No se confunda el lector. No es este el mismo artículo que, con título muy similar (
“El PSC y el derecho a decidir”),
publiqué la pasada semana en EL PLURAL.COM. Tampoco se trata de una
segunda parte de aquel breve análisis político. Se trata de analizar
ahora la crisis abierta en el seno del socialismo catalán como
consecuencia de que cinco de los 20 componentes del grupo parlamentario
del PSC rompieron la disciplina de voto interna y no participaron en la
votación de la propuesta de declaración de soberanía política y jurídica
de Cataluña que votaron favorablemente los 85 miembros de los grupos de
CiU, ERC e ICV-EUiA, mientras que los restantes 15 diputados del PSC
votaron en contra de dicha propuesta, al igual que los representantes
del PP y de C’s.
Es evidente que la división de voto de los parlamentarios socialistas
ha puesto en claro que en el PSC existen discrepancias serias acerca
del proceso político abierto en Cataluña estos últimos meses, sobre todo
después de las pasadas elecciones autonómicas. Está asimismo claro que
esta división viene de atrás, puesto que los cinco diputados disidentes
–Joan Ignasi Elena, Marina Geli, Rocío Martínez-Sempere, Àngel Ros y
Núria Ventura- forman parte de los sectores críticos del partido, aunque
lo cierto es que casi todos ellos forman parte de la actual ejecutiva
del PSC liderada por Pere Navarro como primer secretario, algunos de
ellos incluso como integrantes del secretariado permanente. Estos
sectores críticos, que representan cerca de una cuarta parte de la
militancia del PSC según los datos del último congreso, se han
manifestado de nuevo en público, con un manifiesto liderado por menos de
una tercera parte de los miembros de la ejecutiva -13 sobre un total de
45-, al que se adhirieron un centenar de alcaldes, concejales y
eurodiputados del PSC. Pero este manifiesto tuvo su respuesta inmediata
por parte de otro centenar largo de firmantes de otro manifiesto que
expresaba el apoyo a la posición del grupo parlamentario. En un primer
intento de cerrar la crisis abierta, la ejecutiva del PSC decidió
sancionar económicamente a los 5 diputados disidentes, sin tomar ninguna
otra medida disciplinaria y al mismo tiempo anunciando la próxima
celebración de una convención en la que el partido fije democráticamente
sus posiciones políticas a corta y medio plazo.
Porque de lo que se trata es de esto, de saber si el PSC tiene
también su propio derecho a decidir democráticamente cuál debe ser su
propia posición, y si una vez fijada dicha posición todos sus
representantes vienen obligados a defenderla. El exviceprimer secretario
y exportavoz parlamentario del PSC, el ahora simplemente diputado
Miquel Iceta, lo ha dejado muy claro: “Cuando el grupo parlamentario
discute un tema en función de lo que marca la dirección y el programa
electoral, los otros cinco diputados, aunque no les guste, deben seguir
las directrices, porque, si no, nos cargamos ese derecho a decidir del
grupo”.
Lo realmente importante es que, por unanimidad, los 20 miembros del
grupo parlamentario del PSC votaron su propia propuesta, a favor del
derecho a decidir y de la celebración de una consulta legal, acordada y
vinculante. Sorprende que CiU, ERC e ICV-EUiA no votasen también esta
propuesta, que hubiese alcanzado un apoyo mucho más amplio, de 105 votos
sobre 135, ampliamente superior al que el vigente Estatuto de Autonomía
de Cataluña establece para su propia reforma, conformándose, en cambio,
con un apoyo mucho menor, de solo 85 votos, por debajo de los dos
tercios exigibles para cualquier reforma.
El PSC está a favor del derecho a decidir y de la celebración de una
consulta legal, acordada y vinculante. De ahí que exija también que el
propio PSC ejerza su derecho a decidir su política y que, al mismo
tiempo, lo haga previa una consulta interna legal, acordada y
vinculante.
Jordi García-Soler es periodista y analista político
