Exdiputado al Congreso (Grupo Parlamentario Socialista)
El PSOE debe partir de un ideario sobre la laicidad acorde con su rica tradición, sin pedir perdón por las culpas históricas de otros, ni acudir a inspiraciones o préstamos ideológicos de grupos de carácter confesional o filo confesional particular alguno, internos o externos. La laicidad, un movimiento ideológico de carácter transversal surgido de la Ilustración, la secularización y las grandes corrientes y movimientos culturales, políticos y sociales liberales y socialistas de los siglos XIX y XX, ha aportado a nuestra civilización conquistas que hoy son irrenunciables: el reconocimiento de la libertad de conciencia y sus manifestaciones religiosas o ideológicas, la autonomía moral y autogobierno personal de todos los seres humanos, asi como la autonomía y autogobierno de la sociedad civil fundamentado en el principio democrático de la soberanía popular expresada mediante la ley civil.
La laicidad ha sido la matriz de la democracia moderna y del Estado de Derecho constitucional y ha acuñado la figura de la moderna ciudadanía dotada de derechos civiles preservados de intromisiones ilegitimas gracias a la no confusión entre poderes religiosos y políticos y a la neutralidad de los poderes públicos ante las convicciones religiosas, morales o filosóficas de todas las personas. Aquellas sociedades que hoy son más libres, tolerantes y pluralistas se lo deben al impulso del laicismo. El PSOE a lo largo de su prolongada historia ha figurado entre los movimientos impulsores de la laicidad y en la implantación de un Estado laico en España. Como organización política ha tenido una orientación ideológica y un compromiso identificado con los valores y grandes objetivos de la laicidad, lo que le ha acarreado la permanente animadversión del integrismo confesional.
Es al Estado constitucionalmente laico a quien corresponde establecer, sin subordinarse a intereses particulares de confesión alguna, las normas de convivencia que exige la paz social en una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo religioso, moral, filosófico y cultural, asi como dictar las leyes que hagan posible la convivencia y el respeto a las convicciones y creencias de todos. Pero esto no es posible todavía en España, porque aún pende la resolución de un problema eminentemente político, cual es el despliegue sin cortapisas de la laicidad del Estado, reconocido como uno de los principios de la vigente Constitución. Las raíces de este problema se encuentran en la pervivencia de restos de una prolongada confesionalidad de Estado o en las costumbres heredadas. Pero el obstáculo fundamental reside en importantes cláusulas de los Acuerdos suscritos con la Santa Sede de 1979 que limitan y condicionan la efectividad de la laicidad posible según nuestra Constitución.
Ante este problema capital, el PSOE tiene que optar por alguna de las siguientes soluciones: a) Mantener las cosas como están y no tocar los Acuerdos, como sostienen algunos sectores conservadores internos. Esto significa hacer dejación de la soberanía del Estado y aceptar la limitación del poder público en relación a la laicidad realizable conforme a la Constitución. Se trata de un camino ya probado que no va a parte alguna y repetidamente ensayado respecto al Acuerdo sobre Educación, con resultado negativo para las modificaciones propuestas por el gobierno socialista derogadas por el Tribunal Supremo a instancia de la Iglesia.
b) Denunciar los Acuerdos para su derogación total, considerando que la mejor opción es su no existencia. Significaría que no hay diálogo posible, o ha sido agotado con la Iglesia todo intento de modificación negociada de los cambios necesarios. Siempre es aconsejable buscar soluciones menos conflictivas, pero esta es la que propone una parte de la opinión pública y de la militancia socialista, cansada de la resistencia de la Iglesia al más mínimo cambio y de la inoperancia y de los aplazamientos de los gobiernos del PSOE para abordar reformas de los Acuerdos consideradas imprescindibles.
c) Revisar a fondo todos los Acuerdos eliminando aquellas cláusulas que resultan incompatibles con la laicidad constitucional. Pese a lo que algunos "posibilistas" creen se trata de la solución más razonable para cambiar un estado de cosas realmente inaceptable. Debe ser planteada por iniciativa del Gobierno a la Iglesia, cuyo interés en principio será no asumir ningún cambio que afecte al conjunto de sus intereses. A iniciativa del Gobierno porque es cuestión que se sitúa bajo su responsabilidad exclusiva, pues a él corresponde la solución de viejos pleitos relacionados con los derechos civiles de muchos de sus ciudadanos y evitar la no vigencia de principios constitucionales fundamento de nuestro Estado de Derecho.
La Conferencia Política debe tomar una clara decisión sobre el compromiso que se asume, de modo que la modificación de los Acuerdos no venga condicionado luego por letra pequeña que permita dilaciones o interpretaciones reduccionistas. Existen dos Acuerdos cuya revisión es necesario abordar lo antes posible por las situaciones insostenibles que originan; el de Enseñanza, por la reiteración de conflictos irresolubles y de continuos vaivenes regulatorios que ocasionan varias de sus cláusulas relacionadas con privilegios anacrónicos que se otorgan a la Religión Católica en los planes de estudio y en los centros escolares públicos. El de Financiación, mediante asignación tributaria (calificada por algunos como participación de la Iglesia en los ingresos del Estado) porque como se dice en la Ponencia "solo se puede aceptar transitoriamente". Pero tal transitoriedad, prolongada años pasados por una decisión socialista, dura ya 34 años, sin que la Iglesia tampoco haya manifestado el más mínimo interés en cumplir el compromiso que asumió para buscar los recursos que le permitan su autofinanciación.
Respecto al Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas se propone en la Ponencia la renuncia unilateral del Estado a intervenir en el nombramiento del Arzobispo Vicario General Castrense, pero sin plantearse la supresión de tal cargo ni la consiguiente modificación del Acuerdo del que deriva su existencia. Lo que no parece coherente, pues no solo se mantendría intacto tal Vicariato —una diócesis jurídicamente existente gracias al Acuerdo que la establece sobre una institución del Estado como es el Ejercito— sino que se incrementaría la libertad de la Iglesia para situar en tal cargo a quien ella discrecionalmente dispusiera, permaneciendo sin modificar todo el sistema organizativo, de personal, financiación y privilegios de los que goza la asistencia religiosa católica, muy superior a cualquier otra confesión que tenga Convenio con el Estado.
La elaboración de una futura ley de Libertad Religiosa no debe ser condición previa necesaria para proceder a revisar los Acuerdos con la Santa Sede. El compromiso de aprobar tal Ley fue ya aplazado en la ultima legislatura socialista. Ahora se dice que será la aprobación de tal futura ley "la que permita identificar aquellos puntos donde los Acuerdos vigentes... deberán adecuarse a la futura Ley orgánica de libertad de conciencia y religión". Pero hoy ya sabemos sobradamente cuales son las cláusulas de los Acuerdos antes citados que deben ser modificadas. No por su inadecuación a una ley futura cuyo contenido se desconoce sino por las contradicciones ya conocidas que suponen respecto a principios de laicidad constitucional. Estando en la oposición, lo que ahora se demanda al PSOE no es la elaboración de otra Ley que no puede aprobar en las Cortes, sino que defina y exprese con claridad en su Conferencia Política las líneas maestras, los contenidos básicos y los tiempos para realizar en este terreno una política programada de cambios que, según la mayoría de las encuestas de opinión conocidas, gozaría de un fuerte apoyo popular y de sus afiliados y votantes. Estos cambios los debe asumir y llevar adelante el PSOE en colaboración con todos aquellos sectores sociales, culturales y políticos deseosos de que el Estado laico no quede este otra vez incompleto y frustrado. El compromiso de revisión de los Acuerdos con el Vaticano fue adoptado en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla en 2012 y posteriormente reflejado en una iniciativa parlamentaria presentada en el Congreso de los Diputados. La Conferencia Política debe proceder al estudio riguroso y a la concreción clara de las medidas que para tal revisión de los Acuerdos deberían incluirse en el próximo Programa electoral. Precisamente porque se ha de ser conscientes de que se trata de una iniciativa política de gran importancia, de aquellas que requieren fundamentación y explicación rigurosa de las razones por las que se adoptan y el alcance de su contenido, así como del efecto de su anuncio como compromiso explícito ante la opinión publica.
