Una de las mayores sorpresas que me
encontré a la vuelta de mi largo exilio fue la enorme complacencia (que
existía en los mayores círculos políticos y académicos del país, así
como en los fórums mediáticos que gozaban de mayor difusión) sobre la
transición ocurrida en España de la dictadura a la democracia, proceso
unánimemente definido en aquellos círculos y fórums como modélico. Tal
complacencia se extendía también en la evaluación, por parte de tales
establishments, del sistema democrático que la transición había
producido (que se presentaba como homologable a cualquier otra
democracia de la Unión Europea) y del Estado del Bienestar. Lo que mejor
reflejaba este sentimiento era el eslogan promovido por el gobierno
Aznar de que ”España va bien”, al cual la coalición conservadora-liberal
presidida por Jordi Pujol en Catalunya añadía “y Catalunya va mejor”.
España no ha resuelto su enorme déficit social
Los datos, sin embargo, no confirmaban tal complacencia. España
continuaba y continúa a la cola de la Europa Social, con uno de los
gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea.
España estaba lejos, y continúa estándolo, de haber alcanzado la
cohesión social que el nivel de desarrollo del país permitía. El PIB per
cápita español es ya el 94% del promedio de la Unión Europea de los
Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la UE. Y en cambio, el
gasto público social por habitante representa únicamente el 72% del
promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. España se
gasta 66.000 millones de euros menos de lo que debería gastarse por su
nivel de desarrollo económico. Que el Estado español no los gaste es
debido a que no los recoge, siendo España uno de los países que tiene un
Estado más pobre de tal comunidad. Los ingresos al Estado representan
sólo un 32% del PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44%, y
mucho, mucho más bajo que Suecia, 52%, uno de los países con mayor grado
de cohesión social en la UE-15.
El hecho de que el Estado español no recoja los fondos existentes en
la sociedad es consecuencia del enorme dominio que las fuerzas
conservadoras tienen sobre el Estado español y su política fiscal.
Mientras que las personas que están en nómina (la clase trabajadora y
gran parte de las clases medias) pagan sus impuestos sobre la renta en
unos porcentajes semejantes (ligeramente inferiores) al promedio de la
UE-15, las rentas superiores, que derivan principalmente sus ingresos de
la propiedad y gestión del capital, pagan sólo el 20% de lo que pagan
sus homólogos en el promedio de la UE-15 (resultado del gran número de
deducciones). Además, España es el país donde existe mayor fraude
fiscal, concentrado en un sector muy minoritario. El fraude fiscal de
las grandes fortunas y grandes empresas que facturan más de 150 millones
de euros al año representa nada menos que 44.000 millones de euros, el
72% de todo el fraude fiscal existente en España, fraude realizado en su
gran mayoría con la complicidad de la banca, máxima beneficiaria de los
paraísos fiscales. Esta realidad es ampliamente conocida en España y
prácticamente ignorada por el Estado. Según los técnicos de la Agencia
Tributaria del Estado español, el 80% de las inspecciones tributarias
ocurren en el sector de los autónomos, una minúscula parte de los
mayores defraudadores del fisco. Uno de los máximos defraudadores, el
presidente del Banco de Santander, el Sr. Botín, ha sido prácticamente
amnistiado dos veces por los gobiernos del Estado español.
La otra causa de que los ingresos al Estado sean tan bajos es el bajo
porcentaje de la población que trabaja y paga impuestos, resultado de
la escasa participación de la mujer en el mercado de trabajo,
consecuencia del subdesarrollo de los servicios públicos de ayuda a las
familias, que deben facilitar tal integración, debido al escaso
desarrollo del Estado del Bienestar en España, incluido los servicios
públicos tales como escuelas de infancia (mal llamadas en España
guarderías) y los servicios de atención a las personas con dependencia
(ver mi libro
El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006).
La evidencia de que España (y Catalunya) está a la cola de la Europa
social es abrumadora y las políticas de austeridad están empeorando
todavía más este retraso y déficit social. Para cualquier observador con
una mínima sensibilidad social debería estar claro que España no iba
bien y continúa no yendo bien. El tema social está sin resolver en
nuestro país.
España no ha resuelto el tema nacional
Pero hay otro problema, el tema nacional,
que tampoco está resuelto, y el enorme crecimiento del independentismo
en Catalunya es un claro indicador de ello. De hecho, esta irresolución
del tema nacional responde a la misma causa del retraso social de
España: el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el aparato
del Estado, resultado de cómo se hizo la transición. España es un país
que se ha construido sobre la existencia de varias naciones, resultado
de una historia no siempre pacífica en la que hubo vencedores y
vencidos. Resultado de ello es que algunas naciones dentro de España
tienen más poder que otras, y la nación basada en Madrid tiene un enorme
poder, fácilmente detectable en el análisis del sistema radial de
transportes. Es mucho más fácil ir por tren de la periferia al centro
(Madrid) que entre Barcelona y Bilbao, por ejemplo. Esta realidad, que
es obvia, continúa siendo negada por el establishment español centrado
en Madrid, que incluso afirma que España es ya en la práctica un sistema
federal. He vivido muchos años en un Estado Federal, Estados Unidos, y
no hay comparación entre lo que se permite en España y lo que ocurre en
EEUU. Los que indican que ya casi tenemos un Estado Federal no conocen
como funciona un Estado Federal.
Tenemos un Estado de autonomías, cuyo objetivo era, precisamente,
negar la plurinacionalidad de España. El “café para todos” conducirá
inevitablemente a la desarticulación de España, pues el Estado español
no puede absorber diecisiete Catalunyas. La falta de aceptación del
carácter plurinacional por parte del establishment español (basado en
Madrid) está llevando a la destrucción de España. Si cada demanda de
Catalunya va acompañada de dieciséis demandas iguales, veremos el fin de
España, pues España no es la suma de diecisiete naciones. Esta realidad
se malinterpreta maliciosamente por el establishment español como una
demanda insaciable, fruto de un “victimismo”. Y de tanto discutir
estamos ya todos agotados, un sentimiento que explica que en Catalunya
el independentismo esté creciendo. Miles y miles de catalanes (en
realidad millones) que nunca habían sentido la necesidad de separarse de
España, hoy la sienten.
Es obvio también que el establishment español centrado en Madrid no
entiende, o no quiere entender, esta realidad, consecuencia de su
excesivo poder realizado a costa de otras naciones y regiones de España.
La ridiculización de esta realidad por parte de autores como Fernando
Savater, entre otros miles, muestra una profunda ignorancia de cómo
funciona un Estado Federal. El sarcasmo sobre lo que llama “victimismo
catalán” es característico del nacionalismo español. Sería de desear que
Savater estudiara mejor los datos y dejara de alimentar el
independentismo en Catalunya.
El enorme poder de las derechas en España
El enorme retraso social de España y la irresolución del tema
nacional, responden a la misma causa. La enorme influencia de las
fuerzas conservadoras sobre el Estado español, resultado de una
transición de la dictadura a la democracia, que distó mucho de ser
modélica, pues se hizo en términos muy favorables a las fuerzas
ultraconservadoras, herederas del franquismo, que controlaban el Estado y
la mayoría de medios de información. Y ello como consecuencia del
enorme desequilibrio de fuerzas en aquel momento. Frente a las derechas,
enormemente poderosas (con un Ejército vigilando lo que pasaba) había
unas izquierdas (que lideraban el movimiento democrático) que acababan
de salir de la clandestinidad. Éstas últimas tuvieron que adaptarse a
aquel Estado, renunciando a demasiado. El bochornoso e injusto trato del
Estado español hacia “los desaparecidos” es un indicador más de ello.
Sólo hace falta comparar el tratamiento recibido por las víctimas del
terrorismo de ETA con el recibido por las victimas del terrorismo de
Estado dictatorial. A unos se les ha ofrecido todo tipo de
reconocimientos y a los últimos prácticamente se les ha ignorado, sin
que el Estado se haya responsabilizado de encontrar a los asesinados
desaparecidos. ¿Se imaginan que a los asesinados por ETA se les hubiera
dejado abandonados en la cuneta sin que el Estado buscara sus cuerpos,
ayudando a sus familias a enterrarlos? Todo ello es resultado del enorme
poder de las fuerzas conservadoras sobre el Estado y la denunciable
adaptación de la socialdemocracia española a las estructuras de poder,
que se abrieron durante la transición para dar cabida a tales fuerzas
políticas, en las que el nacionalismo extremo españolista, heredado del
franquismo, continuó dominando la cultura política (y mediática) del
país.
La Constitución, también inmodélica
La Constitución española refleja este
desequilibrio. Aceptar tal Constitución es aceptar el dominio
conservador en estas instituciones consecuencia de aquel desequilibrio.
No es sorprendente que hoy los que recurren más a la Constitución son
aquellos que pertenecen al establishment español, basado en Madrid, pues
son los que se beneficiaron más de aquel desequilibrio.
La única salvación para España es una segunda transición, más
equilibrada, que haga una reforma constitucional profunda en sentido
casi opuesto a lo que se está haciendo. Es también fruto de la enorme
influencia de las fuerzas conservadoras en el país que la Constitución
constantemente referida casi como sacrosanta, fuera cambiada en cuestión
de horas cuando se exigió que se modificara para incluir el Pacto
Fiscal (por órdenes de la Sra. Merkel), lo cual se consiguió mediante la
reunión de los dirigentes de los dos partidos, el PP y el PSOE, que
aprobaron tal cambio, cambio también aprobado por la derecha catalana,
CiU. Este Pacto Fiscal condenará a España a un retraso social
permanente.
Y esta misma Constitución ahora se considera incambiable, cuando se
pide una cosa tan elemental como que el pueblo catalán pueda participar
en un referéndum sobre si desean separarse de España o no (entre otras
opciones). Sé que se me dirá que ello es posible, ignorando que los
referéndums permitidos por la Constitución (que se cuentan con los dedos
de una mano) son consultivos y que tienen que ser aprobados antes por
las Cortes Españolas. Es impensable que el Estado de Maryland en EEUU
para hacer un referéndum tuviera que pedir permiso al Congreso de EEUU.
Naturalmente que las Cortes Españolas tendrían que participar en el
proceso de decisión de la separación de Catalunya de España, si ello
ocurriera. Pero ello es distinto a que el pueblo de Catalunya haga el
referéndum cuando quiera y como quiera su Parlament (a pesar, por
cierto, de su limitada representatividad, que comparte con las Cortes
Españolas, al estar elegidos los parlamentarios con la misma ley
electoral que sistemáticamente discrimina sobre todo a las izquierdas).
El nacionalismo españolista hará todo lo posible para que no se haga el
referéndum, con lo cual el movimiento independentista aumentará
exponencialmente.
Una última observación de tipo personal. Hay una enorme confusión en
España sobre lo que casi sistemáticamente se define como nacionalismo
catalanista, identificando cualquier reconocimiento de que Catalunya es
una nación, con la derecha. Se ignora que las fuerzas que lucharon más
en defensa de la nación catalana durante la dictadura fueron las
izquierdas en Catalunya (una persona de izquierdas tiene que estar en
contra de cualquier forma de explotación, sea ésta de clase, de género,
de raza o también de nación). El liderazgo del PSUC en defender
Catalunya lo ha reconocido incluso Jordi Pujol, el dirigente histórico
de la derecha nacionalista. Pero esta defensa no era por la
independencia de Catalunya. El independentismo fue una fuerza menor,
tanto en la lucha antifascista como después. La lucha (y no hay otra
manera de definirlo) de las izquierdas era una defensa de una nación
catalana dentro de una España plurinacional, que la II República había
iniciado pero cuyo intento fue interrumpido por las armas. Fue una
movilización popular de izquierdas que llevó al presidente Companys a
proclamar “el estado catalán dentro (repito dentro, nota mía V.N.) de la
República Federal española”. Fue solo horas después que, como recordaba
José Luis Cebrián en su artículo este domingo en su diario
El País,
“el ejército ocupó los edificios oficiales de Barcelona, encarcelando
al President Companys (y también a Azaña que estaba en aquel momento en
Barcelona)”. Es indicador de la enorme debilidad de la democracia
española que Juan Luis Cebrián alertara en las páginas de su diario de
que esto podría ser un resultado de lo que está ocurriendo en Catalunya.
Por lo visto, el Sr. Cebrián parece no ser consciente que la admisión
de este hecho muestra lo enormemente insuficiente que fue la transición,
a la cual
El País siempre ha presentado como modélica. Algunos
de nosotros recibimos gran cantidad de abusos por señalar lo inmodélica
que fue aquella transición pues no cambió la relación de fuerzas dentro
del supuestamente nuevo estado democrático, lo cual determinó el
subdesarrollo social de España y la irresolución de su
plurinacionalidad.
El movimiento antifascista en Catalunya fue liderado por las
izquierdas que no eran separatistas y no pedían la independencia de
Catalunya. En miles de hogares catalanes, incluido el mío, la bandera
catalana estaba siempre al lado de la bandera republicana. Mis padres y
su generación lucharon para alcanzar una Catalunya democrática, justa y
libre, dentro de una España democrática, justa y libre, en la cual se
encontraría Catalunya. Y esto es por lo que luchó gran parte de mi
generación en Catalunya en los años cincuenta, sesenta y setenta. Ha
sido la imposibilidad de alcanzar esta situación lo que explica que
muchos de los hijos y nietos de tales generaciones que, identificando
España con esta España dominada por el nacionalismo españolista, ha
abandonado el intento de cambiar España y se están centrando ahora en
conseguir la Catalunya que sus padres y abuelos también desearon. Pero,
agotados ya por tanta oposición y resistencia (que requeriría un cambio
sustancial dentro de España que creen imposible que se realice),
decidieron hacerlo fuera de ella. Ni que decir tiene que ni toda la
población catalana es independentista ni todos los que estaban en la
marcha lo eran. Pero que hay un sentimiento de hartazgo con esta España
(gobernada hoy por los herederos del franquismo) sí que está bastante
generalizado pues han coincidido el déficit social, con el déficit
democrático, y el déficit nacional.
Sería paradójico que ahora este movimiento de protesta lo liderara el
gobierno de derechas nacionalista catalán que siempre (repito siempre)
ha apoyado las medidas antisociales del gobierno del PP, que han dañado
enormemente a las clases populares de España, y de Catalunya, y que en
el Parlament catalán han siempre contado con el apoyo para sus recortes
que están desmantelando el estado del bienestar catalán del mismo PP
perjudicando enormemente al pueblo catalán. En realidad, tal como indico
en otro artículo (“Lo que está ocurriendo en Catalunya, y en España”
Público 20.09.12),
lo que estamos viendo en Catalunya es el intento del partido
gobernante, CiU, de aprovechar tal movimiento popular para sus propios
fines electorales, haciendo olvidar a la población (con la ayuda de los
medios públicos de información de la Generalitat, Catalunya Ràdio i TV3,
abusivamente utilizados por CiU) de los enormes recortes, y casos de
corrupción que mostraban un claro impacto negativo en su popularidad.
Esta observación no quiere decir, como se ha malinterpretado en
algunos medios de Madrid, que el movimiento del 11-S sea una maniobra de
CiU para ocultar tales realidades. Tal movimiento es popular porque
responde a reivindicaciones que son justas y necesarias, y que deben
atenderse. Pero, que el gobierno CiU las está intentando canalizar para
sus fines electorales es obvio. Sería importante que las izquierdas y
los sindicatos que acudieron a la manifestación (y los sindicatos fueron
en pleno) no permitieran que ello ocurriera. Y para ello sería
importante que establecieran complicidades con las izquierdas españolas
(que son federalistas y han aprobado el derecho a la autodeterminación)
para coordinar esfuerzos y así facilitar, no solo el cambio en Catalunya
sino también en España, sin lo cual el cambio en Catalunya sería
incluso más difícil. No hay que olvidar que la intervención militar en
Barcelona, que Cebrián cita, contribuyó, como respuesta más tarde, a la
victoria electoral en toda España del Frente Popular. Ni que decir tiene
que los tiempos son muy diferentes y los probables acontecimientos
serán distintos. Pero hay que ser consciente de que Catalunya y España
han estado viviendo estos años gran agitación social. Y en Barcelona
hemos visto ya en lo que va de año varias manifestaciones y veremos
otras. Y sería un gran error que no confluyeran para exigir una nueva
realidad en Catalunya y también en España.
