El derecho a decidir del PSC

No se confunda el lector. No es este el mismo artículo que, con título muy similar (“El PSC y el derecho a decidir”), publiqué la pasada semana en EL PLURAL.COM. Tampoco se trata de una segunda parte de aquel breve análisis político. Se trata de analizar ahora la crisis abierta en el seno del socialismo catalán como consecuencia de que cinco de los 20 componentes del grupo parlamentario del PSC rompieron la disciplina de voto interna y no participaron en la votación de la propuesta de declaración de soberanía política y jurídica de Cataluña que votaron favorablemente los 85 miembros de los grupos de CiU, ERC e ICV-EUiA, mientras que los restantes 15 diputados del PSC votaron en contra de dicha propuesta, al igual que los representantes del PP y de C’s.
Es evidente que la división de voto de los parlamentarios socialistas ha puesto en claro que en el PSC existen discrepancias serias acerca del proceso político abierto en Cataluña estos últimos meses, sobre todo después de las pasadas elecciones autonómicas. Está asimismo claro que esta división viene de atrás, puesto que los cinco diputados disidentes –Joan Ignasi Elena, Marina Geli, Rocío Martínez-Sempere, Àngel Ros y Núria Ventura- forman parte de los sectores críticos del partido, aunque lo cierto es que casi todos ellos forman parte de la actual ejecutiva del PSC liderada por Pere Navarro como primer secretario, algunos de ellos incluso como integrantes del secretariado permanente. Estos sectores críticos, que representan cerca de una cuarta parte de la militancia del PSC según los datos del último congreso, se han manifestado de nuevo en público, con un manifiesto liderado por menos de una tercera parte de los miembros de la ejecutiva -13 sobre un total de 45-, al que se adhirieron un centenar de alcaldes, concejales y eurodiputados del PSC. Pero este manifiesto tuvo su respuesta inmediata por parte de otro centenar largo de firmantes de otro manifiesto que expresaba el apoyo a la posición del grupo parlamentario. En un primer intento de cerrar la crisis abierta, la ejecutiva del PSC decidió sancionar económicamente a los 5 diputados disidentes, sin tomar ninguna otra medida disciplinaria y al mismo tiempo anunciando la próxima celebración de una convención en la que el partido fije democráticamente sus posiciones políticas a corta y medio plazo.
Porque de lo que se trata es de esto, de saber si el PSC tiene también su propio derecho a decidir democráticamente cuál debe ser su propia posición, y si una vez fijada dicha posición todos sus representantes vienen obligados a defenderla. El exviceprimer secretario y exportavoz parlamentario del PSC, el ahora simplemente diputado Miquel Iceta, lo ha dejado muy claro: “Cuando el grupo parlamentario discute un tema en función de lo que marca la dirección y el programa electoral, los otros cinco diputados, aunque no les guste, deben seguir las directrices, porque, si no, nos cargamos ese derecho a decidir del grupo”.
Lo realmente importante es que, por unanimidad, los 20 miembros del grupo parlamentario del PSC votaron su propia propuesta, a favor del derecho a decidir y de la celebración de una consulta legal, acordada y vinculante. Sorprende que CiU, ERC e ICV-EUiA no votasen también esta propuesta, que hubiese alcanzado un apoyo mucho más amplio, de 105 votos sobre 135, ampliamente superior al que el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña establece para su propia reforma, conformándose, en cambio, con un apoyo mucho menor, de solo 85 votos, por debajo de los dos tercios exigibles para cualquier reforma.
El PSC está a favor del derecho a decidir y de la celebración de una consulta legal, acordada y vinculante. De ahí que exija también que el propio PSC ejerza su derecho a decidir su política y que, al mismo tiempo, lo haga previa una consulta interna legal, acordada y vinculante.
Jordi García-Soler es periodista y analista político