Llama la atención la continua referencia en la ley a la educación como
herramienta para la generación de futuros trabajadores, no ciudadanos
comprometidos en valores sociales y de convivencia
Según el CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas), el 44% de la ciudadanía española
considera que la corrupción es una de las grandes lacras de nuestro
país. No sé qué pensará la otra mitad, pero desde luego el hecho de que
estemos como estamos responde, desde mi punto de vista y el de muchos
expertos a que somos un país a la cola en medidas de transparencia y en
rigor para combatir la corrupción.
En Transparencia al nivel de Botsuana
“La picaresca española”, que suele llamarse, no viene determinada en
los genes. Vaya, que podemos estar tranquilos, porque saltarse a la
torera las normas o ser el más espabilado parece ser que no está a la
orden del día como conducta normal entre la ciudadanía. Por lo tanto,
cuando se habla de corrupción en nuestro país, se resalta siempre que se
trata de un ámbito determinado, esto es, a nivel institucional. Para
muestra, un botón: somos el único país de Europa occidental que todavía
no tiene una ley de transparencia. Y ahora que precisamente se está
elaborando, vemos cómo una vez más nos vamos a quedar a medias a la
vista de la línea que está siguiendo el gobierno.
En los estudios que se hacen para determinar en qué lugar nos
encontramos, la organización Transparencia Internacional situaba a
España al nivel de Botsuana. Además, se especifica en los estudios que
donde más corrupción tenemos es en el ámbito autonómico y local. Esto
debe hacernos pensar qué ocurre cuando a nivel estatal se dan una serie
de mensajes y a medida que se va agudizando el objetivo las buenas
intenciones se diluyen y se terminan cometiendo acciones totalmente
contrarias. Los más de 1.600 casos de corrupción que se encuentran ahora
mismo en los tribunales tienen su origen en la década de los años
noventa, cuando comenzaba el desarrollo de la especulación inmobiliaria
en nuestro país.
Ya sabemos que de aquellos barros (decretazos, desregulación del suelo), estos lodos. Lo importante ahora es ver como “
desfacemos este entuerto”.
Afrontar la corrupción desde un plano internacional…
Coinciden los expertos en que el problema de la corrupción debe
abordarse desde dos ámbitos: el educativo y el plano internacional.
A nivel internacional es evidente que mientras sigan existiendo
paraísos fiscales será muy complicado controlar de manera eficaz que los
grandes capitales y las empresas multinacionales coticen en países con
un fuerte sistema impositivo. A nivel internacional deben plantearse
medidas como la tasación a las transacciones financieras, medida que es a
día de hoy urgente y necesaria.
…y desde un plano educativo
Pero sobre todo, como base fundamental para acotar este problema endémico están las medidas educativas.
En España acaba de ser aprobada la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa. De la lectura del texto legislativo llama la atención
la continua referencia a la educación como herramienta para la
generación de futuros trabajadores. No ciudadanos comprometidos en
valores sociales y de convivencia, sino mano de obra cualificada,
competitiva y más eficiente ante las demandas del sistema. Continuas
referencias al crecimiento económico, al desarrollo de aptitudes como la
dichosa emprendeduría, la capacidad de trabajo y la preparación para el
mundo global –en vistas a la competitividad- son las líneas directrices
de esta nueva ley. Prácticamente nada se habla de los Derechos Humanos,
de la necesidad de educar a ciudadanos en los valores de la
cooperación.
En este sentido también se manifiesta el Comité de las Regiones, en
su dictamen presentado el mismo día en que se aprobó nuestra LOMCE,
denominado “Un nuevo concepto de educación”. En este documento se habla
del desarrollo de nuevas aptitudes enfocadas como la “moneda de cambio
global del siglo XXI”. El dominio de lenguas extranjeras, así como el
uso de las nuevas tecnologías se enfoca siempre hacia la mayor
competitividad de nuestro alumnado, de cara a la mejor preparación ante
el sistema laboral que ha de fortalecer el germen de la capacidad
emprendedora para afrontar los retos del “necesario” crecimiento
económico.
Menos religión y más ética
A la vista del currículo que se plantea en nuestra ley española,
llama la atención el papel de la religión como asignatura que compite
con filosofía y con Valores sociales o Cívicos. Todavía nos siguen
haciendo un chantaje planteando que quienes defendemos la educación
laica atacamos la posibilidad de estudiar religión de quien así lo
considere. No, no se trata de eso. Se trata de que la religión se quede
en la esfera personal de cada individuo y que el Estado garantice en la
escuela pública el estudio de los Derechos Humanos (que son para toda la
ciudadanía), normas de conducta cívica y participación ciudadana,
instruyendo a los alumnos en valores de convivencia y de comportamiento
ciudadano ético. Y eso en nada debería ser elegible ni comparable con
otras materias.
Mientras sigamos planteando la formación en valores cívicos como una
cuestión optativa, seguiremos enfrentándonos a la problemática de vivir
en un país con alarmantes cifras de corrupción.
Si nuestro gobierno actual tuviera criterios más éticos, no faltaría a
la verdad diciendo una cosa y haciendo la contraria (eso también se
dice en la religión que tanto defienden, además): ¿cómo pretende este
gobierno que nos creamos que la nueva ley tratará de garantizar una
educación pública y de calidad si todavía se denomina a la inversión en
educación como “gasto”? ¿cómo pretende mejorar la educación pública
recortando más de 5.000 millones de euros en la partida presupuestaria
destinada al efecto? ¿cómo pretende fomentar la educación cuando a los
profesionales docentes les recorta el sueldo y no les facilita
materiales para desarrollar su trabajo adecuadamente?
¿A este Gobierno le importa la educación pública?
Destinando un 14% menos en los Presupuestos Generales del Estado,
reduciendo 50 millones de euros en las becas y en las ayudas al estudio,
eliminando los 13 millones de euros destinados a los programas de
atención al alumnado con necesidades especiales, recortando de manera
brutal los programas educativos como los de enseñanzas artísticas,
deporte, cooperación y difusión cultural, formación permanente del
profesorado, educación infantil y primaria, educación en el exterior…
resta y sigue, ¿de verdad consideran que nos vamos a creer que la
educación pública le importa a este gobierno?
A la vista está que hace más falta que nunca la Educación para la
Ciudadanía, no ya como optativa sino como asignatura troncal, de
obligado estudio, para garantizarnos así que algún día, nuestros
dirigentes tendrán un concepto de respeto a lo público tan claro como
las tablas de multiplicar.
Beatriz Talegón es secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas
