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| Facultat de Nàutica de Barcelona l'11 de setembre de 2012. |
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Rafael Cortés Elvira
Ex vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y ex rector de la Universidad Camilo José Cela
En la sociedad actual y muy especialmente en los momentos de crisis y
desesperanza que vivimos, no es fácil reflexionar acerca de los
problemas que afectan a nuestra vida diaria y que, en muchos casos,
condicionan nuestro futuro.
En estas breves reflexiones, lo único que pretendo es lanzar ideas
para el debate. Un debate que considero fundamental para que la
sociedad española alcance un grado de consenso que le permita avanzar,
en los próximos años, por un camino compartido y con un destino
aceptado por la inmensa mayoría de ciudadanos.
En mi generación (55-64 años) solo el 19% de los jóvenes obtuvimos
una licenciatura o equivalente, hoy ese porcentaje ha crecido hasta el
39%. Es cierto que el capital humano universitario en España no ha
dejado de crecer, el número de estudiantes que ha finalizado la
Universidad, o su equivalente, entre 25 y 34 años es del 39% de la
población, 3 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. En
consecuencia algo hemos hecho bien. Otra cosa es si ese capital humano
responde a las necesidades del país y si tiene la formación adecuada
para mejorar nuestra sociedad.
Como estudiante de aquella época, la del final de la posguerra, y por
la procedencia humilde de mi familia puedo contar mi experiencia: pude
estudiar gracias a las becas que iba consiguiendo año a año a base de
matriculas de honor, y por trabajar todos los veranos cobrando recibos
de seguros de ocho de la mañana a tres de la tarde, casa por casa,
barrio por barrio. Es verdad que era otra generación y otras las
condiciones de vida, pero puedo asegurar que aquel esfuerzo no supuso
ninguna frustración. Todo lo contrario, creo sinceramente que me hizo
más fuerte, me hizo mejor.
Tampoco lo fue el hecho de pasar las múltiples pruebas que tenía
configuradas el sistema: el Ingreso (a los 10 años), la revalida de 4º
(14 años), la revalida de 6º (16 años), el preuniversitario, el examen
de acceso a la universidad (17 años) y el curso selectivo (que entonces
consistía en aprobar todo primero de carrera para poder pasar a segundo
curso). Seguramente aquello era excesivo, pero la alternativa que hoy
vivimos es demasiado poco exigente. Como buen refranero que soy, destaco
que cuanto más se te exige más das, y que el ser humano aplica, en
general, la ley del mínimo esfuerzo. ¿No sería más razonable quedarse en
una zona media del péndulo? Este país debería abrir el debate de cual
es esa zona media, que desde mi punto de vista consiste en establecer
pruebas en dos momentos críticos de la etapa de formación, cuando los
estudios dejan de ser obligatorios (4º ESO) y en el acceso a la
Universidad (Selectividad).
Dado que la enseñanza es un derecho fundamental recogido en la
Constitución Española, el siguiente punto de debate debería ser si
nuestro sistema garantiza la igualdad de oportunidades para todos los
jóvenes. Como primer estadio de análisis, me voy a referir, tanto a la
financiación de la educación universitaria, como a la configuración de
las becas…
Deberíamos ponernos de acuerdo en desterrar el concepto de “Tasa
Universitaria” y sustituirlo por el de “Precio Público”. La Ley
tributaria deja muy claro que hablamos de tasa cuando los servicios que
se prestan no sean de solicitud voluntaria o cuando no se presten por el
sector privado. Para los servicios que prestan las Administraciones en
concurrencia con la iniciativa privada, como es el caso de la educación,
debemos hablar de “Precio Público”, que en teoría es el precio del
servicio que financia la administración con el dinero de todos los
ciudadanos, es decir, con los impuestos. El precio que pagan los alumnos
para matricularse en la Universidad pública, no es tanto un tributo
como un precio subvencionado, es una beca de entre el 80 y el 85 % del
coste del servicio que se le presta. Lo que viene a significar que el
Estado asume un coste unas cinco veces mayor que el que asume cada
estudiante por el pago de su matricula, algo de lo que no se habla.
¿No seria razonable, después de 35 años de democracia conocer lo que
nos cuesta a todos los contribuyentes cada alumno que estudia en la
Universidad? ¿No es tiempo de fijar las condiciones contractuales entre
financiador (la sociedad) y financiado (los estudiantes)?
Nos quejamos de que nuestras universidades no están en los primeros
puestos de los ranking universitarios internacionales, pero eso es
manera sesgada de abordar el problema. ¿Seria posible que el Real Madrid
o el Barcelona estuvieran en los primeros puestos de Europa con
presupuestos diez veces menores? Para establecer la eficiencia de
nuestras universidades habría que contrastar el ranking de mejores
universidades con el ratio de financiación por alumno de cada una de
ellas. A lo mejor esa simple comparación nos permitía mejorar nuestra
autoestima.
Por las previsiones económicas de los próximos años, es muy probable
que en el futuro no podamos sostener el estado paternalista y
subvencionador del que hemos disfrutado hasta hoy, sencillamente porque
somos más pobres de lo que creíamos y porque los recursos son más
escasos. A mi juicio, no se trata de intentar mantener todo, sino fijar
las líneas rojas que no deben sobrepasarse, y cuya defensa debe
constituir una prioridad de nuestra sociedad. Entre esas líneas rojas yo
sitúo el mantenimiento de las políticas que permiten conservar la
igualdad de oportunidades, siendo la posibilidad de estudiar en la
Universidad una de ellas, y desde luego de las más importantes.
Por otra parte, aunque la financiación de las Universidades es una
condición necesaria, no es ni mucho menos suficiente para mejorar la
calidad del capital humano que España necesita. Calidad, cuya mejora
está directamente relacionada con la forma de plantear y de gestionar
las formas de financiar la educación. Además de la referida financiación
pública, la Autonomía Universitaria, reconocida en la legislación
española también como derecho fundamental, concede a las Universidades
un amplio margen de libertad para la configuración de su organización
interna y para el desenvolvimiento de su actividad, que debería servir
también para que las Universidades obtuvieran más recursos, sin
menoscabo de la calidad docente, muy al contrario.
La otra manera de incrementar los recursos, sin disminuir la línea
roja del mantenimiento de la igualdad de oportunidades, es obtener más
financiación de aquellos que estudian en la Universidad y que en
definitiva son los más beneficiados. Parece una realidad que en la
composición social de los estudiantes universitarios españoles, aquellos
con mayor poder adquisitivo representan el mayor porcentaje de alumnos,
de manera que podría no ser insensato decir que, a diferencia de los
que ocurre en otros sectores, en la Universidad se produce un trasvase
de recursos de las capas menos privilegiadas hacia las de mayor poder
adquisitivo.
¿Cómo compaginar esto con la igualdad de oportunidades? A mi modo de
ver fijando claramente como punto de partida el coste real que tiene la
educación, y establecer a partir de ahí, en primer lugar el precio
público correspondiente, para cada Universidad y cada carrera. Este
precio público podría establecerse entre el 50% para las familias de
mayor poder adquisitivo y el 15-20% actual para las de menor poder
adquisitivo. A estas primeras (1ª BECAS) hay que añadir otras sujetas
también a condiciones y en función del poder adquisitivo de cada
familia. Estas son necesarias para aquellos que sin ellas tendrían muy
difícil, por no decir imposible, poder estudiar en la Universidad.
Estas 1ª becas serian las que hoy reciben todos los estudiantes por
el simple hecho de matricularse en la Universidad . En este caso, el
contrato con la sociedad, es decir, las condiciones a las que está
sujeta, deberían establecerse en años de disfrute, configurados a partir
de los años de carrera, la dificultad de la misma y la situación
laboral de cada estudiante. Así por ejemplo, los alumnos dedicado
full-time a sus estudios deberían terminar su carrera de grado en un
máximo de cinco años (los títulos de grado son de cuatro años de
duración), una ingeniería o medicina dos años más de la duración de la
carrera, los alumnos que trabajen (y sea demostrable) o tengan
especiales dificultados familiares, medio año más por cada año que
trabajen durante la duración normal de la carrera, así para un alumno
que trabaje y estudie un titulo normal de grado al mismo tiempo, el
tiempo de duración de su beca sería de siete años…
Superado este tiempo, cualquier alumno que no hubiera terminado su
carrera y quisiera completarla, estaría obligado a pagar el coste real
de sus estudios. Como debería estarlo igualmente cualquier alumno que
sin justificación alguna no superase al menos el 50 % de las materias
matriculadas cada año.
La segunda y tercera beca, de las que se discute en la actualidad,
deberían estar ligadas a determinadas condiciones. No es lo mismo una
beca que sirve para pagar el precio de los estudios (2ª BECAS), que una
beca que supone un esfuerzo adicional de la sociedad para pagar libros,
manutención o incluso un cierto salario (3ª BECAS). A mi juicio las 2ª
BECAS deberían responder simplemente al aprobado y al menos al 80-90% de
las asignaturas matriculadas, mientras que las 3ª BECAS deberían exigir
un rendimiento académico más elevado, que en cualquier caso debería ser
fijado desde el consenso, no impuesto.
Obsérvese la contradicción actual, en la que se exige un rendimiento
académico determinado para el 20% del coste de los estudios y no se
exige prácticamente nada para 80% restante. Se podría hablar de los
costes de las segundas y terceras matriculas para cada asignatura pero a
mi juicio es simplemente un parche sobre la realidad que nos ocupa.
De esta manera de los tres tipos de becas aquí enumerados y en
función del nivel de renta, los alumnos podrían tener la 1ª, la 2ª y la
3ª simultáneamente. Se podría perder la 3ª manteniendo la segunda, o la
segunda manteniendo la 1ª o incluso perder la 1ª. Este planteamiento
podría estar en posición de defender la igualdad de oportunidades que
estamos obligados a proteger.
Yo hablaría incluso de un cuarto tipo de becas, no ligado a la
igualdad de oportunidades sino a la excelencia. Serian aquellas que se
deberían dar a los mejores alumnos para que pudieran estudiar en las
mejores universidades del mundo. Estas becas serian de interés para
España por el incremento de formación del capital humano que
necesitamos, y no deberían estar ligadas al nivel de renta sino a la
excelencia académica de los alumnos.
Esta es mi visión acerca del mantenimiento de la igualdad de
oportunidades. Hay que tener en cuenta que hoy tener un título
universitario ha dejado de ser un hecho diferencial como lo era hace
algunos años. Injustamente, el factor diferencial es hoy estudiar total o
parcialmente en el extranjero, ser bilingüe, hablar más de dos
idiomas, hacer prácticas o estancias en verano en lugares
prestigiosos…Digo injusto porque son hechos directamente ligados a la
capacidad adquisitiva., pero que son los que las empresas y
Universidades de élite valoran. En fin la vida mirándola desde este
punto de vista es injusta pero cuanto antes lo aceptemos mejor. Esto lo
escribe quien de verdad lo ha sufrido y a quien le preocupa que aquellos
que están dispuestos a realizar un esfuerzo para ser mejores,
encuentren la solidaridad de sus conciudadanos y la oportunidad para
demostrar lo que valen.
