dijous, 19 de setembre del 2013

D’ESTRATÈGIES COMERCIALS


Durant aquests darrers dies està sent tema de conversa la campanya que fa la cadena de supermercats Caprabo comparant el preu dels seus productes amb la cadena rival Mercadona, líder a Espanya en distribució d’alimentació. L’objectiu és demostrar que Caprabo no és tan cara com es pensa la majoria de la gent i, fins i tot, torna els diners si es demostra que als supermercats de Juan Roig el mateix producte es ven més barat.
On està el parany? Perquè teniu clar que algun truco hi ha d’haver, no?  En que la gama de productes que ven Caprabo és molt diferent a la que ven Mercadona. Que hi ha coincidència en alguns productes, per suposat que sí, però mentre la primera ven més productes de marca, la segona en ven molts de la seves marques blanques: Hacendado, Bosque Verde i Delyplus (no sé si me’n deixo alguna)  
De moment, Caprabo ja ha aconseguit un dels seus objectius: que se’n parli. Avui mateix he llegit la notícia al Periódico y també al portal de Yahoo. En un primer moment això portarà més clients als seus supermercats i, a part de vendre els productes més habituals, segur que els animarà a comparar-ne d’altres de més qualitat, però també més cars.
Una altra estratègia comercial basada també en la comparació de productes, la ca protagonitzar fa uns anys la marca de sucs Don Simón que, en un anunci de televisió, els comparava amb els de la marca Minute Maid. Mentre no es desqualifiqui el producte de la competència,  aquesta tàctica és legal.

Derrotar a la derecha

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Para desplazar a la derecha del poder institucional es condición necesaria (aunque no suficiente) la reorientación y renovación del PSOE, cuestión todavía no resuelta. Ésta depende del refuerzo de un campo sociopolítico progresista. El aspecto principal que pueda impulsar el proceso renovador es externo al propio partido socialista, aunque tenga reflejo en parte de sus bases y dirigentes. La desafección electoral, la amplia movilización social y el incremento electoral a su izquierda ya suponen un condicionamiento positivo hacia su renovación. Pero parece que no son suficientes o no hay bastante sensibilidad interna para garantizar un cambio significativo. La cuestión es si se afianzan esas dinámicas, incrementando los riesgos y costes sociales de su continuismo, aunque confían en neutralizarlas o que no se produzcan: la conformación de nuevas dinámicas sociopolíticas o nuevos sujetos transformadores progresistas que desgasten el proyecto de derechas y promuevan también el cambio político e institucional y las perspectivas de ampliación de un bloque social y electoral a su izquierda. La cuestión es que si no se mantiene una fuerte contestación social que incida en la contienda política, el riesgo para el propio partido socialista es que tampoco se desgaste la derecha y sea insuficiente su controlada y discontinua oposición parlamentaria.
Esos dos componentes, deslegitimación de la derecha, con la derrota de la austeridad, y ampliación del apoyo social y electoral a las izquierdas, deben ser lo suficientemente consistentes y generar una presión sustancial para que la dirección socialista imprima un giro a su estrategia y a las inercias o intereses corporativos de su aparato. El riesgo de no estimularlo o frenarlo supondría profundizar la tendencia de su declive representativo, su desorientación programática y su alejamiento de la confianza popular. Y de lo que para muchos es más operativo y fundamental: su pérdida o irrelevancia respecto del poder institucional durante un largo periodo.
Estas consecuencias probables deberían ser tenidas en cuenta y afectar a su actuación, sin confiar en su simple capacidad comunicativa que, sin cambiar de políticas y liderazgos, ya ha demostrado su impotencia para ganar credibilidad. Pero también constituirían un alejamiento de las posibilidades de cambio institucional global aunque, al mismo tiempo, se produzcan ascensos electorales de las izquierdas plurales. Incluso podría darse la paradoja de generarse, por un lado, un avance del poder institucional de las izquierdas en el ámbito local y autonómico junto, por otro lado, la permanencia de las derechas y la frustración de las izquierdas, ante la prioridad socialista, en el ámbito estatal, por las alianzas de centro o el consenso con las derechas que, a su vez, mermara sus apoyos electorales.
Ante la tarea socialista de superar la amplia desafección ciudadana se le plantea un dilema. O continuismo político y organizativo con la referencia del consenso europeo dominante y con la derecha, con su apuesta  de una austeridad ‘flexible’ o complementada, en la falsa creencia de poder recuperar una parte de electorado centrista. O bien, una oposición clara y firme que, más allá de la retórica, fortalezca las energías sociales para acabar con la austeridad y la corrupción, democratizar el sistema político y colaborar con el conjunto de fuerzas progresistas y de izquierda en una alternativa de gestión progresista. Y, en ese sentido, se conforme un horizonte de cambio institucional, hasta desalojar a las derechas. Primero, con ocasión de las elecciones locales en grandes municipios y Comunidades Autónomas (especialmente en lugares donde casi se ha asentado un ‘régimen’ político implacable como Madrid y la Comunidad valenciana, o que presenta rasgos particulares muy significativos como el cambio progresista en Navarra). En ese ámbito es más fácil, ya hay experiencias de gobiernos unitarios de izquierdas, y podría constituir un aprendizaje y una transición para el cambio gubernamental estatal, sujeto a más dificultades. Segundo, en las elecciones generales, echando al PP del Gobierno y asegurando una alternativa política de izquierdas. Las inminentes elecciones europeas, aparte de su dimensión específica para debilitar en la UE las opciones conservadoras, son una ocasión para fortalecer esa perspectiva de cambio.
La primera opción de la dirección socialista parte de su diagnóstico erróneo de que el distanciamiento de gran parte de la sociedad ha sido tanto por su derecha cuanto por su izquierda. No considera que el descontento mayoritario se generó por su gestión antisocial y poco respetuosa con sus compromisos sociales y democráticos. La desafección no se produjo por la derecha y por la izquierda, a partes iguales, respecto de su hipotético ideario de centro izquierda. El posicionamiento mayoritario de las personas desafectas, aún las auto-posicionadas ideológicamente como centristas, estaba a la izquierda de su gestión económica, criticada como ‘antisocial’ o ‘ineficiente’, y reflejaban mayor exigencia democrática ante su poco respecto a sus compromisos sociales o el contrato público con su base electoral. Es decir, aunque una parte de las personas desafectas se consideren ideológicamente de centro, su actitud crítica se sitúa a la izquierda de la gestión gubernamental anterior (y la actual del PP) y no terminan de fiarse de la retórica socialista de renovación o de nuevas ofertas o guiños sociales poco creíbles, tal como detallo en un libro de próxima aparición (Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica, ed. Sequitur).
La opción continuista de los líderes socialistas, aun con leves modificaciones, está dependiente, sobre todo, de sus relaciones con los poderes económicos e institucionales, estatales y europeos; es la dominante en la socialdemocracia europea, particularmente la alemana. Sin embargo, su dificultad adicional es que no resuelve la tarea del ensanchamiento de sus bases sociales, con una mayor unidad y activación del campo progresista en torno a un nuevo proyecto social, democrático y europeo. Por tanto, no garantiza el ascenso de la confianza ciudadana y, particularmente, el cambio político-institucional con la fuerza social suficiente para implementar un programa de progreso que ilusione a la mayoría de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes. La estrategia no es funcional con los objetivos explícitos de la recuperación electoral e institucional.
La segunda opción, tímidamente señalada por los socialistas franceses, y apenas apuntada en las actuales deliberaciones preparatorias de su conferencia programática, tiene sus riesgos pero, sobre todo, ofrecería nuevas oportunidades. La principal objeción oficial por la que se desecha, es que solo podría conseguir apoyos minoritarios (ofreciendo el electorado centrista a manos de las derechas). Es un diagnóstico interesado e irreal, cuando está demostrado por múltiples encuestas de opinión, que la mayoría de la sociedad, en muchos casos en torno a dos tercios, se opone a los recortes sociolaborales, defiende el empleo decente, los derechos sociales y los servicios públicos,  exige más democracia y acción contra la corrupción, y está de acuerdo con las protestas sociales progresistas. Desde luego, supondría un giro programático y de actuación política y organizativa hacia la izquierda respecto de su gestión anterior y profundizar su talante democrático. Pero eso sería coherente con sus referencias de ‘centroizquierda’ y no le alejaría de la mayoría de gente progresista, sino que reforzaría sus vínculos con la mayoría de la sociedad. Dicho de otro modo, para aplicar una estrategia de ‘centro-izquierda’, más social y democrática, capaz de representar las opiniones progresistas de centro e integrar compromisos sociales con electorados de izquierda, la dirección socialista debe girar a la izquierda de su gestión gubernamental anterior, particularmente su política socioeconómica y laboral, percibida por amplios sectores como de ‘derechas’, y apostar por una regeneración democrática. Esa apuesta, siempre que sea seria y consiga suficiente credibilidad, es la más sólida para reencontrarse con su propia base social y electoral, ampliar sus apoyos y converger con otras fuerzas progresistas.
En conclusión, no está clara la resolución de los dilemas de la dirección socialista en un sentido que asegure un cambio institucional progresista e, incluso, que su nueva orientación les permita una renovación y ampliación de sus bases sociales y electorales. Sería una circunstancia perjudicial no solo para el propio partido socialista, sino para el conjunto de las fuerzas progresistas y las expectativas de cambio institucional a medio plazo. Implica la necesidad de un debate colectivo ante la expectativa de poder echar a la derecha y abrir un periodo progresista.

dimecres, 18 de setembre del 2013

ACCIDENTS FERROVIARIS




1.- El més greu i dolorós dels accidents ferroviaris dels que han passat a Espanya en els darrers anys, va ser el que es va produir el 24 de juliol prop de Santiago de Compostel·la, quan un tren Alvia va descarrilar en arribar a un revolt  molt pronunciat a poca distància de l’estació. El descarrilament va ser degut a que el comboi circulava a una velocitat inadequada, molt més alta que la que estava permesa en aquell punt. El resultat (provisional) és de 79 morts i més de 100 ferits. En un primer moment només es va imputar el maquinista però, finalment, el fiscal, va decidir imputar també als responsables de Adif i RENFE al considerar que la via no disposava de les suficients mesures de seguretat passiva. Fa pocs dies és va exonerar de tota responsabilitat a la RENFE.

2.- Un estudi intern de Ferrocarrils de la Generalitat (de Catalunya) ha determinat conclòs que no es poden determinar els motius pels quals descarrilen els seus trens. Afortunadament, el descarrilament d’aquests combois no ha ocasionat la pèrdua de vides humanes. Després de llegir la notícia em vaig quedar una mica perplex, ja que, normalment, els estudis sempre es tanquen amb algun resultat, agradi o no a qui els encarrega. Però fer-ne un d’intern que no porti en lloc, em sona a voler tancar l’expedient sense tenir cap interès per trobar culpables.

3.- Segons filtracions més o menys interessades, sembla ser que Mariano Rajoy, president de l’executiu espanyol y Artur Mas, president del govern català, s’han reunit recentment en més o menys secret per a mirar de trobar una solució pactada de cara a la pretensió de fer una consulta sobre el dret a decidit del poble de Catalunya, evitant així un xoc de trens (l’expressió literal que vaig escoltar per la ràdio)
Sense cap mena de dubte aquest seria el pitjor dels tres accidents ferroviaris que acabo d’explicar. És força evident que Catalunya va llançada cap a una consulta d’autodeterminació que després de la Via Catalana de l’11 de setembre encara ha agafat més força i que, depenent del resultat, podria comportar a curt termini un referèndum secessionista o unes eleccions plebiscitàries. Aquesta opció es mira amb recel, tant des d’Espanya com d’alguns sectors polítics, econòmics i socials de Catalunya. En totes dues parts hi ha postures molt radicalitzades que no acceptarien cap solució, al menys que fos la proposada per elles mateixes, la qual cosa, d’entrada, complicaria molt trobar un consens. Només cal veure la reacció dels membres del govern que, tot i l’èxit assolit en la convocatòria de la cadena humana que va unir Alcanar amb el Pertús, fan com si el tema no anés amb ells. Potser quan voldran reaccionar ja serà massa tard. 
La posició dels ultranacionalistes espanyols contrasta amb la dels catalans de la ceba, com per exemple la del Conseller de Cultura Ferran Mascarell que va qualificar la pertinença de Catalunya a l’Estat espanyol com anomalia històrica.      

No en aquesta legislatura

Javier Pérez Royo -catedràtic de dret constitucional-

Avui, al Periódico de Catalunya.

La integració de Catalunya a l'Estat no ha estat mai fàcil. No ho va ser en la Monarquia dels Àustries o en la dels Borbons, i tampoc ho ha estat en l'Espanya constitucional, liberal o democràtica. Catalunya ha estat un problema permanentment constituent en la nostra història. El procés constituent del 1978 ha estat l'ocasió en què hem estat més pròxims a tenir una solució. El bloc de la constitucionalitat, integrat per la Constitució i l'Estatut d'autonomia, ha operat durant més de 30 anys amb el suport d'una majoria molt àmplia tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Durant aquests 30 anys llargs va semblar que el problema estava resolt. Amb tensions i necessitats d'ajustos, però resolt.
Des de la sentència 37/2010, mitjançant la qual el Tribunal Constitucional va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Partit Popular contra la reforma de l'Estatut d'autonomia, els ciutadans de Catalunya, a través de l'exercici del dret de manifestació o del dret de sufragi, han posat de manifest que ja no consideren com a propi el bloc de la constitucionalitat dels últims tres decennis. La manifestació de la setmana posterior a la sentència del TC i les de les diades celebrades des d'aleshores així com els resultats de les diverses eleccions i de tots els estudis d'opinió, permeten afirmar sense cap dubte que la fórmula constitucional estatutària està mancada de legitimitat a Catalunya. Segueix sent la legalitat vigent, però a Catalunya no compta amb la legitimitat democràtica que únicament pot proporcionar l'aprovació ciutadana. I cada dia que passa més, com acabem de veure amb la fórmula assajada aquest any per a la celebració de la Diada.
Al que estem assistint, doncs, en les relacions entre Catalunya i Espanya és a la tensió clàssica entre legalitat i legitimitat; és a dir, a la tensió que està present en tot procés constituent. El Govern d'Espanya s'atrinxera en la legalitat, en la Constitució. El Govern de Catalunya ho fa en la legitimitat que acrediten les manifestacions, els últims processos electorals i tots els estudis d'opinió.
L'intercanvi de missives entre Mariano Rajoy i Artur Mas ho ha posat de manifest amb tota claredat. Mentre que el president de la Generalitat demana entaular converses, amb la finalitat que es pugui convocar un referèndum a través del qual es confirmaria la presència o no del nou principi de legitimitat, el president del Govern respon que la convocatòria de tal referèndum no és possible perquè la Constitució no ho permet. Mentre el debat es mantingui en aquests termes no hi ha resposta possible. El diàleg entre les dues parts no pot ser un diàleg, sinó la successió de dos monòlegs paral·lels que no es poden trobar mai.
Em temo que en el futur immediat no podrem sortir d'aquest laberint. I per futur immediat entenc el que queda de legislatura. Ni el president de la Generalitat pot renunciar a la convocatòria del referèndum el 2014, ni el president del Govern pot acceptar-ne la convocatòria. Perquè cap d'ells té autoritat per poder fer-ho. Menys Mariano Rajoy que Artur Mas, ja que aquest últim potser podria intentar substituir el referèndum per unes eleccions plebiscitàries, però Mariano Rajoy no disposa ni tan sols d'aquesta carta. Seria el seu propi partit el que es rebel·laria en el cas que el president del Govern es disposés a transitar aquesta via. La majoria parlamentària de què disposa li permet apujar els impostos malgrat que va dir que no ho faria, fer una reforma laboral amb mesures que va dir que no adoptaria mai, abaixar les pensions que va prometre que mai abaixaria i moltes coses més. La majoria parlamentària popular pot estar més o menys descontenta, però no es trenca.
Amb una negociació amb el Govern català per pactar la convocatòria d'un referèndum, la majoria parlamentària es fragmentaria amb seguretat o, el que a aquests efectes és el mateix, posaria en marxa un procés per defenestrar el president i substituir-lo per un altre. En el que queda de legislatura Mariano Rajoy no compta amb cap marge de maniobra per poder fer front al problema que l'exigència de convocatòria del referèndum li planteja. No és que no ho vulgui, evidentment no vol. És que no pot. Mariano Rajoy no té autoritat a l'interior del PP per enfrontar-se amb un problema d'aquesta naturalesa.
En algun moment s'haurà d'obrir una negociació entre el Govern d'Espanya i el de la Generalitat per pactar els termes de la convocatòria del referèndum, perquè tampoc sembla possible que cap candidat a president de la Generalitat pugui acceptar la no convocatòria. Però això no passarà en aquesta legislatura.