Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Parecen desconocer que la visión que gran parte de la comunidad internacional (y muy en especial de la europea) tenía de España durante la dictadura era enormemente negativa. La victoria por parte de las tropas aliadas sobre el nazismo y el fascismo precipitó el surgimiento de nuevo de una cultura democrática que rechazaba aquel régimen. Y la Transición de la dictadura a la democracia no se percibió –como se ha intentado vender por parte del establishment español– como un proceso modélico, sino como un cambio en el Estado que permitió a ese establishment conservador mantener gran parte de las riendas del poder. Sí que se saludaron los cambios en los años ochenta, con cambios en la orientación política del gobierno, y más tarde se aplaudió el crecimiento económico (que, en realidad, estaba basado en la especulación), que dio una imagen falsa de progreso. Pero, de nuevo, el Estado continúa siendo percibido como controlado por las estructuras de poder político y financiero conservadoras, que dan una pésima imagen del país.
Veamos algunos ejemplos de esta imagen:
1. El sistema judicial, que alardea de haber tenido un sistema de jurisdicción universal que permitió detener a Pinochet en su visita a la Gran Bretaña, ha ignorado sistemáticamente la búsqueda de los asesinos y cómplices de los asesinatos políticos, de las detenciones y torturas ocurridos durante la dictadura, una de las más sangrientas que ha habido en Europa. Según el Profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, experto en fascismo europeo, por cada asesinato político que realizó el régimen liderado por Mussolini, el dirigido por Franco cometió 10.000. Ninguno (repito, ninguno) de los asesinos y represores ha sido juzgado durante el periodo democrático, debido a una ley de amnistía que les ha protegido. El sistema judicial no se da cuenta, por lo visto, de que carece de legitimidad y de credibilidad cuando se presenta como garante de derechos humanos a nivel mundial.
2. El Estado español no ha ayudado a las familias de las personas asesinadas por el golpe militar y por la dictadura que se estableció a encontrar a sus seres queridos (140.000 desaparecidos en total, aunque es probable que el número sea incluso mayor). España es el segundo país del mundo (después de Camboya) donde hay un mayor número de personas desaparecidas por causas políticas. De nuevo, el Estado español no tiene ninguna legitimidad ni credibilidad para presentarse como gran valedor de los derechos humanos. Ha ignorado sistemáticamente las peticiones de las Naciones Unidas de resolver este caso de clara violación de los derechos de las víctimas. El interés en ayudar a las víctimas del terrorismo está escandalosamente sesgado políticamente. El comportamiento judicial y político hacia las víctimas del terrorismo es diametralmente opuesto al que se tiene hacia las víctimas del terrorismo del Estado dictatorial.
3. El único juez en España que intentó juzgar los crímenes políticos realizados durante la dictadura, el Sr. Baltasar Garzón, y ayudar a los familiares de las víctimas en su búsqueda de los desaparecidos, fue expulsado del estamento judicial, y ello como respuesta a una causa judicial iniciada por un movimiento de ultraderecha ligado a la Falange, el instrumento político del régimen fascista anterior. Y el establishment político conservador aplaudió esta expulsión, ignorando el enorme desprestigio que dicho acto significó para España a nivel internacional.
4. La expulsión del juez Garzón fue apoyada también por el establishment conservador pues ello permitió obstaculizar las investigaciones realizadas sobre el caso Gürtel, el mayor caso de corrupción política que ha habido en España, en el que este establishment conservador está implicado. Esto es conocido ampliamente en la opinión internacional y muy en especial en Europa.
5. Un juez intentó investigar el comportamiento delictivo cometido por los equipos de Bankia, responsables, en parte, de una de las mayores crisis financieras que España ha tenido. A las pocas semanas de iniciar tal intento fue encausado y uno de los banqueros más responsables de esa fallida financiera salió indemne (ver el artículo “Una justícia ben estranya”, de Jordi Serrano en el Diari de Girona, 07.02.14, para ver más casos).
6. A uno de los miembros de la familia real, la hija del Rey, socia de una de las empresas que ha canalizado para beneficios privados fondos asignados para instituciones públicas, se la disculpa aceptando la postura de que ella no sabía nada de nada, pues confiaba plenamente en su esposo – único malo de la película. Y la opinión en Europa y Norteamérica interpreta que todo ello es una farsa.
7. En Catalunya, el caso Millet continúa, desde 2009, a un paso lentísimo, a pesar de la evidencia de que hubo una transferencia de fondos masiva a instituciones políticas, en una clara violación de la ley. El establishment político catalán no tiene nada que envidiar al español en su carencia de credibilidad en su supuesta defensa de los valores democráticos.
Y podría continuar citando casos y más casos que dan una imagen bochornosa de la justicia de este país, y que contribuyen a dar mala imagen y dañar la marca de España en el extranjero. Se me dirá, con razón, que en todas partes cuecen habas. Pero no en la misma intensidad, frecuencia y tanta impunidad como en España. Spain, después de todo, is different.
