Texto: Juan Luis Gallego.
En octubre de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 1,8 millones de euros en la campaña “Respetemos y apoyemos a nuestros profesores” para frenar, dijo entonces la consejera de Educación, Lucía Figar, la “creciente indisciplina” en las aulas, que obliga a los docentes a “emplear entre el 30 y el 50% de su tiempo de clase en poner orden, en mandar callar”. Un año después, el curso comenzó en esa Comunidad con unos 3.000 profesores interinos menos en el sector público; con los titulares obligados a impartir dos horas lectivas más a la semana (de 18 a 20) y con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, encabezando un maquiavélico ataque contra el colectivo por su rechazo a los recortes: “20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños”, llegó a decir con tanta demagogia que se vio obligada a rectificar.
Convertida una vez más en avanzadilla de las políticas neoliberales del PP, Madrid comenzaba a dibujar entonces el futuro de la enseñanza pública en España. El curso 2012-2013 ha transcurrido en todo el país con unos 50.000 profesores menos (los ‘sobrantes’ tras obligar a los docentes a aumentar sus horas de clase detrayéndolas de otras tareas); con aulas abarrotadas (tras subir el máximo a hasta 36 alumnos en la secundaria); sin ayudas a la escolarización de 0 a 3 años (tras la eliminación de los 100 millones de euros que, desde 2008, el Plan Educa 3 invertía anualmente en la creación de plazas); y con bajas de profesores sin cubrir (hasta que cumplan dos semanas).
Además, el precio de las matrículas universitarias se ha disparado (un 16% de media en las distintas Comunidades, con picos de hasta el 50%); las condiciones para acceder a becas se han endurecido (a base de aumentar la nota media o el porcentaje de asignaturas aprobadas en el año anterior) y el material escolar es de repente un 17% más caro (tras la subida del IVA del 4 al 21% en todos los productos, salvo en libros de texto, mapas, partituras y álbumes).
En ese contexto, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el mismo que a pesar de la supuesta soberbia y altivez que sus interlocutores le reprochan se ha avenido a gestionar una rebaja del 21,2% en su presupuesto –unos 900 millones- frente al 16,9 de media de los otros departamentos e incluso a ofrecer luego un recorte adicional de otros 3.000 millones, impone una reforma de la Ley Educativa que plaga de reválidas ya desde el inicio el camino de los escolares; relega y desprecia la enseñanza de las Artes y las Humanidades y adelanta hasta los 14 años el momento de segregar a los alumnos entre los que valen y los que no valen, entre los que pueden seguir estudiando y los que deben ponerse a aprender cuanto antes un oficio.
LA IGUALDAD, EN PELIGRO
Esta es la situación, los datos objetivos que dibujan la realidad. El Gobierno afirma, por un lado, que los recortes no irán en detrimento de la calidad de la enseñanza pública; y, por otro, que la ley educativa es la herramienta adecuada para reducir el abandono escolar, dar una salida al 26% de alumnos que no acaba la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, “mejorar su empleabilidad”, es decir, prepararlos para el mercado de trabajo. La comunidad educativa, sin embargo, vive convulsionada, volcada mayoritariamente, sobre todo en el sector público, en una campaña de movilizaciones y protestas que desembocó, el pasado 22 de mayo, en la primera huelga general convocada en todas las etapas del sistema educativo y que, según todos los augurios, continuará este curso.
Los argumentos para tanto enfado, muchos, pero, en un ejercicio de síntesis de los testimonios recabados por Números Rojos, agrupables en dos: 1. Que el abandono de la enseñanza pública no solo se está llevando por delante los derechos laborales de sus trabajadores -recortes de sueldo a los funcionarios incluidos-, sino que amenaza con convertirla en el refugio de quien no se puede pagar algo mejor. 2. Que la ley educativa en proyecto recupera lo peor del pasado, en la medida en que segrega prematuramente a buenos y malos estudiantes renunciando a incidir en las causas socioeconómicas de los más desfavorecidos para condenarles a convertirse, cuanto antes, en mano de obra barata al servicio de los que, ya desde la cuna, tuvieron mejor suerte.
En definitiva, que está a punto de caer uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el que garantiza, o garantizaba, que el origen socioeconómico de cada niño y de cada niña no será un impedimento para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones.
“La reforma aniquila el concepto mismo de educación, supone la voladura de un modelo basado en la justicia social, para poner la enseñanza al servicio de los mercados”, dice a Números Rojos Guadalupe Jover, profesora de Secundaria y socia de yoestudieenlapublica.org. “Es tan neoliberal que se erizan los cabellos -añade Caridad García, diputada y portavoz de Educación de Izquierda Unida-. La reforma pretende garantizar la existencia de una clase dirigente que pueda disponer de mano de obra en condiciones cada vez más duras e incluso cercanas a la esclavitud. Es la pata que faltaba en la reorganización del sistema capitalista que, desde los años 80, pretende acabar con el Estado del Bienestar”. “Son dos caras de la misma moneda -resume Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes-. Tras las agresiones a la enseñanza pública en forma de recortes, llega una contrarreforma educativa segregadora y clasista que busca expulsar cuanto antes del sistema educativo a los hijos de las clases más humildes”.
Efectivamente, el proyecto de Ley de Calidad Educativa, ya en su primer borrador, presentaba la mejora del nivel educativo de los ciudadanos como una “apuesta por el crecimiento económico y la competitividad” e incluía la “mejora de la empleabilidad” del alumnado y su incorporación al “mercado de trabajo” como uno de los principales objetivos de la reforma. “Ni una sola vez -escribió la profesora Guadalupe Jover (El País, 27 de julio) – se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: ‘democracia’, ‘ciudadanía’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘pensamiento crítico’. ‘Cultura”. Y añade a Números Rojos: “En vez de poner el acento en el niño o la niña, con el tipo de sociedad que se quiere construir en el horizonte, se pone en el centro de todo el proyecto a los mercados. Se dibuja una educación al servicio de intereses privados, que trata de segregar lo más tempranamente posible para que cada uno ocupe la jerarquía personal que le corresponde por cuna”.
Para Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León, gobernada por el PP, comunidad que ha encabezado en alguna ocasión rankings internacionales por su eficacia para sacar provecho a los recursos invertidos en educación, hablar de enseñanza de ricos y pobres “es un análisis reduccionista”. A su juicio, la “endogamia de clase”, que condena a los hijos a ocupar la posición socioeconómica de sus padres, “hace tiempo que ha pasado a mejor vida”, así como “la correlación clase social-nivel académico”. “Ahora mismo -añade-, tu límite académico está en tu inteligencia y en tu capacidad de esfuerzo, salvo los casos de quienes no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a mantener a la familia, que no creo que sean representativos, porque si no no tendríamos el nivel de estudiantes universitarios que tenemos, por encima de la UE”.
Pero, como escribe el profesor de Sociología José Saturnino García, “los datos son tozudos y no se creen que la clase no sea importante” en el fracaso escolar. Y demuestran, según los expuestos en su artículo Fracaso escolar, clase social y política educativa, referidos a 2007, que solo el 5,8% de los hijos de clase alta no completa la enseñanza obligatoria, mientras ese porcentaje alcanzaba el 17,9 en las clases intermedias, el 24,4 en la obrera, y el 31,4 entre agricultores y jornaleros. Un cuarto de siglo antes, según el mismo informe, eran cuantitativamente muchos más en todos los estamentos, pero las diferencias entre unos y otros eran igualmente abismales. El mismo profesor sostiene en ‘Crisis de la educación’ (2008), que el fracaso escolar entre los hijos de universitarios es del 2%, mientras que entre los hijos de quienes no tienen estudios el del 40%.
El propio informe PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el controvertido examen que cada tres años realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sostiene que el 50% del rendimiento educativo de los jóvenes se explica por la posición social de las familias.
EL DINERO DE LA PRIVADA
Con cada vez menos dinero para la enseñanza pública, las cifras de la privada, sin embargo, parecen gozar de mejor salud. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado julio los resultados de una encuesta según la cual la enseñanza privada en España, contando la que se imparte en centros concertados -cuyas nóminas y costes de funcionamiento corresponden al Estado-, tuvo en el curso 2009-2010 unos beneficios de 674 millones de euros, un 13% más que cinco años antes. Así dicho, un negocio suculento y próspero como cualquier otro. Pero con una diferencia: recibió de las administraciones públicas miles de millones de euros de ayuda. En concreto, de los 10.038 millones que ingresó (en bruto) la enseñanza no universitaria privada o concertada, un 58,8 fue dinero público, es decir, 5.900; y de los 1.371 millones (también en bruto) que ingresó la enseñanza universitaria, casi 80 fueron en subvenciones. Obviamente, la enseñanza concertada, que acoge al 80% del alumnado de los centros privados, absorbió la mayor parte de las subvenciones, pero aun así los colegios no universitarios cien por cien privados tuvieron suficiente ayuda pública, más de 450 millones, como para pagar el 10% de su funcionamiento. A eso hay que añadir iniciativas imposibles de cuantificar como la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos a colegios concertados o privados o decisiones, como la del Gobierno de Esperanza de Aguirre, de permitir que los gastos de escolaridad desgraven en familias con ingresos de hasta 30.000 euros por persona, incluyendo los descendientes: es decir, un matrimonio con 60.000 euros de sueldo cada uno y dos hijos que estudien en colegios no públicos puede desgravar hasta 900 euros por cada uno de ellos, dinero que dejan de ingresar las arcas públicas.
Recortes, abandono de lo público en beneficio de la iniciativa privada, medidas educativas segregadoras, el mercado como referencia… Todas las decisiones en materia de educación adoptadas por los gobiernos del PP -el central y los autonómicos- caminan en una misma dirección. No parece casualidad. “Es pura ideología -dice Caridad García (IU)-. La derecha tiene muy claro que el sector público tiene que tender a desaparecer, para que tome las riendas la iniciativa privada”. “El PP cree en una educación elitista, que no ejerce una labor de progreso social y que carece de una visión integral e integradora”, añade Mar Villafranca, responsable de Educación y Cultura del PSOE.
Al fin y al cabo, si de ideologías hablamos, no hay que olvidar que el Gobierno que promueve esta reforma es el mismo que, nada más llegar al poder, cambió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación Cívica y Constitucional porque consideraba “adoctrinar” hablar a los estudiantes de una realidad legalmente reconocida como el matrimonio entre homosexuales. O el que ahora se muestra dispuesto a cambiar la ley para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza subvencionar con dinero público a los colegios que dividen al alumnado por sexos (unos 70 en España, la mayoría vinculados al Opus Dei).
¿DISTRAE LA MÚSICA?
Pero el cariz ideológico de las reformas trasciende lo que parecen gestos para contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Afecta de lleno al temario al que día a día se tendrán que enfrentar los estudiantes y entronca con una concepción tradicionalista de la educación al considerar “materias prioritarias” las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias y proponer un “aumento de la carga lectiva” en estos casos para todas las fases de la educación obligatoria. Las otras, dijo el ministro Wert, son asignaturas que “distraen”; estas, viene a decir el anteproyecto, son las “instrumentales”, es decir, las que valen para ganarse la vida.
Fernando Sánchez Pascuala, de la Junta de Castilla y León, ofrece una explicación al respecto. “Es verdad que antes no se había puesto sobre la mesa esa vinculación entre educación y economía, pero es una realidad que ahora existe una preocupación sobre qué va a pasar después, dónde vas a trabajar cuando acabes los estudios. Y materias como las Matemáticas, la Lengua, la Física… son las que te permitirán seguir estudiando para obtener una determinada cualificación profesional”.
Contesta la profesora Guadalupe Jover (de yoestudieenlapublica.org), quien está convencida de que la propuesta del Gobierno “se carga las Artes”. “La educación debiera dar respuesta a la diversidad del alumnado, con proyectos más abiertos y que fomenten la creatividad para que quien tenga dificultades en algunas materias aproveche su talento en otras. La idea es que no hay techo para quien quiera seguir desarrollándose, sea por un camino o por otro”. Y Caridad García (IU) añade: “Las Humanidades quedan completamente relegadas, pese al peso que tienen en la formación del individuo. Potenciar las técnicas no debe ir en su detrimento, a no ser que, más que personas, pretendas formar mano de obra al servicio del mercado”.
Pero resulta que esas asignaturas “prioritarias” son sobre las que PISA centra su evaluación y, al parecer, para el Gobierno, lo que dice este organismo es sagrado. De hecho, su anteproyecto, al tratar de identificar las “debilidades” del sistema, cita en primer lugar los malos resultados, habitualmente por debajo de la media, que España obtiene en estos exámenes en Lecturas, Matemáticas y Ciencias e incluye entre los objetivos prioritarios mejorar el rendimiento de los alumnos en la “comparativa internacional”.
“PISA -afirma Mar Villafranca (PSOE)- tiene cosas buenas, pero está tan orientado a las estadísticas que pierde muchos matices. Además, cuando comparas datos sin tener en cuenta trayectorias te olvidas, por ejemplo, de que España ha hecho más progresos que todos los países de su entorno”. La profesora Guadalupe Jover coincide en que PISA es un sistema “incompleto”, puesto que convierte la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias en la única herramienta para valorar el sistema educativo, a base de rankings que no tienen en cuenta, por ejemplo, conceptos como la “equidad”, en los que España está a la cabeza. La profesora propone que los estándares de calidad sean diseñados por la UNESCO, “no por la OCDE, que sirve a intereses concretos que, probablemente, no son los de los individuos”.
El malestar contra la política educativa del Gobierno crece, pero viene de lejos. En Madrid cristalizó en el nacimiento del movimiento Marea verde, identificable por las camisetas de ese color que los profesores comenzaron a exhibir en sus protestas. “Fue la reacción a más de tres años de agresiones contra la enseñanza pública y nuestras condiciones de trabajo”, cuenta a Números Rojos, en nombre del movimiento, Claudia Sandra Villa, quien cree que la ley educativa que propone el Gobierno “pretende convertir a los estudiantes en clientes, de forma que tengan educación quienes puedan pagarla”. En los pocos meses transcurridos desde su nacimiento, la marea verde ha comenzado a extenderse por toda España, después de que algunas comunidades decidieran adoptar el color para sus protestas, y el movimiento se plantea ahora articular su organización a nivel estatal.
No es solo una batalla política la que se dirime. De cómo acabe dependerá la formación de, probablemente, varias generaciones. Quizás, también, la sociedad del futuro. ¿Cómo queremos que sea? “Yo tengo cuatro hijos –dice Caridad García, de IU-, diferentes entre sí. Unos mejores estudiantes que otros, unos con un talento para unas cosas y otros para otras, pero todos son buenas personas. Eso es lo que me importa”.
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