No hay macroeconomía que pueda explicar la imposibilidad de dedicar un par de miles de millones subir las pensiones catorce euros al mes de media. No después de haber visto durante la crisis cómo se gastaban miles de millones en rescatar bancos y autopistas
ANTÓN LOSADA
ANTÓN LOSADA
El presidente Rajoy se fue a Marbella, a un acto de partido, a repetir la línea argumental ya expuesta en el Congreso en el debate sobre pensiones: no se pueden subir más, ya me gustaría subirlas más y mientras sea presidente se subirán todo lo que se pueda. Por fortuna esta vez nos ahorró la ensalada de datos, medias verdades y medias mentiras que adornaron su discurso parlamentario y que la oposición no fue capaz de desmontar porque a estos debates hay que ir con el tema sabido y las cifras en la cabeza, no con los comentarios recogidos en la última tertulia.
Miles y miles de pensionistas le han dejado claro en la calle que ya no le creen. Vas a tener que meterte en esto, Mariano. Ya no les asustan los tenebrosos powerpoints llenos de tablas y gráficos que nadie sabe de dónde han salido o quién los firma, pero que siempre anuncian el Armagedón de las pensiones para dentro de un par de décadas. Parece que prefieren creer a J.M Keynes: “en el largo plazo, todos muertos”.
Ya no les asustan las terroríficas previsiones demográficas que pronostican que cada trabajador tendrá que pagar a tres, cuatro o incuso cinco pensionistas y que, para cumplirse, necesitan que la población española se reduzca, la natalidad siga cayendo, no vengan migrantes a buscar su oportunidad y nuestros jóvenes se sigan marchando para no volver. Muchos incluso empiezan a formular en voz alta la pregunta que nadie parece atreverse a platear: ¿Acaso es justo que los padres y abuelos que ya pagaron la educación la sanidad y las oportunidades de sus hijos paguen ahora también su decisión, voluntaria o no, de tener menos hijos?
Tampoco se creen que no se puedan subir y que no haya dinero. El Estado español gasta al año más de 300.000 millones, la tercera parte se destina a pensiones, un porcentaje muy por debajo de cuánto invierten nuestros socios de referencia en la UE, cuyo gasto público se sitúa cinco puntos por encima del nuestro. Además ahora saben que con el dinero de sus contribuciones se ha pagado de todo: desde las necesidades de financiación del Estado a la mayoría de las prestaciones no contributivas. La cuarta parte del presupuesto de la Seguridad Social se dedica a prestaciones no financiadas por contribuciones. El déficit lo causa el reparto que el Estado hace de obligaciones que debería asumir vía impuestos pero endosa a las contribuciones de la Seguridad Social, no la insostenibilidad del sistema de reparto.
No hay macroeconomía en el mundo que pueda explicar la imposibilidad de dedicar un par de miles de millones para actualizar las pensiones subiéndolas catorce euros al mes de media. No después de haber visto durante la crisis cómo miles de millones si se podían gastar en rescatar bancos, autopistas o entidades sanitarias privadas, aumentar el gasto en defensa y anunciar rebajas de impuestos milmillonarias.
Tampoco se tragan ese mantra de que el problema es que no se crea suficiente empleo. El propio Rajoy nos confirmó ufano que ahora se crean seis empleos por cada nuevo pensionista. El dato resulta incontestable: el problema no está en el empleo sino el reparto de los beneficios. El problema no es el empleo sino un modelo de recuperación que reduce el peso de la renta salarial en el PIB mientras disparar el peso de las rentas de capital.
Tampoco se tragan ese mantra de que el problema es que no se crea suficiente empleo. El propio Rajoy nos confirmó ufano que ahora se crean seis empleos por cada nuevo pensionista. El dato resulta incontestable: el problema no está en el empleo sino el reparto de los beneficios. El problema no es el empleo sino un modelo de recuperación que reduce el peso de la renta salarial en el PIB mientras disparar el peso de las rentas de capital.
Tampoco se callan cuando se les recuerda su supuesta condición de privilegiados o lo insostenibles que serán unas nuevas pensiones que no dejan de crecer. Más de la mitad de los pensionistas cobran por debajo del salario mínimo y apenas un 10% supera los 2000 euros al mes. El problema de nuestro actual sistema es precisamente el contrario: que quienes más deberían contribuir, por su renta y riqueza durante sus años de actividad, están fuera de un sistema al que no quieren contribuir, cuánto más se recorte, mejor, menos impuestos. Porque ésa es la cuestión fundamental, antes que la demografía o el volumen de las contribuciones, la equidad y la capacidad redistributiva que deben sustentar un sistema público de pensiones. No se trata de que no se pueda o no haya dinero, se trata de que en un país cuyo esfuerzo fiscal se sitúa cinco puntos por debajo de la media UE15 quienes deberían y podrían pagar, ni deben ni quieren pagar.
