Vicenç Navarro
En 2006 publiqué mi libro
El subdesarrollo social de España (Editorial
Anagrama) en el que documentaba las causas y consecuencias del enorme
subdesarrollo del estado del Bienestar en España y en sus diecisiete
Comunidades Autónomas. En el texto, aún cuando señalaba mi coincidencia
con el principio de garantizar una renta básica a los ciudadanos y
residentes del país, tenía mis dudas sobre la manera como se estaba
proponiendo por algunos defensores de la Renta Básica (RB) de cómo
hacerlo. Tal propuesta –la de establecer RB en España- era y continúa
siendo una de las medidas que ha acaparado más la atención de las
fuerzas progresistas en nuestro país. Hoy, en unos momentos de grandes
recortes del insuficiente estado del Bienestar español, tal propuesta de
establecer una renta básica se ha convertido en central en las
reivindicaciones de sectores de las fuerzas progresistas del país. De
ahí que sea importante iniciar de nuevo un debate sobre la conveniencia
ahora de tal medida y cómo llevarla a cabo, estableciéndose un debate
sin acrimonia, entre fuerzas progresistas que comparten el objetivo de
mejorar la tan subdesarrollada España social.
Veamos pues los argumentos y los datos. Y miremos primero las áreas
de acuerdo. Tengo que suponer que toda persona o fuerza política
progresista está de acuerdo en que el Estado (ya sea central, autonómico
o local) debería financiar una serie de servicios públicos, tales como
la sanidad, las escuelas primarias y secundarias, las escuelas de
infancia, la educación terciaria, los servicios sociales, la atención
domiciliaria a personas con discapacidades, las viviendas asistidas, la
vivienda social, las residencias de ancianos, los programas de
prevención de la exclusión social, los programas de integración de los
inmigrantes, los programas de formación profesional y otros servicios
públicos que garantizan el bienestar social y la calidad de vida de los
ciudadanos. Pues bien, en cada una de estas áreas, el subdesarrollo y la
subfinanciación de estos servicios es, en España, enorme. España está a
la cola de la Europa Social. Tiene uno de los gastos públicos sociales
por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el
grupo de países de la UE más semejantes en su desarrollo económico al
nuestro. Mi libro documenta con gran detalle este retraso. Y nadie ha
cuestionado los datos.
Asumo que nadie que se defina como progresista dude de la necesidad
de aumentar sustancialmente el gasto público en estos servicios
públicos, para alcanzar, al menos, los niveles que corresponden a
nuestro país por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Estamos
hablando de un déficit de gasto público muy considerable, que, ya antes
de la crisis, no era menor a 66.000 millones de euros (unos seis puntos
del PIB). Y también asumo que nadie que se considere progresista cree
que la manera de solucionar este enorme déficit social sea dando un
cheque social a cada ciudadano y residente para que se espabile por su
cuenta y pague con este dinero unos servicios privados que sustituyan a
los públicos, a los cuales el cheque público sustituiría (para una
expansión de este y otros puntos ver el capítulo 9 de mi libro
El subdesarrollo social de España).
La corrección de este déficit de gasto público social requerirá una
movilización masiva, todavía más acentuada y extensa ahora, cuando en
lugar de reducir se está expandiendo enormemente este déficit de gasto
público social como resultado de los recortes.
Veamos ahora el segundo gran capítulo del estado del Bienestar: las
transferencias públicas a las personas, ciudadanos y residentes en
España. Estas transferencias siguen una determinada lógica, respondiendo
a necesidades específicas que generan su demanda. Tienen como objetivo
garantizar determinados niveles de vida (en general, definidos
austeramente) a los beneficiarios, sean estos pensionistas, ancianos,
infantes, jóvenes, familias, personas con discapacidades o personas en
paro, entre otros. De nuevo, como en el caso de los servicios públicos,
el gasto en transferencias por persona es bajísimo. Un cálculo elemental
muestra que para alcanzar el nivel de gasto público en transferencias
que deberíamos tener (al menos, por el nivel de desarrollo económico que
tenemos) tendríamos que incrementar el gasto público en dichas
transferencias en un 5% o 6% del PIB. Sumando esta cantidad a la
anterior (déficit de gasto en servicios) nos da una cifra más que
respetable: un total de más del 11% o 12% del PIB.
Creo que la corrección de este déficit debería ser el objetivo principal de cualquier medida progresista en el país.
¿Qué quiere decir renta básica?
Veamos ahora qué entendemos por renta básica. El concepto de renta
básica implica que todo ciudadano o residente tendrá garantizada por
parte del estado la renta necesaria para vivir una vida digna. No creo
que nadie, con sensibilidad progresista, pueda oponerse a este
principio. El punto clave, sin embargo, es cómo garantizarlo. Una
versión de la renta básica es que todo ciudadano, como derecho
universal, es decir, derecho de ciudadanía o residencia, reciba un
cheque público que sea de una determinada cantidad que garantice una
vida digna. Naturalmente, un punto clave en este principio es qué quiere
decir “vida digna”. Por regla general, vida digna se interpreta como
vida no pobre, es decir, por encima del umbral de pobreza (las
cantidades que, por regla general, se utilizan son bastante bajas). Aún
así, multiplicando el número de ciudadanos y residentes por el cheque de
renta mínima básica 8.551 euros al año (60% de la renta media del país)
se obtiene una cifra alrededor del 37% del PIB. Y ahí es donde la
pregunta debe hacerse. ¿Es esta cantidad
además de la necesaria para corregir el enorme déficit de gasto público social o es en
lugar de?
Si es además veo muy difícil, casi imposible (en la situación política
del país con gran dominio de las derechas en la vida política del país),
llevar a cabo dos propuestas muy ambiciosas (la necesidad de corregir
el déficit social y el establecimiento de la RB) a la vez.
Lo cual me lleva al tema de cómo eliminar la pobreza, que es uno de
los objetivos del movimiento a favor de la renta básica y que yo
comparto. Y es aconsejable mirar la experiencia de los países que han
sido exitosos en reducir e incluso eliminar la pobreza. Y todos ellos
tienen un estado del Bienestar muy desarrollado, como consecuencia de
toda una serie de intervenciones que van desde la provisión de servicios
públicos a la provisión de una renta asegurada para colectivos e
individuos que reúnen una serie de condiciones, que la gran mayoría de
la ciudadanía puede cumplir en situaciones vulnerables, lo cual explica
la gran popularidad de estos programas.
La estrategia antipobreza de la socialdemocracia y de los partidos
comunistas gobernantes (después de la 2ª Guerra Mundial en la Europa
Occidental), incorporada también más tarde por sectores de izquierda de
la democracia cristiana como la alemana, defensora entonces de la
economía social, fue desarrollar políticas de pleno empleo, que
estimularon el aumento de la población adulta que trabajaba (facilitando
sobre todo la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante
la universalización de los servicios de ayuda a las familias y sobre
todo a la mujer, además de cambiar la mentalidad del hombre haciéndole
corresponsable de las tareas familiares), con buenos salarios y con
políticas de formación profesional que aumentaran la productividad y por
lo tanto el salario, todos ellos elementos clave de una estrategia a
corto y a largo plazo, con la provisión de una renta más que básica para
aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad no pudieran
trabajar. Y aunque esta estrategia cambió en los partidos
socialdemócratas con la aparición de la Tercera Vía y otras vías afines y
con el abandono de la sensibilidad de izquierdas dentro de la
democracia cristiana, la evidencia continúa mostrando que la estrategia
antipobreza más acertada es la que utilizaron aquellas tradiciones
políticas antes de que fueran abandonadas por aquellos partidos, a
partir de la década de los ochenta. La eficacia de aquellas
intervenciones está más que probada. Suecia, por ejemplo, adquirió uno
de los niveles de pobreza más bajos de la OCDE (el club de países más
ricos del mundo), como también lo consiguió Dinamarca siguiendo tales
políticas.
No niego que, una vez el estado del Bienestar esté bien desarrollado,
el concepto de salario ciudadano pueda resultar una propuesta
atractiva, al distribuir la plusvalía social según aumente la riqueza
del país. Pero establecer un salario ciudadano cuando nuestro Estado del
Bienestar está tan poco desarrollado es comenzar la casa por el tejado.
Hay que garantizar que todo ciudadano y residente pueda tener los
recursos necesarios para vivir una vida digna y ello implica que el
estado debe garantizar que los ciudadanos y residentes puedan alcanzar
tal nivel de renta, bien a través del trabajo, bien a través de otras
fuentes, incluidas las transferencias públicas, a la cual tenga derecho
por sus circunstancias. Y esta renta debería ser superior a la que se
cita frecuentemente como renta básica, que es más parecida en España a
una prestación asistencial antipobreza que no como derecho universal.
Quisiera terminar estas notas indicando que, en España, en el País
Vasco y en Madrid, entre otras partes del país, se han desarrollado
programas bajo este nombre, de renta básica, que en realidad no
corresponden a lo que se ha llamado tradicionalmente programas de renta
básica. Son, en realidad, propuestas que ofrecen un mínimo de renta que
permita prevenir la pobreza absoluta, programas que me parecen
necesarios y que apoyo. Pero, por favor, que no se confundan los
términos. En realidad, estos programas, a fin de tener la aprobación
popular, parten de un umbral de pobreza tan bajo que solo consiguen
prevenir la pobreza absoluta, lo cual ya en sí es un paso adelante, pero
dramáticamente insuficiente para resolver el problema de la pobreza.
Este requiere un mayor gasto en pensiones y servicios públicos (en el
caso de la pobreza entre ancianos) y facilitar la integración de los
jóvenes y sobre todo de la mujer en el mercado de trabajo mediante
programas de formación y provisión de servicios públicos tales como los
servicios de ayuda a la familia, medidas más ambiciosas y más eficaces
que las ayudas en forma de transferencias para los pobres, que tienen un
impacto menor en la eliminación de la pobreza.
Las políticas asistenciales antipobreza siempre han sido mucho menos
eficaces que las universales en eliminar la pobreza, siempre y cuando
los programas universales (que garanticen la eliminación de la pobreza)
consistan en aportaciones sustanciales a colectivos vulnerables de caer
en la pobreza. Es esta interpretación de la política de renta básica
que, además de ser popular, es factible y eficaz. Un ejemplo de ello es
la Seguridad Social, un programa universal (a todas las personas que
pertenezcan a una categoría, por ejemplo ancianos, en el caso de las
pensiones de vejez) que ha sido enormemente popular y eficaz. Sin las
pensiones públicas, el 62% de la población anciana sería pobre, siendo
el programa antipobreza más importante de España. Este es el modelo que
debería seguirse.
