SIAT, UGT-FSP, Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
En la Agencia Estatal de la Administración Tributaría (AEAT)
desempeñan sus funciones 27.000 empleados públicos, trabajando para que
en este país los impuestos se recauden conforme a la ley.
Con una economía sumergida que diversas fuentes sitúan en torno al 20
% del PIB, un fraude fiscal que incluso la supera, y un nivel creciente
de morosidad empresarial frente a la Hacienda Pública, que también
alcanza cifras espeluznantes, los trabajadores de la Agencia Tributaria
somos conscientes de que nuestra labor de aplicación del sistema
tributario, ya sea a través de las funciones de gestión, inspección o
recaudación, es esencial para el sostenimiento de nuestro Estado del
Bienestar.
Ese Estado del Bienestar se encuentra en grave riesgo tras los
recortes de gasto público acaecidos en los últimos tiempos. Recortes a
los que se ha recurrido, junto a subidas impositivas de diversa índole,
sin acometer otro tipo de reformas de mayor calado, entre las que se
encontrarían la de nuestro sistema fiscal y la de los procedimientos
administrativos y tributarios que permiten la lucha contra el fraude
fiscal. Y, lo que es más grave, que siendo conscientes del problema, no
se haya reaccionado con urgencia para incrementar los ingresos públicos
mediante la inmediata puesta en marcha de medidas de lucha decidida y
eficiente contra esa lacra. Más al contrario, se han reducido las
ofertas de empleo público en un escenario, a medio plazo, de numerosas
jubilaciones en la
Administración Tributaria, y no se ha implementado el tantas veces solicitado plan especial de lucha contra el fraude.
Pues bien, pese a esa falta de respuesta, esos trabajadores públicos,
que han superado duros procesos selectivos mediante el sistema de
oposición, demuestran cada día su valía, ya sea en las actuaciones
tributarias cotidianas, ya en el trato con el contribuyente, o ya en las
más visibles actuaciones de comprobación e investigación, destapando
casos de tramas de fraude y corrupción a veces muy sonados. Y, sin
embargo, se nos sigue crucificando, con declaraciones como las del
Presidente de la CEOE que ve Inspectores de Hacienda hasta en el
desayuno. Quizás el problema sea que no los vea con más frecuencia.
Lejos de desanimarnos, declaraciones como las aludidas nos llevan a
pensar que hacemos bien nuestro trabajo, y que por eso molestamos a
aquellos que defraudan a la Hacienda Pública y, por tanto, a toda la
sociedad española.
Ello refuerza la convicción existente sobre la necesidad de dotar de más medios a la AEAT.
Y es que vivimos tiempos revueltos, en los que, quienes se llevan su
dinero fuera de nuestras fronteras, quienes constituyen sedes en países
de reducida o nula tributación para no pagar por sus beneficios, quienes
defraudan impuestos en general, quienes adeudan cuantías relevantes a
la Hacienda Pública y, en fin, quienes se han beneficiado de la
eufemísticamente llamada Declaración Especial -en realidad, una Amnistía
Fiscal-, son precisamente los mismos que reclaman a nuestros
gobernantes la reducción de la Administración Pública. Y todo ello,
siendo España el país de nuestro entorno con menos empleados públicos
por habitante destinados a la lucha contra el fraude.
Que quienes adeudan y defraudan a la Hacienda Pública realicen
declaraciones como esas, lleva a mucha gente a plantearse si los
Inspectores, la Agencia Tributaria y los funcionarios en general,
suponemos un estorbo para sus prácticas. Como también tendrá otras
finalidades el enconado ataque hacia la Administración, pues conseguir
la privatización de servicios públicos supondría un pingüe beneficio, a
costa, evidentemente, de los ciudadanos que pagarán dichos servicios.
Porque no se diferencia la verdadera Administración de aquella otra
parte del Sector
Público creada artificiosamente con la finalidad de eludir las normas
administrativas, ni se señalan las duplicidades a eliminar entre
Estado, Autonomías o Entidades Locales y, por supuesto, no se mencionan
todos aquellos servicios esenciales en los que es pública y notoria la
falta de personal y medios. No, lo importante es aprovecharse de la
situación en beneficio propio.
Manifiesto por la profesionalidad de los trabajadores de la Agencia Tributaria
No cabe duda que, en ese contexto, la lucha contra el fraude y los
éxitos que en ese campo se alcanzan con el trabajo de los empleados
públicos de la AEAT, ponen en peligro los argumentos para la
implantación de las políticas de austeridad que tanto beneficio están
dando a la oligarquía económica de este país. Cuanto mayores sean los
ingresos del Estado, cuanto más reducida sea la bolsa de fraude (y en
este aspecto la AEAT es su columna vertebral), menor justificación
tendrá una política que nos está haciendo retroceder 30 años en derechos
cívicos ysociales. No es casualidad que recientes estadísticas
constaten el aumento de millonarios en nuestro país, mientrassufre una
buena parte de su población.
En otro orden de cosas, no podemos dejar de recordar a nuestra
ciudadanía, que los trabajadores de la Agencia Tributaria no dictamos la
normativa tributaria, los supuestos de infracción, las sanciones, los
procedimientos para exigir responsabilidades. No, sólo nos limitamos a
aplicarla, tratando de llegar, en nuestro afán porque se cumpla la
Ley, hasta donde sea necesario en los casos de fraudes o impagos.
Pero las limitaciones, normativas, materiales y humanas son grandes. Por
ello se ha reiterado la necesidad de reformas impositivas,
procedimentales, cambios organizativos e incremento de medios, en lugar
de aprobar leyes injustas que sólo favorecen a una minoría privilegiada,
como es el caso de la Amnistía Fiscal, verdadero insulto a los
trabajadores de la AEAT y a todos los ciudadanos –afortunadamente la
mayoría- que pagan religiosamente sus impuestos. ¿Cómo explicar a esos
contribuyentes que a los defraudadores de este país se les permite lavar
su dinero con el módico coste medio del 3% de los capitales aflorados?.
¿No es ésta una invitación al fraude?
No podemos estar de acuerdo con un Sistema Tributario que cada vez se
aleja más de los principios constitucionales de igualdad y
progresividad. Actualmente, las rentas del trabajo soportan una elevada
presión fiscal, mientras que la imposición sobre el capital y la riqueza
se ha reducido ostensiblemente. Nuestro actual Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas grava con un tipo máximo del 47% a las rentas
del trabajo, mientras que el tipo máximo de gravamen de las rentas del
ahorro es del 21%.
Y, si hablamos de la tributación de las sociedades, la situación es
lamentable, con un impuesto cuya recaudación ha caído en picado, mucho
más allá que la caída en la actividad, por mor de la deslocalización de
operaciones y el elevado nivel de fraude, con un diseño inadecuado en el
cual, encontramos un tipo impositivo máximo del 30% que, con la
aplicación de unos beneficios fiscales diseñados para los grandes grupos
consolidados (que representan el 0,2% de las empresas pero acaparan el
60% de las deducciones), determina que haya sociedades que tributen
menos del 10% por sus beneficios.
Pero hay más, porque no es consciente el ciudadano, pagador también
de impuestos indirectos al consumo, de que buena parte de los mismos no
llega nunca a las arcas públicas debido al elevado nivel de fraude en el
IVA y en los Impuestos Especiales. Mucho se ha hablado de la injusta
normativa que obliga a adelantar el pago del IVA a empresas y autónomos
que no lo han cobrado, pero poco del gran número de aquéllas que no lo
están ingresando realmente. Como tampoco son conscientes muchos
empleados de esas empresas de que sus impuestos -el IRPF retenido de sus
nóminas-, no llegan en muchos casos a la Hacienda Pública y de que, a
pesar de ello, reciben devoluciones en sus declaraciones anuales, sin
que sus retenciones hayan sido previamente ingresadas.
Obviamente, con este panorama, difícil parece mantener un Estado
social como el que se ha ido construyendo, con mucho esfuerzo, en las
últimas décadas. Son necesarias muchas reformas, sí, pero sin dinero no
hay servicios, no hay infraestructuras, no hay pensiones… Es ya hora de
que nuestros partidos políticos se pongan de acuerdo en lo esencial, de
que se instrumenten verdaderas reformas y, en lo que los trabajadores de
la AEAT atañe, se ponga verdadero interés en luchar contra el fraude y
la evasión fiscal.
Los Empleados Públicos de la AEAT, a través de nuestro papel en la
consecución de los ingresos públicos, debemos y queremos ser la columna y
la base de un Estado del Bienestar que es el motor del progreso de
nuestra sociedad.
Lo haremos con profesionalidad e independencia en nuestras
actuaciones, como aval que distribuya las cargas tributarias de forma
justa entre nuestra sociedad. Pero lo haremos mejor con las normas y
medios adecuados, con una organización en la que se prime el mérito y la
experiencia y, sobre todo, con la comprensión hacia nuestra función por
parte de los ciudadanos a los que servimos, porque somos conscientes de
que, pese a resultar ingrata, nuestra función es esencial.
dimecres, 26 de juny del 2013
La injustícia no és «excel·lència»
Ignacio Escolar
¿Recorden quan Soraya Sáenz de Santamaría ens va explicar que el 2013 augmentava la partida per a beques als Pressupostos de l'Estat? Doncs també en això ens van mentir: no només perquè la lletra menuda deia just el contrari que la vicepresidenta, sinó perquè el ministre José Ignacio Wert està aplicant ara una nova tisorada més. El Govern del PP, amb la seva neollengua habitual, disfressa aquesta segona retallada a les beques com un impuls a «la cultura de l'esforç i l'excel·lència». En la pràctica, aquesta «excel·lència» consisteix a fer que més de 50.000 joves deixin la universitat perquè no la poden pagar.
Les beques no són per premiar els bons estudiants: serveixen per garantir el dret a l'educació, que és la base d'aquella igualtat d'oportunitats de la qual parla la Constitució. Quan el ministre eleva fins al 6,5 la nota mínima per mantenir una beca, està trencant aquella igualtat perquè exigeix als estudiants amb menys recursos un esforç extra que no es demana als altres. La trampa és que tots els estudiants de la universitat pública estan, en certa manera, becats: el preu de la matrícula amb prou feines cobreix el 20% del cost de la carrera. No obstant, només als estudiants de famílies humils se'ls demana «cultura de l'esforç», l'extra d'«excel·lència» per poder estudiar.
Per descomptat que la solució no passa per privatitzar l'educació superior, sinó per augmentar les beques per garantir l'accés a la universitat pública. Amb la crisi, les barreres d'entrada han crescut i la retallada de Wert és una altra llosa més per a milers de famílies que ja estan aixafades per l'atur i l'enfonsament dels salaris. Segons els càlculs dels rectors, el nombre de becats pot caure a la meitat.
Enfront del tòpic, no és cert que sobrin universitaris a Espanya. El problema més greu d'atur juvenil té a veure amb aquest prop de milió de joves espanyols sense formació que van abandonar els estudis durant el miratge de la bombolla immobiliària. Expulsar més joves de la universitat únicament agreuja aquest problema, no el resol. Per molt que es vesteixi d'excel·lència, és una altra injustícia més.
¿Recorden quan Soraya Sáenz de Santamaría ens va explicar que el 2013 augmentava la partida per a beques als Pressupostos de l'Estat? Doncs també en això ens van mentir: no només perquè la lletra menuda deia just el contrari que la vicepresidenta, sinó perquè el ministre José Ignacio Wert està aplicant ara una nova tisorada més. El Govern del PP, amb la seva neollengua habitual, disfressa aquesta segona retallada a les beques com un impuls a «la cultura de l'esforç i l'excel·lència». En la pràctica, aquesta «excel·lència» consisteix a fer que més de 50.000 joves deixin la universitat perquè no la poden pagar.
Les beques no són per premiar els bons estudiants: serveixen per garantir el dret a l'educació, que és la base d'aquella igualtat d'oportunitats de la qual parla la Constitució. Quan el ministre eleva fins al 6,5 la nota mínima per mantenir una beca, està trencant aquella igualtat perquè exigeix als estudiants amb menys recursos un esforç extra que no es demana als altres. La trampa és que tots els estudiants de la universitat pública estan, en certa manera, becats: el preu de la matrícula amb prou feines cobreix el 20% del cost de la carrera. No obstant, només als estudiants de famílies humils se'ls demana «cultura de l'esforç», l'extra d'«excel·lència» per poder estudiar.
Al revés que Robin Hood
Les beques de Wert aprofundeixen en un model educatiu tremendament injust. La inversió en universitat pública sol ser de les despeses més regressives de l'Estat del benestar: les possibilitats que té el fill d'una família de classe mitjana-baixa de cursar estudis superiors són moltíssim menors que les d'una persona nascuda en una família de classe alta o mitjana-alta. Com que tots paguem impostos però no totes les famílies poden enviar els seus fills a la universitat, en la pràctica el model acaba sent com Robin Hood però al revés: pren els diners als pobres per donar-los als rics.Per descomptat que la solució no passa per privatitzar l'educació superior, sinó per augmentar les beques per garantir l'accés a la universitat pública. Amb la crisi, les barreres d'entrada han crescut i la retallada de Wert és una altra llosa més per a milers de famílies que ja estan aixafades per l'atur i l'enfonsament dels salaris. Segons els càlculs dels rectors, el nombre de becats pot caure a la meitat.
Enfront del tòpic, no és cert que sobrin universitaris a Espanya. El problema més greu d'atur juvenil té a veure amb aquest prop de milió de joves espanyols sense formació que van abandonar els estudis durant el miratge de la bombolla immobiliària. Expulsar més joves de la universitat únicament agreuja aquest problema, no el resol. Per molt que es vesteixi d'excel·lència, és una altra injustícia més.
Lameculos y cobardes
Pablo Iglesias
Jorge Moruno me mandó ayer una reflexión del anarquista Errico Malatesta para que la usara en el debate de La Sexta Noche sobre la educación. Decía Malatesta que los que no han trabajado nunca hablan siempre en nombre del trabajo, del mismo modo que los que no se han esforzado nunca, hablan siempre en nombre del esfuerzo. Es difícil encontrar una caracterización mejor de los defensores de las reformas educativas de Wert. Mienten hasta la saciedad y jamás han predicado con ejemplo.
Jorge Moruno me mandó ayer una reflexión del anarquista Errico Malatesta para que la usara en el debate de La Sexta Noche sobre la educación. Decía Malatesta que los que no han trabajado nunca hablan siempre en nombre del trabajo, del mismo modo que los que no se han esforzado nunca, hablan siempre en nombre del esfuerzo. Es difícil encontrar una caracterización mejor de los defensores de las reformas educativas de Wert. Mienten hasta la saciedad y jamás han predicado con ejemplo.
Dicen que no se han recortado las becas y la realidad es que en los últimos dos años la partida destinada a becas se ha reducido en más de 200 millones de euros
y que el próximo curso casi 100.000 estudiantes tendrán que dejar de
serlo. Apelan a Europa y llaman a los jóvenes a ser “aventureros” y a
emigrar a ese “extrarradio” de España (no lo olviden, Europa no es el
extranjero) al tiempo que las becas erasmus se han reducido un 40% y el próximo curso lo harán en un 70%
(de 60 a 17 millones). Si ya era difícil irse de erasmus sin ayuda
familiar ¿Quién se podrá ir ahora de erasmus? Sólo los afortunados que
puedan pagárselo.
Al tiempo que alientan
que se subvencione la educación privada, acusan a las infrafinanciadas
universidades públicas de derrochar, cuando la realidad es que la subida
de tasas obligará a millares de estudiantes a abandonar sus estudios.
Con un 60% de paro juvenil, 6 millones de parados y el sistema Bolonia
que dificulta que los estudiantes compatibilicen trabajo y estudios
¿Cómo demonios van a pagarse la carrera?.
Aluden, sin habérselo
leído, a los datos del informe Pisa sobre el fracaso escolar, ignorando
que el mismo informe reconoce los logros de la educación en España a
pesar de su escasa financiación; casi a la par con Francia en resultados
de conocimiento y por encima de Italia. Ignoran que el informe Pisa de
2009 señalaba que los resultados escolares de los estudiantes españoles
de bajos ingresos superaba la media de países de la OCDE y que, en el
último medio siglo, sólo Corea del Sur e Irlanda superan la evolución
educativa española que tuvo que remontar el desastre que representó el
Franquismo. Para que se hagan una idea, el 65% de los jóvenes andaluces
superan en titulación a sus padres. ¿Por qué hay entonces tanto fracaso
escolar en España? Básicamente por dos razones; unos altos niveles de
exigencia inexistentes en los demás países (en España no se puede seguir
estudiando sin el título de ESO) y por la estafa del boom inmobiliario
que empujó a muchos jóvenes a dejar de estudiar para ponerse a trabajar
en la construcción.
Pero ¿Quiénes son los
defensores de las reformas de Wert? Desde luego nadie de la comunidad
educativa, unida como un puño (estudiantes, personal administrativo y de
servicios, madres y padres, docentes y hasta los rectores) para
enfrentarse a un gobierno que está desmantelando la educación pública.
No olvidemos que al tiempo que los licenciados más brillantes de nuestro
país negaban el saludo al ministro Wert y el alumno con mejor nota de
selectividad lucía la camiseta verde de los defensores de la educación
pública, la casta gobernante contrata como asesores a los jefes de sus
juventudes, como Juan Carlos Caballero, con sueldos de escándalo o
premia la prudencia al volante de Ángel Carromero con un nombramiento
como asesor en el Ayuntamiento de Madrid. Esos son los defensores de
Wert. Ni Carromero ni Caballero recibirán una distinción por su
rendimiento académico pero cobran sueldazos al tiempo que exigen a los
jóvenes que apechuguen y que asuman que es mejor cobrar 500 euros que no
cobrar nada. El caso del más famoso defensor de la política educativa
del gobierno, el señor Francisco Marhuenda, es más que llamativo;
docente en una universidad pública es materialmente imposible conocer
los datos de su rendimiento académico cuando era estudiante. En lo que
se refiere a sus tareas investigadoras, nada se dice en la web de su departamento y el portal dialnet
aporta magros resultados; todo lo contrario que una mayoría de
profesores malpagados que sólo cobran de su actividad docente e
investigadora y que se ven obligados a mantener (y a publicar)
currículos de excelencia para tener alguna opción de permanecer en la
Universidad.
Lo diré llanamente, el
modelo educativo de esta derecha convertirá las universidades en un coto
privado de aquellos que puedan pagar y destruirá el mérito para
favorecer a una casta de cobardes acríticos y lameculos. No es nada
nuevo; así se prosperaba en el Franquismo.
dimarts, 25 de juny del 2013
Subscriure's a:
Missatges (Atom)