España es un país extraordinariamente desigual

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, España ha continuado siendo uno de los países con mayores desigualdades de renta y de propiedad. Ni que decir tiene que han habido cambios desde que se estableció la democracia respondiendo en gran parte a intervenciones públicas que han tenido un impacto redistributivo. Pero estas intervenciones, siempre limitadas, no han conseguido que nuestro país deje de ser uno de los más desiguales de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la Unión Europea.
Esta desigualdad se ha caracterizado por una gran concentración de las rentas y de la propiedad en grupos de la población muy minoritarios que derivan sus ingresos de las rentas del capital, mientras que la mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, ha visto una disminución de sus rentas (en términos proporcionales) con descenso de su capacidad adquisitiva. Esta situación ha sido paliada debido a la relativa facilidad en conseguir crédito, lo cual ha enriquecido al capital financiero. En realidad, la extensión de este último se basa en la escasa capacidad adquisitiva de la población trabajadora, sea asalariada (que trabaja para otros), sea autónoma (que trabaja para sí mismo). Esta situación ha sido muy acentuada en los últimos años debido a la burbuja inmobiliaria, que se basó en un enorme endeudamiento y en una gran expansión del capital financiero. Así, la ratio 20/20 (que mide la relación existente entre los ingresos del 20% de la población con mayores ingresos y el 20% de menos ingresos), pasó del año 2005 al año 2010, de un 5,5 a un 6,9, mientras que se ha mantenido en el 5 en el resto de la Unión Europea.
Este endeudamiento ha permitido ocultar el grave problema de la enorme desigualdad en España entre aquellos que derivan sus rentas del capital (una minoría) y aquellos que la derivan de las rentas del trabajo (la gran mayoría), desigualdad que se ha ido acentuando. Así, mientras que en 1977 las rentas del trabajo (que incluyen mayoritariamente a la población asalariada) representaban el 67,3% de todas las rentas, en el año 2012 estas se redujeron al 53,4%. Y este año han pasado a ser el 48,6%, representando un porcentaje menor que el de las rentas derivadas del capital, una situación sin precedentes en el periodo democrático. A este descenso de las rentas del trabajo han contribuido las sucesivas reformas laborales, que han determinado un descenso de los salarios (un 6,2% este año), el debilitamiento de los convenios colectivos, y el aumento del paro y de los recortes salariales en el sector público.
Por otra parte, las rentas superiores se han beneficiado de las políticas fiscales regresivas. Así, desde los años ochenta, el 0,1% de los hogares más ricos registró un aumento de las rentas de un 40%, y el 0,01% de un 73%. El del 1% fue de un 21%, porcentaje mucho más elevado que el del resto de la población. El incremento de las rentas de la gran mayoría de la población fue solo de un 11% (datos todos ellos obtenidos del excelente informe Desigualdad y Estado Social en España. Fundación 1º de mayo. Junio de 2013).
De todo lo dicho se deriva que para disminuir las desigualdades se requiere un aumento de los puestos de trabajo y de la población empleada, junto a un incremento de los salarios así como una reducción de las rentas del capital, gravando intensamente dichas rentas dentro de una política fiscal progresiva y redistributiva, así como un aumento de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que beneficie especialmente a las clases populares. Todas ellas son medidas opuestas a las realizadas por los sucesivos gobiernos que han enfatizado todo lo contrario, con el beneplácito, cuando no imposición, de las autoridades que gobiernan la Unión Europea. Estamos así viendo políticas que destruyen empleo, que están bajando los salarios, que están recortando gasto público social y que están beneficiando todavía más a las rentas del capital, habiendo el Estado transferido al capital financiero en el rescate a la banca unas cantidades a todas luces exorbitantes (equivalentes a un 19% del PIB) que ha ido a enriquecer en su mayoría a una extraordinaria minoría que deriva sus rentas de ese capital.
Mientras, el Estado español continúa siendo de los menos redistributivos de la Unión Europea. Sin su intervención –a través de transferencias a la ciudadanía-, el 24% de los españoles serían pobres. Después de las transferencias, el 20% lo son, una reducción de cuatro puntos, mucho menos que en el promedio de la UE-15, ocho puntos, y mucho, mucho menos que en Suecia, que es más de tres veces más. Esta es la escasa capacidad redistributiva del Estado español. Todos estos datos muestran la enorme influencia que las fuerzas conservadoras (de distintas sensibilidades políticas) y liberales tienen sobre el Estado español, consecuencia de la limitadísima democracia existente en este país.

TRANSPARÈNCIA! O TRANSPARÈNCIA?

Avui, la Generalitat de Catalunya estrena una pàgina web sobre la transparència. A manca de poder presentar els pressupostos o un balanç positiu sobre la gestió de govern, ha trobat una alternativa per a distreure a l’opinió pública. Mentre es parla de la pàgina web, no es parla, per exemple, de les retallades i els acomiadaments que pateixen els seus treballadors.

No tinc fonaments per a jutjar si el govern català és un model o no de transparència. Em manca informació al respecte. Però és evident que els dos partits que conformen el govern i la federació nacionalista, s’han vist implicats en casos de corrupció política. Per tant, fins ara, de transparència més aviat poca.

Permeteu-me que sigui escèptic. Amb bones intencions no en tinc prou, necessito fets contundents que em demostrin que, veritablement existeix una voluntat ferma de regeneració i això passa per un procés de canvi polític que afecti, de moment, a les persones. Tots aquells que han estat imputats o que plani sobre ells la més mínima l’ombra del dubte, haurien de plegar voluntàriament i marxar cap a casa. Cosa que, evidentment no faran, com tampoc acceptaran que eren coneixedors de que el seu partit estava cometent irregularitats.

Insisteixo, el que cal és una regeneració total de la política espanyola i per extensió catalana que ha de passar, inevitablement, per un canvi de dirigents polítics per a que pugui ser, al menys, creïble. Si no es fa així, perdoneu, però ningú em convencerà que no es pugui tornar a utilitzar les mateixes velles pràctiques irregulars. 

 

TRANSPARÈNCIA! Sí, i tant!! 

 

TRANSPARÈNCIA? De moment, escepticisme! Des de fa anys el que hi sol haver és molta opacitat sobre tot amb el finançament de partits i en el funcionament d'empreses públiques vinculades a les administracions. Estem pensant en el consorci Innova? Per exemple, però de casos lligats a la sanitat n'hi ha d'altres. 

LA RÀPITA. FESTES MAJORS 2013. XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA , RESTA DE FOTOS VII

El decreto andesahucios, el PP y la Troika

Beatriz Gimeno
Miembro de EconoNuestra

El decreto andaluz antidesahucios es una medida modesta e insuficiente para la gravedad del problema al que se supone que se enfrenta, como denunció en su día la plataforma Stop-desahucios. Es una medida que en la mayoría de los casos sólo va a retrasar el problema, que no acoge a todas las familias que lo necesitan sino únicamente a aquellas que están en una situación ya desesperada, que fija un plazo temporal demasiado breve para garantizar la estabilidad vital necesaria en esta situación de paro masivo y que, además, no supone una mejora sobre lo más importante: la existencia de cientos de miles de familias atrapadas por deudas que no van a poder pagar, con vivienda o sin ella, ya que estamos en un contexto no sólo de paro, sino también de importantes rebajas salariales.
No obstante, el decreto supone  una solución de emergencia para familias en situación límite, visibiliza el derecho a la vivienda como derecho social básico y además incluye una batería de medidas complementarias que incentivan el alquiler y  desincentivan la posesión de viviendas vacías. Esto sirve para visibilizar también algo que debería ser obvio, que está incluso en la Constitución, pero que se ha convertido en un tabú innombrable en estos tiempos: la función social de la propiedad. Por eso, el decreto abre una grieta,  aunque sea pequeña,  en el discurso único y monolítico de que no existen otras políticas posibles que las que se están aplicando con mano de hierro. Existía, además, la posibilidad de que otras comunidades se fueran sumando a esta medida (Canarias, Navarra…) extendiéndose así la idea no sólo de que es posible hacer otras políticas que no sean las de salvaguardar los intereses de los bancos a toda costa, sino que también, a la sombra de éstas, se podría ir extendiendo la certeza de que estas políticas que se nos imponen son inhumanas y profundamente inmorales, así como de que es posible cambiar las cosas, mediante el voto, por ejemplo. Resulta que si se comprueba que –incluso en esta situación- es posible hacer cosas diferentes, tener en cuenta otros intereses, los de la gente, por ejemplo, entonces los mercaderes que nos gobiernan quedan en evidencia como lo que son. Su obsesión es que parezca que no hay opción.
El decreto abre una grieta en el hasta ahora único argumento de que lo único que importa es la “estabilidad financiera”, frase que parece inocua,  alejada de la realidad de las personas normales pero que, en realidad, en este contexto, es una manera de decir que lo único que importa son los intereses financieros, caiga quien caiga, es decir, nosotros. El Partido Popular no podía permitir que esta grieta se fuera haciendo más y más grande y ha corrido a recurrir el decreto, lo que ha supuesto su paralización temporal. Para hacerlo necesitaba una excusa, algo que pudiera ayudarles a no dar la impresión de que ayudan sólo a los bancos y no a la gente, sino que lo que ocurre es que hay problemas mayores, como la “estabilidad financiera” que no permiten otra manera de actuar. Porque naturalmente la inmensa mayoría de la gente apoya el decreto, incluida la mayoría de los votantes del PP. Recordemos que la simpatía popular por la PAH, por sus acciones, por sus reivindicaciones, ya obligó al PP a tener que hacer el  paripé de admitir a trámite la IPL presentada por la PAH, para poder desactivarla luego desde el mismo parlamento. Y les obligó después a hacer otro paripé, el de presentar y aprobar su propia ley antidesahucios, presentada entre sollozos por la vicepresidenta y que no sirve absolutamente para nada porque, ésta sí, se preocupa por la estabilidad financiera, y no por los desahuciados.

La excusa que el PP buscaba se la prestaron raudos los mercaderes de la Comisión Europea y del Banco Central con un informe en el que advierten de los males que se avecinan en caso de que el decreto siguiera adelante. A Bruselas no le ha hecho falta mucha presión para venir en auxilio del Partido Popular porque tampoco allí se pueden permitir una grieta, siquiera dialéctica, en los argumentos utilizados para implantar sus políticas de expolio generalizado. Estas políticas se ejecutan en medio de una batalla ideológica en la que el lenguaje juega un papel fundamental. Por eso todas estas medidas vienen siempre con su correspondiente “kit” de instrucciones que consiste en un argumentario construido en base a su particular neolengua; una lengua que sirve para ocultar y hacer ininteligible la realidad.  La Comisión Europa y el Banco Central han escrito una carta y han presentado un informe en el que presentan el decreto andaluz como un terrible peligro para el sistema financiero, nada menos; ese mismo que se llevó por delante Lehman Brothers, con el ahora ministro de Guindos al frente. Así que con la “estabilidad financiera” como bandera,  la Troika demuestra una vez más que no es más que el brazo armado de una panda de mercaderes preocupados por sus propios intereses y sin ninguna relación con la ciudadanía, con sus parlamentos o sus democracias. El parlamento europeo está desaparecido ¿alguien sabe para qué sirve exactamente? La democracia está tomada por los poderes financieros que nos han dejado claro que es posible expropiar cientos de casas particulares para construir campos de golf, como se ha venido haciendo a lo largo de todo el territorio, pero no es posible retener la propiedad de los pisos que tienen vacíos los bancos (no es realmente una expropiación) durante tres años para que familias sin otra vivienda tengan un techo.
En otra muestra de ese lenguaje con el que se busca que la realidad no se haga presente, el gobierno  ha recurrido el decreto antidesahucios diciendo que vulnera el derecho a la vivienda, de la misma manera que nos roban la sanidad pública argumentando que lo hacen para mejorar la sanidad pública,  o acaban con la educación mientras dicen que lo hacen buscando la excelencia. Ahora Bruselas le da al gobierno la coartada que buscaba para paralizar este decreto argumentando que ayudar a familias en situación límite para que no sean expulsadas de sus casas durante tres años, puede afectar negativamente a la recuperación económica… de los bancos. ¡Acabáramos! me suena a que, sin quererlo, la Comisión Europea ha dado por una vez en el clavo: aquí, o nos recuperamos nosotros y nosotras, o se recuperan los bancos; que nadie se crea que es lo mismo o que vamos en el mismo barco. No es lo mismo y esto me suena a lucha de clases;  y no es broma.