Raul Burillo, es funcionario, de esos funcionarios díscolos que disponen de una relativa independencia y de una ya extraña estabilidad y seguridad laboral. Uno de esos empleados públicos incómodos para las élites . Fue durante seis años, de 2004 a 2010, delegado de Hacienda en Baleares, donde dirigió la Unidad Especial de Investigación Judicial contra la Corrupción de la Agencia Tributaria en esa Comunidad. Durante ese tiempo, al frente de un equipo compuesto por inspectores de Hacienda en coordinación con policías y fiscales descubrió cerca de 30 casos de corrupción política y empresarial, la mayoría de ellos relacionados con el ladrillo.
En estas investigaciones cazaron a personalidades de la importancia de Jaume Matas, presidente del gobierno balear (PP), María Antonia Munar (Unió Mallorquina) e Iñaki Urdangarín, entre otros muchos. Como premio por descubrir estos asuntos delictivos fue cesado por el anterior gobierno a finales de julio de 2010. Dos años después, la Unidad Especial contra la Corrupción fue desmantelada a principios de este verano por el actual gobierno del PP. Parece que cuando, en nuestro supuesto ‘Estado de Derecho’ se toca la impunidad de ciertos estamentos se corre el riesgo de perecer, por ahora, profesionalmente. Ahora, ya sabemos, el riesgo que corren jueces, funcionarios, periodistas o personas comunes que osan tocar los privilegios de nuestra criminal oligarquía.
Anteayer, en otro excelente programa de ‘Salvados’, este empleado público nos volvió a demostrar que la realidad supera a la ficción. Que a las élites político-empresariales no les interesa que se disponga de un sistema impositivo justo. Que para los ricos los subterfugios legales son infinitos, que disponen de todos los medios y dispensas posibles para defraudar y, que no hay ningún interés en perseguir el fraude fiscal. Unas pocas pinceladas de muestra:
1. Los inspectores de Hacienda sólo pueden dedicar un año a la investigación de presuntos casos de fraude fiscal. Esto dificulta, prácticamente, imposibilita la persecución del gran fraude fiscal – que es el que esquilma nuestros recursos – pues, se necesitan años y el trabajo en equipo de diversos cuerpos del Estado para destaparlo.
2. Las Leyes están hechas a medida de las grandes fortunas y empresas para evitarles el mal trago de pagar impuestos. Mientras, las grandes fortunas tributan por medio de sociedades – llamadas SICAVS – al 1%, las grandes empresas tributan a un tipo medio efectivo del 5%.
3. Los impuestos son pagados, prácticamente, en su mayoría por las rentas del trabajo. Esto es fácil de observar cuando, el 85% del IRPF lo componen estas rentas; porque, curiosamente, en España el 96% de los ciudadanos gana menos de 60.000 euros. En España, no hay ricos y los empresarios declaran ganar menos que sus trabajadores.
4. Es difícil escuchar en la televisión cuales son las causas verdaderas de la crisis actual. La crisis en España no se ha debido a un exceso de gasto público – el gasto social es 6 puntos inferior a la media europea; el gasto per cápita en protección social es, prácticamente, la mitad; y, el gasto público casi seis puntos inferior a la media europea, o, por ejemplo, más de 12 puntos inferior al francés – sino a un exceso de endeudamiento privado.
5. La actual crisis en las cuentas del Estado no se debe, igualmente, a un exceso de gasto sino a una falta de ingresos crónica. El problema es la escasez de ingresos públicos y esto se puede demostrar fácilmente si nos comparamos con el resto de países europeos: España recauda un escaso 34% de su PIB, mientras que, la media de la UE ingresa un 44% y, sin embargo, Suecia alcanza el 54% del PIB.
6. A este déficit de ingresos se debe el actual déficit público de España. A los privilegios de una minoría. Esto se debe a que Suecia gasta 6 veces más en la financiación de la Administración Tributaria que España. Si España pusiera en práctica una política tributaria al mismo nivel que la media europea recaudaría 100.000 millones de euros más, si pusiera en práctica la política sueca, 200.000 millones más. Esta es una de las explicaciones de la situación que se vive en unos países u otros.
7. Esta política va, groseramente, contra el interés general porque por cada 60 céntimos que se invierten en la Agencia Tributaria se obtiene un beneficio de 100 euros. Unos beneficios que sirven al bien común y promueven la educación, la sanidad, las pensiones, la atención a los mayores, dependientes y discapacitados, ayudas a la familia y a la infancia, infraestructuras, políticas de empleo, política industrial, I+D, etc.
8. La política fiscal de nuestros gobiernos ha ido claramente dirigida a dejar sin recursos al Estado. Se ha desmantelado el sistema impositivo y toda la carga impositiva – IRPF, IVA, IBI, impuestos especiales, etc. – recae sobre unos trabajadores cada vez más empobrecidos. Y, unos desempleados empujados a la consentida economía sumergida – donde se defraudan más de 82.000 millones – mediante la precariedad, la necesidad, la impunidad, la ignorancia y la explotación laboral.
9. Estas políticas de desmantelamiento del sistema fiscal para sustituirlo por un sistema que expolia a los trabajadores y acaba con el Estado de bienestar y los bienes y servicios públicos, tiene ejemplos palmarios en las enormes bajadas de impuestos a las grandes fortunas y empresas de las últimas décadas o la total permisividad – e, incluso, protección – con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, a los que se han desviado 21 billones de dólares. Bancos y paraísos fiscales que – como en Suiza – se valen del secreto bancario para evadir capitales y blanquear dinero. Así se consigue que grandes multinacionales – Apple, Google, Starbuks, Amazon,… – estén exentas de pagar impuestos.
10. El fraude fiscal asciende en España a 88.500 millones de euros. El 72% es perpetrado por las grandes empresas. Estas grandes empresas, muchas de ellas antiguas empresas públicas privatizadas, que controlan sectores estratégicos para el país, que actúan en régimen de oligopolio o monopolio pactando los precios, destruyendo cientos de miles de empleo y obteniendo escandalosos beneficios a costa de abusivos precios y tarifas que saquean los presupuestos familiares.
11. La práctica eliminación de dos impuestos – patrimonio y sucesiones y donaciones – principalmente, soportados por las grandes fortunas, que, ya eran de por sí testimoniales, nos cuesta casi 5.000 millones de euros anuales. Unos impuestos – arduamente debatida su justicia desde el S.XVIII – que servían para redistribuir la riqueza, reducir las desigualdades sociales y posibilitar la igualdad de oportunidades. Suficientes ventajas poseen ya, los descendientes de las grandes fortunas teniendo todo tipo de comodidades, los mejores colegios y un puesto seguro en una gran empresa o sus consejos de administración como para, además, recibir una enorme fortuna a la que ellos no han contribuido con su esfuerzo. Para nada se fomenta el principio del trabajo duro y el merito defendido por los neoliberales, sino, el inmovilismo social y la sociedad estamental.
12. Tenemos un Gobierno infame por mentiroso, ilegitimo por cometer fraude electoral y criminal por perpetrar unos recortes innecesarios, que dejan morir, caprichosamente, a seres humanos, y amparar a los grandes delincuentes. Un gobierno que ha permitido que la Ley que posibilita la Amnistía Fiscal sea redactada por los propios defraudadores. Una amnistía fiscal que posibilita el blanqueo de capitales de cualquier tipo y vengan de donde vengan. Pero, que podemos esperar de ellos cuando van a fomentar el limbo legal de EuroVegas, convertido en un paraíso fiscal, donde se podrán perdonar arbitrariamente las faltas más graves.
Esto, simplemente, no es un Estado ni de Derecho ni social…
