La privatización de la sanidad

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University 

A aquellos políticos y economistas que desean privatizar la sanidad, utilizando el argumento de que la sanidad privada es mejor que la pública, les aconsejo que estudien el sistema sanitario estadounidense, cuya financiación es predominantemente privada, gestionándose a través de compañías de seguros privadas, tal como están sugiriendo que se haga los partidos conservadores y liberales en España y en la Unión Europea. Es un sistema que conozco bien, como resultado de haber vivido en aquel país durante muchos años, habiendo intentado cambiarlo cuando la Sra. Hillary Rodham Clinton me pidió que la ayudara, integrándome en su grupo de trabajo en la Casa Blanca, cuyo objetivo era precisamente cambiar aquel sistema para hacerlo más equitativo y más eficiente, pues es uno de los sistemas sanitarios más ineficientes y menos equitativos de los hoy existentes. Sólo basta citar algunos datos para verlo.

1. Es un sistema enormemente caro, tanto para el país (es el país con el gasto sanitario como porcentaje del PIB más alto del mundo), como para el Estado (el gobierno federal se gasta per cápita la mayor cantidad de dinero en sanidad del mundo) y para el individuo y las familias. El gasto sanitario en 2012 era el 17,9% del PIB y 8.952 dólares per cápita. Y a pesar de este enorme gasto la cobertura sanitaria es muy insuficiente. El indicador más claro de ello es que el 39% de las personas con enfermedades terminales, es decir, que se están muriendo, declaran que están preocupadas por cómo ellas o sus familiares pagarán las facturas médicas y/o hospitalarias. (Ver Annals of Internal Medicine 2000; 132:451 – Study of 988 terminally ill patients). Estas personas se encuentran en una situación cruel e inhumana en la que, además de preocuparse por su propia muerte, tienen que preocuparse de cómo pagar a los profesionales y/o a las instituciones sanitarias o a las compañías de seguros.

2. Pero además de una cobertura muy insuficiente, el número de ciudadanos y residentes sin ningún tipo de cobertura sanitaria es muy elevado. Llegó en el 2011 a ser el 15,7% de toda la población, es decir, 48,6 millones de personas. De ellos 7 millones son niños. El 31% de los ciudadanos de origen hispano, el 19,5% de origen afroamericano y el 11,5% de los blancos no tienen ninguna cobertura sanitaria. Incluso después de la aplicación de la ley conocida como “Obamacare”, el número de personas sin ninguna cobertura sanitaria y, por lo tanto, sin ningún derecho a acceder a servicios sanitarios (según la Congressional Budget Office)  será de 36 millones.

3. El Tea Party y sus economistas afines en la ideología ultraliberal (de la cual hay una gran abundancia en España) indican que no es cierto que la gente se quede sin atención, pues pueden ir a los servicios de urgencia, lo cual no es del todo cierto, pues muchos hospitales se las apañan para no proveer tales servicios a los que no pueden pagar los servicios médicos, tal como ha señalado y demostrado el propio Congreso de EEUU en varios informes.

4. El sistema de copago y deducciones está generalizado en el sistema de aseguramiento privado e incluso público. Medicare, el programa federal de atención sanitaria para los ancianos, solo cubre el 54% de sus gastos sanitarios.

5. La mayoría de la población estadounidense, aún cuando está satisfecha con su médico o su hospital, no está satisfecha con el sistema de financiación y organización del sistema sanitario. EEUU es el país que tiene un mayor descontento con su sistema sanitario. Casi el 50% de la población considera que debería reconstruirse desde el principio.

6. Según un estudio del sistema sanitario en EEUU, Alemania y Gran Bretaña, EEUU es el país que tenía un mayor número de muertes prevenibles (significándole una sobremortalidad de casi 100.000 personas), con el menor incremento de esperanza de vida.

7. EEUU es el país donde un mayor número de personas dejan de ir al médico por causas económicas. El 52% de las mujeres ha indicado que no estaban seguras de poder pagar las facturas médicas en caso de que cayeran gravemente enfermas

Estos datos explican porqué el grupo de trabajo dirigido por la Sra. Clinton deseaba cambiar el sistema a fin de dirigirlo hacia uno de cobertura universal, con un mayor grado de intervención pública. En una visita del entonces Presidente Felipe González a la Sra. Clinton en la Casa Blanca (en el periodo álgido del trabajo de la Casa Blanca en la reforma sanitaria) y en cuya preparación presenté un informe al Presidente González, explicándole las líneas generales de las propuestas del grupo de trabajo, la Sra. Clinton subrayó que, aún cuando intentábamos (en el grupo de trabajo que ella presidió) hacer propuestas de cambio del sistema sanitario estadounidense que se atuviesen al sistema sanitario existente, el grupo de trabajo quería también aprender de los sistemas europeos, incluyendo el español, correspondiéndome a mí la labor de escribir un informe de la posible relevancia del sistema sanitario español para EEUU, lo cual hice enfatizando que el sistema sanitario español era mucho más eficiente y equitativo que el estadounidense, aún cuando el español tenía un grave problema, que era su enorme subfinanciación, problema que continúa hoy en día.
No es creíble el argumento aducido por los reformadores liberales y neoliberales que sostiene que el sistema sanitario privado es más económico y eficiente que el público. La evidencia científica, robusta y convincente, señala lo contrario. En realidad, el estudio más detallado que se haya hecho analizando la calidad de la atención hospitalaria comparando la mortalidad (estandarizada por diagnóstico y características del paciente) en los hospitales privados con afán de lucro con los sin afán de lucro (fueran éstos públicos o privados) la mortalidad era más alta en los primeros que en los segundos (P.J. DEVEREAUX, et al “Payment for care at private for profit and private not-for profit hospitals: a systematic review and metaanalisys” 08-06-04 Journal of the Canadian Medical Association).
La experiencia internacional muestra claramente que existe un conflicto claro entre la optimización de los beneficios (el objetivo principal de una empresa con afán de lucro) y la calidad de los servicios. Las empresas que cotizan en bolsa intentan ahorrar los recursos a fin de optimizar sus ingresos y ello puede repercutir en la calidad de los recursos. En ocasiones esta dinámica se presenta también en los servicios privados sin afán de lucro que compiten con las empresas con afán de lucro.
La situación en España
La subfinanciación de la sanidad pública española explica el elevado desarrollo de la sanidad privada habiéndose creado una polarización, por clase social, en el sistema sanitario. El 30% de renta superior de la población va a la sanidad privada mientras que el 70% va a la pública. Las reformas privatizadoras tienen como objetivo aumentar el porcentaje de la privada a costa de la pública, argumentándose que tal extensión de la privada beneficia a la pública permitiéndole tener más recursos por paciente, disminuyendo así la masificación de la sanidad pública.
Lo que tal argumento ignora es que tal polarización de la sanidad por clase social perjudica a todas las clases y sectores sociales pues, aún cuando la sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes tales como el confort (por ejemplo una cama por habitación) la cortedad de las listas de espera y la atención personalizada al paciente, la pública es mucho mejor que la privada en España en la calidad del personal y la estructura técnico-científica. De ahí que cuando los enfermos tienen necesidades elevadas de alta tecnología se les desplace a la pública.
Lo que se necesita en España es una sanidad multiclasista universal y única que tenga los atributos de la privada y la calidad de la pública. Pero para conseguir tal objetivo se requiere un gasto público mucho mayor. La reducción del gasto público sanitario que está ocurriendo en España es un paso enormemente regresivo que deteriora toda la sanidad española. Así de claro.

LA CULPA NO ÉS DEL GOVERN... ÉS DELS ACTORS!

Dimarts passat, el Ministre d’Hisenda y Administracions Públiques Cristóbal Montoro va insinuar que alguns actors espanyols tributen els seus impostos a d’altres països minvant així la recaptació per IRPF.  

Montoro, com Wert, van sortir-ne malparats de la gal·la del lliurament dels premis Goya que atorga l’Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques. Durant la vetllada es va criticar molt l’increment de l’IVA que ha patit la cultura en general i les poques ajudes que es destinen al sector.

Mentre Wert afirmava no haver-se sentit molest, ja que en cap moment se’l va insultar, Montoro es va voler revenjar dels còmics i ho va fer d’una manera molt peculiar: denunciat que alguns d’ells no tributaven a l’estat espanyol, la qual cosa faria disminuir els ingressos i no permetria corregir el dèficit públic. Però no va donar noms.

Quan es diu una cosa així s’han de donar noms i cognoms, encara que pugui vulnerar la protecció de dades, que no crec. Quantes vegades s’ha demanant que l’estat publiqui la llista de defraudadors? Igualment es podria publicar una llista de famosos que estan domiciliat a d’altres països per que no es paguen tants impostos com Espanya.

Però, en tot cas, no només serien persones relacionades amb el món de la faràndula, també hi hauria esportistes famosos. Recordo el cas de l’Arantxa Sánchez Vicario que tenia el seu domicili a Andorra. De totes maneres sembla que no cal tenir el domicili a un altre país per a poder tributar segons quins ingressos. Quan la selecció espanyola de futbol va guanyar el mundial de Sud-àfrica, la prima que van cobrar els seus jugadors podien tributar-la allí als efectes de pagar menys impostos.

Montoro, un com més ha pixat fora de test, però a sobre és que ha fet una gran pixarada...  

També van portar polèmica les intervencions de Maribel Verdú i Candela Peña. La primera va dedicar el premi als desnonats i, des del PP li van retreure que només fa uns anys hagués fet publicitat d’hipoteques per a una entitat financera. Crec que una cosa no té res a veure amb l’altra i menys quan la situació de fa uns anys era molt diferent a la realitat actual.

Candela Peña va dir que son pare havia mort sense que l’hospital li posés mantes i li donés aigua. Ràpidament va ser desmentida per la direcció de l’hospital. No opinaré sobre les mantes perquè no ho sé, però els hospitals d’aquí, el Verge de la Cinta i el Comarcal d’Amposta, no donen aigua ni recordo que n’haguessin donat mai. I ho dic per experiència pròpia.

8è ASSAIG DELS XIQÜELOS I XIQÜELES DELS DELTA V

Les incoherències del sistema hipotecari espanyol

El drama dels desnonaments ens omple cada dia de vergonya, ja que dóna una imatge del nostre país totalment tercermundista; famílies amb gent gran que va avalar els fills sense pensar en el drama de no poder pagar una hipoteca, perdent tot pel qual havien treballat al llarg de la seva vida.

El Govern, intentant abaixar la prima de risc, no gosa necessàries per obligar els bancs d'una vegada per totes a la dació en pagament: l'entrega d'un immoble a canvi del deute, cosa que permetria recuperessin el poder adquisitiu i es comencés a moure economia.

La llum al final del túnel esperem trobar-la a Europa, amb la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors. Però, quines clàusules del contracte hipotecari són abusives? Es pot aplicar a totes o, com a mínim, a la majoria de les nostres hipoteques? La resposta és: sí.

En les hipoteques que hem signat durant anys sense llegir-ne les condicions, hem adquirit l'obligació de pagar mensualment una quota durant 30 o 40 anys, és a dir, unes 360 quotes. Una entitat bancària pot, per l'impagament d'una única quota, cobrar judicialment la totalitat del crèdit; és a dir que si, per exemple, una persona paga mensualment 1.000€ de quota d'hipoteca, en deixar de pagar-ne només una, se li pot iniciar un procés per impagament, i cobrar-li tot el crèdit hipotecari a més d'interessos i costes judicials del 30%.

D'altra banda, hem signat uns interessos corrents que són del 4,5% anual de mitjana i, malgrat això, els interessos moratoris, són mínim d'un 18% anual, fet que fa impossible que entre el cobrament total del deute i els interessos de més del triple de l'interès corrent, un deutor, pugui posar al dia el seu crèdit i continuar vivint amb la seva família a casa seva, que ha pagat durant anys. A més, durant els primers set anys del crèdit, s’abona una mínima part al capital, i gairebé tota la quota només paga interessos futurs, fet que pot ser una altra clàusula abusiva que caldria analitzar.


Què en podem dir dels avaladors? Durant anys, havíem tingut clar que un avalador era un garant per al compliment del pagament del préstec. Però si mirem les hipoteques anteriors al 2006, en la majoria d'aquests crèdits, els avaladors, només avalaven el 20% del crèdit, perquè l'immoble per si sol havia de cobrir el 80% del préstec, i a les hipoteques s'indicava l'import pel qual un aval havia de respondre
en cas d'impagament per part del deutor principal. Amb la crisi, les entitats sense control del Banc d'Espanya, van canviar la figura de l'avalador per la del 'fiador solidari', que era la figura que hi havia per als crèdits personals, en els quals un fiador pagava la totalitat d'un crèdit de consum quan el deutor principal no pagava, fet que ha produït que els avaladors hagin de respondre per la totalitat del préstec hipotecari, és a dir, responen durant els trenta anys o durant el temps que s'hagi firmat per al pagament total del crèdit.

Però, oi que el crèdit hipotecari és un crèdit real, on l'immoble és la garantia del crèdit, on si no arriba un embargament per impagament d'un altre préstec, es prioritza la hipoteca sobre els altres crèdits, impedint així l'embargament, fins que amb l'immoble es pagui el crèdit hipotecari?

Hem d'aconseguir que les entitats financeres iniciïn un procés judicial només per la suma impagada més els interessos corrents, fet que permetria al deutor principal i als avaladors buscar solucions reals. No pot ser que la seva única sortida sigui la pèrdua dels habitatges, a més de quedar amb un deute que els perseguirà durant anys, i que comportarà que tampoc puguem sanejar la nostra precària economia ni que es recuperi el consum al nostre país.

La veritat és que les entitats financeres han redactat unilateralment totes les clàusules dels contractes hipotecaris, sense tenir en compte la Llei de Condicions Generals de la Contractació a Espanya; no s'ha tractat el préstec hipotecari com un contracte d'adhesió, on la part predisponent, inclou les condicions generals d'un contracte, i l'adherent, s'hi adhereix o rebutja el contracte en bloc.

Si el contracte hipotecari hagués de sotmetre's a la Llei de Condicions Generals de la Contractació, les seves clàusules haurien de ser clares, concretes, senzilles i transparents i l’incompliment d'aquesta Llei ocasionaria la nul·litat de ple dret d'aquestes clàusules, fet que generaria la nul·litat total o parcial d'un crèdit hipotecari.

Les solucions que en aquests moments estan donant les entitats financeres, passen pel refinançament dels préstecs. Però les solucions que demanen els clients morosos -que porten mesos intentant l'entrega de l'habitatge en dació en pagament o la devolució de l'immoble a l'entitat a canvi d'un lloguer- no són acceptades per les entitats financeres que volen signar una altra hipoteca, augmentant el capital per posar-hi una quota que puguin pagar els deutors, cosa que en la majoria dels casos no és possible, ja que les seves hipoteques són a més de 30 anys i els clients tenen més de 40 anys; o sigui, que cal traslladar el crèdit a
la següent generació.

Per entendre-ho mirarem un cas real: una parella amb dos fills de 8 i 10 anys, que tenen un pis a l'Hospitalet de Llobregat, de 60m2, en un edifici construït fa 40 anys. Tenen una hipoteca de 200.000€; han pagat durant tres anys la seva quota de 800€ al mes, avalats pels pares d'un d'ells, ambdós de més de 80 anys i que viuen al seu pis, ja pagat. Quan aquesta parella perd els seus llocs de feina, deixa de pagar el crèdit hipotecari i immediatament sol·licita la dació en pagament del seu pis, però el banc els diu que primer han de pagar la taxació per saber el valor real de l'immoble i que cal enviar a la central de l'entitat la sol·licitud de la dació en pagament; triguen uns quants mesos en contestar. En aquell moment, la parella deu sis quotes de 800€, a més dels interessos; és a dir que, per posar al dia el crèdit, han de pagar al voltant de 6.000€.

Amb la taxació realitzada, l'entitat els indica que el valor del seu pis és actualment de 100.000€ i que, per tant, no accepta la dació en pagament, ja que tenen uns avaladors amb un pis sense hipoteca que responen d'aquest crèdit. En realitat, el banc no té cap interès en ajudar aquesta parella a regularitzar la seva situació, ja estan veient que es quedaran amb el pis dels avis i amb el de la parella, pels 200.000€ que deuen.

En aquesta parella, que anava cada dia al banc buscant una solució real, l'entitat els ofereix un refinançament: firmaran una nova hipoteca per valor de 215.000€, indicant que deuen 6.000€ de quotes impagades,
4.000€ d'honoraris i despeses de gestió i 5.000€ de despeses notarials per la signatura d'una nova hipoteca. És a dir que per ara tornaran tots els interessos de mora, el notari i el que cobra el banc per refinançar-los -el que ells anomenen "despeses de gestió"- indicant-los que hauran de signar novament els pares per mantenir intactes els avals. En conclusió, ara deuen 15.000€ més de capital, han pagat durant tres anys 800€ al mes que no han servit per amortitzar gens de capital, ni un sol cèntim, i el pitjor de tot és que deuen 215.000€ per un pis, que només costa 100.000€.

El Reial Decret-Llei 27/2012 de 15 de novembre de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris pot ajudar aquesta família en un moment donat, ja que estan tots dos a l'atur, però el que és inacceptable és que només es protegeixi les famílies que tinguin un menor de tres anys, és a dir, que per a l'exemple que hem posat, els menors, com que tenen 8 i 10 anys, no estan protegits.

El Govern, que ha acudit a Europa per rebre l'ajuda a la banca, ha rebut l'11 de desembre de 2012, 39.468 milions d’euros per sanejar els bancs; però aquests diners no són per salvar els deutors de les hipoteques, rebent els immobles en dació en pagament i portant-los al banc dolent, ni perquè els tornin els diners als
accionistes de les preferents. De fet, encara no ens han dit si aquests diners són per a prejubilar les directives de les entitats o per a acomiadar els treballadors de més de 150 oficines que han de tancar.

El banc dolent només rebrà els immobles de les hipoteques impagades que han passat a mans de les entitats a través de les subhastes celebrades en els diferents processos hipotecaris, en què els bancs es van quedar amb els immobles, en la majoria dels casos, pel 60% del seu valor i, tot i així, no donen cap solució real als deutors.

Hem hagut d'anar a Europa per tal que es vegi el crèdit hipotecari com el que és: un contracte amb consumidors, on una part dicta les condicions i l'altra només signa, sense poder canviar ni una coma de les clàusules que hem de complir durant un mínim de vint anys.

Clar que amb el desprestigi que ara tenen les entitats financeres i els nostres governants, gràcies a la poca o cap solució als problemes relacionats amb les hipoteques o les accions preferents, els abans estalviadors estem buscant solucions a través d'associacions, com la del 15M o la dels INDIGNATS, fins que formem un estat on realment tinguem el dret a un habitatge digne per a la majoria i no un negoci milionari per a uns pocs.

Victoria Suárez Lemus, advocada.