Hoy estamos viendo en España dos
hechos que están claramente relacionados. Uno es la enorme crisis de
legitimidad del llamado sistema democrático español que aparece en el
enorme enfado existente entre la mayoría de la ciudadanía frente al
establishment político que se percibe instrumentalizado por grupos de
poder fáctico (tanto financieros como empresariales, y tanto españoles
como internacionales) llevando a cabo políticas sumamente impopulares
que no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes
en España y en Catalunya. Tales gobiernos están imponiendo a la
población unas políticas de reducción de salarios y recortes de gasto
público social que están deteriorando muy rápidamente el bienestar de
las clases populares de España y de Catalunya. La evidencia, aportada
por el Observatorio Social de España en su reciente informe “El impacto
de la crisis en las familias y en la infancia” es rotunda y abrumadora.
Amplios sectores de las clases trabajadora y las clases medias de
Catalunya y del resto de España están en riesgo de entrar en la pobreza,
incluida la pobreza extrema.
Tales políticas representan el ataque más frontal que la España
social haya experimentado durante el periodo democrático. Y utilizo la
expresión “ataque” pues responde a un diseño de debilitar e incluso
eliminar componentes de la protección social que garantizaba el
bienestar de las poblaciones que del trabajo obtienen sus rentas.
Consecuencia de este debilitamiento, estamos viendo –como aparece en la
Contabilidad Nacional sobre la distribución de las rentas de España- que
mientras las rentas del capital superan, por primera vez en el periodo
democrático, las rentas del trabajo, éstas últimas están descendiendo de
una manera muy marcada, deteriorando el estándar de vida de las clases
populares y contribuyendo al descenso de la demanda doméstica, llevando a
la economía a una gran recesión, camino de una depresión. Los
asalariados en España han perdido en 2012 25.842 millones de euros,
mientras que los empresarios han ganado 12.000 millones. La lucha de
clases (término desechado como “anticuado” en los medios de información y
persuasión que generan y reproducen la sabiduría convencional), ganada
en bases diarias por el Capital frente al Trabajo, continúa existiendo
en España –incluyendo Catalunya- (aunque silenciada y ocultada en los
medios de mayor difusión). Y tal lucha de clases se está acentuando. En
los tres primeros trimestres del año, las rentas del trabajo han
descendido 16.800 millones de euros.
Estos ataques al estándar de vida de las clases populares está
creando una gran agitación social. Nunca antes, desde la Transición de
la dictadura a la democracia, se había vivido en Catalunya y en el resto
de España tal agitación social. Casi a diario hay huelgas en Catalunya y
en España protestando por las medidas de recortes impuestas que se
realizan sin ningún mandato popular. La persistencia de tales medidas a
pesar de las protestas populares, está deslegitimando las instituciones
representativas, como lo muestran las encuestas. El eslogan del
movimiento 15-M “no nos representan” tiene amplio reconocimiento y
aceptación entre las clases populares de este país.
El tema nacional y el tema social. Las dos caras de la misma moneda
Estas políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno español y el
catalán y que están dañando enormemente a las clases populares, las
están realizando hoy las fuerzas conservadoras y neoliberales que se
conocen en el lenguaje popular como las derechas españolas y catalanas,
que se consideran a sí mismas como las patrióticas, exigiendo tales
sacrificios para salvar a la patria, sea ésta la española, sea ésta la
catalana. Los patriotas a los dos lados del Ebro están ahora enarbolando
las banderas para movilizar a estas mismas clases populares para que
les apoyen frente al enemigo o adversario. En España, hemos visto como
el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, empresario de la industria
militar (que hizo enormes beneficios a costa de fabricar bombas de
racimo desde 2005 a 2008 y que se considera a sí mismo un “gran
patriota”) indicó que “el Ejército es consciente de lo grave que es el
desafío catalán”, esperando que del patriotismo del Ejército salga la
iniciativa, si así es necesario, de intervenir para salvar, una vez más,
a la Patria. Esto se dice, y se insinúa, setenta y seis años después de
que el mismo Ejército, en defensa de los intereses del capital (los
terratenientes, la banca, las compañías de seguros y el gran
empresariado, entre otros, afectados por las reformas del gobierno
democráticamente elegido) hiciera un golpe militar para defender a la
Patria definiendo como tal los intereses de un sector minoritario de la
población, responsable del posterior enorme subdesarrollo de España.
Cuando la dictadura que el Ejército impuso terminó en 1978, España
estaba a la cola, y por mucho, de la Europa Social. A la luz de la
evidencia histórica existente que muestra el enorme daño a la mayoría de
la población española que tal régimen impuso es sorprendente que tales
instituciones y tales derechas españolas continúen presentándose como
patriotas (véase mi artículo
¿Quiénes son los patriotas?,
Público, 15.11.12).
Ni que decir tiene que las manifestaciones de los superpatriotas
españoles están fabricando independentistas en Catalunya en dosis
masivas, creando un movimiento que está incluso desbordando al
establishment catalán y muy en particular a las derechas catalanas que
para poder mantenerse en el poder están intentando hacer suyo el
hartazgo nacional en Catalunya (frente a las derechas españolas) a fin
de ocultar su ataque a las clases populares. Religión y nacionalismo
siempre han sido las ideologías que más han utilizado las burguesías
para conseguir el apoyo popular, presentándose como los portavoces de la
Patria.
Vemos, pues, que en el momento histórico en el que hay mayor
movilización social contra las derechas, éstas están utilizando el
patriotismo para perpetuarse en el poder, dividiendo así a las clases
populares, a fin de que éstas canalicen su enfado, no hacia las derechas
de siempre, sino hacia las clases populares que sufren al otro lado del
Ebro las consecuencias de las mismas políticas que sus establishments
conservadores les han impuesto.
La respuesta de las izquierdas. Lo que deberían hacer y no hacen
Frente a esta situación es bastante obvio
lo que las fuerzas progresistas a ambos lado del Ebro deberían hacer y,
por desgracia, no hacen. En España, tales fuerzas deberían presentar a
las derechas por lo que son, los defensores de privilegios particulares a
coste de los intereses de la gran mayoría de la población, criticando
su supuesto patriotismo y su visión uninacional de España, detrás de la
cual hay aquellos intereses particulares de los agentes económicos y
sociales que siempre han dominado al Estado español. La lucha por la
España plurinacional es parte de la lucha por la España social. El que
gran parte de las izquierdas españolas no lo vean así es resultado de la
enorme carga ideológica histórica heredada de los 40 años de dictadura.
Las izquierdas con representación parlamentaria en España deberían
aliarse con los movimientos sociales que están apareciendo a lo largo
del territorio español que están hartos del establishment, basado en
Madrid, que no les representa.
En Catalunya, las izquierdas deberían también cuestionar el
patriotismo nacionalista de las derechas, responsable de políticas que
están dañando a la población, cuestionando su legitimidad al imponer
políticas por las cuales no tienen ningún mandato. Y tales izquierdas
deberían, en su lucha legítima y democrática por el derecho a decidir
(que puede o no abocar en una demanda para la independencia), como parte
de una lucha que está ocurriendo a lo largo de toda España, contra unos
establishments políticos y mediáticos, exigiendo la democratización de
las instituciones que llevan tal nombre para que recuperen su soberanía y
sean responsables a las clases populares de las cuales derivan, al ser
mayoría, su legitimidad hoy perdida.
