divendres, 21 de febrer del 2014

Una reforma fiscal a la medida de ricos y poderosos


UGT tilda de escandalosas las últimas propuestas filtradas sobre la reforma fiscal del Gobierno

El Gobierno ha filtrado esta semana gran parte de la propuesta de reforma fiscal que presentará Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana.
Todas las medidas propuestas, sin excepción, suponen un fuerte ahorro fiscal a contribuyentes de alto nivel adquisitivo, condenando al país a una fuerte minoración de los ingresos que deben sostener el Estado del Bienestar.
El PP ni es un partido social, ni es el partido de los trabajadores ni es el Partido que “ama a España”. Estas propuestas dejan claro que el Gobierno del PP responde a los intereses económicos de un pequeño grupo de contribuyentes y de unas pocas grandes empresas amigas.
Estas medidas que piensa imponer el Gobierno son las siguientes:
Mínimos vitales
Cada familia reducirá de sus ingresos declarados una cantidad por cada hijo (3.000 euros aproximadamente). Esta medida no tiene ningún efecto en clases medias o bajas que no están obligadas a declarar o que tienen pocos ingresos. Sin embargo, las familias con rentas altas ahorrarán en impuestos por cada hijo en función del tipo impositivo que pagan. Es decir, el hijo de una familia de rentas altas genera un ahorro del 52% (1.560 euros por cada hijo), mientras que el hijo de familias con rentas medias solo ahorra un 30-20%(900-600 euros por cada hijo) según el nivel de renta total.
Esta situación supone una grave discriminación, provocando una fuerte minoración de los ingresos públicos, principalmente por el ahorro que se genera a las clases altas.
El hecho de que la media de hijos de las clases altas sea superior a la de las clases medias y bajas, provoca que la discriminación sea aún mayor. 

 
Deducciones de gastos sanitarios y educativos privados
La reforma del PP propone que los gastos en sanidad y educación privados minoren el IRPF que pagan los contribuyentes.
Esta medida supone una fuerte minoración de los ingresos públicos cuyos únicos beneficiarios son aquellos contribuyentes que utilizan servicios sanitarios o educativos de pago.
De nuevo nos encontramos con que los contribuyentes que pueden beneficiarse de esta medida son los de clases altas, que son aquellos que pueden pagar por servicios sanitarios y educativos privados.
Una medida totalmente regresiva que supone un ahorro exclusivamente a contribuyentes con alto nivel de renta.
Por otro lado, esta medida beneficia especialmente a unas pocas empresas que se dedican a comercializar con servicios sanitarios y educativos. Esta reforma supone un incentivo al consumo de servicios sanitarios y educativos privados y, por ello, un mayor potencial de beneficio para estas empresas privadas. En definitiva, se trata de un traspaso de recursos económicos del sector público a un puñado de empresas privadas.
El argumento de la presunta descarga de usuarios de la sanidad y educación pública es mezquino. Esta presunta bajada de usuarios solo es un argumento más para continuar con los recortes y la privatización radical de los servicios públicos por parte de este Gobierno.

Más beneficios para planes de pensiones privados
El Gobierno pretende beneficiar aún más a los contribuyentes que destinan parte de sus ingresos a fondos de pensiones privados. Actualmente se permite una reducción de hasta 10.000 euros anuales (12.500 euros para mayores de 50 años).
El Gobierno pretende ampliar, mejorar aún más estas condiciones. De nuevo nos encontramos ante un beneficio completamente regresivo, ya que solo beneficia a contribuyentes que disfrutan de rentas muy altas. ¿Quién puede destinar 12.500 euros de su renta anual a un plan de pensión privado?
 
Conclusión
El Gobierno del PP vuelve a responder a los intereses de los ricos y poderosos que sustentan su partido. Puede ser lícito aunque claramente inmoral, que un partido pretenda defender los intereses de un pequeño colectivo, en este caso el de contribuyentes con rentas muy elevadas y el de empresas privadas ya sean del ramo de las aseguradoras, sanitario o educativo, lo que no es lícito es que mantengan la hipocresía de hacerse llamar “el partido de los trabajadores, el partido social o el partido que ama a España”.
Desde UGT no estamos dispuesto a permitir que este Gobierno desmantele el Estado del Bienestar, y que además lo hago vulnerando los principios constitucionales consagrados en el artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”


UGT tilda de escandalosas las últimas propuestas filtradas sobre la reforma fiscal del Gobierno

El Gobierno ha filtrado esta semana gran parte de la propuesta de reforma fiscal que presentará Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana.
Todas las medidas propuestas, sin excepción, suponen un fuerte ahorro fiscal a contribuyentes de alto nivel adquisitivo, condenando al país a una fuerte minoración de los ingresos que deben sostener el Estado del Bienestar.
El PP ni es un partido social, ni es el partido de los trabajadores ni es el Partido que “ama a España”. Estas propuestas dejan claro que el Gobierno del PP responde a los intereses económicos de un pequeño grupo de contribuyentes y de unas pocas grandes empresas amigas.
Estas medidas que piensa imponer el Gobierno son las siguientes:
Mínimos vitales
Cada familia reducirá de sus ingresos declarados una cantidad por cada hijo (3.000 euros aproximadamente). Esta medida no tiene ningún efecto en clases medias o bajas que no están obligadas a declarar o que tienen pocos ingresos. Sin embargo, las familias con rentas altas ahorrarán en impuestos por cada hijo en función del tipo impositivo que pagan. Es decir, el hijo de una familia de rentas altas genera un ahorro del 52% (1.560 euros por cada hijo), mientras que el hijo de familias con rentas medias solo ahorra un 30-20%(900-600 euros por cada hijo) según el nivel de renta total.
Esta situación supone una grave discriminación, provocando una fuerte minoración de los ingresos públicos, principalmente por el ahorro que se genera a las clases altas.
El hecho de que la media de hijos de las clases altas sea superior a la de las clases medias y bajas, provoca que la discriminación sea aún mayor. 

 
Deducciones de gastos sanitarios y educativos privados
La reforma del PP propone que los gastos en sanidad y educación privados minoren el IRPF que pagan los contribuyentes.
Esta medida supone una fuerte minoración de los ingresos públicos cuyos únicos beneficiarios son aquellos contribuyentes que utilizan servicios sanitarios o educativos de pago.
De nuevo nos encontramos con que los contribuyentes que pueden beneficiarse de esta medida son los de clases altas, que son aquellos que pueden pagar por servicios sanitarios y educativos privados.
Una medida totalmente regresiva que supone un ahorro exclusivamente a contribuyentes con alto nivel de renta.
Por otro lado, esta medida beneficia especialmente a unas pocas empresas que se dedican a comercializar con servicios sanitarios y educativos. Esta reforma supone un incentivo al consumo de servicios sanitarios y educativos privados y, por ello, un mayor potencial de beneficio para estas empresas privadas. En definitiva, se trata de un traspaso de recursos económicos del sector público a un puñado de empresas privadas.
El argumento de la presunta descarga de usuarios de la sanidad y educación pública es mezquino. Esta presunta bajada de usuarios solo es un argumento más para continuar con los recortes y la privatización radical de los servicios públicos por parte de este Gobierno.

Más beneficios para planes de pensiones privados
El Gobierno pretende beneficiar aún más a los contribuyentes que destinan parte de sus ingresos a fondos de pensiones privados. Actualmente se permite una reducción de hasta 10.000 euros anuales (12.500 euros para mayores de 50 años).
El Gobierno pretende ampliar, mejorar aún más estas condiciones. De nuevo nos encontramos ante un beneficio completamente regresivo, ya que solo beneficia a contribuyentes que disfrutan de rentas muy altas. ¿Quién puede destinar 12.500 euros de su renta anual a un plan de pensión privado?
 
Conclusión
El Gobierno del PP vuelve a responder a los intereses de los ricos y poderosos que sustentan su partido. Puede ser lícito aunque claramente inmoral, que un partido pretenda defender los intereses de un pequeño colectivo, en este caso el de contribuyentes con rentas muy elevadas y el de empresas privadas ya sean del ramo de las aseguradoras, sanitario o educativo, lo que no es lícito es que mantengan la hipocresía de hacerse llamar “el partido de los trabajadores, el partido social o el partido que ama a España”.
Desde UGT no estamos dispuesto a permitir que este Gobierno desmantele el Estado del Bienestar, y que además lo hago vulnerando los principios constitucionales consagrados en el artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

PAISATGES DEL NOSTRE TERRITORI. PUJANT CAP A BEL IV











La necessària reforma fiscal

Antonio Argandoña
Professor de IESE

La progressivitat de l'IRPF no és el més just, perquè s'aconsegueix més redistribució amb la despesa

Les crítiques al Ministeri d'Hisenda per les pujades d'impostos dels últims anys han estat generalitzades. I amb raó, perquè l'impacte ha estat molt dur per a les famílies i les empreses, i ha donat com a resultat un sistema poc racional, desordenat, injust en alguns aspectes, ineficient i no sostenible. En descàrrec del ministre es podria al·legar que havíem de demostrar als nostres creditors que érem capaços de reduir ràpidament el dèficit públic, que el Govern tenia la voluntat política de fer-ho i que s'havia de donar als ciutadans un missatge clar d'austeritat.
Allò ja és aigua passada; ara el que fa falta és plantejar una important reforma del sistema fiscal, que afecti no alguns tipus impositius, sinó el conjunt. Per a això convé tenir en compte uns quants criteris. El primer és que el sistema impositiu ha de ser suficient per cobrir les despeses necessàries, amb l'objectiu a mitjà termini de reduir el percentatge de deute sobre el PIB. Per tant, ha de ser, a més a més, eficient a l'hora de la recaptació i tallar les nombroses vies que hi ha ara per a l'evasió fiscal, el frau i l'economia submergida.
La situació ideal és que la recaptació creixi automàticament en proporció al creixement del PIB. També s'ha de tenir en compte els canvis permanents en l'estructura productiva que s'han produït els últims anys. Per exemple, el sector immobiliari, que era una sucosa font d'ingressos per al sector públic, ara ha perdut importància; però si els ingressos han de ser inferiors, no queda cap més remei que reduir les despeses o augmentar altres ingressos, i això va molt més enllà de l'austeritat que hem patit.
El sistema ha de ser equitatiu, tant verticalment (els que tenen més han de pagar més) com horitzontalment (els que tenen el mateix han de pagar més o menys el mateix, una vegada considerades les peculiaritats familiars, d'edat, etc.). Ja sé que no ens posarem d'acord en què significa equitat fiscal, però sí que podem aconseguir-ho en termes generals. En tot cas, més progressivitat no significa necessàriament més justícia: la redistribució és més gran per la via de la despesa (pensions, sanitat, educació) que per la de l'impost sobre la renda.
Els impostos han de ser estables (no han de canviar cada dos per tres, perquè això interfereix en les decisions dels ciutadans), senzills d'entendre i de recaptar, transparents, coherents, neutrals. Els que tenim ara no ho són, de manera que n'hem de fer una profunda reforma, no un simple rentat de cara.
I una reforma explicada, dialogada, debatuda i entesa, perquè ens hi juguem molt. No només si tindrem una mica més de deute, sinó quines activitats es veuran afavorides i quines no (consum, vivenda, estalvi, inversió: totes són importants, però no totes es poden aconseguir a la vegada). El sistema fiscal genera incentius: un impost sobre la renda elevat, per exemple, desanima a treballar més i anima l'evasió fiscal, i un tractament fiscal poc generós de l'estalvi generarà pensions futures inferiors.
D'aquí uns mesos es publicarà l'informe d'un comitè d'experts nomenat pel ministeri per fer propostes sobre la reforma fiscal. Serà bo que aquest informe sigui àmpliament difós i comentat, igual que altres que ja han circulat (del Cercle d'Empresaris, de la FAES, del REAF, dels assessors fiscals, de FUNCAS, de FEDEA). Trobo que hi ha certa convergència en les seves propostes.
En l'IRPF, tipus més baixos (menys progressivitat), bases més àmplies (menys deduccions) i millor fiscalitat per a l'estalvi. En l'impost sobre societats, tipus més baixos i bases més àmplies (els tipus alts desanimen l'activitat i les bases àmplies mantenen la recaptació), menys deduccions, reduir els incentius al finançament aliè i l'esglaó entre pimes i la resta d'empreses (que ara afavoreix les primeres, però suposa desincentivar-ne el creixement). Pel que fa a l'IVA, sembla que es confirmaran els tipus alts, amb menys règims especials. Proposen pujades en els impostos mediambientals, alcohol, tabac. I, planant sobretot això, cotitzacions socials més baixes per reduir pressió fiscal sobre el treball.
Les reformes fiscals no són fàcils, perquè afecten directament la butxaca dels ciutadans, i, en aquests casos, tots tenim la temptació d'assenyalar cap a un altre dient: que pagui aquest, que jo ja pago molt. Però una reforma ben feta pot ser una benedicció per a l'economia i la societat. I no ens podem permetre el luxe de desaprofitar aquesta ocasió. No hem d'oblidar que la societat espanyola es va prendre la reforma de 1978 com un senyal que ja era hora de complir els nostres deures fiscals. I una actitud així torna a fer falta.