Tras las elecciones habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que supone la aplicación del 155 o no
JAVIER PÉREZ ROYO
JAVIER PÉREZ ROYO
No cabe duda de que el auto del juez Pablo Llanera dictado ayer, que el lector con seguridad conoce, va a tener un impacto en la campaña electoral que comenzó apenas doce horas después de que dicho auto se hiciera público.
Pero, en mi opinión, el impacto va a ser mayor a partir del 22D. Una campaña electoral es una suerte de paréntesis, en el que se hace política de una manera completamente distinta a como se hace el resto del tiempo. Durante los días de campaña no se gobierna ni se hace oposición. El enfrentamiento es puramente dialéctico. El impacto de la prolongación de la prisión provisional de los dos exconsejeros y de los presidentes de ANC y OMNIUM hará que la carga emocional de los discursos, de la de todos y no solamente de la de los nacionalistas, sea mayor, pero de ahí no pasará. La liturgia electoral se desarrollará según lo previsto y el derecho de sufragio se ejercerá con normalidad.
Pero el 21 al caer la tarde se cierra el paréntesis y hay que volver a hacer política a partir de la interpretación de la decisión del cuerpo electoral. Ese es el momento de la verdad. En ese momento habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que supone la aplicación del 155 o no.
Porque hasta que no haya investidura del presidente de la Generalitat, se mantendrá la aplicación del art. 155 CE, es decir, será el Presidente del Gobierno de la Nación el responsable de la dirección de la Administración catalana. El tiempo que se tarde para hacer la investidura no es irrelevante. Es tiempo de prolongación de la suspensión de la autonomía y de la ocupación de Catalunya desde el exterior.
Hacer una investidura en estas circunstancias no va a ser fácil. Ya no lo está siendo en estos últimos años. Ahí están las últimas elecciones catalanas o las dos últimas españolas, por no hablar de las últimas alemanas. Y sin autos de prisión ni querellas por delitos de rebelión ni embargos vengativos.
Constituir gobierno y salir del 155 CE es de una urgencia extraordinaria para recobrar una cierta normalidad que permita vislumbrar un encaje de Catalunya en el Estado, que resulte aceptable para todos. Cuanto más se prolongue el “estado de excepción” más difícil va ser encontrar una salida.
Y negociar la formación de un gobierno con políticos en prisión y bajo amenazas de querellas por rebelión, si los resultados electorales son los que pronostican las encuestas, no va a resultar nada fácil. La aplicación del art. 155 CE es lo que ha conducido a que los miembros del Govern hayan perdido el fuero y a que, como consecuencia de ello, el Fiscal General del Estado pudiera soslayar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la hora de residenciar las querellas por rebelión. ¿Habría admitido a trámite el TSJC una querella por rebelión como la que han admitido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? ¿Habría adoptado las medidas cautelares que han adoptado estos últimos?
Sé que es profundamente injusto para Miquel Iceta, pero esto es lo que ha supuesto el recurso al 155 CE. Antes de apoyar el recurso al art. 155 CE, la dirección del PSOE debería haber exigido al presidente del Gobierno que diera orden al Fiscal General de que no activara querellas contra los miembros del Govern y de la mesa del Parlament y menos cuando se pone en marcha un proceso electoral. La calificación de las conductas como delito de rebelión y las decisiones de admitirlas a trámite como tales y de ordenar la prisión provisional han sido del Fiscal General y de la AN y TS, pero han sido Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera los que las han hecho posible.
El Fiscal General y los magistrados de la AN o del TS no tienen que participar en la negociación de la investidura del president de la Generalitat. Pero el PP, el PSOE y Ciudadanos sí. Al haber posibilitado la persecución judicial de sus adversarios políticos se han inhabilitado para entablar una negociación con ellos.
El auto del lunes, en la medida en que reafirma la calificación como rebelión de las conductas de los exconsejeros y de los presidentes de la ANC y de Omnium, uno de los cuales es candidato en la lista de Puigdemont, consolida y profundiza la fractura que se ha producido a lo largo de estos años en la sociedad catalana.
Es lo que suele ocurrir con las decisiones judiciales. Una vez que se han producido, no hay manera de negociar, de hacer política. Y hay problemas que solo se pueden resolver haciendo política.
