Según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el 44% de la ciudadanía española considera que la corrupción es una de las grandes lacras de nuestro país. No sé qué pensará la otra mitad, pero desde luego el hecho de que estemos como estamos responde, desde mi punto de vista y el de muchos expertos a que somos un país a la cola en medidas de transparencia y en rigor para combatir la corrupción.
En Transparencia al nivel de Botsuana
“La picaresca española”, que suele llamarse, no viene determinada en los genes. Vaya, que podemos estar tranquilos, porque saltarse a la torera las normas o ser el más espabilado parece ser que no está a la orden del día como conducta normal entre la ciudadanía. Por lo tanto, cuando se habla de corrupción en nuestro país, se resalta siempre que se trata de un ámbito determinado, esto es, a nivel institucional. Para muestra, un botón: somos el único país de Europa occidental que todavía no tiene una ley de transparencia. Y ahora que precisamente se está elaborando, vemos cómo una vez más nos vamos a quedar a medias a la vista de la línea que está siguiendo el gobierno.
En los estudios que se hacen para determinar en qué lugar nos encontramos, la organización Transparencia Internacional situaba a España al nivel de Botsuana. Además, se especifica en los estudios que donde más corrupción tenemos es en el ámbito autonómico y local. Esto debe hacernos pensar qué ocurre cuando a nivel estatal se dan una serie de mensajes y a medida que se va agudizando el objetivo las buenas intenciones se diluyen y se terminan cometiendo acciones totalmente contrarias. Los más de 1.600 casos de corrupción que se encuentran ahora mismo en los tribunales tienen su origen en la década de los años noventa, cuando comenzaba el desarrollo de la especulación inmobiliaria en nuestro país.
Ya sabemos que de aquellos barros (decretazos, desregulación del suelo), estos lodos. Lo importante ahora es ver como “desfacemos este entuerto”.
Afrontar la corrupción desde un plano internacional…
Coinciden los expertos en que el problema de la corrupción debe abordarse desde dos ámbitos: el educativo y el plano internacional.
A nivel internacional es evidente que mientras sigan existiendo paraísos fiscales será muy complicado controlar de manera eficaz que los grandes capitales y las empresas multinacionales coticen en países con un fuerte sistema impositivo. A nivel internacional deben plantearse medidas como la tasación a las transacciones financieras, medida que es a día de hoy urgente y necesaria.
…y desde un plano educativo
Pero sobre todo, como base fundamental para acotar este problema endémico están las medidas educativas.
En España acaba de ser aprobada la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. De la lectura del texto legislativo llama la atención la continua referencia a la educación como herramienta para la generación de futuros trabajadores. No ciudadanos comprometidos en valores sociales y de convivencia, sino mano de obra cualificada, competitiva y más eficiente ante las demandas del sistema. Continuas referencias al crecimiento económico, al desarrollo de aptitudes como la dichosa emprendeduría, la capacidad de trabajo y la preparación para el mundo global –en vistas a la competitividad- son las líneas directrices de esta nueva ley. Prácticamente nada se habla de los Derechos Humanos, de la necesidad de educar a ciudadanos en los valores de la cooperación.
En este sentido también se manifiesta el Comité de las Regiones, en su dictamen presentado el mismo día en que se aprobó nuestra LOMCE, denominado “Un nuevo concepto de educación”. En este documento se habla del desarrollo de nuevas aptitudes enfocadas como la “moneda de cambio global del siglo XXI”. El dominio de lenguas extranjeras, así como el uso de las nuevas tecnologías se enfoca siempre hacia la mayor competitividad de nuestro alumnado, de cara a la mejor preparación ante el sistema laboral que ha de fortalecer el germen de la capacidad emprendedora para afrontar los retos del “necesario” crecimiento económico.
Menos religión y más ética
A la vista del currículo que se plantea en nuestra ley española, llama la atención el papel de la religión como asignatura que compite con filosofía y con Valores sociales o Cívicos. Todavía nos siguen haciendo un chantaje planteando que quienes defendemos la educación laica atacamos la posibilidad de estudiar religión de quien así lo considere. No, no se trata de eso. Se trata de que la religión se quede en la esfera personal de cada individuo y que el Estado garantice en la escuela pública el estudio de los Derechos Humanos (que son para toda la ciudadanía), normas de conducta cívica y participación ciudadana, instruyendo a los alumnos en valores de convivencia y de comportamiento ciudadano ético. Y eso en nada debería ser elegible ni comparable con otras materias.
Mientras sigamos planteando la formación en valores cívicos como una cuestión optativa, seguiremos enfrentándonos a la problemática de vivir en un país con alarmantes cifras de corrupción.
Si nuestro gobierno actual tuviera criterios más éticos, no faltaría a la verdad diciendo una cosa y haciendo la contraria (eso también se dice en la religión que tanto defienden, además): ¿cómo pretende este gobierno que nos creamos que la nueva ley tratará de garantizar una educación pública y de calidad si todavía se denomina a la inversión en educación como “gasto”? ¿cómo pretende mejorar la educación pública recortando más de 5.000 millones de euros en la partida presupuestaria destinada al efecto? ¿cómo pretende fomentar la educación cuando a los profesionales docentes les recorta el sueldo y no les facilita materiales para desarrollar su trabajo adecuadamente?
¿A este Gobierno le importa la educación pública?
Destinando un 14% menos en los Presupuestos Generales del Estado, reduciendo 50 millones de euros en las becas y en las ayudas al estudio, eliminando los 13 millones de euros destinados a los programas de atención al alumnado con necesidades especiales, recortando de manera brutal los programas educativos como los de enseñanzas artísticas, deporte, cooperación y difusión cultural, formación permanente del profesorado, educación infantil y primaria, educación en el exterior… resta y sigue, ¿de verdad consideran que nos vamos a creer que la educación pública le importa a este gobierno?
A la vista está que hace más falta que nunca la Educación para la Ciudadanía, no ya como optativa sino como asignatura troncal, de obligado estudio, para garantizarnos así que algún día, nuestros dirigentes tendrán un concepto de respeto a lo público tan claro como las tablas de multiplicar.
Beatriz Talegón es secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas
