El modelo de la "teoría de la conspiración" se repite, con sus adaptaciones y particularidades, tratando de rentabilizar, partidista e ideológicamente, los atentados
GONZALO BOYE TUSET
GONZALO BOYE TUSET
La reacción de algunos medios ante los atentados de Barcelona no deja de ser sorprendente pero, y más grave aún, parece una repetición de un "modelo comunicacional" utilizado después de los atentados del 11M en Madrid. La estrategia es bastante sencilla: en lugar de abordar el auténtico problema y atribuir la responsabilidad de esos crímenes a quienes los cometieron, se utilizan los atentados para atacar a determinadas personas con la finalidad de, luego, obtener un rédito político.
La denominada "teoría de la conspiración" que se instaló en una serie de medios de comunicación a partir del 11 de marzo de 2004 no sirvió para esclarecer ni uno de los hechos relacionados con esos atentados, pero sí para que una serie de personas viesen cuestionada su profesionalidad con un daño reputacional irreparable provocando, incluso, hasta el suicidio de la esposa de un comisario de Policía.
Al amparo de esa "teoría de la conspiración" –que para muchos sonará a viejuno, pero que se instaló aquí a partir de los atentados yihadistas de 2004– se estructuraron varias de las defensas de algunos de los máximos responsables de dichos atentados y, también, la defensa de aquellos que eran los máximos responsables de nuestra seguridad en 2004 que, por cierto, son los mismos que tienen tal competencia en la actualidad.
No puedo olvidar cómo, incluso durante el propio juicio por los atentados, algunas defensas y otras tantas "acusaciones" seguían al pie de la letra las descabelladas teorías de quienes sostenían, resumidamente, que los atentados del 11M eran obra de una suerte de conjunción de intereses entre los servicios secretos marroquíes, el PSOE y ETA y que los acusados no eran más que meras víctimas o instrumentos de tal conspiración.
El tiempo, pero sobre todo las pruebas, demostraron que estábamos ante una aberración y que la "teoría de la conspiración" era la auténtica conspiración urdida por quienes ni entienden a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de terrorismo yihadista ni son capaces de asumir sus propios errores y, sobre todo, son capaces de hacer un miserable uso partidista de atentados como el de Madrid del 2004.
Ahora el modelo se repite, con sus adaptaciones y particularidades, tratando de rentabilizar, partidista e ideológicamente, los atentados y culpabilizando de los mismos a la ausencia de bolardos, las explicaciones en catalán de los mandos policiales catalanes, a un juez por no haber autorizado la expulsión de uno de los autores de los atentados, al teniente de alcalde por haber defendido a un absuelto de yihadismo o a quien haga falta porque, al final, lo único que no interesa es investigar las causas reales de este fenómeno de radicalización de personas tan jóvenes así como los fallos de seguridad que se hayan podido cometer para que esta importante célula terrorista pasase desapercibida al Ministerio del Interior.
Lo que se ha iniciado es una campaña, perfectamente orquestada, y dependerá de todos nosotros que no nos dejemos engañar y que nos plantemos muy firmemente ante este tipo de propaganda, que no información, de personas que, en el fondo, lo que están demostrando es no sentirse cómodos en una democracia.
Si nos fijamos con atención veremos que quienes están poniendo en marcha esta campaña son los mismos de siempre, los mismos que ya participaron en la "teoría de la conspiración" y los mismos que se visten con la bandera y llenan la boca con la Constitución sin haber pasado del artículo 2 de la misma y, lanzada la insidia, vienen algunos políticos oportunistas para intentar sacar ventaja de ello.
Solo gente muy miserable e ignorante, pero con una gran capacidad para la manipulación, es capaz de culpabilizar al juez que no autorizó la expulsión de un futuro terrorista. ¿Es que un juez tiene que prever que un extranjero irregular puede convertirse, tres años después, en terrorista?
Solo gente muy miserable e ignorante, pero con una gran capacidad para la manipulación, es capaz de culpabilizar a la alcaldesa de Barcelona porque no haya puesto bolardos en la zona del atentado cuando los expertos en seguridad del Ministerio del Interior solo lo aconsejaron para el periodo navideño.
Solo gente muy miserable e ignorante, pero con una gran capacidad para la manipulación, es capaz de culpabilizar al jefe de los Mossos y encargado de la investigación por explicarse en catalán en una rueda de prensa en Catalunya. ¿Si se hubiese expresado en español se habría impedido el atentado o se habría detenido antes a los autores del mismo?
Solo gente muy miserable e ignorante, pero con una gran capacidad para la manipulación es capaz de culpabilizar al teniente de alcalde de Barcelona por, hace años, haber defendido, en su condición de abogado, a una persona que luego resultó absuelta. ¿Es que si no le hubiese defendido los atentados no se habrían producido?
La actuación mediática y política de un grupo de ignorantes, y sobre todo miserables, no puede distraernos de lo auténticamente relevante: las causas de la radicalización de jóvenes que se han criado entre nosotros; sólo si somos capaces de entender la etiología de los delitos cometidos seremos capaces de avanzar hacia la auténtica prevención de los mismos.
Un Estado Democrático y de Derecho necesita, entre otras cosas, jueces independientes, abogados comprometidos con las defensas que se les encomienda y una prensa libre que se dedique a informar y no a difamar, que es a lo que realmente se están dedicando unos pocos que vienen a empañar el excelente trabajo realizado en estos días por auténticos profesionales de la información.
En un Estado Democrático y de Derecho caben y deben expresarse todas las opiniones, incluso aquellas que más nos disgusten, pero lo que no existe, ni debe existir, es un derecho al insulto ni a la difamación y aquellos que vayan por esa vía sabrán que nos encontrarán a todos unidos y a los tribunales funcionando porque, como dice el dicho: al indiferente, la legislación vigente.
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