecutivo, Rajoy no ha podido abrir no ya la luz, sino ni siquiera encender una cerilla en túnel alguno.
Bravuconada de don Mariano
He aquí otra bravuconada: “Yo voy a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear empleo y asegurar de verdad las pensiones, la Sanidad y la Educación. Y para eso es necesario gestionar bien la economía, recuperar la confianza y aunque no va a ser fácil, lo vamos a conseguir”. Y una más: “No vamos a reducir las prestaciones de desempleo. Usted, Sr. Rubalcaba, miente y que lo que usted está dejando caer aquí es una insidia. Yo no voy a modificar el seguro de desempleo”. Pero no es verdad. Lo modificó el 11 de julio de 2012, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que se iba a reducir la prestación por desempleo del 60 al 50% (…)”.
Otra falsedad evidente
Regresemos al debate televisivo. Se jacta Rajoy: “Yo, por supuesto, no pienso dar un solo euro de dinero público para bancos y cajas.” Otra falsedad evidente. Respecto a Bankia, inyectó dinero abundante y acabó pidiendo a la UE el rescate financiero de España. Nuevo brindis al sol de un tramposo: “Lo que se trata es de garantizar una sanidad universal, gratuita y de calidad para todo el mundo”. Así difundió un gran engaño. Lo cierto es que Rajoy implantó el copago sanitario, el copago farmacéutico y que por primera vez, los pensionistas y los enfermos crónicos tienen que pagar por sus medicinas. Además, dejó fuera del sistema público 400 medicinas de uso común, que deberán ser pagados en su totalidad por los pacientes”. Y recortó también el presupuesto de sanidad.
Compromisos incumplidos
Entre sus compromisos electorales están los siguientes, en su mayoría incumplidos: Primero, un cambio político. En segundo lugar, un Gobierno competente. Es decir, con ministros que sepan de lo que hablan, que se conozcan bien los temas y se los estudien. El tercer lugar, decir la verdad y hacer un buen diagnóstico. Y en cuarto lugar, un plan. Hay que poner fin a esa etapa de ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones, un plan”. Rajoy, el presidente fullero de un país rumbo al abismo.
Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM
Subscriure's a:
Missatges (Atom)