LES FOTOS DE L'ESTIU: LA RÀPITA III

No equivocarse de enemigo

María Tardón
Jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que trata de asuntos relacionados con la violencia de género.
Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.
 
            Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.
            Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.
            Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.
            Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.
            Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de  los funcionarios públicos.
            Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.
            Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.
            Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.
            Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.
            Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.
            ¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.
No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.
Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.
Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.
Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.
Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.
Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.

También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.

Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.
Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.
De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...
Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas.  No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.          

LA FRASE DEL DIA 29-08-2012

"Tothom pensarà ara que la forma de treballar de la policia s'acosta més a 'Los hombres de Paco' que a les sèries dels EUA".





Qui la ha escrit? José Manuel Servera.
On es pot llegir? A l'apartat d'Anàlisi del Periódico d'ahir.
(A propòsit del cas Bretón i els xiquets Ruth i José) 

DIARI DE L’AGOST. DIA 29 (dimecres)

DEL 23-F (de 1981) AL 25-S (de 2012)
Des de fa més d’un mes circula per Internet una convocatòria per anar a Madrid i assetjar el Congrés dels Diputats. L’acte pretén, entre d’altres coses, fer dimitir els diputats per a que es convoquin noves eleccions i reestablir el poder al poble.
Abans d’ahir en parlava el Periódico de Catalunya que, deia que semblava que la iniciativa havia sortit de l’extrema dreta encara que des d’aquells sectors es negava.
Les primeres notícies que vaig tenir sobre aquest acte va ser per mig de la meva dona. Em va explicar que va rebre un correu electrònic d’una companya de treball i, efectivament, els termes amb els que estava redactat l’escrit li van semblar feixista. Cal dir que la companya de treball de la meva dona és de tendència política més aviat ultradretana.
No va trigar gaires dies en arribar-me a mi per un altre canal i, efectivament, vaig arribar a les mateixes conclusions que la meva dona.
Mal que ens pesi, el parlament ha estat escollit pel poble que, sobirana i democràticament va decidir per una àmplia majoria que ens governés el Partit Popular. Segur que molts dels qui ara pretenen derrocar el Congrés van escollir aquesta opció a l’hora de dipositar la seva papereta de sufragi dintre de l’urna. En canvi, ara, de forma pacífica es pretén que els diputats dimiteixin en bloc per a provocar un avançament electoral.
Evidentment l’acció no és tan pacífica com volen dir, perquè rodejant el Congrés el que es vol, és coaccionar els diputats per a fer-los fer una cosa que, de forma lliure, no ho farien.
Si comparem l’acció amb una manifestació o una vaga general, pot sembla, a priori, el mateix, però mentre les manifestacions i vagues estan estretament lligades amb els sindicats i demanades utilitzant els conductes legals i dintre del marc legal, la marxa sobre Madrid del 25-S, no.
Des del meu punt de vista hi veig força semblances entre del 23-F del 81 al 25-S d’aquest any (si es que, finalment, s’arriba a produir) Tret del factor sorpresa, en totes dues accions hi ha la mateixa finalitat que és la de fer dimitir als membres que ostenten la representació de la sobirania popular.
Qui ens garanteix que, d’aconseguir els seus propòsits, després hi haurà una convocatòria electoral amb la garantia de que els ciutadans conservarem tots els drets democràtics? 
 
UNA ACTITUD GÈLIDA
Un dels temes que, aquests dies obre els informatius és el cas de la desaparició dels germans Ruth i José Bretón, arran del tomb que ha donat la investigació. El que, per als científics de la policia eren restes d’ossos de rosegadors, un estudi posterior realitzat per un expert forense contractat per a l’ocasió per la família materna, va concloure que eren humans i, concretament de la mateixa edat que tenia la nena a l’hora de desaparèixer. Posteriorment, un antropòleg d’Atapuerca requerit per la policia va arribar a les mateixes conclusions.
Ahir, la policia, va portar al pare de les criatures al lloc on se’ls va veure per darrera vegada i que no és altre que una finca familiar propietat dels avis paterns.
Em va cridar especialment l’atenció en veure que l’home, si de veritat va escanyar els seus fills, no es vingués a baix i acabés confessant el macabre crim.
En comentar-ho amb la meva dona em va dir que era un psicòpata i que els qui tenen aquesta patologia actuen amb una fredor gèlida, sense immutar-se i em va recordar el cas de José Laso, un veí d’Amposta que va matar a la seva dona primer, perquè no volia separar-se d’ell (tenia una amant) i després a un dels seus fills perquè, suposadament, va ser testimoni dels fets.
Després de sortir de la presó, suposadament, va matar a la seva parella i al seu cunyat, perquè mantenia relacions amb la dona d’aquell.
Després de molt de temps desapareguts i d’haver fet, per part de la policia, diverses recerques dels cossos, aquests no han aparegut mai. Ell assegura que van marxar junts. 
 

UN RESCAT “SENSE CONDICIONS”

Finalment Catalunya demanarà un rescat a l’Estat Espanyol en torn als 5.000 milions d’euros. Davant l greu situació financera de la Generalitat, estic a favor que sigui així per garantir els pagaments de les nòmines dels seus treballadors, les factures dels proveïdors, els interessos dels préstecs, etc.
No obstant, dir sense condicions, pot comportar una doble lectura. Per un part que la Generalitat no hi posarà condicions, que és com dir “una rendició incondicional” i per tant, els guanyadors són els que posen les condicions que solen ser dures i denigrants per als perdedors. I per l’altre costa que el govern de la generalitat demana que l’Estat no posi condicions polítiques per accedir al fons de rescat, referint-se a una hipotètica pèrdua de competències i, per tant d’autonomia.
Imagino que serà un mix entre totes dues possibilitats. Ni la postura de força per part del nostre govern serà tan contundent com ahir va insinuar Quico Homs, ni el govern central es mostrarà impassible davant la nova situació.