SIAT, UGT-FSP, Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
En la Agencia Estatal de la Administración Tributaría (AEAT)
desempeñan sus funciones 27.000 empleados públicos, trabajando para que
en este país los impuestos se recauden conforme a la ley.
Con una economía sumergida que diversas fuentes sitúan en torno al 20
% del PIB, un fraude fiscal que incluso la supera, y un nivel creciente
de morosidad empresarial frente a la Hacienda Pública, que también
alcanza cifras espeluznantes, los trabajadores de la Agencia Tributaria
somos conscientes de que nuestra labor de aplicación del sistema
tributario, ya sea a través de las funciones de gestión, inspección o
recaudación, es esencial para el sostenimiento de nuestro Estado del
Bienestar.
Ese Estado del Bienestar se encuentra en grave riesgo tras los
recortes de gasto público acaecidos en los últimos tiempos. Recortes a
los que se ha recurrido, junto a subidas impositivas de diversa índole,
sin acometer otro tipo de reformas de mayor calado, entre las que se
encontrarían la de nuestro sistema fiscal y la de los procedimientos
administrativos y tributarios que permiten la lucha contra el fraude
fiscal. Y, lo que es más grave, que siendo conscientes del problema, no
se haya reaccionado con urgencia para incrementar los ingresos públicos
mediante la inmediata puesta en marcha de medidas de lucha decidida y
eficiente contra esa lacra. Más al contrario, se han reducido las
ofertas de empleo público en un escenario, a medio plazo, de numerosas
jubilaciones en la
Administración Tributaria, y no se ha implementado el tantas veces solicitado plan especial de lucha contra el fraude.
Pues bien, pese a esa falta de respuesta, esos trabajadores públicos,
que han superado duros procesos selectivos mediante el sistema de
oposición, demuestran cada día su valía, ya sea en las actuaciones
tributarias cotidianas, ya en el trato con el contribuyente, o ya en las
más visibles actuaciones de comprobación e investigación, destapando
casos de tramas de fraude y corrupción a veces muy sonados. Y, sin
embargo, se nos sigue crucificando, con declaraciones como las del
Presidente de la CEOE que ve Inspectores de Hacienda hasta en el
desayuno. Quizás el problema sea que no los vea con más frecuencia.
Lejos de desanimarnos, declaraciones como las aludidas nos llevan a
pensar que hacemos bien nuestro trabajo, y que por eso molestamos a
aquellos que defraudan a la Hacienda Pública y, por tanto, a toda la
sociedad española.
Ello refuerza la convicción existente sobre la necesidad de dotar de más medios a la AEAT.
Y es que vivimos tiempos revueltos, en los que, quienes se llevan su
dinero fuera de nuestras fronteras, quienes constituyen sedes en países
de reducida o nula tributación para no pagar por sus beneficios, quienes
defraudan impuestos en general, quienes adeudan cuantías relevantes a
la Hacienda Pública y, en fin, quienes se han beneficiado de la
eufemísticamente llamada Declaración Especial -en realidad, una Amnistía
Fiscal-, son precisamente los mismos que reclaman a nuestros
gobernantes la reducción de la Administración Pública. Y todo ello,
siendo España el país de nuestro entorno con menos empleados públicos
por habitante destinados a la lucha contra el fraude.
Que quienes adeudan y defraudan a la Hacienda Pública realicen
declaraciones como esas, lleva a mucha gente a plantearse si los
Inspectores, la Agencia Tributaria y los funcionarios en general,
suponemos un estorbo para sus prácticas. Como también tendrá otras
finalidades el enconado ataque hacia la Administración, pues conseguir
la privatización de servicios públicos supondría un pingüe beneficio, a
costa, evidentemente, de los ciudadanos que pagarán dichos servicios.
Porque no se diferencia la verdadera Administración de aquella otra
parte del Sector
Público creada artificiosamente con la finalidad de eludir las normas
administrativas, ni se señalan las duplicidades a eliminar entre
Estado, Autonomías o Entidades Locales y, por supuesto, no se mencionan
todos aquellos servicios esenciales en los que es pública y notoria la
falta de personal y medios. No, lo importante es aprovecharse de la
situación en beneficio propio.
Manifiesto por la profesionalidad de los trabajadores de la Agencia Tributaria
No cabe duda que, en ese contexto, la lucha contra el fraude y los
éxitos que en ese campo se alcanzan con el trabajo de los empleados
públicos de la AEAT, ponen en peligro los argumentos para la
implantación de las políticas de austeridad que tanto beneficio están
dando a la oligarquía económica de este país. Cuanto mayores sean los
ingresos del Estado, cuanto más reducida sea la bolsa de fraude (y en
este aspecto la AEAT es su columna vertebral), menor justificación
tendrá una política que nos está haciendo retroceder 30 años en derechos
cívicos ysociales. No es casualidad que recientes estadísticas
constaten el aumento de millonarios en nuestro país, mientrassufre una
buena parte de su población.
En otro orden de cosas, no podemos dejar de recordar a nuestra
ciudadanía, que los trabajadores de la Agencia Tributaria no dictamos la
normativa tributaria, los supuestos de infracción, las sanciones, los
procedimientos para exigir responsabilidades. No, sólo nos limitamos a
aplicarla, tratando de llegar, en nuestro afán porque se cumpla la
Ley, hasta donde sea necesario en los casos de fraudes o impagos.
Pero las limitaciones, normativas, materiales y humanas son grandes. Por
ello se ha reiterado la necesidad de reformas impositivas,
procedimentales, cambios organizativos e incremento de medios, en lugar
de aprobar leyes injustas que sólo favorecen a una minoría privilegiada,
como es el caso de la Amnistía Fiscal, verdadero insulto a los
trabajadores de la AEAT y a todos los ciudadanos –afortunadamente la
mayoría- que pagan religiosamente sus impuestos. ¿Cómo explicar a esos
contribuyentes que a los defraudadores de este país se les permite lavar
su dinero con el módico coste medio del 3% de los capitales aflorados?.
¿No es ésta una invitación al fraude?
No podemos estar de acuerdo con un Sistema Tributario que cada vez se
aleja más de los principios constitucionales de igualdad y
progresividad. Actualmente, las rentas del trabajo soportan una elevada
presión fiscal, mientras que la imposición sobre el capital y la riqueza
se ha reducido ostensiblemente. Nuestro actual Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas grava con un tipo máximo del 47% a las rentas
del trabajo, mientras que el tipo máximo de gravamen de las rentas del
ahorro es del 21%.
Y, si hablamos de la tributación de las sociedades, la situación es
lamentable, con un impuesto cuya recaudación ha caído en picado, mucho
más allá que la caída en la actividad, por mor de la deslocalización de
operaciones y el elevado nivel de fraude, con un diseño inadecuado en el
cual, encontramos un tipo impositivo máximo del 30% que, con la
aplicación de unos beneficios fiscales diseñados para los grandes grupos
consolidados (que representan el 0,2% de las empresas pero acaparan el
60% de las deducciones), determina que haya sociedades que tributen
menos del 10% por sus beneficios.
Pero hay más, porque no es consciente el ciudadano, pagador también
de impuestos indirectos al consumo, de que buena parte de los mismos no
llega nunca a las arcas públicas debido al elevado nivel de fraude en el
IVA y en los Impuestos Especiales. Mucho se ha hablado de la injusta
normativa que obliga a adelantar el pago del IVA a empresas y autónomos
que no lo han cobrado, pero poco del gran número de aquéllas que no lo
están ingresando realmente. Como tampoco son conscientes muchos
empleados de esas empresas de que sus impuestos -el IRPF retenido de sus
nóminas-, no llegan en muchos casos a la Hacienda Pública y de que, a
pesar de ello, reciben devoluciones en sus declaraciones anuales, sin
que sus retenciones hayan sido previamente ingresadas.
Obviamente, con este panorama, difícil parece mantener un Estado
social como el que se ha ido construyendo, con mucho esfuerzo, en las
últimas décadas. Son necesarias muchas reformas, sí, pero sin dinero no
hay servicios, no hay infraestructuras, no hay pensiones… Es ya hora de
que nuestros partidos políticos se pongan de acuerdo en lo esencial, de
que se instrumenten verdaderas reformas y, en lo que los trabajadores de
la AEAT atañe, se ponga verdadero interés en luchar contra el fraude y
la evasión fiscal.
Los Empleados Públicos de la AEAT, a través de nuestro papel en la
consecución de los ingresos públicos, debemos y queremos ser la columna y
la base de un Estado del Bienestar que es el motor del progreso de
nuestra sociedad.
Lo haremos con profesionalidad e independencia en nuestras
actuaciones, como aval que distribuya las cargas tributarias de forma
justa entre nuestra sociedad. Pero lo haremos mejor con las normas y
medios adecuados, con una organización en la que se prime el mérito y la
experiencia y, sobre todo, con la comprensión hacia nuestra función por
parte de los ciudadanos a los que servimos, porque somos conscientes de
que, pese a resultar ingrata, nuestra función es esencial.
